RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00638-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00638-00

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00638-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Falconerys Caro Rosado para interponer esta acción de tutela e invocar la protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo. En consecuencia, declarar improcedente este mecanismo constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00638-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de marzo de 2024

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00638-00
Demandante: FALCONERYS CARO ROSADO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

Temas: Tutela de fondo – declara falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora
Falconerys Caro Rosado contra el presidente de la República y la Fiscalía General
de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 12 de febrero de 2024, la señora Falconerys Caro Rosado, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela contra el presidente de la República y la
Fiscalía General de la Nación. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
su derecho fundamental al debido proceso administrativo.

2. De una lectura integral del escrito de tutela, la trasgresión constitucional de
su derecho se la adjudica a la designación de la Dra. Martha Janeth Mancera como
Fiscal General de la Nación (e) ante la terminación del periodo constitucional de su
titular y hasta que la Corte Suprema de Justicia elija en propiedad a la Fiscal General
de la Nación.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:

Solicito al despacho, amparar el derecho fundamental al debido proceso
administrativo, y consecuentemente se ordene al Presidente de la República Dr.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

Gustavo Petro Urrego, adopte las medidas necesarias tendientes a corregir el
trámite administrativo para la elección del Fiscal General de la Nación, y en
consecuencia, como suprema autoridad administrativa y ante la necesidad del
servicio, designe en encargo a la persona que ejercerá las funciones de Fiscal
General de la Nación, hasta que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
realice la elección de la nueva Fiscal General de la Nación periodo 2024-2028 y
así lograr la continuidad de la prestación del servicio público de la Fiscalía General
de la Nación.

4. Además de lo anterior, la parte accionante solicitó como medida provisional
la suspensión del acto de posesión de la Dra. Martha Janeth Mancera en el cargo
aludido; y que se ordenara al presidente de la República que realice la designación
en el encargo que corresponda.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. El 12 de febrero de 2024, el Dr. Francisco Barbosa Delgado finalizó su
periodo constitucional de 4 años como Fiscal General de la Nación1.

6. Por ello, el 13 de febrero de 2024, la Dra. Martha Janeth Mancera –en ese
momento Vicefiscal General de la Nación– tomó posesión como Fiscal General de
la Nación (e). El encargo durará hasta que la Corte Suprema de Justicia elija una
Fiscal General en propiedad.

1.4. Fundamentos de la vulneración

7. La accionante alegó que las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental al debido proceso administrativo por las siguientes razones:

8. Indicó que, ante el vencimiento del periodo constitucional del Fiscal General
de la Nación, la Vicefiscal no puede asumir este cargo provisionalmente porque el
encargo solo procede para las faltas absolutas del titular y por el resto del período
que haga falta. Según la accionante, esta hipótesis no ocurrió en este caso porque
el periodo finalizó.

9. Así, señaló que ante la terminación del periodo constitucional del Fiscal
General de la Nación y ante la ausencia de elección de su titular, al presidente de
la República le corresponde designar a una persona en encargo, dadas las
necesidades del servicio que presenta la entidad.

10. No obstante lo anterior, en su sentir, el presidente ha guardado silencio y ha
admitido «tácitamente» que la entonces vicefiscal «se posesione en el cargo de
Fiscal General de la Nación como si se tratara de completar el periodo del fiscal
saliente y no el vencimiento de su periodo».

1 Es preciso indicar que día 30 de enero de 2020 la Corte Suprema de Justicia eligió al Dr. Francisco

Barbosa Delgado como Fiscal General de la Nación; y aquel, tomó posesión de dicho cargo el 13 de
febrero de ese año.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. El despacho ponente, mediante auto del 13 de febrero de 2024, admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó la notificación del presidente de la
República (a través de la presidencia de la República) y a la Fiscalía General de la
Nación.

12. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de la Corte
Suprema de Justicia y de la actual Fiscal General de la Nación (e). Adicionalmente,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso,
se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

13. Por otro lado, ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado que
publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que
la acompañan y de esta providencia.

14. Finalmente, el despacho ponente negó la medida provisional solicitada por la
accionante, por cuanto no se encontró acreditada una situación urgente o
insoportable para aquella que ameritara la intervención del juez constitucional en
esta etapa inicial de este mecanismo de amparo.

1.6. Informes

15. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Fiscalía General de la Nación

16. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, por los motivos que se pasan a exponer:

17. En primer lugar, la entidad indicó que, de conformidad con lo previsto en el
numeral 5º del artículo 15 del Decreto Ley 016 de 2014 en concordancia con el
artículo 5 del Decreto Ley 021 de 2014, ante el vencimiento del periodo del Fiscal
General de la Nación, el o la Vicefiscal General de la Nación pasará a ocupar el
cargo en encargo.

18. Así, explicó que la designación de la Vicefiscal General de la Nación como
Fiscal General de la Nación (e) se realiza por ministerio de la ley. Por ende, esta
situación opera de pleno derecho y no requiere posesión ni elaboración de acto
administrativo alguno, sino que se entiende aplicable a partir de la vacancia
definitiva del cargo (13 de febrero de 2024) y hasta la posesión del nuevo titular de
este ente.

19. Por lo anterior, la entidad accionada consideró que la accionante busca
discutir lo previsto en los Decretos Ley antes mencionados relacionados con la

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

designación del Vicefiscal General de la Nación como Fiscal General de la Nación
(e). Para ello, aquella cuenta con la acción pública de inconstitucionalidad para la
protección del derecho que considera vulnerado.

20. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación de
la presente acción constitucional porque considera que no está legitimada en la
causa por pasiva. Esto, porque los hechos y las pretensiones de la accionante se
encuentran encaminados a que el presidente de la República designe un funcionario
en encargo para asumir como Fiscal General hasta la designación de su titular.

1.6.2. Presidencia de la República

21. La Presidencia de la República rindió informe en el que solicitó que se declare
la carencia actual de objeto por hecho superado por los motivos que a continuación
se indican.

22. En este punto, indicó que el ordenamiento jurídico colombiano señala que las
obligaciones del primer mandatario en el proceso de elección culminan en el
momento en que se presenta la terna de elegibles y es aceptada por la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 de la
Constitución Política. Esta situación ya se consolidó en el presente caso cuando la
Corte Suprema emitió el Acuerdo No. 2114 del 31 de octubre de 2023, en el cual
dio apertura formal al proceso de elección del Fiscal General de la Nación.

23. En ese orden, consideró que se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto del presidente de la República, debido a que aquel
cumplió con su obligación constitucional de ternar a un grupo de mujeres, de las
cuales será elegida la próxima Fiscal General de la Nación por parte de la Corte
Suprema de Justicia, sin que le asista una obligación o mandato adicional acorde
con el artículo 249 de la Constitución Política.

24. Además de lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda respecto del presidente de la República. Esto, porque no le asiste a aquel
ni al DAPRE la facultad de designar un fiscal encargado.

1.6.3. Corte Suprema de Justicia

25. El presidente de la Corte Suprema de Justicia rindió informe en el que indicó
que, mediante Acuerdo No. 2214 de 2023, esa corporación declaró que la terna
enviada por el presidente de la República cumplió los requisitos constitucionales.

26. Por lo tanto, esa corporación fijó los lineamientos y cronograma para la
elección de la Fiscal General de la Nación periodo 2024-2028, las cuales se han
cumplido a cabalidad, encontrándose en este momento en fase de elección.

27. Por esto, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

28. La Fiscal General de la Nación (e) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

1.6.4. Trámite de impedimento

29. Previo a que el proyecto de fallo de primera instancia fuera decidido por los
integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación, mediante escrito enviado el
29 de febrero de 2024, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó su
impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo constitucional. Esto,
con fundamento en la causal contemplada en el numeral 1º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.

30. Lo anterior, por cuanto su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una
unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que la parte actora
le atribuye la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso
administrativo.

31. En virtud de lo anterior, mediante auto del 29 de febrero de 2024, el despacho
ponente de esta decisión ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado
para que procediera a realizar el correspondiente sorteo de conjuez principal y uno
suplente (este último para que actuara en caso de que existiera empate en la sala
o el principal no pueda actuar) a efectos de conformar el quórum requerido para
resolver el impedimento del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

32. Así las cosas, la sala, conformada por los magistrados de la Sección Quinta,
Pedro Pablo Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra, así como por el conjuez Juan
Camilo Morales Trujillo; en auto del 14 de marzo de 2024, declaró infundado el
impedimento. Esto, por cuanto no encontró configurados los elementos de la causal
1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

33. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Falconerys Caro Rosado contra el presidente de la República y la Fiscalía General
de la Nación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación

34. La sala negará la solicitud de desvinculación presentada por el ente acusador
porque la accionante considera que esa entidad vulneró su derecho fundamental al

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

debido proceso administrativo. Es decir, la presente solicitud de amparo fue
interpuesta de manera directa contra la entidad.

35. Por otra parte, la sala considera que la Fiscalía tiene un interés directo en las
resultas de este proceso porque el debate se circunscribe a la designación de la
Vicefiscal General de la Nación como fiscal general de la Nación (e). Es decir, el
asunto tiene relación directa con esa entidad.

2.2.2. Solicitud de desvinculación de la Corte Suprema de Justicia
36. El presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó la desvinculación de
dicha corporación del presente trámite constitucional. Esto, porque considera que
esa entidad ha cumplido con los lineamientos y el cronograma para la elección del
Fiscal General de la Nación para el periodo 2024-2028.

37. La sala negará esta solicitud de desvinculación poque la Corte Suprema de
Justicia fue vinculada al presente trámite constitucional como un tercero con interés
en las resultas de este proceso y no como autoridad accionada.

38. Así, la vinculación de la Corte Suprema de Justicia sólo se realizó dado que
a esa corporación le corresponde la elección del Fiscal General de la Nación, a partir
de un procedimiento en conjunto con el presidente de la República2.

2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

39. El primer problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en
determinar si concurren los requisitos de procedibilidad de la presente acción
constitucional. Para ello, determinará en primer lugar si la accionante se encuentra
legitimada en la causa por activa.

40. De encontrarse superados los mismos, la sala analizará lo siguiente:

• ¿El presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación vulneraron
el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la ciudadana
Falconerys Caro Rosado con ocasión de la designación de la Dra. Martha
Janeth Mancera como Fiscal General de la Nación (e) ante la terminación del
periodo constitucional de su titular?

2 Sobre el procedimiento de elección del Fiscal General de la Nación, esta Corporación ha señalado

que: «la intención del constituyente al señalar la manera de elegir el Fiscal General fue la de
propender por el equilibrio entre los poderes públicos, en coherencia con el sistema de pesos y
contrapesos, y a fin de evitar que tuviese vinculo o cercanía con lo político como garantía de su
autonomía e independencia, razón por la que determinó que su elección se cumpliera mediante un
procedimiento conjunto entre el Presidente de la República, que elabora la terna y la Corte Suprema
de Justicia, que lo elige entre los candidatos ternados». Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia del 16 de abril de 2013. Rad. 11001-03-28-000-2012-00027-
00.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

41. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) estudio de la legitimación en la
causa por activa. De resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos generales
de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iv) el
análisis de la vulneración del derecho fundamental en el caso concreto

2.4. Generalidades de la acción de tutela

42. Conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.

43. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

44. En ese orden de ideas, resulta que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

45. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.

46. Finalmente, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha reconocido que
aun cuando una de las características que identifica la acción de tutela es su
carácter informal, este mecanismo constitucional se encuentra supeditada al
cumplimiento no solo de las exigencias antes mencionadas sino además a la
verificación de la legitimación en la causa3, aspecto que se procede a estudiar en el
caso concreto. En consecuencia, de no satisfacerse este requisito, el juez deberá
declarar improcedente el amparo.

2.5. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

47. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para solicitar
«por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus

3 Corte Constitucional. Sentencia T-176 de 2011.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

48. A su vez, el Decreto 2591 de 1991 ratifica en el artículo 10 que, esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso a través de la figura de la agencia
oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los jueces
de tutela cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa.

49. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia T-
416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del
interés sustancial que se discute en el proceso».

50. De esta manera, la legitimación en la causa por activa constituye una garantía
de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un «interés directo y
particular» respecto del amparo que solicita al juez constitucional4.

51. Así, al examinar el requisito de legitimación en la causa por activa, el juez
debe verificar se insiste, la existencia de un interés directo y particular en cabeza
del accionante, para lo cual resulta necesario analizar en los términos de la Corte
Constitucional, si «los derechos a resguardar están en cabeza del accionante, y no
en principio de otra persona»5.

52. En ese orden, es necesario que el titular de los derechos fundamentales
exprese de manera inequívoca el interés en la presentación de la acción de tutela
en las actuaciones dentro del proceso6.

53. Lo anterior, sin perjuicio, que en algunos eventos, la acción de tutela se
pueda ejercer a través de otra persona7: i) a través de representantes legales (caso
de los menores de edad, incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas); ii) el ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se
debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, (iii) la del ejercicio por medio de agente oficioso; y (iv) de acuerdo con
los 10 y 46 del Decreto 2591 de 1991, a través de los defensores del pueblo y los
personeros municipales.

4 Ibidem.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-320 de 2021.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2022.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-552 de 2006.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

54. Finalmente, el Alto Tribunal Constitucional ha manifestado que «el estudio de
la legitimación en la causa, es un deber de los jueces y una valoración de oficio, que
constituye un presupuesto procesal material de la demanda»8; y que el acatamiento
de este requisito tiene como objetivo asegurar el acceso a la administración de
justicia, razón por la que no busca imponer barreras excesivas más allá de lo
razonable9.

2.5.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

55. Para el caso bajo estudio, la sala considera pertinente hacer alusión al
contenido del derecho al debido proceso administrativo, para efectos de
determinar la legitimación en la causa por activa de la señora Falconerys Caro
Rosado y en consecuencia establecer si esta tutela es procedente.

2.5.2. Contenido del derecho fundamental al debido proceso administrativo

56. El artículo 29 de la Constitución Política establece la garantía fundamental al
debido proceso, la cual es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Conforme a esta prerrogativa, nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio.

57. Con relación a las actuaciones administrativas, el Alto Tribunal Constitucional
ha indicado que el debido proceso limita los poderes del Estado y establece las
garantías de protección a los derechos de los administrados. De este modo, ninguna
de las actuaciones de las autoridades públicas puede depender de su propio arbitrio,
sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley10.

58. De esta manera, el derecho al debido proceso administrativo es una
manifestación expresa del principio de legalidad, según el cual todos los
funcionarios del Estado actúan de la mano con los procedimientos previamente
estipulados por el ordenamiento jurídico11.

59. En esa misma línea, la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional ha
definido el derecho al debido proceso administrativo, como el «conjunto de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa»12.

60. Así, el derecho al debido proceso administrativo impone a las autoridades el
deber de actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley,
con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-456 de 2016.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2022.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-231 de 2021.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de

agosto de 2023. Rad. 47-001-23-33-000-2023-00112-01.
12 Corte Constitucional. Sentencias C-980 de 2010 y SU-213 de 2021.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

decisiones de la administración que crean, modifica o extinguen un derecho o
imponen una obligación o una sanción13.

61. De esta manera, la Corte Constitucional ha identificado que el derecho al
debido proceso administrativo tiene las siguientes finalidades: asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración; garantizar la validez de sus propias
actuaciones; y resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados14.

62. Ahora bien, para garantizar tales fines, el derecho al debido proceso
administrativo se encuentra conformado por múltiples elementos que constituyen
por sí solos un derecho y que no son taxativos: (i) ser oído durante toda la actuación;
(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) a que la actuación se
surta sin dilaciones injustificadas; (iv) a que se permita la participación en la
actuación desde su inicio hasta su culminación; (v) a que la actuación se adelante
por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en
el ordenamiento jurídico; (vi) a gozar de la presunción de inocencia; (vii) al ejercicio
del derecho de defensa y contradicción; (viii) a solicitar, aportar y controvertir
pruebas; y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso.

63. Las anteriores garantías deben ser aseguradas durante el desarrollo de la
actuación, para de esta manera, garantizar el equilibrio entre las partes previa
expedición de una decisión administrativa que pueda llevar consigo la creación,
modificación o extinción de un derecho o que pueda imponer una obligación o una
sanción.

64. Conforme a lo aquí expuesto, el derecho al debido proceso administrativo
comporta para los ciudadanos inmersos en una actuación administrativa, una
garantía para el acceso a la administración de justicia.

65. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

[el derecho al debido proceso administrativo] cobija todas sus manifestaciones en
cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los
particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada
entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa
ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las
decisiones administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan
afectado sus intereses15. (Subrayado fuera de texto)

66. En conclusión, conforme a lo expuesto, atendiendo a los fines y contenido
del debido proceso administrativo, esta garantía se puede entender vulnerada
cuando las autoridades públicas no siguen los actos y procedimientos en la ley y los
reglamentos y por esa vía desconocen las garantías reconocidas a los

13 En sentido similar: Corte Constitucional. Sentencia T-653 de 2006 y T-209 de 2022.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-105 de 2023.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-442 de 1992, T-020 de 1998, T-386 de 1998 y T-184 de 2023.

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

administrados durante las actuaciones administrativas en las que se encuentran
involucrados.

67. Conforme a lo aquí expuesto, la sala procede a determinar si la parte actora
se encuentra legitimada en la causa por activa.

2.5.3. Análisis de la legitimación en la causa por activa de la ciudadana
Falconerys Caro Rosado

68. En el caso concreto, la sala evidencia que la parte accionante considera
desconocido su derecho fundamental al debido proceso administrativo con
ocasión a la designación de la Dra. Martha Janeth Mancera como Fiscal General de
la Nación (e), ante la terminación del periodo constitucional de su titular.

69. Planteado así el asunto, se advierte que la señora Falconerys Caro Rosado
carece de legitimación en la causa por activa para reclama la protección de su
derecho fundamental al debido proceso administrativo en este caso en concreto.
Esto, por las razones que pasan a exponerse.

70. De la revisión de la acción de tutela, la sala logró establecer que la accionante
no ha participado en una actuación o procedimiento administrativo que cree,
modifique o extinga su situación particular, de la cual además se pueda desprender
una acción u omisión de las entidades demandadas, que a su turno pueda
amenazar o vulnerar la garantía fundamental en comento.

71. En ese orden, la sala considera que como la accionante no hizo parte de un
procedimiento o actuación administrativa, no se puede verificar si las prerrogativas
que hacen parte del debido proceso administrativo -tales como la de ser oído
durante una actuación, que el procedimiento se surta sin dilaciones injustificadas, el
ejercicio del derecho de defensa, entre otras-, se pudieron ver vulneradas o
amenazadas por parte de las entidades demandadas.

72. Al respecto, es preciso reiterar que la legitimación en la causa por activa
busca verificar que quien interpone la acción de tutela, en efecto sea la titular de los
derechos cuya protección reclama. En este orden, el presupuesto sine qua non para
solicitar la protección del derecho al debido proceso administrativo es demostrar
haber sido parte de una actuación administrativa.

73. En este asunto la parte actora no está legitimada para solicitar la protección
del derecho al debido proceso administrativo porque no demostró haber hecho parte
de una actuación administrativa16 en la que eventualmente las garantías aquí
mencionadas se hayan visto amenazadas o vulneradas con ocasión de una acción
u omisión por parte de las entidades demandadas.

16 En efecto, no existe prueba de que la accionante, por ejemplo, haya efectuado una petición en

sede administrativo o se haya adelantado un procedimiento en su contra.

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

74. Ahora bien, la parte accionante indicó que su derecho fundamental al debido
proceso administrativo se vio vulnerado con ocasión de la designación de la
entonces Vicefiscal General de la Nación como Fiscal General de la Nación (e)17
ante la terminación del periodo constitucional de su titular y hasta que la Corte
Suprema de Justicia elija a la Fiscal General de la Nación.

75. Al respecto, la sala encuentra que la accionante no participó en la
designación de la Dra. Martha Janeth Mancera como Fiscal General de la Nación
(e). Además, como se advirtió en el auto admisorio de esta acción de tutela, no se
evidencia que con ocasión de tal actuación se haya creado, modificado o extinguido
una situación particular a la accionante, que, a su vez, amenace o vulnere la
garantía fundamental en comento.

76. Es importante resaltar que la elección del o la Fiscal General de la Nación es
un procedimiento de elección establecido directamente por la Constitución Política
y la designación de la persona encargada de la entidad mientras se elige al titular
fue regulado por normas con fuerza de ley. En este orden, la Sala advierte que en
este asunto no se está ante una actuación administrativa en sentido estricto. Por
otra parte, tampoco existe prueba de que la actora hubiese participado de manera
directa o indirecta en el actual proceso de elección de la Fiscal General de la Nación.

77. De conformidad con los motivos expuestos, para la sala la señora Falconerys
Caro Rosado no está legitimada en la causa por activa para interponer esta tutela e
invocar la protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo.

78. Finalmente, en gracia de discusión y al margen de la declaratoria de la falta
de legitimación en la causa por activa de la señora Falconerys Caro Rosado, la sala
no pasa por alto que en el presente asunto cualquier pronunciamiento relativo a la
designación de la Dra. Martha Janeth Mancera como Fiscal General de la Nación
(e) no generaría ningún efecto. Esto, teniendo en cuenta que como es de público
conocimiento, el día 12 de marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia en uso de
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias eligió a la Dra. Luz Adriana
Camargo como Fiscal General de la Nación.

2.6. Conclusión

79. La sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la parte
actora para promover esta acción constitucional. Por tanto, este mecanismo será
declarado improcedente porque no se logró acreditar este presupuesto de
procedibilidad.

17 Decreto 16 de 2014. Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía

General de la Nación.
Artículo 15. Funciones del Vicefiscal General de la Nación. El Vicefiscal General de la Nación
cumplirá las siguientes funciones:
(…)
5. Reemplazar al Fiscal General de la Nación en sus ausencias temporales o definitivas.

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Falconerys Caro Rosado
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00638-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Corte Suprema
de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de
Falconerys Caro Rosado para interponer esta acción de tutela e invocar la
protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo. En
consecuencia, declarar improcedente este mecanismo constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.