Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00683-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00683-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00683-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00683-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS CARLOS SERNA VASCO
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE
TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL
DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. DE UNA PARTE, SE REABRE
EL DEBATE QUE FUE RESUELTO DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y, DE OTRA, CARECE DE CARGA
ARGUMENTATIVA RESPECTO DE LOS DEFECTOS ALEGADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO
VITAL, A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 11 de marzo de 2024, proferida en primera instancia
por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela por falta del
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En adelante SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-00683-01
Actor: LUIS CARLOS SERNA VASCO
requisito general de la relevancia constitucional.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor LUIS CARLOS SERNA VASCO, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y al principio
del in dubio pro operario, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2 al haber
proferido la sentencia de 3 de agosto de 2023, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 05001-33-33-001-2019-00112-01.
I.2.- Hechos
Indicó que prestó sus servicios a la Policía Nacional en el grado
2
En adelante el TRIBUNAL.
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Agente, por 21 años, 1 mes y 24 días, por lo que le fue concedida
asignación de retiro mediante la Resolución 3792 de 10 de noviembre
de 1989, conforme con el Decreto 2063 de 24 de agosto de 19843.
Manifestó que le fue incluida una prima de actividad del 20%, pese a
que de acuerdo con la hoja de servicios dicha prima antes de retirarse
era del 45% del sueldo básico.
Comentó que solicitó ante la administración el reajuste de la
asignación de retiro, con el fin de que le fuera reconocido en un
mayor porcentaje la prima de actividad, petición que fue denegada,
razón por la que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldo de Retiro de
la Policía – CASUR, al cual le fue asignado el número único de
radicación 2019-00112-00.
Agregó que la primera instancia le correspondió por reparto al
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
que, en sentencia de 10 de diciembre de 2019, denegó las
pretensiones al estimar que el Decreto 4433 de 2004 estableció que
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Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional.
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los agentes que a la fecha de entrada en vigencia hubieren cumplido
la totalidad de los requisitos conservarían todos los derechos,
garantías y beneficios adquiridos conforme a las normas anteriores,
de tal forma que no era procedente su aplicación a quienes ya fuesen
beneficiarios de la asignación de retiro.
Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia
de 3 de agosto de 2023, confirmó la decisión del a quo, al considerar
que comoquiera que el retiro del servicio se produjo el 28 de abril de
1989, no era posible aplicar los Decretos 2070 de 25 de julio de 20034
y 4433 de 31 de diciembre de 20045.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, especialmente, el requisito de la relevancia constitucional,
toda vez que se reclama el amparo constitucional por violación de los
4
"Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares"
5
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública
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derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida
en condiciones dignas, a la seguridad social a la igualdad, al principio
in dubio pro operario y al mantenimiento del poder adquisitivo de su
pensión.
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, los cuales desarrolló
argumentando que:
• El sistema normativo que gobierna su prestación económica
admite un entendimiento más favorable al acogido por la
autoridad judicial accionada.
• Tomar un salario para liquidar la prestación periódica que no
coincide con el realmente devengado por déficit, afecta el
poder adquisitivo del derecho que da como resultado dicha
operación y, en consecuencia, afecta el derecho a una vida
digna.
• El mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión es de
orden constitucional y debe ser siempre garantizado cuando se
advierta su violación, desconocimiento o no materialización.
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Para lo anterior, adujo que la Corte Constitucional6 en múltiples
pronunciamientos, ha discurrido respecto a las pensiones y el deber
de mantener el poder adquisitivo que existía durante la etapa
productiva de la persona, por lo que no era aceptable que se
reduzcan factores salariales al momento de liquidar el derecho
pensional.
Por lo anterior, destacó que no existe justificación alguna para que
se le dé un trato diferenciado con otro personal de idéntico grado,
con cargas iguales, que cumplieron funciones y tuvieron
responsabilidades análogas, por el solo momento de la consolidación
del derecho.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende lo
siguiente:
“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social,
mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, in dubio pro
operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la
6
Sentencias C-281 de 1994, C-891A de 2006, C-926 de 2006, SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-
415 de 2015 y C-568 de 2016.
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Corporación violado.
2. Que se dejen (sic) sin valor ni efecto el fallo proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA PRIMERA DE
DECISIÓN el 3 de agosto de 2023 en el proceso con Rad. 05001 33
33 001 2019 00112 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el
debido proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el
mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi trabajo-
vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime
pertinente para proteger y restablecer mis derechos fundamentales
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL, el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN y CASUR, estos
últimos vinculados en calidad de terceros con interés directo, pese a
ser notificados del presente trámite constitucional en debida forma,
guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de
11 de marzo de 2024, declaró improcedente la acción de tutela de la
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referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional.
Indicó que en la acción de tutela de la referencia se reiteran los
mismos argumentos que fueron planteados en la apelación y
resueltos en la sentencia cuestionada.
Explicó que, sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, era
dable inferir que los cargos formulados en el escrito de tutela no
tienen vocación de prosperidad, pues en la sentencia cuestionada se
explicó por qué la aplicación del Decreto 1213 de 1990, en lugar de
la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, no implicó una
vulneración a los principios de favorabilidad y progresividad ni al
derecho a la igualdad, por lo que no se incurrió en un defecto
sustantivo ni en violación directa de la Constitución.
Refirió que, la interpretación hecha por el TRIBUNAL resultaba
razonable y garantizaba la integridad de las normas a aplicar y sus
reglas de vigencia, pues de acoger la tesis del accionante se
desconocería el principio de inescindibilidad de la ley, ya que se
aplicarían parcialmente dos normas, creando un tercer régimen
pensional en detrimento del principio de igualdad y legalidad.
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Adujo que tampoco se desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, dado que en las sentencias referidas por el actor se
explicó que en la Constitución Política se previó expresamente el
derecho a indexar las mesadas pensionales y mantener su poder
adquisitivo en el tiempo; no obstante, contrario a lo alegado por el
señor SERNA VASCO, en ellas no se señaló que ese derecho
implique que el valor a reconocer en la pensión o asignación de retiro
deba ser igual al que se devengaba durante la prestación del servicio,
sino que la base de liquidación al momento de reconocer el derecho
y las mesadas pensionales que la causen con posterioridad deben ser
actualizadas en función de la inflación.
Añadió que, de hecho, en ninguna de las sentencias puestas de
presente se reconoció un derecho pensional equivalente a lo
devengado durante la prestación del servicio, sino un porcentaje
menor al mismo, el cual debía ser liquidado a partir de una base
actualizada, así como indexado de forma periódica para mantener su
poder adquisitivo.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia
indicando que, contrario a lo advertido por el a quo, el asunto sí
reviste relevancia constitucional, pues se reprocha que la autoridad
judicial accionada no protegió su derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo de la pensión.
Adujo que el derecho a la movilidad pensional es de suma
importancia y está previsto expresamente en la Carta Política en su
artículo 53, por lo que el hecho de que su pensión sea liquidada con
factores salariales inferiores a los realmente percibidos y que los
jueces avalen tal irregularidad, constituye un desconocimiento
directo de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
Refirió que el hecho que se hubiere advertido en el proceso las
irregularidades que se denuncian en el escrito de tutela, no les quita
peso a dichos argumentos, por el contrario, se cumple con el
requisito de subsidiariedad que exige que se hubiere alegado en el
proceso.
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Sostuvo que la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos se
pronunció sobre la importancia del poder adquisitivo de las
pensiones, lo cual fue pasado por alto por el a quo, toda vez que
independientemente del método que se emplee el poder adquisitivo
del pensionado o retirado debe ser respetado.
Aseveró que el a quo hizo un análisis partiendo de supuestos
equivocados, pues no se solicita que se liquide una pensión en un
monto idéntico al devengado en actividad, sino que la base de
liquidación corresponda al salario real devengado y no a uno que se
disminuye injustificadamente para efectos de realizar la liquidación.
Hizo especial énfasis en que la asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública se liquida teniendo como base unas partidas
computables que conforman el salario en actividad, por lo que el
monto de la prestación periódica es el resultado de aplicar un
porcentaje que va desde el 50% al 95% de la sumatoria de las
partidas computables, de tal forma que si una de las partidas
computables es disminuida, el ingreso base de liquidación será
menor al salario que efectivamente devengaba, lo que a todas luces
afecta el poder adquisitivo del derecho de naturaleza pensional.
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Por último, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su
lugar, se acceda al amparo solicitado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
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asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
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relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la providencia de 3 de agosto de 2023, proferida por el
TRIBUNAL, a través de la cual confirmo la decisión del a quo de
denegar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
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El disenso del actor tiene origen en la negativa de CASUR de
reajustarle su asignación de retiro, con la inclusión del 100% de la
prima de actividad que devengaba cuando prestó sus servicios como
Agente de la Policía Nacional.
A juicio del accionante, el TRIBUNAL incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, al proferir la providencia
cuestionada.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN TERCERA de esta
Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del
requisito general de la relevancia constitucional, al considerar que la
discusión planteada por el actor ya fue puesta de presente en el
proceso ordinario y resuelta por la autoridad judicial accionada;
además, que no se evidenciaba vulneración alguna de los derechos
fundamentales alegados en la medida en que la providencia
cuestionada estuvo debidamente fundamentada.
En la impugnación, el actor indicó que, contrario a lo advertido por
el a quo, sí se cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, pues los argumentos propuestos son constitutivos de
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la violación de sus derechos fundamentales invocados al no proteger
el mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión, sin que lo
pretendido sea crear una tercera instancia en el proceso ordinario.
Aseveró el actor que el a quo hizo un análisis partiendo de supuestos
equivocados, pues no se solicita que se liquide una pensión en un
monto idéntico al devengado en actividad, sino que la base de
liquidación corresponda al salario real devengado y no a uno que se
disminuye injustificadamente para efectos de realizar la liquidación
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo
cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el
TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales invocados dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00112-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: LUIS CARLOS SERNA VASCO
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que el actor propone, además de implicar la reapertura de un litigio
que ya fue resuelto en sede ordinaria, recae sobre un asunto de
carácter meramente legal.
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En efecto, la divergencia surge de un aspecto netamente legal porque
se deriva del alcance que el actor pretende se dé al porcentaje en el
que debe ser incluida la prima de actividad en la asignación de retiro
que le fue reconocida como exmiembro de la POLICÍA NACIONAL.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
interpretación de normas, fue resuelto por el TRIBUNAL, así:
“[…] En el asunto sometido a consideración corresponde
determinar si la asignación de retiro del demandante debe ser
reajustada con la inclusión, como partida computable, de la
prima de actividad en los términos de los Decretos 2070 de 2003
y 4433 de 2004.
[…]
En razón a que en el caso bajo análisis se pretende precisamente
la posibilidad de que se reliquide la asignación de retiro del actor
aplicando el Decreto 4433 de 2004, resulta pertinente referir las
razones expuestas en la sentencia C-924 del 6 de septiembre de
2005, que declaró exequible el artículo 6º de la Ley 923 de 2004
frente al cargo de violación del derecho a la igualdad propuesto,
al sostener que la nueva regulación excluía su aplicación al
personal que hubiera consolidado derechos en vigencia de
regímenes anteriores. Según la Corporación:
[…]
De acuerdo con lo anterior, se observa que no se vulnera el
derecho a la igualdad por falta de aplicación del Decreto 2070
de 2003 o del 4433 de 2004 a situaciones consolidadas con
anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, porque se trata
de situaciones resueltas conforme al régimen pensional vigente
a la fecha en el que se adquirió el status de retirado.
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[…]
Similar argumentación ha utilizado el Consejo de Estado para
decidir litigios relacionados con diferencias suscitadas entre
pensionados de la Fuerza Pública, como los Soldados
Profesionales, a quienes, de acuerdo con la fecha de retiro, se
les concede o no el subsidio familiar como partida computable
de la asignación. Para justificar esta diferencia indicó:
[…]
De lo expuesto en precedencia se observa que el régimen
aplicable para liquidar la asignación de retiro del personal de la
Fuerza Pública, es el vigente al momento de consolidar el
derecho, que para el caso de los Agentes se produce cuando se
retiran y además tienen el tiempo de servicio exigido de acuerdo
a la modalidad de desvinculación. Para el caso bajo análisis, el
retiro se produjo el 28 de abril de 1989, por lo que la norma
vigente era el Decreto 2063 de 1984.
[…]
Las Leyes 797 de 2003 y 923 de 2004 y los Decretos 2070 de
2003 y 4433 de 2004, entraron en vigor mucho después del
reconocimiento de la asignación de retiro del Agente, en
consecuencia, ninguna de las dos normativas le es aplicable y no
tiene derecho a que su prestación sea reliquidada, comoquiera
que fue reconocida adecuadamente, de conformidad con la
norma vigente para el momento en el que consolidó el derecho
(Decreto 2063 de 1984), lo que desvirtúa la vulneración al
principio de favorabilidad.
No es posible conceder tal pretensión con argumento en que se
vulnera el principio de igualdad, en la medida que los requisitos,
beneficios y preceptos que regulan la asignación de retiro tanto
en el Decreto 2063 de 1984 como en los Decretos 2070 de 2003
y 4433 de 2004, son diferentes, e igualmente no existe identidad
en cuanto a los supuestos fácticos para los cuales aplican.
Aunado a lo anterior, el hecho de reconocer mayores
prestaciones a un grupo de Agentes que recibieron la asignación
posteriormente, no vulnera la igualdad, por cuanto, esto
obedece a la aplicación del principio de progresividad, que
permite la ejecución de medidas que amplíen los derechos
gradualmente, lo que justifica el trato desigual.
En cuanto al principio de conservación del poder adquisitivo de
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la asignación de retiro, no se observa afectación, en la medida
que el ordenamiento jurídico ha concedido mecanismos de
ajuste de tales prestaciones, que para el caso de la Fuerza
Pública ha sido el principio de oscilación generalmente, el cual
se ha aplicado […]”.
De las transcripciones en cita la Sala advierte que el TRIBUNAL
analizó la temporalidad de la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004, de
lo cual logró concluir con base en lo señalado de forma expresa en
estas disposiciones y las directrices fijadas por la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, que dichas normas no eran aplicables en la
liquidación de la asignación de retiro de titularidad del actor, porque
no regían al momento en que se consolidó la prestación (1989), sin
que pudiese dárseles efectos retroactivos.
En efecto, la autoridad judicial accionada destacó que el régimen
aplicable para liquidar la asignación de retiro del personal de la fuerza
pública es el vigente al momento de consolidar el derecho, el cual
para el caso concreto se produjo el 28 de abril de 1989, de tal forma
que la norma aplicable era el Decreto 2063 de 1984, pues las leyes
797 de 2003 y 923 de 2004 y los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de
2004, entraron en vigencia mucho después del reconocimiento de la
asignación de retiro del actor, por lo que no tenía derecho a la
reliquidación de su prestación, dado que esta fue reconocida
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adecuadamente, lo que desvirtuaba el principio de favorabilidad.
Para lo anterior, la autoridad judicial accionada destacó que ello no
vulneraba el principio de igualdad, pues los requisitos previstos tanto
en el Decreto 2063 de 1984 como en los decretos 2070 de 2003 y
4433 de 2004, son diferentes, además que no existe identidad en
cuanto a los supuestos fácticos para los cuales aplican. Sumado a lo
anterior, sostuvo que el hecho de reconocer mayores prestaciones a
un grupo de agentes que recibieron asignación posteriormente, no
desconoce el derecho a la igualdad, comoquiera que ello obedece al
principio de progresividad, que permite la ejecución de medidas que
amplíen los derechos gradualmente, lo que justifica el trato desigual.
Finalmente, en lo que respecta al principio de conservación del poder
adquisitivo de la asignación de retiro, el TRIBUNAL encontró que no
se observaba afectación, toda vez que el ordenamiento jurídico prevé
mecanismos de ajuste de tales prestaciones, que para el caso de la
Fuerza Pública ha sido el principio de oscilación, que ha sido aplicado.
Lo anterior pone en evidencia que el TRIBUNAL fundamentó su
decisión de forma admisible y razonable y, en particular, que lo
pretendido por el actor con la presente acción de tutela es cuestionar
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esa determinación como si este mecanismo se tratase de un recurso
o instancia adicional al proceso ordinario sin que, en todo caso, se
vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial.
La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo
que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por el
actor, al no advertirse una actuación arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada.
Sumado a lo anterior, el actor alegó que el TRIBUNAL incurrió en
los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial, sin especificar en qué forma
se incurrió en dichos yerros.
En efecto, la Sala destaca que tampoco se cumple con la carga
argumentativa que fundamenta la acción de tutela, habida cuenta
que el actor se limitó a enlistar las sentencias presuntamente
desconocidas, sin mayor detalle ni argumentación que permitiera
entrar a analizar dichos defectos, pues no especificó de forma alguna
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la regla de decisión que fue desatendida ni identificó la relación
fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esas
oportunidades y la controversia del presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala17 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Destacado fuera de texto).
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la
parte actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa, sino
en particular, porque pretende que en sede de tutela se estudien las
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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razones y fundamentos de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que dio lugar a la providencia cuestionada, lo que torna
la acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no está
instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador en los procesos ordinarios.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a las fuentes jurídicas
aplicables al caso y a un análisis de las particularidades fácticas del
mismo.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto
sometido a su consideración.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
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la providencia de 9 de febrero de 201718, en la que se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201819, en la que se
sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional para exponer aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por el TRIBUNAL, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, comoquiera que el a quo declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, la Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Actor: LUIS CARLOS SERNA VASCO
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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