Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00654-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00654-01
Demandante: HÉCTOR JULIO MAZO GARCÍA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditó el requisito general de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende revivir el debate planteado en el
proceso ordinario, que fue razonablemente zanjado por los jueces naturales.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 12 de febrero de 2024 1 , los señores Héctor Julio, Franci Edith y Yeison
Alexander Mazo García; Héctor de Jesús Mazo Chavarría, Sor María García Arias,
César Augusto Vélez Mazo y Thaliana Noreña Mazo interpusieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 31 de julio de 2023, en el proceso
de reparación directa con radicado 76111-33-33-001-2016-00112-01. Formularon
las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):
1
Se advierte que, el 8 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00654-01
Demandante: Héctor Julio Mazo García y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Sentencia de tutela de segunda instancia
(…)
PRIMERO: Se sirvan darle tramite a la presente acción y actuando de
conformidad con la nueva línea jurisprudencial, proceder a concedernos la
protección constitucional que solicitamos a través de la presente Tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien con su decisión
ha vulnerado nuestros derechos fundamentales como víctimas por haber
sufrido un daño y perjuicios irreparables. Consideramos que el accionado con
su decisión vulnero nuestros derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
Y A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de allí que acudamos
al único mecanismo que nos queda para exigirle al Estado la indemnización
pertinente por el daño causado por uno de sus agentes a la que se suma la
decisión del HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA.
SEGUNDO: Ordenar REVOCAR la Sentencia de segunda instancia de fecha
31 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la cual CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia No. 122 del 21
de septiembre de 2020, dictada el Juzgado Primero del Circuito Administrativo
de Guadalajara de Buga Valle del Cauca.
(…)
1.2. Hechos
De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El señor Héctor Julio Mazo García, junto a su núcleo familiar, instauró demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que fueran declaradas
responsables de los perjuicios derivados de la privación de la libertad que soportó
desde el 10 de diciembre de 2009 hasta el 2 de diciembre de 2010 y desde el 5 de
mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2014, por los delitos de lavado de activos,
enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.
La demanda ordinaria se fundamentó en que, el 10 de diciembre de 2009, en el
municipio de Cartago (Valle del Cauca), se realizó una diligencia de allanamiento y
registro de unos inmuebles, cuyo propósito era capturar, entre otros, al señor
Mazo García.
El 21 de diciembre de 2009, se le impuso medida aseguramiento por ser el
presunto autor de dichos delitos; sin embargo, el 11 de octubre de 2010, el ente
acusador dispuso el cierre de la investigación, por lo que, a través de decisión del
2 de diciembre siguiente, precluyó la investigación, decisión que fue recurrida.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00654-01
Demandante: Héctor Julio Mazo García y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Sentencia de tutela de segunda instancia
El 13 de julio de 2011, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga revocó la decisión anterior y, en su lugar, profirió resolución de
acusación en contra del señor Mazo García, razón por la cual libró la respectiva
orden de captura.
Por lo anterior, el demandante fue capturado y le fue impuesta medida de
aseguramiento intramural desde el 5 de mayo de 2012.
El 25 de junio de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Buga condenó, entre ellos, a la referida persona; no obstante, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia del 30 de abril de 2014,
confirmó parcialmente la decisión y absolvió, entre otros, al señor Mazo García,
por in dubio pro reo.
Los demandantes ejercieron el medio de control de reparación directa y, en
sentencia del 21 de septiembre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de
Buga negó las pretensiones de la demanda. Inconformes con la anterior decisión,
interpusieron recurso de apelación y, mediante fallo del 31 de julio de 2023, la
Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la
confirmó.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte accionante indicó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que se
acreditó la privación material de la libertad del señor Mazo García, y que no se
logró desvirtuar su presunción de inocencia, por lo que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga lo absolvió de los cargos imputados, hecho que, según él,
prueba que este caso debió haberse analizado desde la óptica del régimen de
responsabilidad objetiva, para efectos de acceder las pretensiones de la demanda
de reparación directa.
En ese sentido, resaltó que el Tribunal accionado se equivocó, pues, en su criterio,
desconoció los parámetros establecidos por el Consejo de Estado2 y, en su lugar,
decidió sobre aspectos que no tenían ninguna relación con la demostración de la
responsabilidad del Estado.
2
Para tal efecto, citó la sentencia del 3 de mayo de 2017, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado (expediente con radicado 76001-23-31-000- 2008-01270-
01).
3
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Finalmente, sostuvieron que incurrió en violación directa de la Constitución, dado
que trasgredió los artículos 29 y 90 de la Constitución Política de Colombia; así
mismo, alegaron que se configuró el defecto sustantivo, porque la decisión está
por fuera «del marco del derecho», lo cual deriva en una plena vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 13 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a la autoridad accionada; y a
la directora ejecutiva de Administración Judicial, a la fiscal y procuradora general
de la Nación, como terceros con interés.
2.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se negaran las
pretensiones de la solicitud de amparo, dado que analizó el caso bajo estudio a la
luz de los postulados normativos y jurisprudenciales aplicables. Resaltó que, para
adoptar su decisión, tuvo en cuenta los elementos probatorios aportados en el
expediente ordinario.
2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela porque (i) no cumple el requisito de subsidiariedad, dado que no
se argumentó por qué, a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales
—sin especificar cuáles—, no los utilizó; (ii) por falta de sustentación de las
causales específicas de procedibilidad; y (iii) porque no se acreditó la
estructuración de los defectos fáctico y sustantivo.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo del
29 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, indicó que la inconformidad de la parte accionante recae sobre el
hecho de que la autoridad judicial no aplicó el régimen de responsabilidad objetiva,
a pesar de que las autoridades penales lo absolvieron, por no haberse desvirtuado
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su presunción de inocencia, circunstancia que generaba de forma automática la
responsabilidad estatal.
No obstante, tal afirmación no está justificada en el ordenamiento jurídico, toda
vez que el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió ningún régimen de
responsabilidad. Resaltó que la sentencia de unificación 072 de 2018, emitida por
la Corte Constitucional, determinó que, en virtud del principio iura novit curia, el
juez está facultado para elegir, según el caso, el régimen aplicable, razón por la
cual no es factible, en sede de tutela, obligar al juez natural que escoja un régimen
en específico.
En cuanto al defecto sustantivo, esa Sala advirtió que la parte accionante no
identificó ninguna norma legal que evidencie la interpretación errónea en que
incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Finalmente, indicó que, si bien el accionante citó algunos apartes de sentencias de
esta Corporación, lo cierto es que no identificó los detalles de ese proceso, lo cual
le impidió ahondar en el tema, con excepción de la sentencia del 7 de mayo de
2017, emitida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 76001-23-31- 000-2008-01270-01 (44397), «frente a la cual
tampoco puntualizó la regla que entiende desatendida».
4. Impugnación
La parte accionante manifestó su inconformidad con la referida decisión, en los
siguientes términos:
Por medio del presente IMPUGNO LA SENTENCIA de Tutela Sin
No., de fecha 29 de febrero de 2024, notificada el 06 de marzo de
2024 proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda - Subsección A, Honorable
Magistrado: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ, teniendo en cuenta
los argumentos que expondré en la oportunidad procesal
correspondiente.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Cuestión previa: de la sustentación de la impugnación
Como se vio, la parte demandante impugnó la providencia de primera instancia,
sin sustentar los motivos de inconformidad, lo que podría llevar a concluir que no
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es procedente estudiar de fondo el asunto, por cuanto se desconocen por
completo los puntos que deberán estudiarse para desatar la controversia
planteada.
No obstante, conviene recordar que, en reiteradas oportunidades, esta
Corporación ha sostenido que la falta de sustentación de la impugnación de la
sentencia de tutela no es óbice para abstraerse del conocimiento del asunto en
segunda instancia, máxime si se tiene en cuenta el principio de informalidad que
caracteriza a la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales3.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que una de las
características de la acción de tutela es el principio de informalidad, el cual «cobija
el recurso de impugnación», por lo que se diferencia de la apelación, dado que
está exenta de las formalidades que se exigen en aquel, pues en la impugnación
únicamente «se exige su presentación oportuna, mas no una carga de
sustentación o argumentación en cabeza del impugnante»4.
Esto dijo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional 5:
Ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la
impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que
se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar,
único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al
lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia
Constitución. Este carácter simple de la impugnación es concordante con
la naturaleza preferente y sumaria (…).
En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de
tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos
tienen fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de
impedir su ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos
expresamente indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios.
Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas
constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de
tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento
material de los derechos fundamentales, que no se obtiene dentro de una
concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no
han sido expresamente consagradas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es
de velar por la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida
por el artículo 228 de la Carta Política.
3 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2016 (expediente No. 2016-00067-01, M.P.
Guillermo Vargas Ayala) y del 1º de agosto de 2016 (expediente No. 2016-00072-01, M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas), proferidas por las Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación,
respectivamente, y el auto A-114 de 2008 de la Corte Constitucional (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
4 Auto 567 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
5 Sentencia T-459 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Lo anterior fue reiterado en la sentencia T-538 de 20176, en la que se determinó
que basta con que «el recurrente se limite a expresar que impugna o apela sin
acompañar a esa simple manifestación la expresión de los motivos de
inconformidad con lo decidido en primera instancia». En esas condiciones, «el
operador jurídico debe considerar la solicitud inicial y los demás elementos que
aparezcan en el expediente para basar en ellos su decisión».
Así las cosas, la Sala continuará con el estudio de la impugnación formulada por la
parte actora, en el entendido, apenas natural, que versa sobre los aspectos
desfavorables del fallo de primera instancia.
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 29 de febrero por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Para tal efecto, primero se deberá establecer si la solicitud de
amparo cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, el de
relevancia constitucional. De cumplirse, la Sala abordará el estudio de fondo con
el fin de determinar si la autoridad judicial demandada vulneró o no los derechos
fundamentales de la parte actora.
3. Análisis del caso
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 31 de julio de 2023 y notificada el día 15 de
agosto del mismo año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 12 de
febrero de 2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta
razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren
en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.
6
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra
la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
• Análisis de la relevancia en el caso concreto
Contrario a los argumentos que determinó el a quo, la Sala advierte que la
presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
La Sala advierte que el accionante pretende convertir este valioso mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del medio de
control de reparación directa. De la simple comparación entre las razones
esgrimidas en la tutela y en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del
7
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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21 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de
Guadalajara de Buga, y los propuestos en la demanda de tutela de la referencia,
se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la autoridad judicial
demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido.
En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en el proceso
ordinario y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de
ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:
Argumentos presentados ante el Argumentos de la demanda de tutela
Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca 8
De lo anterior se establece que dentro del
expediente están consignadas la actuaciones (…)Por consiguiente, el caso objeto de estudio
que permitieron proferir sentencia de privación injusta de la libertad implica una
desarrollando un profundo control de legalidad responsabilidad de carácter objetivo, en la que
que hace inane recargar en el demandante una no es necesaria la demostración de un error
prueba que podríamos calificar de “diabólica” cometido por la autoridad judicial; al afectado le
cuando se exige la presentación de “19 basta probar que le fue impuesta una medida
cuadernillos” de un proceso ya archivado, en que infirió en la privación de su libertad durante
cuanto lo que se requería era simplemente el el proceso penal que finalizó con decisión
registro de la audiencia final donde se absolutoria, con el fin de imputarle
determinó la decisión definitiva de carácter responsabilidad extracontractual en cabeza del
absolutorio en la que se afirma, no se demostró Estado y así surja la obligación de indemnizar
que fuera el autor de los delitos que se le los perjuicios sufridos por el ciudadano. Lo que
imputaban, constituyendo la prueba fehaciente al caso objeto de Litis fue omitido por el aparato
que se configuró un daño antijurídico para los judicial.
demandantes, cuyo título de imputación es el
de la RESPONSABILIDAD OBJETIVA, habida (…)
cuenta que la evolución de la regla de derecho
contenida en la línea jurisprudencial de la Ahora, el título de imputación privilegiado para
Sección Tercera del Consejo de Estado indica casos como el presente es la “privación injusta
que no es relevante si la decisión de privación de la libertad” bajo un régimen objetivo de
de la libertad fue ilegal o errónea. responsabilidad. No obstante, como ya se dijo,
ello no es óbice para que en el sub judice, si las
Siendo esto así y obrando las piezas condiciones fácticas y jurídicas o ameritan,
procesales que lo indican dentro de las pruebas resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el
aportadas no cabe duda que la variación que mismo se encuentre acreditado.
se hace en cuanto a la responsabilidad
subjetiva no es de aplicación para el caso, y
para ello han de tomarse las sentencias que
sobre lo anotado se relacionaron como
fundamentos jurídicos de la demanda, los que
se llama a revisar.
De lo anterior se aprecia, sin dificultad, que los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso de reparación
directa y los de la solicitud de amparo respecto del desconocimiento del
8
Tomados del recurso de apelación que instauró el hoy accionante contra el fallo del 21 de
septiembre de 2020, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga.
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precedente alegado coinciden. Adicionalmente, la Sala observa que los mismos
fueron estudiados y resueltos por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 31 de julio de 2023, en la
cual, luego de analizar el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 65 de
la Ley 270 de 1996; así como de revisar la evolución jurisprudencial que ha tenido
el título de imputación de privación injusta de la libertad, respecto del régimen de
responsabilidad aplicable, concluyó que:
(…)
Para la Sala, el contenido que sirvió para sustentar la absolución del
señor, según el panorama citado, fue por aplicación del principio universal
de indubio pro reo, pues para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Guadalajara Buga-Sala de Decisión Penal- las pruebas generaron dudas
“de cara a la responsabilidad penal” del señor HECTOR JULIO MAZO
GARCÍA.
De manera que, independientemente que al señor HECTOR JULIO MAZO
GARCÍA se le haya absuelto penalmente, debe establecerse si la medida
de detención se ajustó a las normas legales y, por ende, si existió una falla
del servicio, es decir, determinar si dicha detención fue desproporcionada o
arbitraria, para imputar responsabilidad al Estado. Así entonces, resulta
válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe
analizarse a la luz de la normativa penal que regulaba la medida de
aseguramiento para la época de los hechos, de ahí que se torne imperiosa
la ponderación de las circunstancias que rodearon su imposición, a efectos
de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.
No obstante, esta Sala advierte que, si bien la parte demandante aportó
piezas procesales como las relacionadas con antelación, lo cierto es que
estas no contienen la totalidad de la información necesaria para proceder a
dilucidar si la medida de aseguramiento satisfizo los requisitos previstos en
la normatividad penal de la época -Ley 600 de 2000- o si nos encontramos
ante una evidente falla del servicio.
Según los antecedentes consignados en el fallo de segunda instancia,
mediante resolución interlocutoria del 21 de diciembre de 2009 la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN procedió a resolver la situación
jurídica de los investigados, entre estos, el señor HECTOR JULIO MAZO
GARCÍA, imponiéndoles medida de aseguramiento de detención
preventiva; sin embargo, este último documento no obra en el plenario, no
siendo aportado por la parte demandante.
Cierto es que la medida restrictiva de la libertad de la que fue objeto el
señor HECTOR JULIO MAZO GARCÍA debe cumplir con el criterio de
legalidad, en tanto que el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 establecía
que la detención preventiva podía imponerse “cuando aparezcan por lo
menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas
legalmente producidas dentro del proceso”; norma procesal bajo la cual se
dio la investigación penal. Por su parte, el artículo 357 ejusdem disponía
los eventos en los cuáles la restricción de la libertad era procedente.
Se destaca que tanto el análisis de la imposición de medida de
aseguramiento como la totalidad de las pruebas para sustentar esta
actuación, no pueden solventarse con base en otros medios que, aunque
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fueron reseñadas en precedencia, no permitirían concluir si esta restricción
de la libertad se ajustó o no a los cánones legales cuando las
rigurosidades probatorias varían de una etapa a otra.
En consecuencia, la Sala aplicará el precedente horizontal fijado mediante
sentencia del 28 de abril de 2023, con ponencia del Magistrado
FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ, en tanto en un asunto de
privación injusta de la libertad, las pretensiones fueron negadas ante la
existencia del vacío probatorio que aquí se ha detectado, para determinar
si la medida de aseguramiento fue irracional, arbitraria o abiertamente
injusta.
La Sala recuerda que al tenor del artículo 167 del Código General del
Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que le
correspondía a la parte demandante aportar la resolución interlocutoria del
21 de diciembre de 2009 y las pruebas de las que se valió la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN para proferir la medida de aseguramiento.
En efecto, es de destacar que la carga de la prueba se aplica en el evento
de que, al momento de tomar la decisión, el juez no encuentre certeza
respecto de los hechos, caso en el cual, para efectos de procesos
contenciosos de reparación directa por falla del servicio, la premisa exige
negar las pretensiones de la demanda cuando la parte demandante no
logra acreditar el hecho generador del daño como presupuesto fáctico de
la imputación del mismo al Estado.
De igual modo, se advierte que en audiencia de pruebas del 5 de
diciembre 2018 se puso en conocimiento de la parte demandante la
respuesta dada por la Fiscalía Quinta Especializada de Buga y se le
requirió para que adelantara los trámites pertinentes para obtener la
expedición de la copia del expediente; no obstante, no se advierte el
cumplimiento de la gestión requerida.
Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables
y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de
que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a
estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Ahora bien, no está demás señalar que no es de recibo la tesis que reclama la
parte accionante en la demanda de tutela, en cuanto a que el simple hecho de
probarse únicamente la ocurrencia del daño, esto es, la privación material de la
libertad configura la responsabilidad extracontractual del Estado, dado que esa
posición fue evolucionando y, por tanto, también se debe tener cuenta si la medida
de aseguramiento se ajusta al ordenamiento jurídico o no. Así se puede advertir
en sentencias de esta Corporación9:
9 Sentencia del 22 de noviembre de 2021, emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del expediente del proceso de reparación directa con radicado 50001-23-31-000-2008-00447-
01(50247).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00654-01
Demandante: Héctor Julio Mazo García y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Sentencia de tutela de segunda instancia
Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la
Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte
marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del
17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se
buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el
desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de
restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su
derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos
desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la
asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no
cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue
detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo;
eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de
antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se
simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la
responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño
mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado
verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta
se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera
para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal
de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo
cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber
de responder para la Administración.
Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente
de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología
del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la
verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento
estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non
de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al
ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la
conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si
ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad
y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en
tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá
el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en
concreto.
Además, en relación con el modelo de responsabilidad aplicable a los casos de
privación injusta de la libertad, la Corte Constitucional, en consonancia con la línea
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisó que ni el
artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que
establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como
tampoco la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada
del ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial
del Estado aplicable a estos asuntos10.
En ese sentido, se tiene que la autoridad judicial accionada, luego de analizar los
elementos probatorios aportados en el expediente ordinario, concluyó que el caso
10 Ibidem. Acápite 117 y 118.
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Demandante: Héctor Julio Mazo García y otros
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Sentencia de tutela de segunda instancia
particular se debía analizar bajo el régimen de responsabilidad subjetivo, bajo el
título de imputación de falla en el servicio. Asimismo, resaltó que las medidas de
aseguramiento que se libraron en contra del señor Mazo García, dentro del
referido proceso penal, brillaban por su ausencia y, por tanto, en virtud del
precedente horizontal fijado por esa Corporación 11 , se resolvió negar las
pretensiones de la demanda, por la existencia del referido vacío probatorio,
máxime cuando la parte accionante tenía la carga probatoria de aportar las
constancias de la actuación penal en mención.
En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con las providencias demandadas, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga, por lo que se modificará la sentencia del 29 de febrero de 2024
y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de amparo, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Finalmente, conviene decir que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona contiene una
justificación razonable del sentido de la decisión.
Por todo lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera instancia y, en su
lugar, declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Modificar la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
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Para tal efecto, mencionó la sentencia del 28 de abril de 2023, con ponencia del magistrado
Fernando Augusto García Muñoz, integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Héctor Julio Mazo García, junto con su núcleo familiar, por lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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