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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00680-01

Fecha
17 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00680-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00680-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

17 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00680-01
Accionante: Freide Antonio Peña Arce

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-00680-01
Accionante: Freide Antonio Peña Arce
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Tema: tutela contra providencia judicial
Subtema 1: reliquidación de asignación de retiro
Subtema 2: requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la
sentencia del 14 de marzo de 2024, que fue proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Freide Antonio Peña Arce formuló solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, al
mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión y a la vida en condiciones dignas,
que consideró vulnerado por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, con ocasión de la sentencia del 6 de septiembre de 2023, emitida
dentro del proceso con radicado núm. 05001-33-33-012-2019-00410-01.

1.2. Hechos probados

1.2.1. Freide Antonio Peña Arce interpuso demanda en contra de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (Casur), con las pretensiones de que el juez
administrativo declarara la nulidad del Oficio E-01524-201905648-CASUR id:
410198 del 14 de marzo de 2019, y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenara la reliquidación de su asignación de retiro, teniendo en cuenta el 100% del
valor de la prima de actividad que devengó en servicio, desde la vigencia de la Ley
797 de 2003, del Decreto 2070 de 2003 y de la Ley 923 de 2004 y su reglamentación
con el Decreto 4433 de 2004, y el pago de las diferencias causadas.

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que la Policía Nacional le reconoció
asignación de retiro mediante la Resolución 0210 del 27 de enero de 1989, que
antes de pensionarse devengaba por concepto de prima de actividad el 45% del
sueldo básico, no obstante, que su mesada fue liquidada con el 20% de esta. Explicó
que con el Decreto 4433 de 2004, el Gobierno Nacional modificó las partidas
computables de la pensión e incluyó el 100% de la mencionada prima.

Adujo que solicitó a Casur, entre otros asuntos, la reliquidación de su asignación de
retiro con el cómputo de la totalidad de la prima de actividad que devengó antes de
su retiro, en los términos previstos en la Ley 797 de 2003, del Decreto 2070 de 2003

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Accionante: Freide Antonio Peña Arce

y de la Ley 923 de 2004, como un derecho derivado de las mencionadas normas;
no obstante, que le dieron respuesta negativa con el Oficio E-01524-201905648-
CASUR id: 410198 del 14 de marzo de 2019.

1.2.2. El asunto correspondió bajo el radicado núm. 05001-33-33-012-2019-00410-
00, al Juzgado Doce Administrativo de Medellín, autoridad que, en sentencia del 24
de agosto de 2020, negó las pretensiones de la demanda por cuanto encontró
probado que la asignación de retiro del señor Peña Arce quedó definida y
consolidada de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2063 de 1984, anterior a la
Ley 797 de 2003, al Decreto 2070 de 2003, a la Ley 923 de 2004 y al Decreto 4433
de 2004, normas que tuvieron efectos a futuro y que no previeron efectos
retroactivos. En contra de esta decisión, la parte vencida presentó recurso de
apelación.

1.2.3. En segunda instancia, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia emitió fallo, el 6 de septiembre de 2023, en el que confirmó la
providencia del 24 de agosto de 2020. Justificó su decisión, en que la asignación de
retiro del señor Peña Arce fue liquidada conforme a la norma vigente al momento
de consolidación del derecho, esto es, el Decreto 2063 de 1984, que regló que,
como partida computable, se tendría en cuenta el 20% de la prima de actividad,
términos reproducidos en el Decreto 1213 de 1990.

Expuso que, si bien es cierto que los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004
establecen que lo devengado por prima de actividad será incluido como partida
computable dentro de la liquidación de la asignación de retiro, estas normas no le
son aplicables al demandante porque entraron en vigencia con posterioridad al
reconocimiento pensional. Citó la sentencia C-924 de 2005 que, en relación con el
cargo atinente al derecho a la igualdad, sostuvo:

“La inconstitucionalidad que se propone por el actor se orienta a que se declare que,
por un imperativo del principio constitucional de igualdad, los integrantes de la fuerza
pública o sus beneficiarios cuya situación jurídica estaba vinculada al régimen
pensional previo a la Ley 923 de 2004, tienen derecho de acceder a la pensión en
las condiciones en ella previstas. Sin embargo, esa apreciación es equivocada,
puesto que entre los dos conjuntos de sujetos entre los cuales se plantea la
comparación hay una diferencia en las circunstancias fácticas que tiene
consecuencias jurídicas. […]. Se trata, por consiguiente, de conjuntos de sujetos
sometidos a regímenes jurídicos distintos y cuya situación, en cada caso, debe
resolverse con sujeción al régimen vigente en el momento en el que ella se presente.
Quienes con anterioridad a la promulgación de la Ley 923 de 2004 hubiesen perdido
parcialmente su capacidad laboral por actos de misión del servicio o en simple
actividad, tenían, para el momento en el que la nueva ley empezó a regir, una
situación jurídica consolidada, la cual no puede verse afectada por leyes posteriores.
En principio ello significa que tal situación no puede ser desconocida ni desmejorada
por la nueva normatividad, pero también que quienes se encuentren en ella no
acceden a las condiciones más beneficiosas que en el futuro se establezcan por el
legislador para los mismos supuestos fácticos. Esto es, la nueva ley rige hacia el
futuro y se aplica a los hechos que ocurran a partir de su vigencia, sin que las
situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad se vean afectadas por la misma.
Por consiguiente, no puede predicarse la igualdad de condiciones jurídicas entre
sujetos sometidos a regímenes pensionales distintos”.

Además, el Tribunal apoyó su postura en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 25 de abril de 20191, según la cual, está constitucionalmente justificado
un trato distinto en atención al principio de progresividad, que permite la adopción
de medias que amplíen el catálogo de derechos de manera escalonada, lo que
1
Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Sentencia
de Unificación CE-SUJ2-015-19 SUJ-015-S2 del 25 de abril de 2019.

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Accionante: Freide Antonio Peña Arce

implica que sujetos que consoliden el derecho con posterioridad gocen de mejores
condiciones; y al principio de libertad de configuración del ejecutivo para regular
determinada materia. Agregó que:

“[…] tampoco se vulnera el principio de igualdad, en la medida que los
requisitos, beneficios y preceptos que regulan la asignación de retiro en el
Decreto 2063 de 1984 y, en los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, son
diferentes y, no existe identidad en cuanto a los supuestos fácticos para los
cuales aplican.
[…]
En cuanto al principio de conservación del poder adquisitivo de la asignación
de retiro, tampoco se observa afectación, en la medida que el ordenamiento
jurídico ha establecido mecanismos de ajuste de tales prestaciones que, para
el caso de la Fuerza Pública, generalmente ha sido el principio de oscilación,
el cual se aplica, independientemente de que, con posterioridad se
modifiquen las partidas computables para liquidación de la asignación de
retiro”.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela

1.3.1. La parte tutelante solicitó al juez constitucional que ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, al
mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión y a la vida en condiciones dignas,
deje sin efectos la sentencia del 6 de septiembre de 2023 y, en consecuencia,
ordene a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que
emita una nueva decisión en la que garantice los derechos invocados y de aplicación
al entendimiento más favorable de las normas laborales.

1.3.2. El señor Peña Arce afirmó que se configuraron los defectos sustantivo, de
violación directa de la Constitución, de desconocimiento del precedente y de falta
de motivación, para lo cual manifestó que el sistema normativo que regula su
prestación pensional admite un entendimiento más favorable al elegido por la
autoridad accionada, lo que transgredió el principio in dubio pro operario. Argumentó
que tomar un salario como base de liquidación que no coincide con el realmente
devengado en servicio activo afecta el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo de la asignación de retiro y, por ende, la vida en condiciones dignas, en
los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Citó varias sentencias de ese Alto Tribunal2 y sostuvo que a pesar de que le fue
reconocida la asignación de retiro antes de la Constitución de 1991, al ser una
prestación periódica, le son aplicables los postulados vigentes con la nueva Carta
Política que garantizan el derecho a la protección del poder adquisitivo de las
pensiones y que indican que no es viable constitucionalmente un trato diferenciado.

Adicionó que la pérdida de poder adquisitivo también ocurre cuando el porcentaje
del salario que se utiliza como IBL se reduce en disonancia de lo que realmente es
devengado, como sucede al no incluir el 100% de la prima de actividad, a lo que sí
se tiene derecho con el Decreto 4433 de 2004. Finalmente, expresó:

“4. No se justifica de ninguna manera el trato diferenciado a personal de idéntico
grado, con cargas iguales, que cumplieron funciones y tuvieron responsabilidades
análogas, por el solo momento de consolidación del Derecho. Se llega al absurdo
de que a quien adquiere el derecho a la prestación periódica el 29 de diciembre de
2004 se le cercena el factor salarial prima de actividad en el IBL para liquidar el
monto de la asignación de retiro o pensión, y a quien adquiere el derecho a la
2
Sentencias C-281 de 1994, C-891 de 2006, C-926 de 2006, C-568 de 2016, C-891A de 2016, SU-
1073 de 2012, SU-131 de 2013 y SU-415 de 2015.

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Accionante: Freide Antonio Peña Arce

prestación periódica el 01 de enero de 2005 se le computa el factor salarial prima de
actividad en idéntica proporción a la que devengaba como salario al momento del
retiro. Ese trato diferenciado no encuentra justificación constitucionalmente valida,
no supera el test de igualdad, y deja sin actualizar mi derecho de pensión conforme
a los estándares de la Constitución de 1991.
5. El conjunto de normas que regulan la asignación de retiro del suscrito, en especial
la Ley 4 de 1992 Art. 2 literal a, Art. 10 y Art. 13, y el Art. 1 de la Ley 923 de 2004
admiten una interpretación más favorable para el trabajador, que permite el reajuste
de la prestación periódica en cuanto a las partidas computables, con respeto de los
derechos adquiridos conforme a normas anteriores”.

1.4. Trámite en primera instancia

1.4.1. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió auto,
el 16 de febrero de 2024, en el que admitió la tutela; vinculó, como terceros con
interés, al Ministerio de Defensa Nacional, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, al Juzgado Doce Administrativo de Medellín; decretó pruebas; solicitó el
expediente ordinario objeto de tutela y ordenó notificar a los sujetos procesales3.

1.4.2. La parte accionada y los vinculados, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio4.

1.5. Sentencia de tutela de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia,
el 14 de marzo de 20245, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo
interpuesta por Freide Antonio Peña Arce. Como fundamento de su decisión, afirmó
que la controversia propuesta por el actor implica la reapertura del litigio que ya fue
resuelto en sede ordinaria y recae sobre un asunto de carácter meramente legal, el
alcance retroactivo de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 4433 de 2004 para efectos de
establecer el porcentaje de la prima de actividad que debe ser incluido en la
asignación de retiro.

Citó la motivación de la sentencia objeto de tutela y aseguró que la decisión fue
admisible y razonable. Además, que el escrito de amparo busca agotar un recurso
o instancia adicional al proceso ordinario con un desacuerdo con la interpretación
de las normas sobre la materia, sin vislumbrar una actuación arbitraria o desbordada
de los límites del principio de autonomía judicial.

De otra parte, manifestó en relación con el defecto por desconocimiento del
precedente, que los cargos de la acción no cumplen con la carga argumentativa,
porque se limitan a identificar unas providencias, pero no precisan la relación fáctica
y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esas oportunidades y el caso
concreto.

1.6. Impugnación

1.6.1. La parte accionante presentó impugnación en contra de la sentencia del 14
de febrero de 2024, recurso en el que arguyó que la presente tutela tiene relevancia

3
Documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. F61BDCB60C8034FF 72DB1843DB4B6DAD 94A2F9BD40913AAE
F0AB78AA7E4B376A.
4
Documento contenido en el índice 8 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 124D9A66B65FCC92 2DB4B662A7FB7D18 E43835595DD19638
709641F1E8DAC0EA.
5
Documento contenido en el índice 10 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 2B27139940F5BAE4 1165414F944681EF 84E648E1A878A1FD
3386CA668765F0F4.

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constitucional porque busca la protección del derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo de su asignación de retiro. Denotó la importancia del derecho a la
movilidad pensional y su relación con el mínimo vital 6.

Sostuvo que, el hecho de que los argumentos de la acción sean coincidentes con
los del proceso ordinario, no implica que se pretenda revivir la discusión agotada en
esa oportunidad, sino que, se cumplió con el requisito de subsidiariedad. De otra
parte, reiteró los cargos del escrito inicial de tutela.

I. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de Freide Antonio Peña Arce se encuentra
acreditada, puesto que fue el demandante en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se emitió la sentencia del 6 de septiembre
de 2023 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos fundamentales
cuyo amparo pretende.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la medida en que fue la
autoridad que emitió el fallo del 6 de septiembre de 2023 que, según el tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales.

2.3 Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de Constitucional debe, de forma preliminar,
realizar un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez
verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en
función de los defectos que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales7.

6
Documento contenido en el índice 15 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 6CD8D54AAC1152D0 FC105C29FD92235C A91059689339DBA1
E909CEFDBEA55228.
7
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los

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2.3.1. Relevancia constitucional. En las acciones de tutela contra providencias
judiciales, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la
competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional”8.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto9.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto. Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una
Alta Corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica
verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

2.4. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, Freide Antonio Peña Arce presentó escrito de tutela en
contra de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues
consideró que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social, al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión y a
la vida en condiciones dignas con la sentencia del 6 de septiembre de 2023, por la
configuración de los defectos sustantivo, de violación directa de la Constitución, de
desconocimiento del precedente y de falta de motivación.

En concreto, argumentó que su asignación de retiro fue liquidada con el 20% de la
prima de actividad como partida computable y no su 100%, pese a que el Decreto
2070 de 2003, la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004 sí prevén que la
pensión incluya la totalidad de la mencionada prima, lo que genera la pérdida en el
poder adquisitivo de la mesada por violación del principio de favorabilidad y de
igualdad.

Pues bien, revisadas las actuaciones del proceso ordinario, la Sala concluye que,
como lo expresó el juez constitucional de primera instancia, la controversia
formulada en sede de tutela corresponde a la misma que fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, esta es, la reliquidación de la asignación de retiro y no
la configuración de un defecto.

En particular, cabe denotar que la sentencia del 6 de septiembre de 2023, al resolver
el problema jurídico, explicó, por un lado, que la asignación de retiro del señor Peña
Arce fue liquidada de conformidad con la norma vigente al momento en que adquirió
el derecho a la jubilación, esta es, el Decreto 2063 de 1984 que dispuso que sería
partida computable el 20% de la prima de actividad; y, por otro lado, que de acuerdo
las sentencias C-924 de 2005 de la Corte Constitucional y del 25 de abril de 201910

jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
8
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
9
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Sentencia
de Unificación CE-SUJ2-015-19 SUJ-015-S2 del 25 de abril de 2019.

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del Consejo de Estado, el trato desigual está justificado en la irretroactividad de la
Ley, y en los principios de progresividad y de libertad de configuración.

En ese orden, es preciso tener en cuenta que los cargos de amparo no explican las
razones por las cuales las anteriores consideraciones del Tribunal accionado son
irrazonables, ya sea por indebida interpretación del Decreto 2063 de 1984, la Ley
923 de 2004 o el Decreto 4433 de 2004, o porque los principios de progresividad y
de libertad de configuración no rigen en el caso concreto, o por la imposibilidad de
aplicar el precedente contenido en las sentencias C-924 de 2005 del 25 de abril de
2019.

En tal sentido, la argumentación formulada por el accionante desconoció las
razones expuestas por el Tribunal y se limitó a reiterar que su asignación de retiro
debe ser reliquidada con la inclusión del 100% de la prima de actividad devengada
en servicio, asunto de legalidad que ya fue resuelto en la sentencia del 6 de
septiembre de 2023 y que, por ende, no supera el requisito de relevancia
constitucional

En conclusión, al tener en cuenta que la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del
14 de marzo de 2024.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por
el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DACJ

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