RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00641-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00641-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00641-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer de la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones señaladas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo. Modificar el numeral primero de la sentencia del 4 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el siguiente sentido: Rechazar la acción de tutela interpuesta por Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad Especializada en Arriendo SEA, respecto del defecto falta de motivación, dadas las consideraciones que preceden. Denegar el amparo invocado por Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad Especializada en Arriendo SEA, en torno de los defectos fáctico y sustantivo, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01 Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00641-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

23 de mayo de 2024

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad Especializada en Arriendo SEA
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Exención de pago de impuesto
predial unificado. Ausencia de los defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 4 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que negó el amparo invocado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad Especializada en Arriendo SEA, por
intermedio de apoderado, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho
fundamental al debido proceso.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia 278
del 25 de octubre de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Oralidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 05001-33-33-036-2016-00971-00 y, en su lugar, que se ordene al
Tribunal, en el término máximo de cuarenta (48) horas, contado a partir de la
notificación del fallo de tutela, proferir una nueva decisión en la que se confirme el
fallo de primera instancia.

De manera subsidiaria, en caso de no accederse a la pretensión principal, solicitó
que se ordene al Tribunal, en el término máximo de cuarenta (48) horas, contado a
partir de la notificación del fallo de tutela, proferir una providencia de reemplazo en la
que se tengan en cuenta las consideraciones dictadas en el fallo de tutela, y que se
le exhorte para que, en lo sucesivo, se abstenga de proferir sentencias sin el lleno
de los requisitos legales.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la Sociedad accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) La Sociedad Perijá Inmobiliaria S. A. S. presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de
Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo 048 de 2015,
expedido por el Concejo de Medellín, por trasgresión del derecho a la igualdad y, a
título de restablecimiento del derecho, que se ordenara la aplicación del Acuerdo 064
del 2012, para efectos de analizar el beneficio tributario de exención de pago del
impuesto predial unificado respecto de los bienes inmuebles afectados con medida
de evacuación temporal o definitiva o demolición, a partir de la fecha en que se
hayan proferido las órdenes de evacuación definitiva, temporal e incluso el acta de
demolición e, igualmente, la devolución de los dineros que, por concepto de impuesto
predial, hubiere pagado la sociedad demandante.

ii) Mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, el Juzgado 36 Administrativo Oral
de Circuito Judicial de Medellín concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

iii) A través de sentencia 278 del 25 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, revocó la sentencia de primera instancia.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado de la parte actora, el fallo del Tribunal incurrió en los
siguientes vicios o defectos:

1.1.3.1. Defecto fáctico

1.1.3.1.1. El Tribunal apreció pruebas inexistentes en el proceso y valoró
indebidamente el contenido de las ponencias previas a la expedición del Acuerdo
048 de 2015, según se pasa a explicar:

i) El Tribunal fundamento su decisión en lo señalado en la exposición de motivos del
proyecto que finalmente se convirtió en el Acuerdo municipal 048 de 2015, y en las
ponencias del primero y segundo debate que antecedieron a la expedición de dicho
Acuerdo, cuando lo cierto es que en estos, tal como lo refirió el juez de primera
instancia, nada se mencionó sobre la necesidad de crear requisitos adicionales para
acceder al beneficio tributario de suspensión o exención del impuesto predial
unificado y, mucho menos, las justificaciones, razones, motivos, pruebas,
jurisprudencia o elementos objetivos que permitieran señalar que se debían excluir
del beneficio a aquellas personas que hubieren optado por no iniciar acciones legales
en contra de los presuntos responsables de la afectación o que, simplemente,
tuvieran relación parental, societaria, accionaria, de propiedad e incluso laboral con
las personas responsables.

ii) El Concejo de Medellín impuso sanciones y consecuencias negativas a personas
que comprobadamente no tuvieron responsabilidad en los hechos, lo cual constituye
una arbitrariedad y extralimitación en sus funciones. De hecho, en las ponencias del
Acuerdo solo se menciona que «en varios de los edificios en la ciudad de Medellín se
advierte una posible responsabilidad de terceros, motivo por el cual no le es aplicable
la exención a que se refiere el numeral 15, artículo 146 del Acuerdo 064 de 2012»,

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

apartado que es vago, general y nada dice sobre los fundamentos o elementos que
llevaron específicamente a aplicar la discriminación contenida en la norma, toda vez
que los supuestos «terceros» no fueron individualizados ni categorizados.

iiii) El Acuerdo y sus ponencias previas solo demuestran que la administración
municipal —sin siquiera existir un fallo condenatorio que señalara cuales eran las
responsables de los desalojos— pretendió aplicar una especie de «sanción» a unos
«terceros», ya que, aunque la norma exprese la palabra «posibles», lo cierto es que
este veto del beneficio tributario se aplicó incluso a personas y sociedades que no
tenían nada que ver con el desalojo de dichos edificios. Lo dicho en las ponencias
previas del acuerdo respecto a esos «terceros» es tan ambiguo y general que podría
abarcar a cualquier persona, lo que llevó a que se excluyera del beneficio tributario a
la sociedad demandante, por haber pertenecido en algún momento al grupo
empresarial de la sociedad Lérida Constructora de Obras S.A.S.

iv) Ahora bien, se advierte que en el análisis del caso se aseguró que las
modificaciones introducidas por el Acuerdo 048 del 2015 fueron fundamentadas en
un informe técnico realizado por el Departamento Administrativo de Gestión del
Riesgo de Desastres de Medellín, en adelante DAGRD, sin embargo, si se realiza un
estudio minucioso de las pruebas que obran en el expediente se puede apreciar que
dicho informe técnico —si es que existe— no hace parte de los medios probatorios
que componen el plenario.

v) Por otro lado, se tiene que Perijá Inmobiliaria S. A. S. es propietaria de varios
inmuebles que componían el Edificio Space, Continental Towers, Asensi, entre otros,
y que el Tribunal accionado le negó el derecho a la exención tributaria por concepto
de impuesto predial unificado, por haber pertenecido en algún momento al grupo
empresarial de la sociedad Lérida Constructora de Obras S. A. S., cuando lo cierto
es que ello no la hace responsable de ninguna actuación adelantada por esta, pues
no existe disposición legal, judicial, reglamentaria o contractual alguna que predique
una responsabilidad solidaria ni conjunta entre Perijá Inmobiliaria S. A. S. y los
desalojos de los edificios construidos por alguna de las sociedades que pudieran
componer el grupo societario.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

vi) Ahora bien, concluir como lo hizo el Tribunal que el simple hecho de que una
sociedad pertenezca a un grupo empresarial la hace responsable de las actuaciones
de otra sociedad integrante del grupo, no solo escapa de los postulados mínimos de
responsabilidad de la persona jurídica, sino que, más grave aún, refleja el
desconocimiento de parte de los integrantes de Sala de decisión sobre el régimen de
grupos empresariales contenido en la Ley 222 de 1995.

vii) En conclusión, ni en las ponencias ni en la parte motiva del Acuerdo 048 de 2015
se menciona cuál es la participación, grado de culpabilidad o motivo para indicar que
todos los trabajadores, familiares, accionistas o personas que no demandaron son
responsables del desalojo de los Conjuntos Residenciales Space, Olivares, Colores
de Calasania o Continental Towers. Gran parte de sus argumentos se motiva en que
las ponencias previas contenían una motivación válida para excluir a Perijá
Inmobiliaria S. A. S. del beneficio tributario, sin embargo, no existieron justificaciones
para ello, por lo que la decisión adoptada por el Tribunal fue soportada en elementos
no probados y en contra de los postulados de la sana crítica.

viii) Es ostensible la falta de técnica, la arbitrariedad, la falta de coherencia al expedir
dicho acto administrativo y quedó ampliamente demostrado que el Tribunal solo se
basó en conjeturas y argumentos acomodados, tanto así que, en muchas ocasiones,
en lugar de beneficiar a las personas afectadas, terminó perjudicándolas aún más.
Las razones para limitar el acceso al beneficio tributario de la suspensión del cobro
del impuesto predial son elementos que nunca existieron en el debate del acuerdo, ni
mucho menos fueron objeto de la litis, y que solo fueron impuestas de manera
caprichosa y arbitraria sin ningún tipo de motivación válida o sustentada.

1.1.3.1.2. La sentencia del Tribunal se fundamentó en argumentos falsos y en
pruebas de otros procesos aportadas y valoradas sin el cumplimiento de las normas
procesales.

i) El Tribunal hizo una amplia referencia a un dictamen pericial realizado por la
Universidad de los Andes acerca del Edifico Space, así como a lo referido dentro de
un proceso penal en el que Perijá Inmobiliaria S.A.S. no fue parte —por lo que
desconoce los fundamentos fácticos y jurídicos allí referidos—, sin que dichas

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

pruebas fueron solicitadas por las partes, ni decretadas a petición de parte, ni de
oficio, ni mucho menos practicadas, es decir, no tienen vocación probatoria al no
haber existido sobre estas ni inmediación ni contradicción, además de ser
impertinentes, inconducentes e inútiles, pues en nada contribuyen a determinar si el
Acuerdo 048 de 2015 trasgredió el principio fundamental de igualdad.

ii) Ahora bien, en la sentencia también se mencionó lo siguiente: «luego del colapso
de la torre 6 de la Unidad Residencial SPACE, y ante el evidente deterioro y de las
condiciones patológicas estructurales halladas por el Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres DAGRD en los Conjuntos Residenciales
CONTINENTAL TOWERS, ASENSI, OLIVARES, INTERCLUB Y COLORES DE CALASANIA, entre

otros, en los que estaba comprometida la estructura de los edificios por las graves
fallas que se presentaban y el riesgo inminente de colapso, el DAGRD profirió órdenes
de evacuación temporales, en unos casos, y definitivas en otros, lo que se tradujo en
la no ocupación de los inmuebles objeto de dicha medida por parte de sus
propietarios y/o poseedores, porque tendrían que ser destruidos, o porque los que
quedaron en pie eran inhabitables. Así mismo, la Inspección Catorce A de Policía
Urbana de Primera Categoría de Medellín, ordenó la demolición total de la
Urbanización Space, por las mismas razones encontradas en la torre 6», cuando lo
cierto es que ninguna de las referidas construcciones fue ejecutada por Perijá
Inmobiliaria S. A. S. y además, lo señaló como si fuera un hecho notorio, cuando
realmente no lo es, por lo que tal afirmación se convierte en una completa falacia.

1.1.3.2. Defecto sustantivo

i) El Tribunal realizó una interpretación y aplicación errada de los artículos 28 y
siguientes de la Ley 222 de 1995, en cuanto a la figura de grupo empresarial, toda
vez que uno de sus argumentos para revocar la decisión del a quo fue que la
sociedad demandante hacía parte del Grupo empresarial Constructora CDO, cuando
lo cierto es que dicho grupo empresarial es una persona jurídica independiente.

ii) Debe precisarse que si bien Perijá Inmobiliaria S.A.S formó parte de un grupo
empresarial, este no se denominó «Grupo Empresarial Constructora CDO»,
calificativo que le asignó el Tribunal accionado, y que, en todo caso, aun siendo parte

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

aquel, no es cierto y es un imposible jurídico que Perijá fuera controlada por dicho
grupo, ya que quien ejerce el control es quien se denomina «Matriz».

iii) Las afirmaciones realizadas por el fallador son totalmente falsas y no se
encuentran soportadas ni legal ni probatoriamente dentro del proceso. Primero,
porque no es cierto que en el hecho segundo de la demanda se hubiera precisado
que los edificios Space, Continental Towers, Asensi, Interclub, Olivares, Colores de
Calasania fueron construidos por Lérida Constructora de Obras S. A., ya que el único
edificio construido por esta fue el Edificio Space, de manera que se desconoce de
qué fuente de información el Tribunal extrajo dichas afirmaciones. En todo caso, aun
cuando hubieren sido construidas por Lérida, ello en nada interesa al proceso, pues
cuando una de las sociedades que compone determinado grupo empresarial ejerce
su objeto social con total independencia y autonomía, bajo su propio riesgo y con sus
propios recursos. Segundo, porque el Tribunal se equivocó al señalar que el presunto
«Grupo empresarial Constructora CDO» y las sociedades que lo integraban eran
administradas por los señores Emilio Restrepo Posada y Juan José Restrepo. Basta
con examinar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Perijá
Inmobiliaria S. A. S. para concluir que dichas personas nunca fueron sus
administradores.

iv) La interpretación del Tribunal es errada, en tanto parte de la idea de que todas las
empresas que conforman un grupo societario son solidariamente responsables entre
sí por cualquier actividad que desarrollen con ocasión a su objeto social. Es decir,
equipara la actuación de una empresa autónoma e independiente, en dicho caso
Lérida Constructora de Obras S. A., como si fuera desplegada por todo el grupo
empresarial, interpretación que es incorrecta y demuestra un absoluto abandono de
las normas sustanciales que regulan la materia.

v) Ello, por cuanto los sujetos pertenecientes a un grupo empresarial, en los términos
de la Ley 222 de 1995, conservan su individualidad, esto es, mantienen sus atributos
y obligaciones propias. A su turno, porque los supuestos de control establecidos en
el artículo 27 de la referida norma suponen una o varias personas controlantes y una
o varias sociedades comerciales controladas, de tal manera que en los dos extremos
de la relación de control se ubican sujetos con posibilidad de adquirir derechos y de

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

contraer obligaciones en forma independiente. Dentro de los efectos de la
subordinación no se ha establecido la solidaridad de la matriz o controlante en el
pago de las obligaciones contraídas por sus filiales o subsidiarias, por el solo hecho
de la vinculación.

vi) En el ordenamiento jurídico colombiano no existe norma alguna que indique que
dos sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial son responsables
unas con otras. Solo se estableció en los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 61 de
la Ley 1116 de 2006 una presunción del nexo causal de la responsabilidad
subsidiaria, no solidaria, frente a terceros con ocasión de las actuaciones que haya
realizado la sociedad matriz o controlante (en este caso las personas naturales) y
que pudieran llevar a que una de sus subordinadas estuviere en proceso de
concordato o de liquidación. En todo caso, la discusión frente a la responsabilidad
entre matrices y subsidiarias o simplemente entre sociedades pertenecientes a un
mismo grupo empresarial nunca fue el objeto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

1.1.3.3. Decisión sin motivación

i) La Sentencia carece en todas sus partes de fundamentos normativos, pues no citó
en ninguna norma jurídica que justificara el trato desigual sufrido por Perijá
Inmobiliaria S. A. S., y además, se basó en documentos que debieron ser excluidos
de la valoración, por ser evidentemente ilícitos.

ii) No es de recibo que el proceso estuvo en sede de apelación y bajo estudio de la
segunda instancia durante más de seis años y no se hubiere leído el expediente, en
tanto no se conocieron las pruebas aportadas, y luego, se profirió sentencia
fundamentada en documentos extraprocesales e ilegales —que no pueden
calificarse como pruebas— y sin un estudio de las normas que rigen la
responsabilidad de los grupos empresariales, dando como resultado una sentencia
carente de fundamentación fáctica y jurídica.

1.2. Actuación procesal

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

El 14 de febrero de 2024, el consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz admitió la
acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, como demandados, para que,
dentro del término de dos (2) días se pronunciara sobre las pretensiones y los
hechos de la acción de tutela; al Juzgado 36 Administrativo de Medellín, al municipio
de Medellín, ahora, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
y al Concejo de Medellín, como terceros interesados en las resultas del proceso; y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de tercera
interviniente, de conformidad con lo establecido en el artículo 610 del Código General
del Proceso; y requirió al Juzgado 36 Administrativo de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, para que allegara en medio
digital el expediente con radicado 05001-33-33-036-2016-00971-00 [01].

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad. El 19 de
febrero de 2024, el magistrado Gonzalo Zambrano Velandia, solicitó negar el
amparo, en atención a los siguientes argumentos:

i) El análisis efectuado por la Sala se circunscribió no sólo a las manifestaciones de
la partes, sino también a la valoración y análisis de las pruebas aportadas y
practicadas en desarrollo del procedimiento judicial, así como a la aplicación de las
disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables al asunto puesto en conocimiento
de la corporación.

ii) En la providencia se advirtió que la parte demandante acudió a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con el fin de obtener la nulidad del Acuerdo Municipal 048
de 2015, expedido por el Concejo de Medellín, que modificó el numeral 15 del
artículo 146 del Acuerdo 064 de 2012, mediante el cual se otorgó una exención en el
pago del impuesto predial, al considerar que está viciado de nulidad, en tanto
estableció condiciones discriminatorias y otorgó un trato desigual a las personas que
se encontraban afectadas bajo el mismo supuesto de hecho, vulnerando el derecho
fundamental a la igualdad y el de confianza legítima, al restringir el acceso al
beneficio tributario citado. Por el contrario, la parte demandada, afirmó que no existía

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

tal vulneración ya que en materia tributaria el principio de confianza legítima no
constituye un límite a la posibilidad de que el legislador derogue una normatividad
anterior al no existir el amparo de derechos adquiridos.

iii) Así, bajo la disparidad de criterios planteados por las partes, la Sala efectuó la
comparación del numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo Municipal 064 de 2012, con
la norma demandada, encontrando que, en efecto, el Concejo de Medellín, mediante
el Acuerdo 048 de 2015, condicionó la exención al pago del impuesto predial bajo el
cumplimiento de cuatro requisitos adicionales a los dispuestos en el numeral 15 del
artículo 146 del Acuerdo Municipal 064 de 2012, en los casos en los que las causas
que originaron la evacuación temporal o definitiva o la demolición, según el concepto
técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, Emergencias y
Desastres —DAGRD—, están relacionadas con posibles acciones humanas no
atribuibles a los propietarios o poseedores.

1.3.2. El Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. El 19 de
febrero de 2024, el secretario del Juzgado, señor Carlos Jaime Gómez Orozco,
remitió el enlace para consulta del expediente requerido.

1.3.3. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. El 20
de febrero de 2024, la apoderada Liliana Andrea Giraldo Ramírez, solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto, denegar el amparo invocado, en atención a
los siguientes argumentos:

i) No toda interpretación judicial que se haga frente al caso concreto constituye vía de
hecho por ser contraria a los intereses perseguidos, por lo que admitir tal evento
implicaría un quebrantamiento ostensible a la autonomía judicial y seguridad jurídica
que debe emanar de las decisiones judiciales. Además, la acción constitucional no
puede tener cabida como una tercera instancia dentro del proceso ordinario.

ii) Los reproches que edifica el accionante bajo la causal de defecto fáctico no tienen
vocación de prosperidad, habida cuenta que el análisis probatorio efectuado por el
Tribunal tuvo en cuenta la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo municipal
048 de 2015, así como las ponencias del primero y segundo debate de dicho

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

acuerdo, las cuales fueron incorporadas al proceso como pruebas de oficio, en uso
de las facultades oficiosas del juez para esclarecer puntos oscuros de la contienda.

iii) No hay lugar a reconocer la exención del pago del impuesto predial a favor de la
sociedad accionante, toda vez que en el presente asunto no se acreditó que ésta
hubiese cumplido con los requisitos contemplados en el artículo 1° del Acuerdo 48 de
2015, para acceder a dicho beneficio. Tampoco hay lugar a que se ordene la
devolución de los dineros que por concepto de impuesto predial hubiese pagado
debido a que los cobros tienen sustento en actos administrativos particulares que
gozan de presunción de legalidad. En ese entendido, si la parte actora estimaba que
tenía derecho a la devolución de los dineros cancelados por el impuesto predial,
debió demandar los actos administrativos en los que se estableció la obligación y
acreditar su ilegalidad.

iv) De otro lado, las aludidas irregularidades procesales que se atacan por el
accionante no fueron de ninguna manera determinantes para adoptar la decisión de
revocar la sentencia enjuiciada, en tanto la no vulneración del principio de igualdad o
trato diferenciado se derivó de un análisis hermenéutico de la norma.

1.3.4. El Concejo de Medellín. El 21 de febrero de 2024, el secretario general,
Conrado de Jesús Torres Graciano, solicitó desvincular a la corporación del trámite
de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las
pretensiones del accionante se dirigen a cuestionar actuaciones del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

1.4. Sentencia impugnada

El 4 de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó
el amparo invocado, en atención a los siguientes considerandos:

i) El Tribunal valoró razonablemente las pruebas, pues en el subtítulo 9.6. de la
sentencia relacionó los hechos probados con cada uno de los medios de prueba
obrantes en el expediente; además, la exposición de motivos del Acuerdo 048 de
20153 fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica, y aunque la sociedad

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

accionante reprocha que no consta una justificación por parte del Concejo de
Medellín sobre los requisitos para acceder al beneficio tributario de exención del
impuesto predial, lo cierto es que el Concejo sí estableció fundamentos jurídicos y de
conveniencia, que también fueron citados en extenso.

ii) En el mismo sentido, el informe técnico del Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres (DAGRD), el cual se reclama como
desconocido, en realidad se refiere al contenido de la norma demandada, y esta
dispone que, para determinar las causas que llevaron a la evacuación debe tenerse
en cuenta el concepto técnico que elabore el DAGRD, para el efecto. No se trata,
entonces, de una prueba documental o pericial extraña al expediente, sino del texto
del Acuerdo 048 de 2015.

iii) Por otra parte, la accionante repara en que el Tribunal citó como referencia un
texto elaborado por la Universidad de los Andes, titulado «Concepto técnico en
relación al cumplimiento de las normas técnicas legales aplicables en los procesos
de diseño y construcción de la cimentación, estructura y elementos no-estructurales
del Edificio Space en Medellín», que no fue objeto de contradicción. Sobre el
particular, se advierte que, aunque le asiste razón en que se trata de un documento
que no fue incorporado al proceso como prueba, esta no tuvo incidencia decisiva en
el fallo. Ello, por cuanto el Tribunal despachó desfavorablemente la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en atención a que el Acuerdo 048 de 2015 sí
superó el test de igualdad, que constituye un control abstracto de la norma y cuya
metodología no involucró al texto que la accionante reclama como desconocido.

iv) La decisión del Tribunal accionado no contrarió las disposiciones de la Ley 222 de
1995 sobre grupos empresariales porque no extendió la responsabilidad de Lérida
Constructora de Obras S.A. a Perijá Inmobiliaria S.A.S., sino que constató la
existencia de una relación societaria entre la empresa constructora y la sociedad
accionante, lo cual es, justamente, el presupuesto previsto en el Acuerdo 048 de
2015 para excluir a un contribuyente del beneficio de exención del impuesto predial
sobre inmuebles evacuados.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

v) Adicionalmente, no es cierto que el Tribunal hubiese admitido que, por el simple
hecho de pertenecer a un grupo empresarial, las sociedades que lo integran son
solidariamente responsables por los daños generados por una sociedad del grupo y
con ello excluirlos de la exención tributaria. Lo que dijo es que la exención no
resultaba discriminatoria porque la norma territorial tenía como finalidad conceder un
beneficio temporal al propietario o poseedor que hubiese sido evacuado temporal o
definitivamente de su vivienda o que esta hubiese sido demolida, siempre y cuando
este no tuviera relación societaria con las empresas constructoras. Consideró que los
excluidos, en el caso de los socios de las constructoras, debían soportar el pago del
impuesto porque la afectación en las viviendas provenía de aquellas, lo cual justifica
el establecimiento de un trato desigual.

1.5. Impugnación

El apoderado de la parte actora impugnó la decisión de primera instancia en orden a
que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, dados los
siguientes argumentos:

i) El fallo de tutela contiene contradicciones graves que no guardan coherencia entre
lo que menciona en los antecedentes y lo contenido en la ratio decidendi, pues en la
parte final de la sentencia se indicó que «no es cierto que el Tribunal hubiese
admitido que, por el simple hecho de pertenecer a un grupo empresarial, las
sociedades que lo integran son solidariamente responsables por los daños
generados por una sociedad del grupo y con ello excluirlos de la exención tributaria»,
cuando a lo largo del fallo señaló que ese fue el elemento principal para que el
Tribunal Administrativo de Antioquia dictara la sentencia enjuiciada

ii) Aunque forzadamente se quiera decir que no fue así, la providencia objeto de
censura se fundamentó en dos elementos que fueron ajenos al debate original, a
saber, que supuestamente Perijá Inmobiliaria S. A. S. hace parte de un supuesto
grupo empresarial llamado «Constructora CDO» y que, por pertenecer a dicho grupo
empresarial, también fue constructora del edificio Space y otros, o al menos es de
alguna manera responsable de los defectos constructivos en ellos y, en
consecuencia, no puede ser beneficiaria de la exención al impuesto predial.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

iii) Sin embargo, en la sentencia objeto de impugnación, contradictoriamente, la Sala
manifestó que: «no es cierto que el Tribunal hubiese admitido que, por el simple
hecho de pertenecer a un grupo empresarial, las sociedades que lo integran son
solidariamente responsables por los daños generados por una sociedad del grupo y
con ello excluirlos de la exención tributaria», situación que demuestra la falta de
análisis y coherencia frente a los aspectos puestos en conocimiento mediante la
acción de tutela, ya que con una simple lectura de la providencia se puede extraer
que el argumento principal por el cual se negó la exención del impuesto predial es
por la presunta vinculación de Perijá Inmobiliaria S. A. S. a un grupo empresarial, y
que, en tal sentido, construyó o participó en la construcción del Edificio Space.
Argumento que dista de cualquier realidad, toda vez que la sociedad no participó en
lo absoluto de la construcción de alguno de los edificios que supuestamente dieron
origen a la expedición del Acuerdo 048 de 2015.

iv) Sin perjuicio de sonar reiterativo con lo dicho en la acción de tutela, no existe
dentro del expediente prueba alguna que indique que Perijá Inmobiliaria S. A. S. tuvo
alguna intervención en la construcción del Edificio Space, Conjunto Residencial
Olivares y Condominio Asensi; por el contrario, las pruebas que obran demuestran
que la sociedad no tuvo nada que ver con la construcción de dichas unidades
residenciales, aspecto que es de fácil probanza si se examina el apartado n°. 9.6. de
la sentencia, en el que el Tribunal relacionó las pruebas que hacen parte del plenario.

v) Otro aspecto que no fue tenido en cuenta por la Subsección es que la sentencia
contiene en su mayoría elementos que fueron ajenos al debate de primera instancia,
toda vez que dentro del proceso nunca se discutió la responsabilidad de los daños
ocasionados por la colisión del Edificio Space, esto, porque Perijá Inmobiliaria S. A.
S. no tuvo relación alguna con dicha situación. El objeto del litigio consistió en
determinar si el Acuerdo 048 de 2015 era violatorio o no del derecho a la igualdad y
si las excepciones para el beneficio tributario allí incluidas iban de acuerdo con el
ordenamiento jurídico, por lo que es novedoso que en el fallo se introdujeran
elementos como la responsabilidad de Lérida Constructora de Obras por la
construcción del edificio Space, la cual no es parte dentro del proceso, y más aún,

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

que se señalara que Perijá Inmobiliaria S. A. S. es responsable de los daños allí
causados, por presuntamente pertenecer a un grupo de empresas.

vi) Los argumentos utilizados por el Tribunal toman por sorpresa a la parte
demandante que en ningún momento tuvo la oportunidad de controvertir o
defenderse, en tanto no eran discusiones objeto del proceso inicial, lo que
evidentemente constituye una violación a los postulados de la congruencia entre
sentencias de primera y segunda instancia, pilar fundamental de la seguridad
jurídica, y por ende, del derecho fundamental al debido proceso.

vii) Llama la atención que en el fallo de tutela no se tuvieran en cuenta los
argumentos expresados sobre la incongruencia existente entre las sentencias de
primera y segunda instancia, cuando lo cierto es que la Subsección se ha
pronunciado sobre este requisito como «una verdadera garantía del derecho
fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al
juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo».

viii) De hecho, en el fallo se aceptó que no existió congruencia entre lo pedido, lo
debatido y lo probado dentro del proceso, así: «los reproches que formula la
accionante no fueron estudiados ni resueltos dentro del proceso ordinario, en tanto
surgieron con ocasión de la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión
de primera y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda». A pesar de lo
anterior, extrañamente dichos argumentos no se vieron reflejados en la parte
resolutiva de la sentencia.

ix) En la decisión debió consignarse que la sentencia enjuiciada contiene graves
errores argumentativos, principalmente, por tomar como ciertas diferentes
situaciones, sin que exista fundamento probatorio que soporten sus afirmaciones, y
por traer al escenario procesal, elementos que nunca fueron objeto de discusión
judicial durante las etapas procesales, y que se utilizaron para fundamentar la
decisión. De igual manera, que se endilgaron responsabilidades y culpas sin
fundamentos normativos, contractuales o reglamentarios.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

1.6. Otras actuaciones

El 23 de mayo de 2023, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó impedimento para conocer la acción de tutela, con fundamento en la
causal 5°. del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por tener una relación
de amistad íntima de muchos años con la magistrada Martha Nury Velásquez
Bedoya, quien suscribió la sentencia que se discute.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.

2.2. Sobre la manifestación de impedimento

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
integridad moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho
que pueden comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una
garantía de imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los
juicios que emite en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter
de taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la
función jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden
ampliarse discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del
Código de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de
1991, el cual prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si
fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

En el presente caso, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
impedimento para conocer del asunto de la referencia, por considerar estar incurso
en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que
sostiene una relación de amistad íntima con la magistrada Martha Nury Velásquez
Bedoya, quien suscribió, en calidad de ponente, la providencia objeto de
cuestionamiento en esta sede constitucional.

La causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, establece lo siguiente:

Artículo 56. Causales de impedimento Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

Pues bien, sea lo primero advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha
especificado que el atributo de imparcialidad de los funcionarios judiciales forma
parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

tiene como fundamento el artículo 29 de la Constitución, en cuanto deben procurar la
protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, ya que solo así se garantizaría que las actuaciones
en esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública».3

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad, así: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas
ante la ley (artículo 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos
frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y
ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos
necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la
responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de
responsabilidad judicial».4

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, ya que,
una vez confrontada la causal invocada, con las razones que expuso el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez, es dable colegir que al sostener una amistad íntima con
la magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya, quien suscribió la providencia
discutida en la presente acción de tutela, puede comprometerse la decisión del
togado en el asunto, en tanto su criterio no resultaría imparcial y objetivo, como lo
exige una recta administración de justicia.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia 278 del 25 de octubre de
2023, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad,

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-
33-33-036-2016-00971-00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si
con la adopción de la referida providencia se vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la sociedad accionante.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-
33-036-2016-00971-01, la Sala establece lo siguiente:

i) El 26 de octubre de 2016, Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad Especializada en
Arriendo S. E. A., por intermedio de apoderado, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Medellín-Concejo de
Medellín, en orden a que se emitieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIÓN

Solicito se declare la nulidad del Acuerdo Municipal 048 de 2015, por haber sido
expedido en trasgresión de principios constitucionales (Derecho de igualdad – Artículo
13 Superior) que deben orientar toda actuación administrativa.

Así las cosas, una vez declarada la nulidad del Acuerdo acusado, y como
restablecimiento del derecho, se disponga el beneficio tributario de exención del
pago del impuesto predial, de acuerdo [con] los señalamientos exigidos por el
Acuerdo 064 de 2012, a partir de la fecha en que se hayan proferido las órdenes de
evacuación definitiva, temporal e incluso acta de demolición.

Igualmente, la devolución de los dineros que, por concepto de impuesto predial,
hubiere pagado la sociedad demandante con posterioridad a la presentación de esta
demanda y desde que se produjo la orden de evacuación o la orden de demolición,
según el caso, debidamente indexados en la forma indicada en la ley. (Se resalta)

ii) El 18 de octubre de 2017, el Juzgado 36 Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín accedió a las súplicas de la demanda.

iii) El 25 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad, revocó la sentencia de primera instancia.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.6.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela

La Sala encuentra cumplidos los requisitos de procedibilidad de la presente acción
de tutela, en atención a las siguientes circunstancias:

Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», con respecto de los defectos
fáctico y sustantivo alegados, no así en torno del defecto falta de motivación, puesto
que, sobre el particular, la sociedad accionante tiene a su disposición el recurso
extraordinario de revisión, por falta de congruencia de la sentencia.

Ha referido la jurisprudencia del Consejo de Estado que el recurso extraordinario de
revisión, en virtud del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que prevé como causal
de revisión la nulidad originada en la sentencia, es procedente para cuestionar vicios
de incongruencia, por traducirse, esta circunstancia, en una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso,4 ello, por cuanto la incongruencia de la sentencia
«exige, de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva, lo
que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga
sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso».5

El principio de congruencia en las providencias se advierte desconocido cuando se
incurre en lo que la doctrina ha llamado: i) fallo «ultrapetita», que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante; ii) fallo
«extrapetita», cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o se

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-03861- 01, C.P. María
Adriana Marín
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25,

sentencia del 28 de junio de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de
agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

reconoce pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados; y c) fallo
«minuspetita», cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.6

De esta forma, se colige que dado el carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela, no es la llamada, en principio, a dar solución al asunto de marras, ya que,
dentro de la instancia ordinaria el legislador ha dispuesto de las herramientas
adecuadas para que el interesado pueda hacer valer sus derechos fundamentales.
Así lo ha referido, además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha sido
reiterativa en sostener que cuando se alega la falta de congruencia de la sentencia,
el recurso extraordinario de revisión resulta idóneo y efectivo,7 a excepción de que la
parte actora argumente y justifique el por qué el medio de defensa judicial no provee
una protección integral en el asunto o se evidencie por parte del juzgador alguna
circunstancia que advierta la falta de eficacia e idoneidad del medio judicial para
contrarrestar la presunta vulneración de los derechos fundamentales.8

Sin embargo, en el escrito de la acción de tutela la sociedad accionante no expuso
ningún argumento tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, y
esta Sala de decisión tampoco evidencia en el asunto un menoscabo que haga
urgente e impostergable el amparo de los derechos fundamentales que permita al
juez constitucional pretermitir la subsidiaridad de la acción de tutela en aras de
encontrar superado este requisito.

Por tanto, lo que procede entonces es poner a instancia del juez ordinario las
inconformidades narradas en esta acción constitucional, a efectos de que sea este
quien evalúe las circunstancias particulares del demandante y determine si hay lugar
a conceder lo solicitado.

En tal sentido, se concluye que en la presente acción de tutela se configura la causal
de improcedencia contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de
1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales al alcance», en lo relacionado con el cuestionamiento del defecto, decisión
sin motivación.

6 Ibidem
7 Sentencia SU-157 de 2022.
8 Ibidem.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

Ahora bien, el caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional»,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso,9 previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
ya que, según los alegatos de los accionantes, la litis fue resuelta sin un adecuado
análisis probatorio y normativo, eventos que de encontrarse acreditados conducirían
a encontrar lesivos sus intereses.

También «cumple con el requisito de inmediatez», comoquiera que la providencia
objeto de censura data del 25 de septiembre de 2023, y la presente acción de tutela
fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el
12 de febrero de 2024, esto es, dentro del término de los seis meses señalados por
esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial.10

Y de igual forma, se advierte que «no se cuestiona una irregularidad procesal»
sino un indebido análisis probatorio y normativo; «se identificaron razonablemente
los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte
actora narró de manera clara los hechos sujetos a examen, señaló los derechos que
estima vulnerados y explicó los defecto endilgados, adecuó sus alegatos a la
configuración; y «no se cuestiona una sentencia de tutela», sino de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6.2. Sobre la procedencia del amparo invocado

9 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
10El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

El apoderado de la parte actora cuestiona, en primer lugar, la configuración de un
«defecto fáctico»,11 por valorar indebidamente el contenido de las ponencias previas
a la expedición del Acuerdo 048 de 2015, y fundamentarse en pruebas inexistentes
en el proceso.

Pues bien, en la providencia objeto de censura, el Tribunal delimitó como problema
jurídico a dilucidar, si el Acuerdo Municipal 048 de 2015, expedido por el Concejo de
Medellín, que modificó el numeral 15 del artículo 146 del Acuerdo 064 de 2012, en
torno a la exención en el pago del impuesto predial, se encontraba viciado de
nulidad, al establecer requisitos adicionales para la configuración del beneficio
tributario de manera arbitraria, con extralimitación de funciones, sin motivación
alguna y trasgrediendo los derechos fundamentales a la igualdad y la confianza
legítima.

De esta forma, trajo a colación la normativa y jurisprudencia relacionada con la
naturaleza jurídica del impuesto predial, su regulación y determinación en el
municipio de Medellín, su respectiva exención y, con fundamento en ello, procedió a
analizar el caso concreto.

Para dichos efectos, realizó la comparación entre lo dispuesto en el numeral 15 del
artículo 146 del Acuerdo Municipal 064 de 2012 y lo previsto, posteriormente, en el
Acuerdo 048 de 2015, encontrando que, en este último, la exención al pago del
impuesto predial de los inmuebles que acatando el concepto técnico del DAGRD,12
fueron evacuados temporal o definitivamente o demolidos, consecuencia de posibles
acciones humanas no atribuibles a los propietarios o poseedores, se condicionó al
cumplimiento de cuatro requisitos adicionales, a saber: i) que se hayan ejercido

11 De acuerdo con la Sentencia T-923 de 2013, el defecto fáctico tiene dos dimensiones para su
configuración: «dimensión negativa», que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario, que se presenta cuando el funcionario judicial i) niega la práctica del
medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u, ii) omite la valoración de
elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de ella emerge; y «dimensión positiva»,
por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que
conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa, que se da cuando el funcionario
judicial i) fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar
porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto, o se trata
de pruebas nulas de pleno derecho, y/o ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no
permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión.
12 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

acciones legales en contra de los presuntos responsables de la afectación, ii) que no
se hayan recibido indemnizaciones respecto de las consecuencias dañinas
producidas por el hecho que condujo a la situación de evacuación, iii) que no se
tuviera relación parental, societaria, accionaria, de propiedad o laboral con las
empresas constructoras, con los titulares de las licencias de urbanización de los
inmuebles evacuados, ni con los presuntos causantes de la situación de evacuación,
y iv) que se mantuviera la orden de evacuación del bien objeto de la exención.

Así, en orden a analizar los cargos endilgados por la parte demandante, esto es, la
arbitrariedad y extralimitación de funciones del Concejo de Medellín, la falta de
motivación, y la conculcación y trasgresión del derecho fundamental a la igualdad,
trajo a colación la exposición de motivos del Acuerdo municipal 048 de 2015 y las
ponencias del primero y segundo debate de dicho acuerdo (obrantes en el archivo n°.
7 del expediente electrónico).

De esta forma, previo a analizar lo dicho en dichos documentos, recordó que estos
tenían como génesis los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2013, cuando se
produjo el colapso de la torre 6 de la Unidad Residencial Space de la ciudad de
Medellín —construido por la sociedad Constructora Lérica CDO S. A.—, en el cual
perdieron la vida, por aplastamiento, 12 personas; hechos investigados por la
Fiscalía General de la Nación y juzgados por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal,13 en las sentencias del 18
de enero de 2018 y del 11 de julio de 2018, respectivamente, en las que se
estableció que el desplome obedeció a un defecto en el diseño estructural, errores de
cálculo, errores en la construcción del edificio, baja calidad de los materiales usados
en el proceso de construcción y la baja resistencia de los concretos, entre otros.

De igual forma, que luego del colapso de la torre 6 de la Unidad Residencial Space, y
ante el evidente deterioro y de las condiciones patológicas estructurales halladas en
los Conjuntos Residenciales Continental Towers, Asensi, Olivares, Interclub y

13 En la cuales se declaró penalmente responsable a los señores Pablo Villegas Mesa, representante

legal de la Constructora Lérida CDO S. A., y María Cecilia Posada Grisales, ingeniera civil y directora
del proyecto vinculada laboralmente a CDO; y a Jorge De Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero
calculista vinculada laboralmente a CDO, por la comisión de la conducta punible de homicidio culposo
del cual fuera víctima quien en vida respondía al nombre de Juan Esteba Cantor Molina, en el proceso
penal en el que se investigó el desplome de la torre 6 de la Unidad Residencial Space.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

Colores De Calasania, entre otros, en los que estaba comprometida la estructura de
los edificios por las graves fallas que se presentaban y el riesgo inminente de
colapso, el DAGRD profirió órdenes de evacuación temporales, en unos casos, y
definitivas en otros, lo que se tradujo en la no ocupación de los inmuebles objeto de
dicha medida por parte de sus propietarios y/o poseedores, porque tendrían que ser
destruidos, o porque los que quedaron en pie eran inhabitables y, asimismo, que por
las mismas razones encontradas en la torre 6 de la Unidad Residencial Space, la
Inspección Catorce A de Policía Urbana de Primera Categoría de Medellín ordenó la
demolición total de la Urbanización.

Dejado sentado lo anterior, procedió a valorar lo expuesto en el informe de ponencia
de segundo debate del proyecto de Acuerdo 048 de 2015, resaltando que en este se
dejó expresa cuenta que fueron muchos los propietarios de los conjuntos
residenciales ―arriba mencionados― que acudieron ante el alcalde y el Concejo de
Medellín, autoridades municipales que manejaban los tributos locales, pidiendo
ayuda para que fueran exonerados de los tributos locales, en atención a que por
hechos o actos calamitosos ajenos a su voluntad los inmuebles no eran habitables
por sus condiciones de riesgo y perdieron su valor comercial, y que, en atención a
dicho clamor, se tomaron medidas sobre el particular en el Acuerdo.

De igual forma, que la corporación Edílica y toda la ciudadanía también conocieron
de los Informes de la Universidad de Los Andes (Uniandes), en los que se dejó
expresa cuenta de que en la Unidad Residencial Space se presentaron
inconsistencias del diseño estructural en relación con la norma NSR98, y que, de
haberse cumplido con esta normativa no se hubiera generado el colapso, situación
que, de igual forma, se venía presentando en los demás conjuntos residenciales que
debieron ser evacuados por determinación del DAGRD, tales como Continental
Towers, Asensi, Interclub, Olivares y Colores de Calasania, entre otros, todos ellos
construidos por Lérida CDO S. A.

En ese contexto, el Tribunal concluyó que en el asunto era palmario que se requería
no sólo dar un tratamiento diferenciado a quienes fueron víctimas de dicha calamidad
frente a la generalidad de los propietarios de inmuebles ubicados en el municipio de
Medellín, sin que ello constituya una violación del principio de igualdad, sino que,

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

además, requería unos condicionamientos, en tanto ya se encontraba
acreditado que los hechos no habían tenido ocurrencia por el advenimiento de
causas naturales, sino todo lo contrario, en la medida en que ya se sabía hasta la
saciedad que estaban relacionadas directa e inmediatamente con acciones
humanas (culposas) no atribuibles a los propietarios o poseedores, tal como
quedó plasmado en el propio Acuerdo demandado.

Dado el anterior derrotero, esta Subsección no advierte la configuración del defecto
fáctico endilgado, pues, de un lado, el Tribunal valoró in extenso tanto la exposición
de motivos del Acuerdo municipal 048 de 2015, como las ponencias del primero y
segundo debate de dicho acuerdo, encontrando plena justificación de los
condicionamientos previstos en dicha normativa para efectos de la exención de pago
del impuesto predial de quienes fueron víctimas de dicha calamidad, esto es, al
encontrarse acreditado que los hechos no habían tenido ocurrencia por el
advenimiento de causas naturales, sino por acciones humanas culposas no
atribuibles a los propietarios o poseedores.

En iguales términos, se advierte que, si bien trajo a colación los informes de la
Universidad de los Andes sobre lo acontecido en el Edificio Space, lo hizo a modo de
acotación, como hecho notorio e información adicional en torno a lo acontecido con
el suceso u colapso, y fue a partir de lo extraído de dicho informe, de donde señaló
que las inconsistencias presentadas en la edificación también se venían presentando
en los demás conjuntos residenciales que debieron ser evacuados por determinación
del DAGRD, tales como Continental Towers, Asensi, Interclub, Olivares y Colores de
Calasania, entre otros, todos ellos construidos por Lérida CDO S. A.

De otro lado, se tiene que aunque trajo de presente lo resuelto en un proceso penal,
en torno al colapso de la torre 6 de la Unidad Residencial Space, como lo ordenado
por el DAGRD, respecto de las evacuaciones temporales y definitivas, y por la
Inspección Catorce A de Policía Urbana de Primera Categoría de Medellín, referente
a la demolición total de la urbanización, ello lo hizo a modo ilustrativo, esto es, en
orden a aportar información ―de público conocimiento―, sobre las medidas
adoptadas por las aludidas autoridades con ocasión del colapso, no siendo esta la
fundamentación con la cual revocó la decisión del a quo, sino el encontrar

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

acreditado, se itera, que los hechos ocurrieron por acciones culposas de terceros, no
atribuibles a propietarios.

Ahora bien, se cuestiona, en segundo lugar, la existencia de un defecto
sustantivo,14 por indebida aplicación de los artículos 28 y siguientes de la Ley 222 de
1995, en cuanto a la figura del grupo empresarial, pues uno de sus argumentos para
revocar la decisión del a quo fue que la sociedad demandante hacía parte del Grupo
Empresarial Constructora CDO, cuando lo cierto es que, en términos de la normativa,
los sujetos pertenecientes a un grupo empresarial conservan su individualidad, es
decir, mantienen sus atributos y obligaciones propias.

Volviendo a la providencia, se aprecia que el Tribunal señaló que la crítica
presentada por la sociedad demandante respecto de que se presentó un trato
discriminatorio injustificado y, por tanto, violatorio del derecho a la igualdad, era una
falacia argumentativa, en tanto: i) todos los conjuntos residenciales que debieron ser
evacuados por determinación del DAGRD ―referenciados en el hecho segundo del
escrito de demanda―, tales como Space, Continental Towers, Asensi, Interclub,
Olivares, Colores de Calasania, entre otros, habían sido construidos por Lérida CDO
S. A., esto es, por el Grupo Empresarial Constructora CDO; y ii) existía un referente

probatorio dentro del expediente, obrante a folios 54 a 60, que daba cuenta que la
Sociedad Perijá inmobiliaria S. A. Sociedad especializada en arriendo SEA, hace parte
y es controlada por el Grupo Empresarial Constructora CDO, —conformado por las
sociedades Gonela S. A. S. en liquidación, Inversiones Quiscal S. A. en liquidación,
Lérida Constructora de Obras S. A. en liquidación, Industrias Concretodo S. A. S, CDO
Inmobiliaria S. A. Sociedad Especializada en Arriendo Sea, Turuel Constructora de

14 En diferentes decisiones, la Corte ha recogido los supuestos que pueden configurar el defecto
sustantivo. Así, en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las siguientes: (i)
cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en
una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional; (ii) la
aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y
resultan necesarias para la decisión adoptada; (iii) por aplicación de normas constitucionales pero no
aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al
caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada; (iv)
porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta
situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas
en la providencia; (v) al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos
erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una
sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico; (vi) por aplicación de normas
abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado
inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

Obras S. A. S., Sampas S. A. en Liquidación, Vifasa CDO S. A. S., Inversiones
Aguablanca S. A. S. en Liquidación, Bepamar CDO S. A. S., Luesngus S. A. S. en
Liquidación, Alsacia Constructora de Obra S. A. y Acuarela CDO S. A. S., administradas
por los señores Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa, Emilio Restrepo
Posada y Juan José Restrepo—.

Explicó que el presupuesto básico para que el juez pueda examinar una norma al
tamiz de la supuesta violación del principio de igualdad, es que por lo menos el
mandato legal dispense un trato distinto a personas situadas en igual situación de
hecho, y en el caso objeto de juicio, dicho presupuesto no se daba, por cuanto la
sociedad demandante hace parte del Grupo Empresarial Constructora CDO, que por
incumplimiento de la norma técnica respectiva conllevó no solo a la evacuación
urgente de algunas edificaciones sino también al colapso de otras, de ahí que no se
encontraran las víctimas y los constructores o relacionados, en igual situación de
hecho y de derecho.

En este sentido, refirió: «podría afirmarse no sólo que el Grupo Empresarial
Constructora CDO ―dentro del que se encuentra la empresa acá demandante―
causó el daño, sino que, además, pretenden ser exonerados del impuesto
demandando la norma que, acertadamente, aunque concede la exención, condicionó
el beneficio bajo unos criterios que la Sala estima no solo prudentes sino acertados»,
y en ese contexto, más adelante indicó: «el nuevo requisito exigido por la norma
demandada sólo a algunas y muy pocas personas, resulta proporcionado dadas las
circunstancias en las que ocurrieron los hechos que conllevaron a las evacuaciones,
[…] de manera que, el trato diferencial consagrado en la disposición reprochada,
respecto de quienes originaron la catástrofe inmobiliaria, persigue un fin
constitucionalmente válido».

Pues bien, dichos derroteros permiten precisar, de un lado, que no es cierto que el
Tribunal haya señalado que en el hecho segundo de la demanda se indicó que los
edificios Space, Continental Towers, Asensi, Interclub, Olivares, Colores de
Calasania fueron construidos por Lérida Constructora de Obras S. A., lo que resaltó
fue que dichos edificios fueron enunciados en el hecho segundo de la demanda,
extrayendo la información de su construcción de la determinación dada por el DAGRD;

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

y de otro, que tampoco es cierto que el Tribunal haya indicado que el Grupo
Empresarial Constructora CDO y las sociedades que lo integraban estaban
administradas por los señores Emilio Restrepo Posada y Juan José Restrepo, ya que
lo que dijo fue que las sociedades eran administradas por los señores Álvaro Villegas
Moreno, Pablo Villegas Mesa, Emilio Restrepo Posada y Juan José Restrepo.

Por su parte, en lo que se refiere a la interpretación dada por la sociedad accionante
en torno a lo previsto en los artículos 27 y siguientes de la Ley 222 de 1995, lo que
pretende es que el juez de tutela realice un juicio de instancia en torno a la figuras
jurídicas de grupo empresarial, matrices y subordinadas, y su responsabilidad entre
unas y otras, lo cual escapa de su competencia, a más de que, como lo señaló la
sociedad accionante, no fue un asunto puesto a discusión en el juicio ordinario.

En todo caso, lo que se encuentra sobre el asunto es que en aplicación de lo previsto
en el artículo 28 de la referida norma, en el que se señala que «habrá grupo
empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades
unidad de propósito y dirección», lo cual se da «cuando la existencia y actividades de
todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz
o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del
desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas», el Tribunal
procedió a señalar que el Grupo Empresarial Constructora CDO —del cual hace
parte la sociedad demandante— pretendió ser exonerado del impuesto predial
unificado, pese a también verse involucrado en el daño, circunstancia que, por
demás, justificaba los condicionamientos señalados en la norma para ser
beneficiarios de la exención tributaria.

Así las cosas, esta Subsección considera que la providencia controvertida está
suficientemente argumentada, lo que descarta la vulneración alegada. Además,
conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el
juez natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable
desconocer las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias,
salvo que resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el
presente caso no se halló probado.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se cumple con
requisito de procedibilidad para estudiar el defecto falta de motivación y no se
configura la existencia de los defectos fáctico y sustantivo endilgados, por lo que
modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de rechazar la acción de
tutela con respecto del defectos falta de motivación y denegará el amparo en torno
de los defectos fáctico y sustantivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer de la acción de tutela de la referencia, por
las consideraciones señaladas en la parte motiva de esta decisión y, en
consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto.

Segundo. Modificar el numeral primero de la sentencia del 4 de marzo de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el siguiente
sentido:

Rechazar la acción de tutela interpuesta por Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad
Especializada en Arriendo SEA, respecto del defecto falta de motivación, dadas
las consideraciones que preceden.

Denegar el amparo invocado por Perijá Inmobiliaria S. A. S. Sociedad
Especializada en Arriendo SEA, en torno de los defectos fáctico y sustantivo, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00641-01
Demandante: Perijá Inmobiliaria S. A. S.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

Calle 12 n°. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.