Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00662-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00662-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00662-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00662-01
Demandante: Fernando Adriano Ospina Vásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00662-01
Demandante FERNANDO ADRIANO OSPINA VÁSQUEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Instancia
adicional. Asignación de retiro. Prima de actividad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Fernando Adriano Ospina
Vásquez contra la sentencia de 7 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de febrero de 20241, el señor Fernando Adriano Ospina Vásquez interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, mínimo vital, vida digna, seguridad social e igualdad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al mantenimiento del poder adquisitivo de mi
pensión, debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, in
dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la Corporación
violado.
2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA-SALA PRIMERA DE DECISIÓN el 15 de agosto de 2023 en el proceso
con Rad. 050013333 023 2018 00344 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso, el poder
adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones de vida
logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y
restablecer mis derechos fundamentales».
1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Fernando Adriano Ospina Vásquez
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2018, el señor Fernando Adriano Ospina Vásquez interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin
de que se anularan los actos administrativos mediante los cuales se negó su
solicitud de reliquidación de la asignación de retiro con base en la prima de
actividad. Consecuentemente, solicitó que esta última se reliquidara teniendo
en cuenta el 100% del valor de la prima de actividad devengada en el momento
de retiro del servicio, en los términos dispuestos en la Ley 923 de 2004 y el
Decreto 4433 de 2004.
El Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín conoció en primera
instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 05001-33-33-023-2018-00344-00.
2.2. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2019, el Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones de la demanda, pues
consideró que el Decreto 4433 de 2004 no era aplicable al caso del actor, por
no ser la norma vigente para la época del retiro del demandante.
A su vez, explicó que, si bien el Decreto 4433 de 2004 establece condiciones
diferentes para las asignaciones de retiro, no puede pasarse por alto que tal
norma dispone requisitos más exigentes. El juzgado referido sostuvo que «las
aparentes diferencias en un factor se compensan con otros, creando un equilibrio que no
permite hablar de trato diferente ni de discriminación, con lo que se garantiza el derecho
a la igualdad».
Finalmente, precisó que la norma aplicable en materia de régimen prestacional
es la vigente en la fecha en que se consolidó el derecho; adoptar una postura
contraria, aseguró, crearía inseguridad jurídica.
2.3. El señor Fernando Adriano Ospina Vásquez interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
2.4. Mediante sentencia de 15 de agosto de 2023 (mensaje de datos enviado el 16 de
agosto de 2023 a efectos de surtir la notificación) , el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión confirmó la decisión apelada, por razones
semejantes a las expuestas en primera instancia.
El Tribunal indicó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
reconocimiento y liquidación de asignaciones de retiro y otras prestaciones
periódicas se rige por la normativa vigente al momento del retiro. Explicó que
para el caso de los agentes de la Policía Nacional se produce cuando se retiran
y tienen el tiempo de servicio exigido. Seguido, sostuvo que para el caso del
señor Fernando Adriano Ospina Vásquez, el retiro se produjo el 26 de mayo
de 1996, por lo que la norma vigente era el Decreto 1213 de 1990.
El tribunal explicó que las Leyes 797 de 2003 y 923 de 2004 y los Decretos
2070 de 2003 y 4433 de 2004 entraron en vigencia mucho después del
reconocimiento de la asignación de retiro del agente, razón por la cual estas
no son aplicables al caso. Igualmente, indicó que aquel no tiene derecho a que
su prestación sea reliquidada, debido a que esta fue reconocida
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adecuadamente, de conformidad con la norma vigente para el momento en el
que consolidó el derecho, es decir el Decreto 1213 de 1990.
También explicó que no existe vulneración al derecho a la igualdad, ya que los
requisitos, beneficios y preceptos que regulan la asignación de retiro en el
Decreto 1213 de 1990 y en los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 son
diferentes y no existe identidad en cuanto a los supuestos fácticos para los
cuales aplican.
Asimismo, se descartó la vulneración del principio de conservación del poder
adquisitivo de la asignación de retiro, ya que existen mecanismos de ajuste
como el principio de oscilación.
3. Fundamentos de la acción
Tras asegurar que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, el tutelante argumentó que, al proferir la
sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución, desconocimiento de precedente y falta de motivación.
Para fundamentar lo anterior, afirmó que según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional aludida en el medio de control, tanto en la demanda como en los
diferentes alegatos, debe mantenerse el poder adquisitivo de la pensión en relación
directa con el ingreso percibido en etapa productiva e independientemente del
método que se emplee para liquidar. Hizo referencia a las siguientes sentencias
proferidas por la Corte Constitucional: C-891A de 2006, C-926 de 2006, C-568 de
2016, SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-415 de 2015 y C-281 de 1994.
Seguido sostuvo que reducir los factores salariales al momento de la liquidación de
la prestación periódica afecta de manera grave el poder adquisitivo de la prestación,
pues el retirado devengaba como salario en estado activo valores superiores a los
que se computan para liquidar la prestación periódica, es decir, se le toma una
partida salarial inferior a la real para liquidar la asignación de retiro. Esa pérdida de
poder adquisitivo debe ser corregida para materializar los derechos que la
Constitución Política de 1991 confiere a los pensionados.
Manifestó que no es viable constitucionalmente dar un trato diferenciado a personal
de idéntico grado o justificarlo por la legislación vigente al momento de causarse el
derecho. E indicó que el principio de mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones no se limita al caso de la indexación de la primera mesada pensional,
sino que también cobija el supuesto en el que el IBL se reduce frente al valor
realmente devengado.
Finalmente, afirmó que se llega al absurdo de que a quien adquiere el derecho a la
prestación periódica el 29 de diciembre de 2004 se le cercena el factor salarial prima
de actividad y a quien adquiere el derecho a la prestación periódica el 1 de enero
de 2005 se le computa el factor salarial prima de actividad en idéntica proporción a
la que devengaba como salario al momento del retiro. Ese trato diferenciado no
encuentra justificación constitucionalmente válida ni supera el test de igualdad.
Añadió que el conjunto de normas que regula la asignación de retiro admite una
interpretación más favorable para el trabajador.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 16 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Fernando Adriano Ospina Vásquez en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia; se vinculó como terceros con interés a la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y al Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito de Medellín; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente digital del
medio de control.
4.3. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional sostuvo que, tal como
lo explicaron las autoridades judiciales en el medio de control, el régimen
aplicable para liquidar la asignación de retiro del personal de la Fuerza Pública
es el vigente al momento de consolidar el derecho. Por consiguiente, afirmó
que en el caso el retiro se produjo el 26 de mayo de 1996 por lo que la norma
vigente era el Decreto 1213 de 1990.
Agregó que acceder a las pretensiones del actor generaría un detrimento
patrimonial del erario público y causaría una brecha inequitativa frente a los
demás ex servidores que tuvieron el reconocimiento en los términos señalados
en la ley.
Por otra parte, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
pues sus objetivos son reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal
de oficiales, suboficiales, agentes de la Policía Nacional; y en razón a que la
tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y su
desvinculación del trámite.
4.4. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín guardó
silencio en el curso de la acción de tutela.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 7 de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera
declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque consideró que no se cumple
con el requisito de relevancia constitucional, pues el debate planteado no se hizo
desde una óptica constitucional. Para sustentar tal aseveración, indicó que no existe
un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las cuales el
actor considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de los
derechos al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y a
la vida en condiciones dignas, con ocasión de la expedición de la providencia objeto
de esta acción.
Asimismo, consideró que no se satisface el requisito de relevancia constitucional,
debido a que la parte actora pretende utilizar este mecanismo como una tercera
instancia y busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez de lo contencioso
administrativo. Aseguró que el tribunal accionado hizo un análisis exhaustivo del
régimen aplicable para liquidar la asignación de retiro del personal de la fuerza
pública, estudió los precedentes jurisprudenciales vigentes y concluyó que no había
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lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Señaló que la acción de «tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado».
6. Impugnación
El actor impugnó la sentencia de primera instancia, porque consideró que el asunto
sí tiene relevancia constitucional, ya que el «derecho a la movilidad pensional es de suma
importancia y está consagrado expresamente en la constitución en su Art. 53 indicando
“remuneración mínima vital y móvil” y “El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales”».
Sostuvo que el que su pensión continuara liquidada con factores salariales inferiores
a los realmente percibidos y que los jueces optaran por no corregir dicha situación
constituye un desconocimiento directo de la Constitución y de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional.
A su vez, manifestó que el hecho de que los argumentos que se exponen en la tutela
sean similares o coincidentes con los dados en el proceso ordinario no significa
necesariamente que se esté reviviendo la discusión judicial. Por el contrario, tal
circunstancia da cuenta de que los defectos específicos se señalaron en su
momento en el proceso ordinario cumpliéndose así con el requisito de
subsidiariedad.
Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
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y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción a falta del requisito de relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos los demás
requisitos generales de procedibilidad, se determinará si al proferir la providencia
de 15 de agosto de 2023, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado
Nro. 05001-33-33-023-2018-00344-01, la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos alegados por la parte actora.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto
por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios argumentos
para atacar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que
se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue
es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia
iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos»8.
6 Ibidem.
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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5. Análisis del caso
5.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela analizada se
está empleando como una instancia adicional, pues esta última es una
reiteración de los argumentos presentados en el medio de control.
Así, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el tutelante
argumentó que no era válido dar un tratamiento diferenciado a personas que
se encuentran en una misma situación fáctica, como lo son agentes retirados
de la Policía Nacional. Menos aún bajo el argumento de que existen diferentes
regímenes normativos, pues independientemente del momento en que se
liquidó la prestación, lo cierto es que todos los agentes prestaron sus servicios
en igualdad de condiciones. Así lo expresó el actor en la demanda del medio
de control:
«En el presente supuesto estamos frente a iguales, es decir agentes retirados de la Policía
Nacional que gozan de asignación de retiro o pensión, entre estos agentes retirados de la
Policía Nacional que gozan de asignación de retiro o pensión existe un trato desigual entre
iguales pues un sector de estos recibe su asignación de retiro liquidada con base en la
totalidad de la prima de actividad que devengaba en servicio y los otros con base en una
porcentaje menor, el trato diferente no está justificado dado que no hay ningún mandato
superior que así lo haga, y el trato desigual violenta principios normativos, legales,
constitucionales y convencionales. (…) estamos frente agentes retirados de la Policía Nacional
que gozan de una asignación de retiro y que unos la reciben en relación a la partida
computable de prima de actividad más beneficiosa que otros, la única diferencia que aduce la
entidad demanda [sic] es que fueron liquidadas bajo la vigencia de normativas diferentes, pero
esa diferencia no es más relevante que la similitud, servidores públicos que prestaron su
servicio a la patria en igualdad de condiciones y merecen los mismos beneficios».
Argumentación también reiterada en el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de primera instancia, tal como se desprende del siguiente
fragmento:
«Se reitera que un agente o un sub-oficial o un oficial retirados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004 cumplieron la misma naturaleza de
funciones, tuvieron la mismas o similares responsabilidades y el mismo riesgo inherente a la
actividad, que un agente o un sub-oficial o un oficial retirado una vez entrado en vigencia el
mencionado Decreto, diferenciándose única y exclusivamente por la fecha que adquirieron el
Derecho a su asignación de retiro, diferencia esta que no es preponderante o de la intensidad
para sustentar o ameritar un trato diferenciado, por lo tanto, en sujeción al principio de
igualdad, lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los Decretos que la desarrollaron les es
aplicable al personal retirado con anterioridad a sus vigencias, sin perder de vista lo dispuesto
en el Art. 2 numeral 2.1 de la Ley 923 de 2004 frente al respeto de los Derechos adquiridos.
Y propendiendo al mantenimiento del poder adquisitivo de su asignación de retiro y las
condiciones de existencia proporcionales al trabajado (sic) realizado».
De hecho, los alegatos de conclusión de segunda instancia corroboran la
identidad entre los cargos, pues la tutela es una reproducción exacta de estos
últimos, incluso las sentencias allí alegadas son las mismas que las invocadas
en el escrito de tutela. Así se observa del texto de los alegatos referidos:
(sic para toda la cita) «No hay discusión que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional
aludida a lo largo del proceso, debe mantenerse el poder adquisitivo de la pensión en relación
directa con el ingreso percibido en etapa productiva.
El reducir los factores salariales al momento de la liquidación de la prestación periódica, y que
además la fórmula de liquidación implique también una reducción de lo percibido como salario,
al concederse solo una fracción, afecta de manera grave el poder adquisitivo de la prestación
que se liquida de esa manera. Pues, el demandante devengaba como salario en estado activo
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valores superiores a los que se computan para liquidar la prestación periódica, es decir, se le
toma un salario inferior al real para liquidar la pensión o asignación de retiro. Esa pérdida de poder adquisitiva debe ser corregida para materializar los derechos que la
Constitución de 1991 le confiere al Demandante. La decisión recurrida desconoce el precedente de la jurisprudencia de constitucionalidad en
cuanto a que la Corte Constitucional ha establecido que se debe mantener el poder adquisitivo
de la mesada pensional, independientemente del método que se emplee para ello, pero se
debe respetar ese principio, y el disminuir una partida salarial en el IBL al momento de liquidar
la prestación periódica, es decir, mutilar el monto del salario realmente devengado, disminuye
el poder adquisitivo del pensionado o retirado. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-891A del 01 de
noviembre de 2006, Exp. D-6246, Magistrado Ponente: RODRIGO ESCOBAR GIL
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-926 del 08 de noviembre
de 2006, Exp. D-6279, Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-568 del 19 de octubre de
2016, Exp. D- D-11306, Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-891A del 01 de
noviembre de 2006, Exp. D-6246, Magistrado Ponente: RODRIGO ESCOBAR GIL. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU 1073 del 12 de diciembre de
2012, Exp T-2.707.711 y otros, Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU 131 del 13 de marzo de 2013,
Exp T-2.893.160, Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU 415 del 02 de julio de 2015,
Exp T-4367976, Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. Corte Constitucional, Sentencia C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Los precedentes son aplicables al caso concreto en el siguiente sentido: -Que a pesar de
causarse el derecho a la prestación periódica con anterioridad a la Constitución de 1991, al
causarse periódicamente en el presente le son plenamente aplicables los postulados de la
Carta actualmente vigente. (…)
Que lo que sostiene la Corte en los precedentes es la supremacía del principio y derecho de
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Alego que esa protección no se limita
al caso de la indexación de la primera mesada pensional, pues esa perdida de poder
adquisitivo de la pensión entendida desde la perspectiva de recibir “una suma inferior a la que
tienen derecho, que no corresponde al esfuerzo que realizaron en su vida laboral activa y los coloca en
desigualdad frente a pensionados que accedieron ulteriormente al derecho” no solo se da por la
devaluación del salario que se utiliza como IBL para liquidar la pensión en un momento dado,
sino que también se presenta cuando la cifra del salario que se utiliza como IBL se reduce en
disonancia con el realmente devengado, lo que evidentemente afecta el poder adquisitivo de
la mesada y el mínimo vital pensionado, obteniéndose un resultado muy similar al caso de la
depreciación. Ello es tan así, que se corrige en regímenes posteriores, y actualmente se toman
las partidas computables tal y como son devengadas como salario, y no en fracciones
inferiores artificialmente disminuidas para fines de la liquidación. No se justifica de ninguna manera el trato diferenciado a personal de idéntico grado, con
cargas iguales, que cumplieron funciones y tuvieron responsabilidades análogas, por el solo
momento de consolidación del Derecho.
Se llega al absurdo de que a quien adquiere el
derecho a la prestación periódica el 29 de diciembre de 2004 se le cercena el factor salarial
prima de actividad en el IBL para liquidar el monto de la asignación de retiro o pensión, y a
quien adquiere el derecho a la prestación periódica el 01 de enero de 2005 se le computa el
factor salarial prima de actividad en idéntica proporción a la que devengaba como salario al
momento del retiro. Ese trato diferenciado no encuentra justificación constitucionalmente
valida, no supera el test de igualdad, y deja sin actualizar el derecho de pensión del
demandante conforme a los estándares de la Constitución de 1991. 3. El conjunto de normas
que regulan la asignación de retiro del demandante, en especial la Ley 4 de 1992 Art. 2 literal
a, Art. 10 y Art. 13, y el Art. 1 de la Ley 923 de 2004 admiten una interpretación más favorable
para el trabajador, que permite el reajuste de la prestación periódica en cuanto a las partidas
computables, con respeto de los derechos adquiridos conforme a normas anteriores».
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Con base en los fragmentos transcritos, la Sala observa que los reparos
expuestos en la demanda, el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia del medio de control y los alegatos de
conclusión son una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito
de tutela. De manera que el tutelante está empleando la acción como si fuera
una instancia adicional, pues los mismos cargos ya fueron objeto de debate
en el medio de control. Así se desprende del siguiente fragmento de la
sentencia de segunda instancia proferida por la autoridad judicial accionada:
(sic para toda la cita)
«En razón a que en el caso bajo análisis se pretende que la asignación de retiro del actor, se
reliquide aplicando el Decreto 4433 de 2004, resulta pertinente referir las razones expuestas
en la sentencia C-924 del 6 de septiembre de 2005, mediante la cual se declaró exequible el
artículo 6º de la Ley 923 de 2004, frente al cargo de violación del derecho a la igualdad
propuesto, al sostener que la nueva regulación excluía su aplicación al personal que hubiera
consolidado derechos en vigencia de regímenes anteriores; según la Corporación:
“La inconstitucionalidad que se propone por el actor se orienta a que se declare que, por un imperativo
del principio constitucional de igualdad, los integrantes de la fuerza pública o sus beneficiarios cuya
situación jurídica estaba vinculada al régimen pensional previo a la Ley 923 de 2004, tienen derecho de
acceder a la pensión en las condiciones en ella previstas. Sin embargo, esa apreciación es equivocada,
puesto que entre los dos conjuntos de sujetos entre los cuales se plantea la comparación hay una
diferencia en las circunstancias fácticas que tiene consecuencias jurídicas. El momento en el que ocurren
los hechos que dan lugar a la pensión es determinante del régimen jurídico aplicable. Se trata, por
consiguiente, de conjuntos de sujetos. sometidos a regímenes jurídicos distintos y cuya situación, en
cada caso, debe resolverse con sujeción al régimen vigente en el momento en el que ella se presente. Quienes con anterioridad a la promulgación de la Ley 923 de 2004 hubiesen perdido parcialmente su
capacidad laboral por actos de misión del servicio o en simple actividad, tenían, para el momento en el
que la nueva ley empezó a regir, una situación jurídica consolidada, la cual no puede verse afectada por
leyes posteriores. En principio ello significa que tal situación no puede ser desconocida ni desmejorada
por la nueva normatividad, pero también que quienes se encuentren en ella no acceden a las condiciones
más beneficiosas que en el futuro se establezcan por el legislador para los mismos supuestos fácticos. Esto es, la nueva ley rige hacia el futuro y se aplica a los hechos que ocurran a partir de su vigencia, sin
que las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad se vean afectadas por la misma. Por
consiguiente, no puede predicarse la igualdad de condiciones jurídicas entre sujetos sometidos a
regímenes pensionales distintos”. De acuerdo con lo anterior, se observa que no se vulnera el derecho a la igualdad por falta de
aplicación de los Decretos 2070 de 2003 o 4433 de 2004, a situaciones consolidadas con
anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, en cuanto se trata de situaciones resueltas
conforme al régimen pensional vigente a la fecha en el que se adquirió el status de retirado. Similar argumentación, ha utilizado el Consejo de Estado, para decidir litigios relacionados con
diferencias suscitadas entre pensionados de la Fuerza Pública, como los Soldados
Profesionales, a quienes, de acuerdo con la fecha de retiro, se les concede o no el subsidio
familiar como partida computable de la asignación. Para justificar esta diferencia se indicó que:
“iii) La diferencia de trato está constitucionalmente justificada:
En este punto, es igualmente relevante
remitirse al ámbito de aplicación del principio de progresividad, el cual admite la adopción de medidas
que amplíen el catálogo de derechos, se presente de manera gradual. Así las cosas, el hecho de que el
derecho a la asignación de retiro no abarque desde su nacimiento a la vida jurídica absolutamente todas
las partidas que se espera que lleguen a conformarla, no vulnera por sí mismo el derecho a la igualdad,
teniendo en cuenta que es constitucionalmente admisible que el derecho se amplíe de manera
escalonada, lo que de suyo implica que los sujetos que logren consolidar el derecho más adelante podrán
gozar lógicamente de mejores condiciones. De esta manera, se observa que existe una razón suficiente
para un trato jurídico desigual dada por el principio de la progresividad a lo que se agrega el principio
formal de la libertad de configuración del legislador o en este caso el ejecutivo para regular la materia,
tal y como antes se analizó, de manera que el trato en el plano jurídico de la asignación de retiro que se
otorga a los soldados profesionales antes de la entrada en vigencia de los Decretos 1161 y 1162 de 2014
no resulta arbitrario ni injustificado.”
La parte actora, considera que se deben conceder las pretensiones, por cuanto los Decretos
2070 de 2003 y 4433 de 2004, establecen que lo devengado por prima de actividad, se debe
tener como partida computable dentro de la liquidación de la asignación de retiro, incluso de
quienes hayan adquirido el derecho con anterioridad a su entrada en vigencia, porque así lo
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imponen los principios de igualdad, favorabilidad laboral y el derecho a conservar el poder
adquisitivo de la asignación de retiro.
De lo expuesto en precedencia, se observa que el régimen aplicable para liquidar la asignación
de retiro del personal de la Fuerza Pública, es el vigente al momento de consolidar el derecho,
que para el caso de los Agentes se produce cuando se retiran y tienen el tiempo de servicio
exigido, de acuerdo a la modalidad de desvinculación. Para el caso bajo análisis, el retiro se
produjo el 26 de mayo de 1996 (fl 24-25), por lo que la norma vigente era el Decreto 1213 de
1990.
Las Leyes 797 de 2003 y 923 de 2004 y los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, entraron
en vigencia mucho después del reconocimiento de la asignación de retiro del Agente, razón
por la cual, ninguna de las dos normativas le es aplicable y no tiene derecho a que su
prestación sea reliquidada, comoquiera que esta fue reconocida adecuadamente, de
conformidad con la norma vigente para el momento en el que consolidó el derecho (Decreto
1213 de 1990).
El principio de favorabilidad presupone la existencia de dos normas aplicables a la misma
situación de hecho y, como se ha precisado, al actor sólo le es aplicable la norma vigente al
momento en que causó su derecho a la asignación de retiro; se trata de dos regímenes de
retiro distintos, con regulación diferente.
Adicionalmente, tampoco se vulnera el principio de igualdad, en la medida que los requisitos,
beneficios y preceptos que regulan la asignación de retiro en el Decreto 1213 de 1990 y, en
los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, son diferentes y, no existe identidad en cuanto a
los supuestos fácticos para los cuales aplican.
El hecho de reconocer mayores prestaciones a un grupo de Agentes de Policía que
adquirieron el derecho al retiro con posterioridad, no vulnera el derecho a la igualdad, por
cuanto, ello obedece a la aplicación del principio de progresividad, que permite la creación de
prestaciones o el establecimiento de medidas que amplíen los derechos gradualmente, según
las disponibilidades presupuestales, lo que justifica el trato desigual.
En cuanto al principio de conservación del poder adquisitivo de la asignación de retiro,
tampoco se observa afectación, en la medida que el ordenamiento jurídico ha establecido
mecanismos de ajuste de tales prestaciones que, para el caso de la Fuerza Pública,
generalmente ha sido el principio de oscilación, el cual se aplica, independientemente de que,
con posterioridad se modifiquen las partidas computables para liquidación de la asignación de
retiro.
En definitiva, al demandante se le reconoció la asignación de retiro, de conformidad con las
normas vigentes al momento de su causación y, esta se ha venido actualizando según las
disposiciones establecidas para el efecto; motivo por el cual, no le asiste el derecho a la
reliquidación solicitada, con base en normas aplicables exclusivamente a quienes adquirieron
el derecho con posterioridad a su entrada en vigencia».
Así entonces, el cotejo entre la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, los
alegatos de conclusión, el escrito de tutela y la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dan cuenta de que los
argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron desestimados en el
medio de control. De ahí que no quedé duda que la acción carece de la
relevancia constitucional necesaria cuando la tutela se interpone frente a una
providencia judicial, pues se está empleando como si la tutela fuera una
instancia adicional del medio de control.
Por consiguiente, se desestima lo expuesto en el escrito de impugnación
consistente en que el hecho de haber expuesto la misma argumentación en el
medio de control «no le quita peso a dichos argumentos», pues el encontrar que se
trata de los mismos cargos denota que el actor está insistiendo en el debate
ya resuelto por el juez natural. En otras palabras, tal circunstancia corrobora
que la tutela se está empleando como si fuera una instancia adicional del
medio de control.
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5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues los reproches expuestos en el escrito de tutela son
una reproducción de los cargos presentados en el medio de control. En
consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia mediante la cual
se declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Fernando
Adriano Ospina Vásquez, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, dadas las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.
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2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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