Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00680-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-00680-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO DE LEGALIDAD RESUELTO POR EL JUEZ
ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO
VITAL, A LA VIDA, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000-2024-00680-00
Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
I.1.- La solicitud
El señor FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida, a la
seguridad social, a la igualdad y al principio de in dubio pro operario,
los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la
sentencia de 6 de septiembre de 2023, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 050013333012-2019-00410-01.
I.2.- Hechos
Indicó que luego de prestar sus servicios como agente de la POLICÍA
NACIONAL durante más de 20 años, mediante Resolución núm.
0210 de 27 de enero de 1989, la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL -CASUR2 le reconoció una asignación
de retiro.
2
En adelante CASUR.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00680-00
Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
Anotó que mientras estuvo en actividad devengaba, entre otros
factores, una prima de actividad equivalente al 45% del salario
básico, no obstante, en su asignación de retiro dicho emolumento
sólo le fue reconocido en un 20%.
Manifestó que el 23 de enero de 2019 solicitó a CASUR la
reliquidación de la prestación aludida con la inclusión del factor
mencionado, en el porcentaje total que devengaba mientras prestaba
sus servicios, de conformidad con lo previsto en las leyes 4 de 18 de
mayo de 19923, 923 de 30 de diciembre de 20044 y el Decreto 4433
de 31 de diciembre de esa anualidad5.
Sostuvo que CASUR negó su petición, razón por la cual promovió un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue
identificado con el número único de radicación 050013333012-2019-
00410-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
3
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
4
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.”
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Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
MEDELLÍN6 que, a través de sentencia de 24 de agosto de 2020,
negó las pretensiones de su demanda.
Precisó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2023,
confirmó la decisión del a quo, al estimar que conforme con el artículo
98 del Decreto 2063 de 24 de agosto de 19847, la partida reclamada
debía computarse en el 20%, sin que fuere procedente aplicar
normas que establezcan un porcentaje mayor que hubiesen sido
expedidas con posterioridad al reconocimiento.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la prima de actividad debe ser computada en el mismo
porcentaje en el que era devengada en actividad, comoquiera que la
asignación de retiro debe mantener el mismo poder adquisitivo del
salario previo al reconocimiento de esta.
Agregó que la autoridad judicial accionada desconoció las sentencias
C-281 de 1994, C-891 y C-926 de 2006, SU-1073 de 2012, SU-131
6
En adelante el JUZGADO.
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“Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Agentes de la Policía Nacional”
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Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
de 2013, SU-415 de 2015 y C-568 de 2016, proferidas por la Corte
Constitucional, conforme con las cuales, en su sentir, “[…] se debe
mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, y que
independientemente del método que se emplee para ello, se debe
respetar ese principio […]”.
Argumentó que, al tratarse de una prestación periódica, aunque esta
haya sido reconocida con las normas vigentes al momento en que
fue causada, le son aplicables las normas actuales, dado que no es
justificable un trato diferenciado con los nuevos pensionados.
Expusieron que el “[…] conjunto de normas que regulan la asignación
de retiro del suscrito, en especial la Ley 4 de 1992 Art. 2 literal a,
Art. 10 y Art. 13, y el Art. 1 de la Ley 923 de 2004 admiten una
interpretación más favorable para el trabajador, que permite el
reajuste de la prestación periódica en cuanto a las partidas
computables, con respeto de los derechos adquiridos conforme a
normas anteriores […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
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Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al
mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, debido
proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad
social, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho
que considere la Corporación violado.
2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA PRIMERA DE
DECISIÓN el 6 de septiembre de 2023 en el proceso con Rad.
050013333 012 2019 00410 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice
el debido proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro
y el mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi
trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación
del entendimiento más favorable de las normas laborales.
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime
pertinente para proteger y restablecer mis derechos
fundamentales […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia del
expediente digital del proceso ordinario origen de la controversia.
I.5.2.- El TRIBUNAL y CASUR, este último vinculado en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, no rindieron
informe alguno pese a haber sido notificados en debida forma.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
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que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
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fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 6 de septiembre de 2023, proferida por el
TRIBUNAL, mediante la cual confirmó la decisión del a quo a través
de la cual fueron denegadas las pretensiones dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 050013333036-2019-00410-01.
La presente controversia tiene origen en el hecho de que desde el
año 1989 el actor es titular de una asignación de retiro reconocida
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por CASUR, como ex miembro de la POLICÍA NACIONAL.
El disenso del actor radica en que si bien la prestación le fue
reconocida, entre otros factores, con la inclusión del 20% de la prima
de actividad que devengaba mientras estuvo en servicio, a su juicio,
dicho emolumento debe computarse en un 100%, con fundamento
en las leyes 4 de 1992 y 923 de 2004, así como en el Decreto 4433
de esa misma anualidad, normas que no fueron aplicadas por el
TRIBUNAL, al ser posteriores al reconocimiento de la asignación de
retiro.
Con base en lo anterior, el actor estima que al proferir la providencia
cuestionada, el TRIBUNAL desconoció las normas aludidas y los
precedentes jurisprudenciales relativos al deber de conservar el
poder adquisitivo de las pensiones respecto de lo devengado por el
trabajador en tiempo de actividad.
Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente judicial y demás irregularidades
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indicadas por el actor, al haber proferido la sentencia de 6 de
septiembre de 2023.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00680-00
Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: FREIDE ANTONIO PEÑA ARCE
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
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validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que el actor propone, además de implicar la reapertura de un litigio
que ya fue resuelto en sede ordinaria, recae sobre un asunto de
carácter meramente legal.
En efecto, la divergencia surge de un aspecto netamente legal porque
se deriva del alcance retroactivo que el actor pretende se dé a las
leyes 4 de 1992 y 923 de 2004, así como al Decreto 4433 de esa
misma anualidad, en relación con el porcentaje en el que debe ser
incluida la prima de actividad en la asignación de retiro de la que es
titular.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
interpretación de las normas aludidas, fue resuelto por el
TRIBUNAL, así:
“[…] Corresponde determinar si el demandante tiene derecho al
reajuste de su asignación de retiro, con la inclusión de la
totalidad de lo devengado por prima de actividad, como partida
computable, en los términos de los Decretos 2070 de 2003 y
4433 de 2004.
Según lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto 2063 de 1984,
los agentes de la Policía Nacional, tienen derecho a acceder a la
asignación de retiro, cuando presten más de 15 años de servicio
y sean retirados por disposición de la Dirección General, por
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superar la edad máxima correspondiente a su categoría, por
disminución de la capacidad psicofísica, por conducta deficiente;
o cuando presten 20 años de servicio y se retiren por voluntad
propia.
Una vez los Agentes pasen a la situación de retiro y tengan
derecho a la asignación, serán dados de alta por los tres meses
siguientes a la novedad de retiro, con el fin de formar el
expediente prestacional (Artículo 103 ibídem).
Estas situaciones administrativas han generado controversias,
respecto del momento en que se debe reconocer el derecho,
situación que definió el Consejo de Estado, precisando que surge
desde la novedad que produce el retiro.
Igualmente, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo
ha aclarado que el reconocimiento y liquidación de las
asignaciones de retiro y, en general, de todas las prestaciones
periódicas de término indefinido, se rige por la normativa vigente
al tiempo en que ocurre el retiro.
La prima de actividad para los Agentes de la Policía Nacional,
pensionados antes de 1990, se encuentra regulada en el artículo
40 del Decreto 2063 de 1984, el cual prescribe que se pagará al
personal en servicio activo, como prima de actividad un 30% del
sueldo básico y se aumentará un 5% por cada 5 años de servicio
cumplidos.
Para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, la
prima de actividad constituye partida computable, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ibídem, y se
liquida para agentes entre veinte (20) y veinticinco (25) años de
servicio, el veinte por ciento (20%) del sueldo básico (artículo
99). En idénticos términos, reguló sobre esta prestación el
Decreto 1213 de 1990.
Posteriormente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
Reglamentario 4433 de 2004, que entró en vigencia a partir del
31 de diciembre de 2004, el cual en su artículo 23.1 estableció
que, la asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión
de sobrevivencia del personal de la Policía Nacional, se liquidarán
según corresponda en cada caso, entre otras partidas, con el
sueldo básico y la prima de actividad.
Tanto el Decreto 2070 de 2003, mientras estuvo vigente, como
el Decreto 4433 de 2004, indicaron de manera genérica que la
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prima de actividad sería una partida computable para la
asignación de retiro, pero no determinaron un porcentaje
específico de aquella para efectuar la liquidación, como sí lo
hacía el Decreto 1213 de 1990
[…]
De acuerdo con lo anterior, se observa que no se vulnera el
derecho a la igualdad por falta de aplicación de los Decretos
2070 de 2003 o 4433 de 2004, a situaciones consolidadas con
anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, en cuanto se trata
de situaciones resueltas conforme al régimen pensional vigente
a la fecha en el que se adquirió el status de retirado.
Similar argumentación, ha utilizado el Consejo de Estado, para
decidir litigios relacionados con diferencias suscitadas entre
pensionados de la Fuerza Pública, como los Soldados
Profesionales, a quienes, de acuerdo con la fecha de retiro, se
les concede o no el subsidio familiar como partida computable
de la asignación. Para justificar esta diferencia se indicó que:
[…]
La parte actora, considera que se deben conceder las
pretensiones, por cuanto los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de
2004, establecen que lo devengado por prima de actividad, se
debe tener como partida computable dentro de la liquidación de
la asignación de retiro, incluso de quienes hayan adquirido el
derecho con anterioridad a su entrada en vigencia, porque así lo
imponen los principios de igualdad, favorabilidad laboral y el
derecho a conservar el poder adquisitivo de la asignación de
retiro.
De lo expuesto en precedencia, se observa que el régimen
aplicable para liquidar la asignación de retiro del personal de la
Fuerza Pública, es el vigente al momento de consolidar el
derecho, que para el caso de los Agentes se produce cuando se
retiran y tienen el tiempo de servicio exigido, de acuerdo a la
modalidad de desvinculación. Para el caso bajo análisis, el retiro
se produjo el 25 de agosto de 1988 (fl 20-21), por lo que la
norma vigente era el Decreto 2063 de 1984.
Las Leyes 797 de 2003 y 923 de 2004 y los Decretos 2070 de
2003 y 4433 de 2004, entraron en vigencia mucho después del
reconocimiento de la asignación de retiro del Agente, razón por
la cual, ninguna de las dos normativas le es aplicable y no tiene
derecho a que su prestación sea reliquidada, comoquiera que
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esta fue reconocida adecuadamente, de conformidad con la
norma vigente para el momento en el que consolidó el derecho
(Decreto 2063 de 1984).
[…]
Adicionalmente, tampoco se vulnera el principio de igualdad, en
la medida que los requisitos, beneficios y preceptos que regulan
la asignación de retiro en el Decreto 2063 de 1984 y, en los
Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, son diferentes y, no
existe identidad en cuanto a los supuestos fácticos para los
cuales aplican.
El hecho de reconocer mayores prestaciones a un grupo de
Agentes de Policía que adquirieron el derecho al retiro con
posterioridad no vulnera el derecho a la igualdad, por cuanto,
ello obedece a la aplicación del principio de progresividad, que
permite la creación de prestaciones o el establecimiento de
medidas que amplíen los derechos gradualmente, según las
disponibilidades presupuestales, lo que justifica el trato desigual.
En cuanto al principio de conservación del poder adquisitivo de
la asignación de retiro, tampoco se observa afectación, en la
medida que el ordenamiento jurídico ha establecido mecanismos
de ajuste de tales prestaciones que, para el caso de la Fuerza
Pública, generalmente ha sido el principio de oscilación, el cual
se aplica, independientemente de que, con posterioridad se
modifiquen las partidas computables para liquidación de la
asignación de retiro […]”.
De las transcripciones en cita la Sala advierte que el TRIBUNAL sí
analizó el alcance de temporalidad de la Ley 923, del Decreto 4433
de 2004 y demás normas aplicables al caso, para concluir con base
en lo señalado de forma expresa en esas disposiciones y las
directrices fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
que dichas normas no eran aplicables en la liquidación de la
asignación de retiro del actor, porque no regían al momento en que
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se consolidó la prestación (1988), sin que pudiese dárseles efectos
retroactivos.
Lo anterior pone en evidencia que el TRIBUNAL fundamentó su
decisión de forma admisible y razonable y, en particular, que lo
pretendido por el actor con la presente acción de tutela es cuestionar
esa determinación como si este mecanismo se tratase de un recurso
o instancia adicional al proceso ordinario sin que, en todo caso, se
vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial.
La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo
que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por el
actor, al no advertirse una actuación abiertamente arbitraria por
parte de la autoridad accionada.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
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el caso de la providencia de 9 de febrero de 201718, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201819, se sostuvo lo
siguiente:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]”
(Destacado de la Sala).
Cabe anotar que también se descarta la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial frente a las
sentencias que el actor citó, dado que sus afirmaciones no cumplen
con la carga argumentativa, porque se limitó a identificar las
providencias, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese
existir entre lo resuelto en esas oportunidades y la controversia del
presente asunto, de forma que demostrara que en efecto se trató de
casos iguales al suyo en los que se hubiese dado efectos retroactivos
a las normas que invoca para la reliquidación de una asignación de
retiro consolidada antes de sus vigencias.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
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Sala20 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Destacado fuera de texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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