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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00684-01

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00684-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º. CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo del 2024, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, en el sentido de negar el amparo solicitado por la señora Marisol Saavedra Rodríguez en representación de su hijo Samuel Sánchez Saavedra, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00684-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

2 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2024-00684-011
Actora : Marisol Saavedra Rodríguez y otro
Accionados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Vinculados : Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derecho : Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia
presuntamente
vulnerado

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el
fallo de 14 de marzo del 2024, emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta2,
que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.1.1 La demanda de tutela.

La señora Marisol Saavedra Rodríguez en representación de su menor hijo
Samuel Sánchez Saavedra, mediante apoderado judicial interpuso el presente
recurso de amparo con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
C. P. Luis Alberto Álvarez Parra (E).

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-00684-01
Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo del 15 de diciembre de 2023
proferido Tribunal Administrativo, mediante el cual confirmó la providencia del 17
de febrero 2023 dictada por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que declaró probada la excepción de «inexistencia de omisión por parte
de la entidad demandada» y negó las pretensiones dentro del proceso de
reparación directa con radicado 11001-33-43-062-2020-00295-00-01.

1.1.2 Hechos.

De acuerdo con la sentencia de primera instancia3, la tutelante adujo que, el
señor Félix Alfonso Sánchez Cabrera, sargento segundo vinculado a la unidad de
servicios del Departamento de La Guajira en el Ejército Nacional, participó en la
operación de control territorial denominada “Epopeya” el 19 de julio de 2018. Que
el objetivo de esta operación era localizar cultivos de uso ilícito en la vereda La
Paz, municipio de Retorno en el departamento del Guaviare.

Señaló que, durante la operación, el sargento segundo resultó herido por la
detonación de un aparato explosivo y fue trasladado de urgencia a la E.S.E. San
José del Guaviare y luego en un avión-ambulancia al Hospital Militar en Bogotá.
Que, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 20 de julio de 2018 debido a las
graves heridas causadas por la mina antipersonal.

Posteriormente, la señora Marisol Saavedra Rodríguez en representación de su
menor hijo Samuel Sánchez Saavedra, presentó medio de control de reparación
directa contra la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional,
con el objetivo de responsabilizar a la entidad por la presunta falla en el servicio
que afectó a su compañero permanente y padre del menor. El Juzgado 62
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 17 de febrero de
2023, declaró probada la excepción de mérito denominada “inexistencia de
omisión por parte de la entidad demandada”, y en consecuencia, negó las
pretensiones de la parte accionante.

Esgrime que dicha providencia indicó que, de acuerdo con el material probatorio
se logró establecer que el Grupo de Explosivos y Desminado (EXDE) realizó el
respectivo procedimiento en el que informó que: «Es de aclarar que es obligatorio
3
Acápite 1.3 de Hechos.

2

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

de acuerdo a la orden de operaciones de la cual el participaba (sic) el Sargento
Viceprimero FELIX ALFONSO SANCHEZ CABRERA (Q.D.E.P.) se hizo uso del
grupo EXDE (detención de explosivos) al igual que el canino para el registro
donde lastimosamente ocurre este hecho lamentable». Por lo que determinó que
la falla en el servicio alegada no se probó, ya que no se pudo determinar si la
actuación realizada por el sargento segundo Sánchez Cabrera fue acorde a lo
determinado por el grupo EXDE, o si desconoció las recomendaciones otorgadas
por la compañía especializada.

Además de lo anterior, sostuvo que, el radiograma que alertaba sobre la
posibilidad de acciones terroristas y solicitaba extremar medidas de seguridad, no
es conclusiva para endilgar la falla en el servicio, al considerar que la prueba
existente determina el uso del grupo EXDE el 19 de julio de 2018 más no la
omisión de naturaleza alguna en el proceder de este grupo; por lo que concluyó el
juzgado que no se acreditó el daño que se le imputó a la entidad demandada, ni
tampoco que el suboficial estuviera en un riesgo excepcional diferente al que
normalmente debía soportar, ni se le haya obligado a asumir una carga superior
que llevara el rompimiento del principio de igualdad frente a sus compañeros.

Los aquí accionantes interpusieron recurso de apelación contra el mencionado
fallo, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, que, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2023,
confirmó la providencia de primera instancia.

El Tribunal en su providencia, estableció del material probatorio que, el grupo
EXDE (explosivos y demoliciones), realizó una verificación completa en la zona
donde se llevó a cabo la operación y que no se acreditó que la entidad
demandada tuviera conocimiento pleno de las minas o la existencia de un campo
minado en el lugar específico donde se movilizaron las tropas.

Además, no se consideró que movilizar las tropas implicara un riesgo excepcional
para el actor y, no se demostró que al sargento segundo fallecido se le expusiera
a un riesgo mayor que al de sus compañeros, lo que vulnerara el principio de
igualdad de las cargas públicas.

La autoridad judicial también señaló que la parte actora no alegó incumplimiento

3

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

de protocolos o manuales de seguridad, por lo que, en eventos como este, el
daño debe ser asumido por quienes se vinculan voluntariamente al servicio activo
del Ejército Nacional. También adujo que el uso del Convenio de Ottawa, entró en
vigor a partir del 1 de marzo del 2021, y que la muerte del señor Sánchez Cabrera
ocurrió el 20 de julio del 2018, por lo que no hay lugar a su aplicación.

Alegó que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo y fáctico, pues
inaplicó la norma sobre el correcto traslado de la prueba y la diligencia de
cuidado, ya que el artículo 1604 del Código Civil establece que la prueba de la
diligencia y cuidado, incumben a quien ha debido emplearlos. Que el comandante
de la operación debía cumplir con la seguridad de sus subalternos de acuerdo
con la Ley 1862 de 2017, así como también el artículo 56 del Código Sustantivo
del Trabajo, los cuales no fueron tenidos en cuenta para fallar el caso por la
autoridad judicial. Que la carga de la prueba de diligencia y cuidado debió
trasladarse a la demandada, y la inaplicación de la ley generó un desequilibró de
las cargas.

Respecto al defecto fáctico, indicó una indebida y falta de valoración de las
pruebas aportadas al proceso, esgrimiendo que sí daban cuenta que el Ejército
Nacional tenía conocimiento sobre las posibilidades de un ataque contra el
personal; valoración que incidió en un resultado adverso a los intereses de la
demandante. Sumado a lo anterior, señala que existía prueba en el expediente de
que el Ejército debió extremar las medidas EXDE, sumados a la respuesta del
DAPRE referente al desminado en la zona, lo cual, en su entender, daban cuenta
a la autoridad judicial de suficiente certeza sobre la falla en el servicio.

Que la valoración de la prueba del procedimiento EXDE fue incorrecta, debido a
que el grupo de acción incurrió en varios errores de procedimiento, los cuales no
fueron tenidos en cuenta por la autoridad judicial. Que, si para el Tribunal el
procedimiento del grupo EXDE estuvo bien ejecutado, omitió imputar la
responsabilidad estatal a título de riesgo excepcional, por ende, la falta de
valoración de las pruebas sobre conocimiento y certeza que el Ejército tenía de
que atentarían contra ellos en esa zona, impidió abrirse a esa posibilidad.

4

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

1.2 Contestaciones de la acción.

Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Manifestó en su
contestación que las pretensiones de la acción de tutela no van dirigidas contra
esa entidad, por lo que solicitó ser desvinculado del trámite.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
No allegó pronunciamiento de fondo frente a los hechos y pretensiones de la
acción de tutela.

1.3 Providencia impugnada.

Mediante fallo del 14 de marzo del 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta
declaró improcedente este trámite, al considerar que no se cumplió el requisito de
la relevancia constitucional, en razón a que «[…] no se controvierte el análisis
probatorio, ni se discute por qué tal estudio es irracional o arbitrario. Por el
contrario, se trata de un simple desacuerdo con el fallo, en razón a que fue
contrario a sus intereses más allá de proponer un debate iusfundamental que
amerite algún tipo de pronunciamiento a este juez constitucional.

Por otro lado, con respecto del defecto sustantivo alegado por la parte actora (sic)
la sala advierte que la señora [Marisol Saavedra Rodríguez] omitió una carga
argumentativa clara y específica en la configuración del defecto, ya que, (sic) se
limitó a argumentar que la autoridad judicial desconoció el artículo 1602 del
Código Civil Colombiano entre otras normas de manera general. Sin embargo,
esa apreciación personal, per se no significa que la providencia adolezca de
ningún defecto, debido a que necesita un ejercicio argumentativo que demuestre
que la autoridad judicial inaplicó normas de carácter obligatorio».

1.4 La impugnación.

Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y agregó que sí se
cumple el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que presentó los
siguientes argumentos que se extrae del escrito de impugnación:

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-00684-01
Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

1. Para soportar el Defecto Fáctico insistió en que a las pruebas
documentales no se les otorgó la adecuada valoración.

2. Frente al Defecto Sustantivo, manifestó que no se dio aplicación al
contenido normativo del artículo 1604 del Código Civil.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 324 del Decreto ley 2591 de 19915 y 256 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 20197 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Cuestión preliminar. En el asunto sub examine la parte demandante pide se
deje sin efectos la sentencia del 15 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó
la providencia del 17 de febrero 2023 dictada por el Juzgado 62 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones del medio de control.

Esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia del 15 de
diciembre de 2023, por ser la que, al desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la del 17 de febrero, decidió de manera definitiva el mencionado asunto
contencioso-administrativo.

2.3 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
constitucionales8, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo

4
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
7
Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.
8
Sobre la justiciabilidad de los derechos constitucionales, ver Corte Constitucional, Sentencia T-428 del 2012, M.P.: María
Victoria Calle Correa

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección
inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre
que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de
impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

2.4 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la
providencia del 15 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que confirmó la providencia
del 17 de febrero de 2023 dictada por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que declaró probada la excepción de «inexistencia de omisión
por parte de la entidad demandada» por lo que negó las pretensiones dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-062-2020-
00295-00-01.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial, sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales, tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que
surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o
sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del
precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos11.

2.6 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la tutelante y su hijo; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue una
sentencia de segunda instancia que se encuentra debidamente ejecutoriada; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida
garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 17 de enero del 202412 y la solicitud de
amparo se instauró el 13 de febrero del 2024, es decir, dentro de un término
prudencial (27 días); y (v) la sentencia acusada no fue dictada en una acción de
tutela.

9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro
Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de
2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
12
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 19 de diciembre del 2023,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 12 de enero de 2024, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA y sumados los tres (3) día de ejecutoria.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-00684-01
Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defectos sustantivo
y fáctico, alegados por el accionante.

2.6.1 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo
con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento
en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible o porque perdieron vigencia, versa sobre otro asunto que
no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional
sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al
conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la
acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia,
que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales14.

En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurre en defecto sustantivo, dado que el Tribunal Administrativo no dio
aplicación al contenido normativo del artículo 1604 del Código Civil, en particular
lo atinente a la responsabilidad del deudor y la carga de probar la debida
diligencia15.

De acuerdo con el pedimento del accionante, el defecto se dio por la omisión en la
aplicación normativa, dicha omisión se configura cuándo (i) la norma aplicable al

13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Inciso Tercero: La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al
que lo alega.

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

caso concreto es desatendida y por ende se inaplica16 o (ii) cuando el funcionario
realiza una aplicación indebida de la preceptiva concerniente17, siendo que la
hipótesis aplicable a nuestra situación es la primera.

Para decidir si la inconformidad de la tutelante tiene o no asidero jurídico, resulta
oportuno anotar que en efecto la jurisprudencia del Consejo de Estado18 ha
permitido la aplicación del artículo 1604 del Código Civil como una regla de
naturaleza probatoria que implica que la carga de demostrar la diligencia
corresponde a quien debió ejecutarla, tal y como la parte accionante alegó en la
apelación al fallo de primera instancia ordinario, en el escrito de tutela y la
impugnación al fallo de primera instancia en sede de tutela; pero ello no implica
que exista una presunción al momento de alegarla, pues la debida diligencia debe
ser demostrada sin tarifa legal, pero permitiendo al juzgador determinar si aquella
situación se configuró en efecto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo que confirmó la sentencia
de primera instancia proferida por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del
Circuito de Bogotá, realizó la siguiente inferencia frente al argumento de la debida
diligencia por parte de la demandada, así:

“[…] es claro que en lo que respecta a los daños sufridos por soldados profesionales, se
debe revisar si se causó por la configuración de una falla del servicio o de un riesgo
excepcional. Una vez presentes tales elementos, la entidad pública demandada se libera de
responsabilidad en primer lugar, demostrando que su actuación fue en grado prudente y
diligente y que no fue omisiva, es decir, que debe acreditar que se adoptaron con diligencia
y cuidado todas las medidas necesarias al realizar la actuación, y por tal razón, no se
compromete la responsabilidad. Igualmente podrá eximirse de responsabilidad, cuando se
demuestre la presencia de una causa extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la
víctima y el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Más adelante concluyó:

“De conformidad con lo anterior, tan solo se acreditó que en desarrollo de una
operación militar Operación de Control Territorial Jamaica, enmarcada en la
operación Epopeya de la Brigada 22, desarrollando un registro con el fin de ubicar
cultivos de uso ilícito en la vereda la Paz del municipio Retorno en Guaviare activó de
forma accidental un artefacto explosivo improvisado (A.E.I.), que le causó la muerte a
SLP [F.A.S.C.].

No obstante, si bien los anteriores hechos fueron imputados por la propia entidad
demandada como causados en el servicio en combate por acción directa del

16
Corte Constitucional, Sentencia T 056 del 2005, M.P.: Jaime Araujo Rentería.
17
Corte Constitucional, Sentencia T 1044 del 2006, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
18
Entre otras, Sentencia del lunes, 4 de diciembre de 2023, Sección Tercera (Subsección C), 13-001-33-310-04-2011-
00275-01, M.P.: Nicolas Yepes Corrales.

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

enemigo, tal como lo refieren tanto el informe administrativo, dicha circunstancia no
acredita que los mismos fueron producto de un sometimiento a un riesgo excepcional,
por tratarse de un riesgo extraordinario que supera los propios de la actividad militar,
ni tampoco que los mismos derivaron de un (sic) falla en el servicio.

Siendo así las cosas, pese a que se alegó que no se contó con el grupo EXDE
observa la Sala que de las pruebas aportadas se realizó la verificación por el grupo
competo (sic) en la zona en que se desarrolló la operación y que tampoco se acreditó
que la entidad demandada tenía pleno conocimiento de la existencia de minas o un
campo minado sobre el lugar específico en el cual se movilizaron las tropas, podría
considerarse la exposición a un riesgo excepcional, lo cual no acaece en el presente
caso, que en todo caso se contó con los elementos para el desplazamiento.

De lo anterior se colige que en este asunto no se configura el defecto sustantivo
invocado, comoquiera que las autoridades accionadas al momento de adoptar la
decisión cuestionada determinaron que el Ejército Nacional de Colombia dio
cumplimiento cabal a los protocolos de prevención del riesgo, es decir, cumplieron
con la carga de demostrar debida diligencia; si bien no mencionaron de manera
directa la utilización del artículo 1604 del Código Civil, si dieron aplicación a su
contenido normativo como sustento para la decisión tomada, por lo que no hubo
ninguna omisión en tal sentido..

Por otra parte, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el ejercicio del
razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma
parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el
juez de tutela cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales que haga necesaria su intervención.

En ese orden de ideas, se concluye que el fallo atacado no incurre en el defecto
sustantivo planteado por la actora, porque la decisión de confirmar la providencia
que declaró probada la excepción de inexistencia de omisión por parte del
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia, planteada por la
parte demandada, no contraviene la normativa aplicable sobre el particular, dado
que fue dictada con observancia de aquella.

2.6.2 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por el
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin

13

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contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que
alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra20.

En el asunto sub examine la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurre en defecto fáctico, porque en su caso no fueron valoradas en debida
forma las pruebas documentales que daban cuenta sobre el elevado riesgo de
sufrir una acción contra el personal militar mediante la instalación de explosivos.

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, en lo pertinente para
este recurso se destaca:

a) Radiograma del 18 de julio del 2018, firmado por Darwin Leonel Leal Mora
en su calidad de comandante del BAFIN 24, donde informó a sus
subalternos que, debido a información de inteligencia, se debían extremar
medidas para evitar ataques terroristas, haciendo la aclaración que durante
el evento se había ordenado la utilización del equipo EXDE.
b) Orden del día No. 131 del 4 de julio del 2018, donde en el componente de
administración y logística nombran al señor Félix Alfonso Sánchez Cabrera
como comandante de Bolívar 2, y se instaba a todo el personal a extremar
las medidas de seguridad; sin otras instrucciones.
c) Radiograma del 19 de julio del 2018, firmado por Darwin Leonel Leal Mora
en su calidad de comandante del BAFIN 24, donde informó el accidente
sufrido por Félix Alfonso Sánchez Cabrera ese día por la activación de una
Mina Antipersona.
d) Informativo Administrativo por Muerte, suscrito por John Mauricio Acuña
Aldana, comandante del BICAM 24, donde informó que, a pesar de los

19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

esfuerzos médicos, el señor Félix Alfonso Sánchez Cabrera falleció en la
ciudad de Bogotá el 20 de julio del 2018, como consecuencia de las
heridas recibidas por la activación de la Mina Antipersona.

Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura
concluyó:

“Siendo así las cosas, pese a que se alegó que no se contó con el grupo EXDE
observa la Sala que de las pruebas aportadas se realizó la verificación por el grupo
competo en la zona en que se desarrolló la operación y que tampoco se acreditó que
la entidad demandada tenía pleno conocimiento de la existencia de minas o un
campo minado sobre el lugar específico en el cual se movilizaron las tropas, podría
considerarse la exposición a un riesgo excepcional, lo cual no acaece en el presente
caso, que en todo caso se contó con los elementos para el desplazamiento.

Así mismo, tampoco puede considerarse que por el solo hecho de movilizarse el actor
se sometió a un riesgo excepcional, pues dicha circunstancia no conlleva a establecer
que se expuso al mismo a un riesgo mayor al que deban afrontar sus demás
compañeros, para considerar la vulneración al principio de igualdad frente a las
cargas públicas, en tanto conforme a las reglas de la experiencia, es claro que en la
actualidad y más por las condiciones del territorio en el cual se adelantaba la
operación militar, los desplazamiento de las tropas de las fuerzas armadas en las
veredas, se realizan caminando.

Con base en lo expuesto, después de efectuar el correspondiente estudio
probatorio, esta sala logra determinar que, contrario a lo aducido por la tutelante,
el Tribunal si realizó un estudio de fondo sobre las pruebas allegadas al proceso
ordinario.

Además, no se encuentra que la valoración sea evidentemente contraria a la
realidad, pues el Tribunal Administrativo, en efecto, identificó de las pruebas
documentales allegadas, la información que se le entregó al señor Félix Alfonso
Sánchez Cabrera como comandante de pelotón para desarrollar la operación de
control territorial Jamaica, que iba encaminada a la ubicación de cultivos ilícitos;
asimismo, el radiograma del 18 de julio del 2018 da cuenta que la recomendación
fue la utilización de equipo EXDE, por lo que el Ejército Nacional tuvo una
respuesta previsible ante cualquier eventual imprevisto.

Por otro lado, no hay evidencia en el expediente que sugiera que, el Ejército
Nacional de Colombia tuviese plena certeza de que en la zona específica donde
ocurrió el incidente se encontrara plantado algún artefacto explosivo.

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Ese grado de incertidumbre, es el que asume con valentía21 el que toma la
decisión de servir a la patria en las FFMM, quien realiza el mayor de los
sacrificios en nombre de la patria; pero dicha confianza se encuentra cimentada
en que la institución, que la cobija, actúa de manera diligente protegiendo dentro a
sus integrantes y disponiendo de los medios necesarios para disminuir la
posibilidad de que un evento adverso llegara a suceder en su contra, dicha
situación se refleja en este caso, pues la actuación del Ejército, brindando las
alertas pertinentes y el equipamiento necesario para afrontar la aleatoriedad de la
guerra, fue suficiente para demostrar, a los ojos del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la debida diligencia frente al resguardo de la vida de sus
integrantes; no implica lo anterior que, el Ejército Nacional pueda prever cualquier
evento adverso que pudiese suceder, siendo que el raciocinio del Tribunal se
basó en una inferencia lógica derivada de la experiencia que ha adquirido en este
tipo de procesos judiciales.

Evidencia entonces la Sala, que la discusión planteada por la demandante en su
escrito de tutela y en la impugnación, se limita a la evidente discrepancia
interpretativa que existe en el criterio que se desprende del análisis probatorio
realizado entre el Tribunal atacado y la tutelante, pues para ambos las pruebas
arrojan valoraciones distintas, pero ello no implica la violación de sus derechos
constitucionales, sino más bien el adecuado ejercicio de la sana crítica, que

21
Sobre la valentía de quienes asumen el servicio a la patria desde las fuerzas militares, la Corte Constitucional, en la
Sentencia C 563 de 1995, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Diaz refirió lo siguiente:

“¿Es jurídicamente exigible la virtud del valor como un deber?

De ordinario, el deber consiste en la exigencia de una conducta que implica el sacrificio de algún interés del actor, o que
contraría la tendencia que busca un objeto gratificante. Pero tal sacrificio está al alcance del ciudadano normal, es decir, no
se requiere de condiciones humanas excepcionales para cumplir los deberes que posibilitan la convivencia. A esa serie de
conductas cuya observancia no implica en general sacrificios heroicos y sin la cual no es pensable la vida comunitaria, la
han denominado algunos teóricos (Fuller, Hart, Findlay) moral o ética del deber, por oposición a una ética de la aspiración,
que apunta hacia la realización de propósitos más altos, constitutivos de lo que los griegos llamaban la Buena Vida, es
decir, la excelencia, la realización humana plena. El mártir, el héroe y el santo son arquetipos representativos de esa forma
de vida, a los que no puede equipararse el hombre común y cuyos patrones normativos rebasan en exceso lo que
razonablemente la moral y el derecho pueden exigir.

La cuestión que entonces se plantea es ésta: ¿es el valor (implícito en el honor militar) una exigencia de la ética del deber
o de la ética de la aspiración? (sic)

En la respuesta que intente darse a esa pregunta, no puede pasarse por alto un hecho: la formación del militar […] es un
adiestramiento permanente dirigido a un objetivo específico: saber afrontar las situaciones de peligro. Ahora bien, es de
suponer que quien se ejercita en una actividad, desarrolla destrezas que se incorporan al repertorio de sus acciones y
reacciones cotidianas, que vistas desde afuera pueden parecer excepcionales y extraordinarias pero que para él deben
aparecer como normales. Por tanto, en ese campo específico la exigencia que para otro podría ser desmesurada, para él
es razonable: afrontar un combate, no huir, no hacer manifestaciones de pánico. La valentía, entonces, así entendida, y
vinculada al honor militar, se revela como una destreza exigible de quien se ha preparado para adquirirla, y el no poseerla
sería tan vergonzoso (¡deshonroso!) como lo sería para quien ha recibido adecuado entrenamiento en el quirófano, no ser
capaz de realizar una operación de cirugía corriente. […]”.

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

permite llegar al juez al convencimiento necesario para dar por probados los
hechos alegados por quienes acuden a la jurisdicción.

Este defecto solo se reserva para aquellos casos que, habiendo seguido
adecuadamente las formas propias de cada proceso, ignoran las reglas propias
de la sana crítica22, la objetividad, la legalidad o los parámetros mínimos de la
argumentación judicial23, situaciones que no acontecieron en este proceso que
nos ocupa.

III. DECISIÓN

Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud, para en su lugar negar el amparo; debido a que
los efectos prácticos son los mismos, la Sala confirmará la sentencia del 14 de
marzo del 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el
entendido que se negarán las pretensiones de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo del 2024, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, en el sentido de negar el amparo solicitado por la señora Marisol
Saavedra Rodríguez en representación de su hijo Samuel Sánchez Saavedra, por
las razones expuestas en la motivación de esta providencia.

2º. NOTIFÍQUESE este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

22
La lógica, la ciencia y la experiencia.
23
Corte Constitucional, Sentencia T 074 del 2018, M.P.: Luís Guillermo Guerrero Pérez.

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Actora: Marisol Saavedra Rodríguez y otro.

3º. COMUNÍQUESE la presente decisión a la Sección Segunda - Subsección “A”.
de esta Corporación y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

18

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