Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00699-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00699-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00699-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de junio de 2024
Demandante: Gerardo Antonio Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00699-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00699-01
Demandante: GERARDO ANTONIO MARULANDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Reliquidación pensión.
Modifica la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia de 4 de marzo de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
de la referencia respecto de unos cargos y negó el amparo en lo demás.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Gerardo Antonio Marulanda, en nombre propio, radicó acción de tutela el
13 de febrero de 2024, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad
social, a la igualdad, a mantener del poder adquisitivo de la pensión, así como del
principio de in dubio pro operario.
Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 15 de
agosto de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, confirmó la providencia de 13 de marzo de 2010 dictada por el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que
negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió el actor contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. La referida causa se identificó con el radicado 05001-33-33-033-2018-
00421-01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al mantenimiento del poder adquisitivo
de mi pensión, debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad
social, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la
Corporación violado.
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Demandante: Gerardo Antonio Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SEXTA DE DECISIÓN el 15 de agosto de
2023 en el proceso con Rad.050013333 033 2018 00421 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso, el
poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones de
vida logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación
del entendimiento más favorable de las normas laborales.
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y
restablecer mis derechos fundamentales. […].1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
El señor Gerardo Antonio Marulanda manifestó que se desempeñó como agente al
servicio de la Policía Nacional por más de 21 años, razón por la que la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante CASUR), expidió la
Resolución 410 de 10 de febrero de 1988 a través de la cual le reconoció la
asignación de retiro, de conformidad con el Decreto 2063 de 1984.
Las solicitudes de reliquidación de la asignación de retiro, consistentes en que se
computara el 100% de la prima de actividad que devengaba al momento de su retiro
y el porcentaje adicional establecido en los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004,
fueron resueltas de manera desfavorable por CASUR, mediante los Oficios E-
02827-201700056-CASUR Id: 198014 del 03 de enero de 2017, 4798 / GAG SDP
20 de junio de 2008, 108 / GAG-SDP 16 de enero de 2012, E-00003-201807077-
CASUR Id:318139 del 18 de abril de 2018 y E-119-OAJ-201809469-CASUR
Id:328202 del 25 de mayo de 2018.
Con ocasión de lo anterior, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos referidos, asunto
del cual conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín que, con sentencia de 13 de marzo de 2020 negó
las pretensiones de la demanda al considerar que el Decreto 4433 de 2004 no es
aplicable a su situación jurídica. Lo anterior, debido a que: (i) en la mencionada
norma no se establece el reconocimiento de porcentajes especiales respecto del
personal retirado; y (ii) el derecho a la asignación de retiro y demás pensiones
cobijadas por ese régimen, están supeditadas a unas condiciones sustancialmente
diferentes a las que se preveían en las normas anteriores.
El recurso de apelación se sustentó en que, en el marco de la interpretación más
favorable, el artículo 1. ° de la Ley 923 de 2004, el Decreto 2070 de 2003 y el
Decreto 4433 de 2004 sí son aplicables al personal retirado que percibía la
asignación de retiro a la entrada en vigencia de dichas normas, por lo que aclaró
que su solicitud no consistió en que se accediera a la aplicación retroactiva de la
ley.
1 Transcrito de texto original con énfasis y posibles errores.
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El recurso de alzada lo desató el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión mediante providencia de 15 de agosto de 2023, en el sentido de
confirmar la decisión de primer grado luego de concluir que el Decreto 2070 de 2003
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-243 de 2004.
Además, precisó que el Decreto 4433 de 2004 se encontraba sujeto a las
condiciones estipuladas en la Ley 923 de 2004, en la que se fijó que el alcance de
esta regulación solo incidía en las situaciones jurídicas que se configuraran a partir
de su vigencia, esto es, el 30 de diciembre de 2004.
En ese orden, resaltó que, al momento en que se produjo el retiro del señor Gerardo
Antonio Marulanda, la norma que se encontraba en vigor era el Decreto 2063 de
1984.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse al cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
alegó que en el presente caso se configuraron los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.
Indicó que la decisión censurada incurrió en el yerro sustantivo por cuanto no se
aplicó la norma más favorable para el trabajador. A su juicio, su caso debía
resolverse con fundamento en el Decreto 4433 de 2004, debido a que con este
régimen se garantiza su derecho a mantener el poder adquisitivo de la asignación
de retiro, como lo reconoce la Constitución Política de 1991.
Adujo que las normas que regulan la asignación de retiro del suscrito, «en especial
la Ley 4 de 1992 Art. 2 literal a, Art. 10 y Art. 13, y el Art. 1 de la Ley 923 de 2004
admiten una interpretación más favorable para el trabajador, que permite el reajuste
de la prestación periódica en cuanto a las partidas computables, con respeto de los
derechos adquiridos conforme a normas anteriores»2.
De otro lado, refirió que se desconocieron las sentencias C-891A de 1 de noviembre
de 2006, C-926 del 08 de noviembre de 2006, C-568 del 19 de octubre de 2016, C-
281 de 1994, SU-1073 de 12 de diciembre de 2012, SU-131 de 13 de marzo de
2013, SU-415 de 2 de julio de 2015, y C-281 de 1994 de la Corte Constitucional en
las cuales se indicó que los beneficiarios del sistema pensional tienen derecho a la
protección del poder adquisitivo de sus pensiones.
Por último, acotó que se violó directamente la Constitución, habida cuenta de que
con la sentencia censurada se transgredieron sus prerrogativas fundamentales al
debido proceso, a la vida, a la igualdad y al mínimo vital porque no se le garantiza
el poder adquisitivo de la asignación.
2 Cita del texto original con posibles errores.
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 15 de febrero de 2024, el despacho ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión en calidad de entidad
demandada, y dispuso la notificación como terceros con interés de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y del Juzgado Treinta y Tres Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín.
Finalmente, requirió a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001-33-33-033-2018-00421-01, y negó la solicitud probatoria relacionada con el
decreto de una inspección judicial al referido proceso.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
medios electrónicos, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
El ponente de la decisión de 15 de agosto de 2023 solicitó que se niegue la solicitud
de amparo de la referencia en atención a que no se demostró que la vulneración de
derechos fundamentales alegada, debido a que la decisión reprochada se dictó con
sustento en el marco normativo y judicial vigente en materia de la prima de actividad
como partida computable de la asignación de retiro.
1.6.2. CASUR
La entidad solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que, la inconformidad del señor Gerardo Antonio Marulanda
está dirigida a atacar la decisión adoptada por el tribunal demandado en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra CASUR,
por lo tanto, precisó que no se refirió ninguna acción u omisión de la caja, que sea
la causa de la aludida transgresión. Finalmente, adujo que la acción de tutela se usó
como especie de una tercera instancia del medio de control ordinario.
1.6.3. Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
El titular de ese despacho manifestó que no cuenta con legitimación en la causa por
pasiva en el trámite de la referencia, debido a que la solicitud de amparo está dirigida
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.
Adicionalmente, resaltó que este mecanismo no cumple con los requisitos de
procedencia, y lo que se pretende es utilizarla como una instancia adicional al
proceso natural.
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1.7. Sentencia de primera instancia3
En providencia de 4 de marzo de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de la referencia al concluir
que el sub lite no satisfizo el requisito de relevancia constitucional respecto de los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, en atención a que el
debate propuesto en esta oportunidad es una iteración de los argumentos expuestos
y debatidos al interior del proceso ordinario.
De otro lado, estudió de fondo el cargo por desconocimiento de precedente de las
sentencias de constitucionalidad invocadas por la parte actora como desatendidas
por el tribunal demandado, y determinó que ninguna de esas providencias
presentaba similitud fáctica y jurídica con el caso objeto de atención, por lo que no
se acreditó la vulneración de derechos fundamentales.
Por último, resolvió de manera negativa las solicitudes de desvinculación
presentadas por CASUR y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín,
debido a que dichas entidades fueron vinculadas por tener interés en el resultado
del trámite de la referencia, por haber fungido como entidad demandada y juez de
primer grado en el proceso ordinario, respectivamente.
1.8. Impugnación
Con escrito allegado oportunamente el 15 de marzo de 2024, la parte actora insistió
en los argumentos que planteó en el escrito inicial y solicitó que se revoque la
sentencia de primer grado, para, en su lugar, acceder al amparo deprecado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 4 de marzo de 2024, por medio del cual la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió en primera instancia la acción de tutela, de
conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo
80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 4 de marzo de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, declaró la improcedencia de esta solicitud de
amparo.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
.3 Notificada vía electrónica el 15 de marzo de 2024.
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requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y ella misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la referida
Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial.
A partir de las anteriores directrices se entrará a estudiar los requisitos generales
de procedibilidad en el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. En cuanto a la relevancia constitucional, la Sala advierte que, en
consonancia con a lo señalado por el juez de primera instancia, en el sub examine
no se cumple el presupuesto de la referencia, marco en el cual los argumentos
expuestos por el señor Gerardo Antonio Marulanda no satisfacen las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate
que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.8
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
8 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
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desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».10
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general”11. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»12.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso13, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u
omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación
de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.
2.4.1.1. Ahora bien, al descender al análisis de los cargos esbozados por el señor
Gerardo Antonio Marulanda, se advierte que el asunto se circunscribe a un debate
meramente legal, al haberse cimentado en que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión incurrió en un defecto sustantivo y en violación
directa de la Constitución en la sentencia 15 de agosto de 2023, comoquiera que,
no se aplicaron las normas más favorables al momento de decidir el caso concreto,
puesto que, de conformidad con la Constitución Política de 1991, a todas las
personas que perciben una pensión o asignación de retiro se les debe garantizar su
derecho a mantener el poder adquisitivo de la prestación.
En ese sentido, indicó que su situación jurídica debía resolverse con fundamento en
el Decreto 4433 de 2004, por lo que, dicha omisión derivó en la violación de sus
prerrogativas fundamentales al debido proceso, a la vida, a la igualdad y al mínimo
vital.
10 Sentencia SU-573 de 2019.
11 Ibídem.
12 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
8
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Lo anterior deja al descubierto que la discusión que se propuso en este medio
subsidiario es, en síntesis, netamente de interpretación legal, comoquiera que su
inconformidad se circunscribe al presunto error de la judicatura censurada al
resolver el proceso ordinario con fundamento en un marco jurídico que, a juicio de
la parte actora no le es aplicable y, por ello, le fue denegada la pretensión
consistente en la reliquidación de su prestación económica consistente en que se
computara el 100% de la prima de actividad que devengaba al momento de su retiro
y el porcentaje adicional establecido en los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004,
alegaciones que, en síntesis, se limitan a la controversia que se surtió y que fue
objeto de pronunciamiento por parte del juez natural de la causa.
Pretender que esta sede se emplee como ejercicio de una tercera instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de mantener
indefinida en el tiempo la situación jurídica del tutelante hasta lograr una resolutiva
favorable a sus intereses, pone en juego los pilares del servicio de la administración
de justicia involucrados en este caso, tales como el principio de legalidad, la cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
Por ello, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial
se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester
que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto
de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de
los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un
pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.
Por ello, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la controversia
planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que, las
inconformidades se circunscriben a atacar la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por no analizar el marco jurídico invocado en la
forma en que el actor lo señala, para efectos de acceder a una reliquidación de una
prestación económica.
Alegaciones que, claramente se enmarcan puntualmente en la controversia
debatida en el medio de control ordinario y en un asunto económico, por lo tanto, no
están justificadas en una acreditada o palmaria vulneración de garantías
fundamentales en el sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las
citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.
2.4.1.2. Ahora, en relación con el cargo consistente en el desconocimiento del
precedente de las providencias de la Corte Constitucional invocadas por el actor, en
principio, la Sala tendría por acreditada la relevancia del yerro por tratarse de la
presunta desatención de sentencias de constitucionalidad y de unificación dictadas
por el órgano de cierre en materia de derechos fundamentales, no obstante, este no
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es el caso debido a que el escrito de tutela y el de impugnación carecen de la carga
argumentativa exigida en este marco para abordar el asunto de fondo.
Ello, por cuanto el señor Gerardo Antonio Marulanda se limitó a insistir en que la
autoridad demandada omitió aplicar el criterio de la referida alta corte en el sentido
de no incurrir en un trato desigual al resolver su caso, puesto que,
independientemente de la fecha en que adquirió el estatus, debía asegurársele el
mantenimiento del poder adquisitivo de su asignación de retiro.
En otras palabras, el sustento del cargo se circunscribió a un señalamiento que el
tutelante realizó de manera generalizada, y omitió su deber de identificar en cada
una de las providencias que señaló como omitidas: (i) la similitud fáctica y/o jurídica
entre los eventos abordados por la Corte Constitucional y el caso objeto de atención;
(ii) la regla o subregla de derecho que se determinó en los antecedentes; y (iii) la
incidencia de estas en el sentido de la decisión adoptada por el tribunal cuestionado.
Nótese que, al revisar los dos escritos, el de tutela y de impugnación, que son casi
idénticos, se evidencia que el accionante además de identificar los fallos que
consideró desatendidos, obran algunas citas textuales de estos sin mayor
explicación y carentes de la carga argumentativa que en materia de acciones de
tutela contra providencia judicial se exige cuando se eleva el defecto por
desconocimiento del precedente.
En ese sentido, es preciso resaltar que el juez de tutela no está facultado para
realizar estudios de oficio cuando se cuestionan decisiones judiciales, puesto que
es deber del interesado señalar y argumentar en debida forma los yerros de los
cuales adolece la providencia que considera vulneradora de sus derechos
fundamentales, para lo cual, debe cumplir con unos parámetros mínimos de
sustentación en cada una de las causales especiales de procedibilidad, lo cual,
claramente no se satisfizo en el asunto de la referencia. De lo contrario, revisar sin
discriminación al alguna las resolutivas de los jueces naturales de la causa, derivaría
en el desplazamiento de su competencia y afectaría los pilares de la administración
de justicia a la seguridad jurídica, a la legalidad y de la autonomía judicial.
Adicionalmente, no se pasa por alto que este reproche tangencial propuesto por el
tutelante, en todo caso, está íntimamente relacionado con el debate legal planteado
desde el defecto sustantivo, en atención a que, en su criterio, la única forma en que
considera garantizadas sus prerrogativas constitucionales, es que se ordene al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que emita otra
decisión en reemplazo, en la que se declare que su situación jurídica debe
resolverse a partir del marco normativo que le resulta más favorable, pese a que
este no fuera el que se encontraba vigente para el momento en que adquirió el
estatus.
Así, en posición distinta a la adoptada por el a quo de tutela, esta colegiatura
considera que lo anterior da cuenta suficiente de la carencia de relevancia desde la
perspectiva constitucional de los argumentos elaborados por el señor Gerardo
Antonio Marulanda, razón por la cual, en relación con el cargo por desconocimiento
del precedente, se modificará la sentencia de 4 de marzo de 2024 que negó el
amparo, para, en su lugar, declarar la improcedencia de este mecanismo.
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Demandante: Gerardo Antonio Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00699-01
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal y de índole económica; (ii) carece de la carga argumentativa mínima y elevada
a un rango constitucional; y (iii) no se evidencia una vulneración palmaria derivada
de la sentencia de 15 de agosto de 2023, que implique la intervención del juez de
tutela.14
2.5. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, se modificará la sentencia de 4 de marzo de 2024,
en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de tutela frente a los tres
defectos planteados por la parte accionante.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el fallo de 4 de marzo de 2024 dictado por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la acción de tutela respecto de todos los cargos.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
14 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Gerardo Antonio Marulanda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00699-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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