Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00691-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00691-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00691-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de mayo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00691-01
Accionante: Juan López Rico
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00691-01
Accionante: Juan López Rico
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Juan López Rico
en contra del fallo de tutela proferido el 21 de marzo de 2024 por la
Sección Quinta de esta Corporación.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Juan López Rico, en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental
de petición, presuntamente vulnerado por las accionadas.
Señala que, el 15 de enero de 2024, radicó vía correo electrónico1 derecho
de petición ante la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior
de la Judicatura y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá con el fin
de que, de una parte, la autoridad judicial le hiciera entrega de pruebas
relacionadas con un proceso ejecutivo hipotecario bajo el radicado núm.
11001-31-03-004-2004-00474-002 y, de otra, para que la dos primeras
autoridades hicieran seguimiento al derecho de petición.
Como pretensión solicitó que se le ampare el derecho fundamental de
petición y, en consecuencia, se ordene dar respuesta a la petición
presentada el 15 de enero de 2024.
1
El derecho de petición fue remitido a las entidades a los siguientes correos electrónicos:
vigilanciadederechodepeticion@procuraduria.gov.co, ccto04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co y cobregos@cendoj.ramajudicial.gov.co
2
Proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el señor Duverney Ramírez Herrera – Cesionario Fabio Guiza
Santamaria contra Arcenio Arciniegas Borja, Sandra Patricia Pacheco Gattas, Comvecol E.U- Comercializadora
de vehículos para Colombia.
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Accionante: Juan López Rico
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
2.1. El 15 de febrero de 2024, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela, ordenó la notificación de las accionadas y
vinculó a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, mediante auto
de 28 de enero de 2024, ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y a la señora Cielo Mar Obregón Salazar en
calidad de tercero con interés.
2.2. El Juzgado Cuarto Civil de Bogotá, presentó informe en el que
solicitó no acceder a las pretensiones, en razón a que el accionante ha
presentado múltiples peticiones ante ese Despacho, así como acciones de
tutelas, vigilancias judiciales y vigilancias ante la procuraduría, las cuales
tienen como origen la actuación surtida por quien en su momento fungió
como juez la doctora Cielo Mar Obregón Salazar, en su condición de
comitente, para realizar la diligencia de entrega de un terreno dentro de
un proceso ejecutivo.
Refirió que el accionante ha elevado al despacho en múltiples ocasiones
la solicitud de copias, a la cual siempre se le ha dado el respectivo trámite.
Remitió la documentación que acredita que el señor López Rico ha
radicado diversos memoriales mediante los cuales ha requerido copias y
ha manifestado e insistido en su inconformidad en relación con el trámite
surtido en la diligencia de entrega de inmueble llevada a cabo el 22 de
octubre de 2010, proceso sobre el cual versa la petición objeto de la
presente acción constitucional.
Señaló que, el actor también ha presentado múltiples solicitudes de
vigilancia judicial ante el Consejo Seccional de la Judicatura, la
Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, las cuales han versado sobre el trámite de entrega del inmueble
adelantado en octubre de 2010, es decir, sobre los mismos hechos
relativos a la petición objeto de la presente acción constitucional,
solicitudes que han sido negadas y archivadas en su totalidad. Para el
efecto citó:
• Vigilancia Judicial ante la Procuraduría, con radicado SIGDEA
E2021-362823
• Vigilancia Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura, conocida por
su despacho y comunicada al suscrito mediante oficio CSJBTO21-
479.
• Ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con
radicado 11001250200020210354100
• Las tutelas con radicados 11001-22-03-000-2021-01272-00;
11001-22-03-000-2021-01868-00 y 11001-22-03-000-2022-
02441-00 y 110012203 000 2023 01332 00, 11001-22-03-000-
2023-019204-01 todas conocidas por el Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Civil-.
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• Vigilancia Judicial ante el Consejo Seccional de la Judicatura
conocida por el despacho de la Dra. Emilia Montañez de Torres con
radicado 2023/1502
• La última de las vigilancias ante el Consejo Seccional de la
Judicatura es conocida por la Dra. Paola Palacios Pulido con radicado
2023/2441
2.3. La Procuraduría General de la Nación, presentó informe en el que
señala que el accionante no dirige la acción contra la Procuraduría General
de la Nación, así como tampoco denuncia amenaza o vulneración de sus
derechos por parte del ente de control puesto que ha actuado en el marco
de sus competencias.
Mencionó que, el 19 de febrero de 2024, dio traslado de la petición objeto
de la presente tutela al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de Bogotá
y comunicó dicha actuación al interesado mediante oficio de la misma
fecha, el cual fue remitido al correo jl280532@gmail.com. Sostuvo que,
por tanto, operó el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado, en la medida que dio el respectivo trámite a la solicitud
presentada por el señor López Rico.
Señaló que, el 24 de enero de 2024, la Procuraduría le indicó al accionante
que lo solicitado ya había sido objeto de pronunciamiento, así:
“La Procuraduría no cuenta con facultad para forzar respuestas
distintas a las que puedan ofrecer a sus peticiones de manera directa
los funcionarios judiciales de acuerdo con las actuaciones que en su
momento hayan desplegado con el soporte documental que tengan a
su disposición.
El ente de control tampoco tiene potestades disciplinarias, ni está
prevista como una instancia adicional en el trámite de los procesos
ante la jurisdicción ordinaria. Como se le ha informado antes, sus
inconformidades asociadas a la conducta de los jueces en ejercicio de
sus funciones, si usted considera que constituyen falta, deben
tramitarse ante la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina
Judicial.”
2.4. El Consejo Superior de la Judicatura, presentó contestación en la
que señala que tuvo conocimiento de la petición elevada el 15 de enero
de 2024, con ocasión al trámite de la presente acción constitucional.
Señaló que de las pruebas aportadas al proceso se acreditaba que el
escrito en cuestión fue radicado a través del correo
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual pertenece a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
Concluyó que no está llamado a responder o cumplir las órdenes que se
expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del
accionante, dado que la petición no fue radicada en los canales de
3
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comunicación de esa corporación y tampoco ha sido remitida por las
autoridades ante las cuales se radicó.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta de esta Corporación mediante providencia del 21 de
marzo de 2024, negó el amparo solicitado, al considerar que no se ha
vulnerado el derecho fundamental invocado, en razón a que la petición es
reiterada y se ha dado un ejercicio abusivo del derecho de petición por
parte el accionante. Específicamente, indicó:
“(…) 59. A su vez, el señor López Rico en su escrito de tutela puso de
presente que ha elevado esta petición en varias ocasiones y, a pesar
de ello, no ha obtenido las respuestas requeridas. Al respecto, agregó
que el juzgado demandado «toma como excusa» que ya ha
respondido a las múltiples solicitudes que ha radicado y, en tal
sentido, no le ha otorgado lo que ha pedido insistentemente.
60. En este orden de ideas, la sala concluye que la solicitud sobre la
cual versa el presente mecanismo de amparo es una petición
reiterativa que el señor López Rico ha elevado en diversas
oportunidades. En efecto, de conformidad con el material probatorio
que reposa en el expediente, los informes allegados principalmente
por el juzgado accionado y la Procuraduría General de la Nación y lo
relatado por el mismo actor, esta solicitud es sustancialmente idéntica
a otras que ha radicado con antelación.
61. Al respecto, la Corte Constitucional3 ha establecido que, de
conformidad con el inciso segundo del artículo 194 de la Ley 1755 de
2015, entre las condiciones que debe cumplir toda petición «se
destaca la no reiteración de las solicitudes planteadas». De tal forma,
ha dispuesto el alto tribunal que el ejercicio de este derecho
fundamental no obliga a la autoridad a que, una vez haya respondido
al solicitante, deba repetir de forma indefinida la misma respuesta
frente a nuevas peticiones, cuando lo solicitado sea sustancialmente
lo mismo que en otras oportunidades haya requerido.
(…)
63. A su vez, aquel órgano de cierre5 ha establecido que el derecho
fundamental de petición implica unas obligaciones, entre las cuales
está que no exista un abuso en su ejercicio, dado que ningún derecho
es absoluto. En relación con la noción de abuso del derecho, la corte
ha sostenido que con ella se hace alusión a ciertas situaciones en las
que una norma o un derecho subjetivo se ejerce de tal forma que
desvirtúa el objetivo jurídico y la finalidad que persigue. Por tanto,
esto se configura cuando existe un uso anormal, imprudente,
3
Al respecto, ver: Sentencia T- 414 de 1995. Reiterada en: Sentencia SU-191 de 2022 y Sentencia C-951 de
2014.
4
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores,
salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar
requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.
5
Sentencia T-1075 de 2003.
4
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inconducente, malintencionado o excesivo en relación con la
proyección social con la que fue concebido.
64. En virtud de lo expuesto, la sala concluye que no se ha configurado
una vulneración del derecho fundamental de petición del actor, pues
se evidencia que la solicitud radicada el 15 de enero del 2024 obedece
a una petición reiterada en múltiples ocasiones y a la cual las
entidades han dado el respectivo trámite.
65. En efecto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de Bogotá
acreditó que ha dado en varias ocasiones una respuesta de fondo,
clara y congruente con lo que ha solicitado el actor, en el marco de su
competencia. Lo anterior, dado que, en relación con la solicitud de
material probatorio y otras documentales, la autoridad judicial solicitó
el desarchivo del respectivo expediente y estuvo desde el 26 de junio
de 2021 a disposición del actor. Incluso, el 21 de julio del mismo año
ordenó la remisión de una copia del acta de la diligencia sobre la cual
versa la petición estudiada.
66. Por su parte, en relación con la petición de que se acreditara que
en el trámite de entrega de inmueble se respetó el debido proceso y
las demás garantías constitucionales y ritualidades propias de esta
actuación, el 14 de julio de 2021 el juzgado le indicó al accionante que
no era posible dar respuesta frente a ello pues fue una diligencia
adelantada por el juzgado en descongestión que se comisionó con
dicho fin. A su vez, ante las múltiples solicitudes reiterativas, la
autoridad se remitió a lo ya respondido y también trasladó la petición
a la señora Cielo Mar Obregón Salazar, quien fue titular de dicho
despacho comisionado que adelantó el proceso en cuestión.
67. También se probó que el 8 de octubre de 2021 la señora Obregón
Salazar dio respuesta a la solicitud y explicó a detalle el procedimiento
que adelantó el despacho y el marco normativo que fundamentó el
trámite. A su vez, dada la reiteración de la solicitud, remitió en
diversas ocasiones a la respuesta ya dada con antelación.
68. En este orden de ideas, se concluye que las autoridades
accionadas han dado en diversas ocasiones el respectivo trámite y han
brindado una respuesta de fondo, clara y congruente a lo que
reiterativamente ha solicitado el señor López Rico. Ahora bien, la sala
no desconoce que el juzgado no acreditó que haya dado trámite a la
solicitud radicada el 15 de enero de 2024.
Sin embargo, ante esta situación no es posible acceder a un amparo
del derecho fundamental, al tratarse de una petición reiterativa y, a
su vez, de un ejercicio abusivo del derecho de petición, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aunado
a que se probó que se le garantizó el acceso al expediente al actor, de
tal forma que pudiera tener a su alcance los medios de prueba que ha
requerido de forma insistente. En efecto, es evidente que su uso
excesivo deviene, en el caso en concreto, en un ejercicio imprudente,
inconducente y alejado del objetivo de esta garantía constitucional y
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acceder a su amparo implicaría un desvío de la finalidad con la que
fue prevista y concebida en el ordenamiento.
(…)”.
IV. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, el accionante presentó escrito de
impugnación, en el cual señaló que su petición no es repetitiva, “tan solo
exije (sic) y pide el amparo y protección al derecho de obtener las prueba
solicitadas”.
Asegura que, “ustedes se excusan y protegen unos con otros y dan
respuestas sin aportar las pruebas (…) paresiera (sic) que hay protección
y amparo y prioridades en favor de los titulares del juzgado cuarto y 14”,
dado que, en su sentir, nadie les exige que hagan entrega de las pruebas
solicitadas.
Reitera que, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, debe contar con
los planos de mayor extensión del predio y manzana catastral, el cual se
niega hacer entrega del mismo.
Asimismo, reprocha que el titular del juzgado y la señora Cielo Mar
Obregón quien realizó la diligencia de entrega no se ajustaron a las
normas constitucionales y garantía del debido proceso ya que: “[…] 1. No
tomaron registro de todas las construcciones en especial a la dirección
calle 93 B N. 2-22 sur. 2. No notificaron a las personas que ocupaban la
dirección calle 93 B N. 2-22 sur y mucho menos a mi nombre y núcleo
familiar. 3. En el expediente no hacen mención de la dirección calle 93 B
N. 2-22 sur y mucho menos que cuenta con servicios públicos. 4. No
tienen en el expediente inventarios y estado de la vivienda calle 93 B N.
2-22 sur. El señor juez cuarto no se sujetó al debido proceso no se con
que fin o razón o circunstancia o propócitos (sic). no reconocieron la
construcción calle 93 B N. 2-22 sur y a mi y núcleo familiar. Señor Germán
Peña Beltrán y actualmente estoy hay lo invito que aga (sic) presencia a
la dirección o a la autoridad que tenga competencia y confirmen la
dirección y ocupantes. […]”
Señala que por medio de la impugnación se investigue de fondo el
expediente y se verifiquen las irregularidades en que incurrió el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado comisionado para la
entrega del inmueble.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. La competencia de la sección
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
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noviembre de 19916, en concordancia con el numeral 8 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 7, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 8, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
5.2. Análisis de la sala
Respecto de los derechos de petición presentados dentro de un proceso
judicial, la Corte Constitucional10 ha señalado que, si bien es cierto puede
ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la
obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten11,
también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial
está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas
del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales
contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en
su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio12”.
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de
petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas
frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos
de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que
por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la
6
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con
el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la
práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su
juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el
fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
7
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
8
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril
de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
10
Corte Constitucional, sentencia T 394 de 2018
11
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
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administración13 y, en especial, de la Ley 1755 de 201514. (Destaca la
Sala)
En el mismo sentido, esta Sala precisó que el derecho de petición que se
ejerce ante autoridades judiciales, su amparo no resulta procedente por
vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso
que guarden relación directa con la litis15.
Así, si la petición está relacionada con actuaciones administrativas
adelantadas por el juez, el trámite estará regulado por la Ley 1755 de
2015; y si la petición se presenta con el fin de impulsar una actuación
judicial u obtener pronunciamiento relativo a la litis estará sometida a las
reglas propias del proceso judicial.
5.3. Caso en concreto
El accionante a través de este mecanismo constitucional pretende que el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, le haga entrega de pruebas
que obran en la diligencia de entrega llevada a cabo el 22 de octubre de
2010 dentro del proceso ejecutivo con radicado 2004-00474-00, así como
que se indique si en dicha diligencia se respetó el debido proceso.
Específicamente, en la petición indica:
“1. El señor German Peña Beltran, titular del Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá tiene conocimiento del expediente No. 11001001-
31-03-004-2004-474-00, proceso ejecutivo hipotecario número
comisorio 087. El juez mencionado llevó el proceso desde su principio,
por lo cual pido que me de respuestas claras.
2. Pido a las autoridades que tengan en cuenta las pruebas aportadas
más abajo. Del mismo modo, que me demuestren que el titular del
expediente estuvo sujeto al debido proceso y brindó las garantías de
este, y confirmen si se cumplieron los protocolos sujetos a las normas
constitucionales.
3. Pido las pruebas de porqué la jueza Cielo Mar Obregón Salazar
ordenó demoler parte de la construcción en la que se encontraba la
microempresa que yo manejaba, en vista de que en esta tenía una
microempresa y vivía con mi núcleo familiar.
13
Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T
267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-2015A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo
14
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00,
en la que se indicó que: En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente
a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a
la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
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(…)
5. Le solicito a las entidades que se le haga seguimiento al caso del
que he hecho mención en el presente escrito, con el fin de que el
titular del Juzgado Cuarto y la titular del Juzgado Catorce de
Descongestión me enseñen los planos de mayor extensión de la fecha
de entrega del predio, para que ellos indiquen cuales construcciones
habían en el predio No. 1, el cual acoge otro predio No. 4, cuya
dirección corresponde a Calle 93B No. 2-22 Sur. Esto se puede
corroborar en el plano de la manzana catastral y otras pruebas que
indican la presencia de una casa, algo que no es admitido dentro del
expediente.
6.Pido a las autoridades correspondientes de confirmar que las
respuestas que me han hecho llegar coincidan con las pruebas que
solicito. Sí, han respondido a mis derechos de petición y tutelas, pero
en ninguna de esas contestaciones se han asegurado de dar las
pruebas como: 1) que el señor juez Beltrán demuestre que no había
ninguna casa en el predio No. 1, por lo cual, mucho menos habrían
servicio públicos; 2) que se demuestre que yo fui desalojado, y en
caso de haberlo sido, de cual predio fue; 3) me demuestre que las
construcciones que se encontraban dentro del predio N. 1 fueron
demolidas; 4) enseñen el acta de cómo se encontraba el predio No. 1
antes de su entrega y después de esta; y, 5) que me alleguen las
pruebas que indiquen que no había ninguna construcción, no casetas
inhabitables, dentro de este predio. A todo esto siempre parece que
lo evaden. (…)”
De la revisión de las pruebas aportadas en el trámite constitucional se
advierte que en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá se tramitó
un proceso ejecutivo hipotecario bajo el radicado núm. 11001-31-03-004-
2004-00474-00, el cual terminó con la diligencia de entrega de cuotas
partes de unos inmuebles ubicados en la localidad de Usme al respectivo
adjudicatario, la cual fue llevada a cabo los días 16 de septiembre, 1 y 22
de octubre de 2010. En la mencionada diligencia los señores Guiza
Santamaria y Juan López Rico presentaron oposición argumentando que
eran poseedores de buena fe desde hace 8 años, oposición que fue
negada por el Juzgado 14 Civil Municipal de Descongestión.
Realizada la anterior precisión, es a partir de allí que el señor Juan López
Rico, accionante dentro del presente trámite, ha presentado varios
derechos de petición ante el juzgado que tramitó el proceso ejecutivo
hipotecario con el fin de que el juez se pronuncie sobre las órdenes
emitidas al interior del proceso y de la diligencia, así como con el fin de
que se le entreguen pruebas de ese proceso.
Así mismo, se advierte que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, ha dado
diferentes respuestas a las peticiones presentadas por el accionante,
desde ordenar el desarchivo del proceso, para que el accionante lo revise
y tome copia de las piezas procesales que pudiera requerir, hasta remitir
las peticiones a quien adelantó la diligencia de entrega (la señora Cielo
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Mar Obregón Salazar), quien de igual forma brindó respuesta a dichas
peticiones, pronunciamientos que en el sentir del accionante no dan
respuesta a sus interrogantes.
A modo de ejemplo, se citan algunas de las respuestas remitidas al
accionante a las peticiones relacionadas con la diligencia de entrega
dentro del proceso ejecutivo:
• El 25 de junio de 2021 se le informó al accionante por parte del juzgado
4 Civil del Circuito de Bogotá el desarchivo del expediente 2004-00474-
00 y se le asignó una cita para comparecer con el fin de que pudiera
consultarlo.
• Mediante providencia de 13 de julio de 2021 el Juzgado 4 Civil del
Circuito de Bogotá informó al accionante que, revisada su petición, la
misma tiene relación con la diligencia de entrega efectuada los días 16
de septiembre y 1 y 22 de octubre de 2010 dentro del expediente 2004-
00474-00 llevada a cabo por el Juzgado 14 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá vigente para la época, razón por la cual no le
era posible a dicho juzgado pronunciarse sobre una diligencia que no
realizó. Por lo anterior, remitió la petición a la señora Cielo Mar
Obregón Salazar, quien fue titular del extinto juzgado al momento de
adelantarse la diligencia cuestionada. La anterior providencia fue
remitida al accionante el 4 de agosto de 2021.
• El 8 de octubre de 2021 la señora Cielo Mar Obregón Salazar en su
calidad de ex jueza del extinto juzgado 14 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá dio respuesta al accionante sobre las
inquietudes del procedimiento adelantado en la diligencia de entrega
de inmueble y el marco normativo sobre el cual se tramitó, la cual fue
remitida el 11 de octubre de 2021.
• El 4 de noviembre de 2021 la señora Cielo Mar Obregón Salazar en su
calidad de ex jueza del extinto juzgado 14 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá da respuesta a la petición del 11 de octubre
de 2021, en la que indica que lo solicitado corresponde a una petición
reiterativa ya resuelta, la cual es remitida al accionante el 5 de
noviembre de 2021.
• El 21 de julio de 2022, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogotá profirió
auto en respuesta a la petición del accionante del 30 de junio de 2022,
en la que le informa que las pruebas requeridas relacionadas con la
diligencia de entrega dentro del proceso ejecutivo que practicó el juez
comisionado se encuentran en el acta de la diligencia, para lo cual
remite copia del acta al interesado. Le indicó que respecto de la
solicitud de informar si se cumplió o no el debido proceso, no tiene
competencia para pronunciarse al respecto y que a la fecha ya ha
presentado varias acciones de tutela y quejas disciplinarias a las cuales
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se les había dado el respectivo trámite. Le informó que toda la
actuación se encontraba en la foliatura del expediente y lo invitó a
revisarlo y, de ser el caso, solicitar las copias que requiriera. A su vez,
le pidió abstenerse de seguir presentando peticiones reiterativas. Dicha
providencia le es remitida el 22 de julio de 2022.
• El 21 de septiembre de 2023 la señora Cielo Mar Obregón Salazar en
su calidad de ex jueza del extinto juzgado 14 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá da respuesta a la petición del accionante del
20 de septiembre de 2023, en la que realiza un recuento de las
respuestas que le ha brindado y reitera que debe remitirse a la
actuación surtida dentro de la comisión y a las contestaciones
otorgadas y remitidas en los meses de octubre y noviembre de 2021 y
10 de julio de 2023. Comunicación remitida al accionante ese mismo
día vía correo electrónico.
• Mediante providencias de 8 de marzo y 18 de octubre de 2023 el
Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogotá reitera lo ya informado al
accionante.
El juez de primera instancia negó la solicitud de amparo al estimar que la
petición sobre la cual versa el presente mecanismo de amparo es
reiterativa, de conformidad con el material probatorio que reposa en el
expediente, los informes allegados principalmente por el juzgado
accionado y la Procuraduría General de la Nación y lo relatado por el
mismo actor, ya que la solicitud es sustancialmente idéntica a otras que
ha radicado con antelación.
Señaló que las autoridades accionadas han dado en diversas ocasiones el
respectivo trámite y han brindado una respuesta de fondo, clara y
congruente a lo que reiterativamente ha solicitado el accionante. Indica
que, si bien el juzgado no acreditó que haya dado trámite a la solicitud
radicada el 15 de enero de 2024, no es posible acceder a un amparo del
derecho fundamental, al tratarse de una petición reiterativa y, a su vez,
de un ejercicio abusivo del derecho de petición, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ahora bien, el accionante impugna la anterior decisión, para lo cual señala
que la petición no es repetitiva y que lo que exige es que se aporten las
pruebas solicitadas, que se revisen y valoren dichas pruebas y que si las
autoridades judiciales actuaron bajo la garantía del debido proceso. Así
mismo, señala actuaciones que, en su criterio, no fueron desarrolladas
por las autoridades judiciales que conocieron del proceso ejecutivo.
Para decidir lo pertinente, es preciso reiterar que, de conformidad con la
jurisprudencia, las solicitudes relacionadas con los procesos judiciales no
tienen la naturaleza de derecho de petición, pues el legislador ha
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establecido diferentes mecanismos para su impulso16. En ese orden, el
derecho de petición es improcedente para efectuar solicitudes
relacionadas con los procesos judiciales, toda vez que las mismas están
sujetas a las reglas especiales, reguladas por el estatuto procesal
correspondiente.
Ahora bien, en el caso particular, el actor ha presentado diferentes
peticiones con el fin de solicitar información y manifestar sus
inconformidades sobre una diligencia de entrega dentro de un proceso
ejecutivo en la que asegura le afectaron sus intereses, trámite que se le
ha dado respuesta, de un lado, mediante los mecanismos previstos en el
procedimiento judicial con el desarchivo del expediente y expedición de
copias y, de otro, con diferentes respuestas dirigidas al accionante por
parte de quienes intervinieron en el proceso ejecutivo explicando la
actuación adelantada.
Sin embargo, lo que se observa es que, con la presentación de derechos
de petición y acciones de tutela, así como con la impugnación al fallo de
primera instancia, el accionante insiste en manifestar sus
inconformidades con el trámite adelantado en la diligencia de entrega que
se adelantó dentro del proceso ejecutivo, utilizando los mecanismos que
establece el ordenamiento jurídico de manera inadecuada.
En ese sentido, esta Sala comparte la decisión del a quo, al señalar que,
si bien no obra respuesta a la petición del 15 de enero de 2024, lo cierto
es que dicha solicitud es reiterativa respecto de peticiones anteriores a
las cuales se les ha dado el correspondiente trámite, tanto dentro del
proceso judicial como mediante respuestas a los derechos de petición, por
lo que no se advierte una vulneración a dicha garantía constitucional.
De otro lado, en cuanto a la petición realizada por el accionante en el
escrito de impugnación sobre “abrir investigación” sobre el procedimiento
adelantado en el proceso ejecutivo hipotecario por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Bogotá, se debe señalar que la acción de tutela no es el
mecanismo previsto por el ordenamiento para investigar las actuaciones
disciplinarias de las autoridades judiciales, por lo que si el accionante
estima que se presentó alguna falta disciplinaria dentro del trámite
judicial se deberá remitir a la autoridad competente para que dicha
autoridad dentro de sus competencias adelante la investigación
correspondiente.
Por lo anterior, en razón a que no se observa una transgresión al derecho
de petición, sino que, por el contrario, la utilización del derecho de petición
para expresar la censura reiterada de inconformidades a las decisiones
adoptadas en un proceso judicial, se confirmará la decisión de primera
instancia proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.
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Corte Constitucional, sentencias: T 311 de 2013, T 394 de 2018 entre otros fallos.
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Accionante: Juan López Rico
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia del 21 de marzo de 2024, dictada
por la Sección Quinta de esta Corporación.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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