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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00706-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00706-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo que solicita el señor César Augusto Pachón Achury, conforme a la parte considerativa que antecede. 39 Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00 Demandante: César Augusto Pachón Achury Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00706-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral
contra el acto que declaró la elección del accionante como senador de la
República para el período constitucional 2022-2026. No se configuran los
defectos fáctico, error inducido, sustantivo y violación directa de la
Constitución alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor César Augusto Pachón Achury, por medio de apoderado, interpone acción de
tutela contra la providencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, dentro del proceso con radicación 11001 03 28 000 2022
00271 00 acumulado al proceso 11001 03 28 000 2022 00198 00.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

PRIMERA: […] solicito procedan a tutelar los derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia, el derecho de defensa, la igualdad, y la seguridad
jurídica de mi poderdante […] César Augusto Pachón Achury, garantías
fundamentales las cuales están siendo vulneradas con las actuaciones
desplegadas por el […] Consejo de Estado – Sección Quinta, violación que se
materializ[ó] durante todas las actuaciones desplegadas dentro del proceso de la
referencia, y finalmente con el proveimiento de la sentencia de única instanica (sic),
del diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso identificado
con el […] radicado interno 11001-03-28-000-2022-00271-00.

Como consecuencia de lo anterior.

SEGUNDA: […] les solicito procedan a ordenar al […] Consejo de Estado – Sección
Quinta, revoque integralmente la sentencia de única instanica (sic) proferida el diez
(10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso identificado con […]
radicado interno 11001-03-000-2022-00271-00.

TERCERA: […] a fin de restablecer los derechos fundamentales amparados con el
fallo de la presente tutela, sírvase ordenar al […] Consejo de Estado – sección
quinta proceda nuevamente a proferir la sentencia de única instanica (sic), del diez
(10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), […] providencia en la cual el despacho
aquí accionado deberá ordenar la revocatoria de la nulidad de la elección del señor
César Augusto Pachón Achury, como senador de la República período 2022-2026
contenida en el formulario E26-SEN del 19 de julio del 2022 y a la Resolución E3332
de la misma fecha, en virtud de lo expuesto en las razones fácticas, legales y
jurisprudenciales esbozadas en la presente acción constitucional.

CUARTA: […] de forma respetuosa por Secretaría se libre la comunicación prevista
en el Art. 36 del Decreto 2591 de 1991.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:

i) El señor Cristhian Fernando Díaz Ballesteros impetró ante la jurisdicción
contencioso-administrativa demanda para que se declarara nula su elección como
senador de la República, para el período constitucional 2022 al 2026.

ii) Al proceso se le asignó el radicado 11001 03 28 000 2022 00271 00 y el
conocimiento del asunto le correspondió al Consejo de Estado, Sección Quinta, que lo
acumuló a los expedientes con radicaciones 11001 03 28 000 2022 00198 00 y 11001
03 28 000 2022 00277 00.

iii) Mediante sentencia del 10 de agosto de 2023, se declaró la nulidad del acto de

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

elección contenido en el Formulario E26-SEN del 19 de julio de 2022 y en la Resolución
E3332 de la misma fecha. Esa decisión se encuentra ejecutoriada y contra ella no
procede recurso alguno.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con la sentencia objeto de censura se vulneran sus derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad
y a la seguridad jurídica y, se configuran los defectos fáctico, sustantivo o material,
error inducido y violación directa de la Constitución, por los siguientes motivos:

i) El numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 contempla como causal de
anulación electoral la hipótesis de que, tratándose de la elección por voto popular, el
candidato haya incurrido en doble militancia, norma que no podía tenerse como
sustento jurídico para declarar nulos el Formulario E26-SEN y la Resolución E3332 del
19 de julio de 2022, a través de los cuales se declaró su elección como senador de la
República para el período 2022-2026, toda vez que viola lo dispuesto en los artículos
40 y 107 de la Constitución Política y 2.º de la Ley 1475 de 2011.

ii) La doble militancia como causal de nulidad de la elección es inconstitucional, puesto
que la transgresión a dicha prohibición únicamente puede ser objeto de 1) sanción por
los partidos y movimientos políticos según lo establezcan en sus estatutos y 2) de
revocación de la inscripción; por consiguiente, aplicada como castigo constituye una
grave consecuencia jurídica no establecida en las normas superiores, con lo que se
lesionan injustificadamente los derechos políticos, de elegir y ser elegido y de acceder
a cargos públicos.

iii) El demandante indujo en error a la Sección Quinta, al pretender demostrar una
conducta que carece de fundamentos fácticos y de derecho para la materialización de
la supuesta causal de doble militancia con base en unos medios de prueba que no
permiten la consecuencia jurídica establecida en el ordenamiento jurídico.

iv) Frente a los cuestionables medios de prueba con base en los que se emitió la

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decisión, del que se resalta el denominado «impresión de pantalla por funcionaria
judicial», esa constancia del despacho según los argumentos expuestos en la parte
motiva y considerativa de la referenciada decisión se trata de un «último sustento y
recurso probatorio» utilizado por la autoridad accionada a fin de mantener incólume la
declaración de nulidad de su elección, cuando en la providencia acusada se reconoce
que en el material probatorio aportado por el accionante en el proceso 2022 00271 00
no existía prueba alguna que hubiera sido válidamente aportada y que demostrara la
supuesta conducta reprochable, esto es, la materialización de la doble militancia en la
modalidad de apoyo.

v) Los presupuestos de la aludida conducta se acreditaron con un presunto enlace que
conduce a un video digital publicado en la red social Facebook del 16 de marzo de
2022 y un pantallazo que denota la supuesta existencia de su publicación, el que
carece de toda validez probatoria por la indebida forma en que se aportó al proceso.

vi) En auto proferido el 2 de marzo de 2023 y en la sentencia del 10 de agosto de 2023,
se relacionan las pruebas frente a las que se hacen observaciones y reparos en
relación a su aporte y valoración y se demuestra que esos medios de prueba no
constatan que efectivamente se haya materializado la conducta que se le endilgó.

vii) So pena de lo anterior, se destaca que en ambas providencias se señala que en
uso de su facultad oficiosa y los poderes de dirección se dejó una «supuesta
constancia del despacho» que a su vez contenía una «impresión de pantalla por
funcionario judicial» la cual daba fe de la existencia de la publicación en Facebook el
16 de marzo de 2022, es decir, se utiliza como último recurso para probar, demostrar,
corroborar y/o establecer que para el 25 de octubre de 2022, aparecía en esa red
social.

viii) Lo anterior quiere decir que el referido medio de prueba es ilícito y, por tanto, según
lo dispuesto en el estatuto procesal civil y administrativo no podía utilizarse como
apoyo probatorio a fin de acreditar los elementos subjetivo, objetivo y temporal
constitutivos de la doble militancia, para declarar nula su elección.

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

ix) El medio de prueba con base en el cual la Sección Quinta funda su decisión porque
se relacionó como demostrativo de las conductas que se le atribuyen, pero según lo
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política es violatorio de sus derechos
porque no ha podido ejercer el derecho de contradicción, motivo por el cual se
configura el defecto fáctico.

x) Lo expuesto da cuenta que la denominada «impresión de pantalla» tomada por la
funcionaria judicial, se configura el defecto fáctico, toda vez que durante todo el curso
del proceso, únicamente el 2 de marzo de 2023 se hizo referencia a su existencia; por
ende, es un ítem probatorio que atenta contra sus garantías fundamentales al debido
proceso, porque, repite, no pudo ejercer en debida forma el derecho de defensa en su
decreto, práctica e incorporación al proceso de la referencia.

xi) En lo que respecta a las demás pruebas aportadas por el señor Cristhian Fernando
Díaz Ballesteros se evidencia una inadecuada forma en la que arrimó y solicitó su
decreto, por ejemplo, no le indicó al juez específicamente qué videos y enlaces
pretendía hacer valer como medios de prueba, entonces, no se conocen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de aquellos no pudo ejercer adecuadamente
el derecho de contradicción. Además, no cumplían a cabalidad los requisitos exigidos
por el Código General del Proceso para que fueran valorados, por el contrario,
debieron ser rechazados de plano.

xii) Respecto de las fotografías aportadas e incluidas en la narración fáctica de la
demanda, esto es, pancartas, vallas publicitarias y pantallazos, el demandante omitió
solicitarle a la accionada que se decretaran como pruebas; además en aquellas se
omitió 1) la fuente de donde proceden o fueron extraídas y 2) que se tuvieran como
medios de prueba dentro del proceso.

xiii) En cuanto al defecto sustantivo en el fallo cuestionado se presentan evidentes y
groseras contradicciones entre los fundamentos jurisprudenciales, seccionales y
constitucionales invocados en la decisión adoptada, entre ellas las siguientes:

a. A la fecha de expedición del fallo no existía jurisprudencia constitucional ni del

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Consejo de Estado, en el que se haya estudiado la configuración de la doble militancia
en la modalidad de apoyo en coaliciones políticas en los cargos corporativos, en la
medida en que los casos existentes ya analizados se efectuaron desde el punto de
vista de cargos unipersonales, esto es, gobernaciones y alcaldías.

b. Ni en la jurisprudencia constitucional ni en la de esta corporación existía algún
examen de un asunto donde se analice la configuración de la doble militancia en
modalidad de apoyo en coaliciones políticas en los cargos corporativos cuando la
persona a la que se le endilga la presunta comisión de la doble militancia es funcionario
público electo a una corporación pública, como en su caso, en el que ostentaba la
calidad de representante a la Cámara.

c. No existe algún análisis de un caso donde se estudie la configuración de la doble
militancia en la modalidad de apoyo en coaliciones políticas en los cargos corporativos
cuando en virtud de aquella se acude a la figura de lista cerrada para el proveimiento
de los cargos, como es el caso en concreto de la elección de curules en el Senado de
la República, en que la Coalición del Pacto Histórico acudió a la modalidad de lista
cerrada.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 20 de febrero de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, como demandados.
Así mismo, se dispuso la notificación al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría
Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y a los señores Christian Fernando Díaz Ballesteros, Andrés Felipe
Villalobos Erazo, Michelle Steffany Gómez Congote, Estiven Eduardo Valero Pulido y
José David Ruiz Argel,1 quienes actuaron en el medio de control de nulidad electoral
que se tramitó con el radicado 11001 03 28 000 2022 00271 00 (acumulado a los
procesos 11001 03 28 000 2022 00198 00 y 11001 03 28 000 2022 00277 00), como
terceros interesados en las resultas de este proceso, para que dentro del término de
tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1 En su calidad de demandantes, terceros interesados y coadyuvantes en el proceso electoral.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Quinta. El consejero Luis Alberto Álvarez
Parra solicita negar el amparo y las pretensiones formuladas por el accionante, por las
siguientes razones:

i) En la providencia acusada se declaró nula la elección del señor César Augusto
Pachón Achury como senador de la República para el período constitucional 2022-
2026, una vez analizadas las pruebas incorporadas al proceso y conforme con la
jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sección, se encontró acreditado que incurrió
en doble militancia en la modalidad de apoyo.

ii) En ese sentido la decisión a la que se hace referencia en la petición de tutela se
profirió en derecho con observancia de todas las garantías procesales, con base en la
legislación y jurisprudencia vigente respecto de la causal de nulidad electoral de doble
militancia.

iii) El accionante cuestiona por esta vía la aplicación del numeral 8 del artículo 275 de
la Ley 1437 de 2022, porque estima que dicha norma es inconstitucional pues viola los
artículos 40 y 107 de la Constitución Política y 2.º de la Ley 1475 de 2011, pues en su
parecer el desconocimiento de la prohibición de doble militancia solo puede dar como
consecuencia 1) la sanción por los partidos y movimientos políticos según lo que
establezcan en sus estatutos y 2) la revocación de la inscripción, pero no la declaración
de nulidad de la elección.

iv) El ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, prevé una
consecuencia clara y expresa para cuando un candidato incurra en la prohibición de
doble militancia; sin embargo, la causal de nulidad no puede leerse de forma aislada,
ya que para determinar cuándo una persona está inmersa o no en la prohibición, es
necesario recurrir al texto del artículo 107 superior y al artículo 2.º de la Ley 1475 de
2011.

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v) De la aludida norma constitucional se desprende que está proscrito 1) a los
ciudadanos estar formalmente inscritos, de manera simultánea, en más de dos
partidos o movimientos políticos y; 2) a los miembros de corporaciones públicas,
presentarse a la siguiente elección por una organización política distinta por la cual
resultaron electos, si no se ha presentado renuncia a la curul y membresía doce meses
antes de la inscripción.

vi) Por su parte, el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011, no solo replica las modalidades
de doble militancia previstas en el artículo 107, sino que además desarrolla la
Constitución Política incluyendo otros eventos en los cuales la prohibición se
materializa, así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de Estado, haciendo un
examen armónico de los artículos en cita, ha entendido que en la actualidad existen
cinco circunstancias en las que se puede concretar la prohibición de doble militancia.

vii) Respecto de la doble militancia la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de
2011, señala que «es una limitación de raigambre constitucional, al derecho político
de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones
políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con
la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que
la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política no resulte
frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política
mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular».

viii) Entonces, se debe tener en cuenta que son los partidos, movimientos políticos con
o sin personería jurídica, grupo significativos de ciudadanos y demás agrupaciones,
las llamadas a ejercer primariamente el control frente al fenómeno de doble militancia.

ix) Acorde con lo anterior, las formas de doble militancia que se puedan presentar antes
de la inscripción de una candidatura serán objeto de sanción interna de cada
colectividad política. Una vez ello ocurra corresponde al Consejo Nacional Electoral
revocar la inscripción y, de no hacerlo y se declare la elección del ciudadano inmerso
en ella, es competencia del juez electoral declarar su nulidad.

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x) Así las cosas, entender de otra forma el referido fenómeno, vaciaría de contenido el
artículo 107 superior y 2.º de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la pertenencia
simultánea de los ciudadanos en las agrupaciones políticas, haciendo inanes las
funciones que cumplen aquellas en prevenir y sancionar esta mala práctica.

xi) Por otro lado, en relación con el argumento de que la constancia del despacho que
profirió el ponente en el proceso 2022-00271-00 no cumplió con el trámite probatorio
y no se corrió traslado, es necesario precisar que no fue alegado dentro del proceso
electoral, por tanto, el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad y
emplea la vía del amparo constitucional, para reabrir el debate probatorio que ya fue
zanjado en el marco del proceso electoral en el que participó a través de sus distintas
etapas y en el que tuvo la oportunidad de presentar los recursos de ley, sin que hubiese
hecho uso de alguno de ellos.

xii) En consecuencia, como lo ha dicho la Corte Constitucional la acción de tutela no
puede ser utilizada como un recurso paralelo al juicio ordinario ni como una tercera
instancia de las providencias que se dictan en aquel, por lo que la intervención del juez
de tutela en casos como el actual resulta excepcional.

xiii) Finalmente, lo referente a la inexistencia de una normativa directa y clara tendiente
a la prohibición de apoyo entre candidatos pertenecientes a diferentes partidos y/o
movimientos políticos a corporaciones públicas pertenecientes a una misma coalición
fue resuelto debidamente en la sentencia censurada.

xiv) En suma, revisada la providencia que se acusa por vía de tutela no se observa la
configuración de ninguno de los defectos indicados, sino el desacuerdo del accionante
con lo decidido en sentido desfavorable a sus intereses litigiosos, lo que se evidencia
a lo largo del escrito de tutela en el que pretende descalificar infundadamente los
razonamientos en que se sustenta el fallo del 10 de agosto de 2023, que se profirió
por i) funcionario competente, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para
esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a
la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin que se
presente contradicción entre los fundamentos de la decisión y la sentencia misma, v)

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no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con
fundamentos de hecho y de derecho y vi) no se presentó desconocimiento de
precedente alguno, sino al contrario, se aplicó la línea jurisprudencial vigente.

1.6.2. Del Consejo Nacional Electoral. El señor Juan José Salgado Olivares,
profesional universitario adscrito a la Oficina Jurídica y de Defensa Judicial, se opone
a la prosperidad de la solicitud de tutela, porque dentro de las competencias de esa
entidad no se encuentra la de revisión de sentencias. Así mismo, no amenazado ni
vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues no tiene incidencia en las
declaraciones efectuadas por el señor César Augusto Pachón Achury, además carece
de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es la autoridad competente
para satisfacer las súplicas del demandante.

1.6.3. De la Nación (Registraduría Nacional del Estado Civil). El señor Renato
Rafael Contreras Ortega, jefe de la Oficina Jurídica descorre el traslado de la acción
de tutela y alega que los cuestionamientos formulados por el accionante se orientan a
censurar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, así las
cosas, el escenario donde fueron valoradas esas circunstancias es eminentemente
jurisdiccional, cuya función es ajena a las competencias de esa entidad; por tanto, no
es responsable de proteger las garantías iusfundamentales invocadas por la parte
actora, toda vez que no fungió como juez natural dentro del proceso contencioso-
administrativo donde se dictó el fallo cuestionado.

1.6.4. El señor José David Ruiz Argel, coadyuva la petición de la parte actora; en
consecuencia, solicita se amparen los derechos del señor Pachón Achury y se revoque
la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con fundamento en las
siguientes alegaciones:

i) En la sentencia acusada se incurrió en una errónea aplicación del inciso segundo
del artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011; por consiguiente, vulneró los derechos
fundamentales del señor César Augusto Pachón Achury, toda vez que la Coalición
Pacto Histórico Colombia Puede no inscribió candidatos independientes por cada
partido que la integra, sino una lista única a la Cámara de Representantes por la

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circunscripción territorial de Boyacá, de manera que todos y cada uno de ellos eran
candidatos inscritos y avalados por la coalición de no ser así, carecería de todo sentido
armar una lista en asociación para corporaciones públicas y los partidos o movimientos
estarían obligados a presentar candidatos independientes.

ii) Entender la coalición de manera distinta, sería restarle valor y eficacia a lo dispuesto
en el artículo 262 de la Constitución Política que señala la posibilidad de inscribir
candidatos y listas propias o de coalición o a cargos uninominales o a corporaciones
públicas.

iii) El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) no inscribió un candidato a la
Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Boyacá, sino que, como
parte de una alianza autorizada constitucionalmente, inscribió y avaló la lista de
coalición, independientemente de que en aquella se presentara un candidato con
origen en dicho partido.

iv) Para corroborar lo anterior, basta mirar la tarjeta E-8-SN para el Senado por la
Circunscripción Nacional y la tarjeta E-06-CT para la Cámara de Representantes por la
Circunscripción Territorial de la Coalición Pacto Histórico Colombia Puede donde la
lista de candidatos inscritos es por la asociación y no por los partidos individualmente
considerados.

v) Cuando se registra una lista de candidatos en coalición no existe la obligación de
apoyar primero a los pertenecientes al mismo partido y luego a los demás que la
conforman; por consiguiente, la regla en que se basó la Sección Quinta del Consejo
de Estado carece de soporte legal.

vi) La lista de candidatos para Senado y Cámara fue inscrita y avalada por la Coalición
Pacto Histórico Colombia Puede no se trató de listas individuales de los partidos que
la integran, este hecho no admite una interpretación contraria, y de hacerse sería
inconstitucional. El artículo 262 de la Constitución Política de Colombia fue modificado
por el artículo 20 del Acto Legislativo 2 de 2015, ello quiere decir que es posterior a la
expedición de la Ley 1475 de 2011 «por la cual se adoptan reglas de organización y

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funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales».

vii) En este orden de ideas, es fácil inferir que la interpretación y aplicación dada a la
Ley 1475 de 2011, no está en armonía con el contenido del artículo 262 de la
Constitución y cuando el artículo 2.º señala que quienes «hayan sido o aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados» no hace referencia a candidatos de coalición para corporaciones públicas,
por la inexistencia de esa figura al momento en que se expidió la ley estatutaria.

viii) La tipología cinco fijada por el Consejo de Estado sobre doble militancia, según la
cual el apoyo se debe hacer en primer lugar, en favor de los que pertenecen a la
colectividad a la que se encuentra afiliado, constituye una interpretación errónea de
los artículos 2.º y 29 de la Ley 1475 de 2011. Además, ni la ley ni la Constitución
establecen ese supuesto orden.

ix) Conforme a lo antes dicho, no se incurrió en doble militancia por parte del señor
Pachón Achury al brindar apoyo a los candidatos de la coalición y por esta razón el
fallo del Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral es violatoria de sus
derechos fundamentales.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación
y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», la Sala es
competente para conocer del presente asunto.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
César Augusto Pachón Achury contra la providencia del 10 de agosto de 2023, que
profirió el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de los medios de control de
nulidad electoral con radicaciones 11001 03 28 000 2022 00198 00, 11001 03 28 000
2022 00271 00 y 11001 03 28 000 2022 00277 00(acumulados).

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García

González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 22 de agosto de 2022, el señor Andrés Felipe Villalobos Erazo instauró
medio de control de nulidad electoral contra la elección del señor César Augusto
Pachón Achury como senador para el período constitucional 2022-2026, por haber
incurrido en doble militancia. Al proceso le correspondió la radicación 11001 03 28 000
2022 00198 00.6

2.4.2. El 2 de septiembre de 2022, el señor Cristhian Fernando Díaz Ballesteros
presentó demanda de nulidad electoral para que se declarara nula la Resolución E-
3332 del 19 de julio de 2022 expedida por el Consejo Nacional Electoral, Sala Plena,
únicamente en cuanto declaró elegido al señor César Augusto Pachón Achury senador
de la República por la circunscripción nacional para el período 2022-2026, por
configurarse la doble militancia. Expediente al que se le asignó la radicación 11001 03
28 000 2022 00271 00.7

2.4.3. El 2 de septiembre de 2022, la señora Michelle Steffany Gómez Congote en

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Índice 10, del expediente electrónico.
7 Índice 10, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

ejercicio de la acción de nulidad electoral impetró demanda contra la Resolución E-
3332 del 19 de julio de 2022, acto que declaró electo al señor Pachón Achury senador
de la República por la Coalición Pacto Histórico por el Partido Movimiento Alternativo
Indígena y Social (MAIS). Radicado 11001 03 28 000 2022 00277 00. 8

2.4.4. El 31 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado, profirió auto
dentro del expediente con radicación 11001 03 28 000 2022 00198 00, en el que
resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la acumulación de los procesos electorales radicados con los
números 11001-03-28-000-2022-00198-00 (M.P Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio),
11001-03-28-000-2022-00271-00 (M. P. Dra. Rocío Araújo Oñate) y 11001-03-258-
000-2022-00277-00 (M.P Luis Alberto Álvarez Parra) promovidos por los actores
Andrés Felipe Villalobos Erazo, Cristhian Fernando Díaz Ballesteros y Michelle
Steffany Gómez Congote, respectivamente.

SEGUNDO: Ordenar a la Secretaría que fije un aviso en los términos del artículo 282
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de realizar la diligencia de sorteo del magistrado que actuará como
ponente, el cual se hará entre quienes tramitaron los expedientes acumulados. La
diligencia se llevará a cabo el día siguiente a la desfijación del aviso, a las 10:00 a.
m.

2.4.5. El 11 de abril de 2023, se celebró audiencia de sorteo del magistrado o
magistrada que debía continuar con la sustanciación de los procesos acumulados, que
le correspondió al consejero Luis Alberto Álvarez Parra.

2.4.6. El 30 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de
2021, dispuso lo siguiente:9

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con fundamento en los
planteamientos plasmados en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR NO probada la excepción de caducidad de la acción
propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

8 Índice 10, del expediente electrónico.
9 Índice 10, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

TERCERO: Dar aplicación en el presente caso a la figura de la sentencia anticipada,
conforme a lo establecido en el artículo 182A, numeral 1, literales b) y d) del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

CUARTO: Tener como medios de prueba los documentos allegados por las partes
conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Negar los interrogatorios de parte, los testimonios y el peritaje solicitados
por el demandado, acorde con lo señalado en la parte considerativa de esta
providencia.

SEXTO: Correr traslado de las pruebas allegadas al proceso por el término de tres
(3) días y vencido ese plazo, córrase traslado por diez (10) días para que las partes
presenten sus alegatos de conclusión por escrito y el Ministerio Público rinda su
concepto.

SÉPTIMO: Surtido el trámite correspondiente, vuelva el expediente al Despacho
para lo pertinente.

[…]

2.4.7. El 6 de junio de 2023, se corrió traslado a las partes intervinientes y a la agente
del Ministerio Público de las pruebas decretadas y aportadas en el proceso, dejando
el expediente a su disposición a través de Samai e informándoles que «las
manifestaciones al respecto se [podían] enviar a través de la ventanilla de atención
virtual […] en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/».10

2.4.8. El 9 de junio de 2023, se dio traslado a las partes para presentar sus alegaciones
de conclusión por escrito, y a la agente del Ministerio Público, para que si a bien lo
tenía, rindiera concepto.11

2.4.9. El 10 de agosto de 2023, la Sección Quinta profirió sentencia anticipada dentro
de los procesos con radicación 11001 03 28 000 2022 00198, 11001 03 28 000 2022
00271 00 y 11001 03 28 000 2022 00277 00 (acumulados), en la dispuso lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la elección del señor César Augusto Pachón
Achury, como senador de la República, período 2022-2026 contenida en el
formulario E26SEN del 19 de julio del 2022 y a la Resolución E3332 de la misma
fecha.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

10 Índice 10, del expediente electrónico.
11 Índice 10, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por el señor César Augusto Pachón Achury gira en torno a la
presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la defensa, a la igualdad y a la seguridad jurídica.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la sentencia de única instancia que puso fin a la discusión propuesta dentro
de los procesos acumulados de nulidad electoral con radicaciones 11001 03 28 000
2022 00198, 11001 03 28 000 2022 00271 00 y 11001 03 28 000 2022 00277 00.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 10 de agosto de 2023, se notificó electrónicamente a
las partes el 14 de agosto de 2023, quedando ejecutoriada el 22 de agosto de 2023 y
la presente acción de tutela se radicó ante la Secretaría General de esta corporación
el 14 de febrero de 2024,12 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló
el Consejo de Estado como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad electoral.

12 Índice 1, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
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Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 10 de agosto de
2023, que emitió el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».13

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.14 [Negrillas fuera del texto]

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

13 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.

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2.5.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.15

2.5.2.3. De la violación directa de la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación

15 Corte Constitucional.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,16 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo. 17 Al respecto la
Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:

«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución

16 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
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como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional18 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.19

2.5.3. Los defectos alegados

El señor César Augusto Pachón Achury somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria,
pues alega que, en el análisis efectuado por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
la sentencia del 10 de agosto de 2023, mediante la cual declaró nula su elección como
senador de la República para el período constitucional 2022-2026, se incurrió en los
defectos fáctico, error inducido, sustantivo y violación directa de la Constitución.

Pues bien, en la providencia objeto de censura, la Sección Quinta del Consejo de
Estado tuvo como elementos demostrativos relevantes para resolver si era nulo el acto

18 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
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mediante el cual se declaró elegido al señor César Augusto Pachón Achury senador
de la República para el período constitucional 2022-2026, contenido en el Formulario
E-26SEN y la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022, por estar incurso en la causal

de nulidad electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011,
esto es, la prohibición de doble militancia política en la modalidad de apoyo, los
siguientes:

La Sala encuentra el siguiente material probatorio aportado en las demandas:

• Formulario E-26 SEN y Resolución E-3332 del CNE, en el que se observa que el
demandado fue elegido senador por la coalición Pacto Histórico […]

• Para acreditar la filiación política de la señora Arelis María Uriana Guariyu al
Movimiento Alternativo y Social Indígena y su condición de precandidata
presidencial, se recurre a la siguiente imagen, que presuntamente corresponde
a la tarjeta electoral de la consulta que llevaron a cabo las agrupaciones
políticas pertenecientes al Pacto Histórico […

• Por su parte, la defensa del demandado reconoció como cierto el hecho de
que la señora Arelis María Uriana Guariyu participó como precandidata dentro
de la consulta interpartidista del Pacto Histórico con el fin de elegir el candidato
presidencial por dicha coalición, y aportó las siguientes imágenes […]

2.5.1. Respecto al apoyo dado por el demandado al señor Gustavo Petro Urrego,
dentro de las demandas se encuentran los siguientes medios de prueba:

• Capturas de pantalla de las redes sociales Facebook e Instagram del señor
César Augusto Pachón Achury, con el siguiente contenido […]

• Video de duración de 1 minutos con 23 segundos, en el cual el senador
manifiesta «Por favor vayan temprano, recuerden marcar Pacto Histórico al
Senado, el logo, no tenemos número y recordemos votar Pacto Histórico
número 103 acá en el departamento de Boyacá por el doctor Pedro José
Suárez Vacca y piden el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico
y los invitamos a votar por Pacto Histórico por Gustavo Petro»20

[…]

• Frente a lo anterior, obra en plenario[...], copia del Formulario E-6CT del 10 de
diciembre de 2021, mediante el cual se inscribieron los candidatos de la coalición Pacto
Histórico para la Cámara de Representantes por la circunscripción de Boyacá, periodo
2022-2026. Entre los candidatos inscritos bajo la modalidad de voto preferente, se
encuentran, entre otros, el señor José Giovany Pinzón Báez y el señor Pedro José
Suárez Vacca […]

• Acuerdo de coalición del 10 de diciembre de 2021, suscrito entre los representantes
legales de los partidos y movimientos políticos Polo Democrático Alternativo, Alianza

20 «Video aportado en el proceso 2022-00271-00. Visible en la actuación 4 del sistema Samai».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

Democrática Amplia «ADA», Colombia Humana, Unión Patriótica «UP», Movimiento
Alternativo Indígena y Social «MAIS» y el Partido Comunista Colombiano «PCC», para
la inscripción de candidatos a la circunscripción de Boyacá y que hace parte de los
anexos del mencionado formulario E-6, en el que se evidencia que el señor José
Giovany Pinzón Báez pertenece al Movimiento Alternativo Indígena y Social «MAIS» y
el señor Pedro José Suárez Vacca al Partido Colombia Humana. También se observa
que se acordó efectuar las inscripciones bajo la modalidad de voto preferente […]

[…]

Precisado lo anterior, la Sala analiza la presunta existencia de actos de apoyo del señor
César Augusto Pachón Achury a la candidatura del señor Pedro José Suárez Vacca.

Para el efecto, en el expediente obran los siguientes medios de prueba:

• Vídeo 1 de un minuto con 23 segundos, que el demandante relató que lo obtuvo del
perfil de Facebook del señor César Augusto Pachón Achury, en el que aparecen los
señores César Augusto Pachón Achury y Pedro José Suárez Vacca, en el que el
demandado concretamente manifestó:

«Bueno, gracias doctor Pedro, acá desde la ciudad de Tunja invitándolos a todos, mire
está haciendo un sol bonito, salir a votar porque si ustedes no salen a votar los que
dependen de un puesto que llaman las maquinarias, los de la contratación a ellos si le
toca obligados salir a votar, entonces volverían a poner a los mismos de siempre y
siempre reclamamos condiciones y derechos en este país, pues entonces en este
momento es la oportunidad de decidir hoy antes de las 4 de la tarde, vayan temprano
porque estos días ha estado lloviendo, vayan temprano a las urnas, salgan, ubiquen
su puesto de votación, colocan su número de cédula en la página de la Registraduría
y ahí les dicen en qué puesto de votación están. Por favor vayan temprano, recuerden
marcar Pacto Histórico al Senado, el logo, no tenemos número y recordemos votar
Pacto Histórico número 103 acá en el departamento de Boyacá por el doctor
Pedro José Suárez Vacca y piden el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto
Histórico y los invitamos a votar por Pacto Histórico por Gustavo Petro.» (Destacado
fuera de texto).

[…]

• Video 2 de 1 minuto, 29 segundos en el que nuevamente sale el entonces candidato
Suárez Vacca junto con el demandado, quien señaló:

«Bueno estamos en un proceso de cambio y ese cambio lo propone el pacto histórico
[…] es donde nos reunimos diferentes partidos políticos grupos sociales y demás del
país para construir un programa de gobierno para cambiar al país. Hoy me encuentro
con mi amigo, el doctor Pedro José Suárez Vacca, quien aspira la cámara de
representantes con el número 103 dentro del proceso de pacto histórico porque
quiero recomendar o hablar hoy del doctor Pedro José porque él nos ha apoyado y
nos ha acompañado desde muchos años atrás defendiendo los derechos humanos,
cada vez que teníamos un proceso de paro y nos detenían injustamente a nuestros
compañeros el doctor Pedro José siempre los defendía los representaba los sacaba
libres sin cobrar un solo peso, es un defensor de derechos humanos y también un gran
jurista que sé que en la cámara de representantes nos va a representar muy bien
a los boyacenses.» (Negrilla de la Sala)

[…]

25

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

En primer lugar, la Sección Quinta examinó las alegaciones del señor Pachón Achury,
en el sentido de que no se podía tener como prueba el video 1, para acreditar la
configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, al respecto efectuó el
siguiente examen:

[…] es importante recordar que esta Sección ha admitido las capturas de pantalla
de contenidos originados en redes sociales como pruebas documentales válidas
para acreditar, entre otros, hechos relacionados con actividades acontecidas en el
contexto de campañas electorales21.

[…]

2.5.2. Antes de entrar a verificar si el señor César Augusto Pachón Achury brindó
apoyo al señor Pedro José Suárez Vacca, candidato a la Cámara de
Representantes por la circunscripción de Boyacá, avalado por Colombia Humana
dentro de la Coalición Pacto Histórico, estima la Sala necesario pronunciarse sobre
el reparo presentado en la contestación de la demanda del señor Pachón Achury
relativo a que el video 1 no puede tenerse como prueba «de la doble militancia del
demandado [en razón a que], no fue extraído de la red social Facebook del
demandado, pues el link aportado en la demanda, el mismo no conduce a ninguna
página en la cual se demuestre la publicación de dicho video», se recuerda que,
en el auto que dio trámite de sentencia anticipada del 30 de mayo de 2023, se
ordenó tener como prueba los documentos y demás medios probatorios
allegados por los demandantes, entre los que se encuentran las direcciones
electrónicas, los documentos y videos anexados en los tres expedientes, sin
que la parte demandada haya presentado recurso alguno. (Negrilla de la Sala)

Respecto al argumento de que el vídeo 1 no fue extraído de la red social del
demandado encuentra la Sala que, al consultar el Facebook del señor Pachón
Achury en este momento procesal, ya no es posible encontrar la mentada prueba.
Sin embargo, esto no ocurría el 27 de octubre de 2022 pues al resolver la solicitud
de suspensión provisional del acto demandado, presentada en el expediente 2022-
00271-00, la Sala verificó el origen del vídeo, encontrando que:

«111. En los términos expuestos puede apreciarse que el demandante expuso
pormenorizadamente la forma en la que obtuvo el video, y además, cómo acceder
al mismo, de un lado, a partir de la consulta del perfil de Facebook del demandado,
revisando las publicaciones que realizó el 13 de marzo de 2022, y de otro,
consultando el enlace https://fb.watch/ffoBApvGW¡/

112. Al acceder al anterior enlace se tiene que remite a publicaciones en las que
en manera alguna se relaciona al señor Pachón Achury o el señalado video, por lo
que no es el mecanismo idóneo para acceder a éste.

113. No obstante, al seguir la otra ruta señalada por el demandante, esto es,
consultar el perfil del demandado y revisar las publicaciones que efectuó el 13 de

21 «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33- 000-

2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate y de 1º de julio de 2021, Rad. 05001-23-33- 000-2020-
00006-01, MP. Rocío Araújo Oñate».

26

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

marzo de 2022, se corrobora que:

• El perfil del demandado en la referida red social no presenta restricciones de
acceso al público, lo que permitió tener conocimiento de las publicaciones
efectuadas, particularmente, las que tuvieron lugar en la fecha antes señalada.

• Que la imagen destacada en el hecho noveno de la demanda corresponde a una
reproducción de un mensaje que difundió el señor Pachón Achury, y además, que
lo acompañó con el referido video. Todo esto puede corroborarse a través del
enlace https://fb.watch/gnYOD6m2ET/

114. Por lo tanto, contrario a lo señalado por la parte demandada, con la demanda
sí se acreditó cómo fue obtenido el referido video y el mensaje que lo acompaña,
es más, se demostró que corresponde a una publicación que efectuó el señor
Achury en su perfil de Facebook, lo que desvirtúa las afirmaciones que realizó su
apoderado sobre la forma ilícita en las que fue obtenido y las atinentes a poner en
tela de juicio su autenticidad.

115. Por el contrario, el hecho de que se haya dado a conocer a través de la
referida red social y que cualquier persona con perfil en Facebook puede acceder
a él (como se constató en la revisión correspondiente), revela que fue una
información que el demandado decidió hacer pública, por lo que no hay lugar a
considerar que fue obtenida sin su consentimiento, con violación del derecho a la
intimidad y/o valiéndose de mecanismos proscritos por el ordenamiento jurídico.”

Por lo que, a pesar de que el video haya sido eliminado de la red social del
demandado esto no significa que el demandante no lo hubiese descargado del
perfil del señor César Augusto Pachón Achury, pues como se verificó en su
momento, el mismo hacía parte de su Facebook y no presentaba ningún tipo de
restricciones de acceso al público.

Adicional, si bien es cierto, el demandante del proceso 2022-00271-00, en su
escrito inicial puso de presente que el registro fílmico señalado puede ser
consultado por intermedio de un enlace que dirige a la red social Facebook, lo
cierto es que a su vez el mismo fue allegado como un documento, en memorial
que hace parte integral de la demanda dentro del término de caducidad del medio
de control.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo anterior, se pronunció sobre el valor
probatorio de los mensajes de datos, en los siguientes términos:

Esta Sección, en decisiones recientes22, ha considerado que en lo que
corresponde a los mensajes de datos, la Ley 52723 de 1999, en armonía con las
directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional,[…] los definió como toda aquella información «…generada,
enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares…»[…], y los reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier

22 «Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23- 33-

000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E)».
23 «Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

actuación administrativa y judicial[…], cobijando, por ende, los procesos de nulidad
electoral.

Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje de datos podía tener el mismo
valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba accesible
para posteriores consultas (artículo 6°[…] ejusdem); (ii) se conocía la identidad de
su generador (artículo 7°[…] ejusdem); (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo
cualquier tipo de alteración (artículo 8°[…] ejusdem). Todo ello, con el propósito de
reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción digitales, –
entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes sociales,
leyendas que acompañan los «post» de Instagram y Facebook–, como requisitos
ineludibles para su apreciación, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus
particularidades propias[…].

A pesar de lo anterior, la legislación procesal ha distinguido los mensajes de datos
como medio de prueba, de las reproducciones de su contenido. Así las cosas, se
ha diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos
electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su
respectivo enlace-, de la presentación de lo que aquellos contienen, pero no en
estas condiciones iniciales.

[…]

Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que se deben
verificar para los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los artículos
6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles cuando
los extremos procesales arrimen a las causas en las que participan verdaderos
mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet,
fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo link–; pero no sus
reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será el general
de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del
artículo 244[…] de la Ley 1564 de 2012.

En tercer lugar, señaló que no había lugar a estudiar lo relativo a la ilicitud del registro
fílmico, por las siguientes razones:

Precisa la Sala, que el demandado en su escrito de contestación también
manifestó que dicho registro fílmico es una prueba ilícita, sin indicar cuáles
derechos fundamentales fueron violados para su obtención ni cómo el actor
vulneró los mismos, siendo imposible analizar la supuesta ilicitud.

De igual forma, señaló que se obvió la cadena de custodia y la autenticidad de lo
expresado en la mentada prueba, sin embargo, la defensa del señor Pachón
Achury no expresó cómo se rompió la cadena de custodia e incumplió con la carga
señalada en el artículo 270 del CGP, pues no indicó en qué consistía la falsedad ni
aportó o solicitó el decreto de las pruebas para su demostración, es decir, que no
cumplió con las exigencias mínimas para desvirtuar la referida presunción.

Adicionalmente, se recuerda que la carga de desvirtuar la presunción de
autenticidad de los documentos aportados la tiene la parte demandada, pues
acorde con los artículos 215 del CPACA y 244 del CGP, se presume que éstos son
auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, sin que la

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

defensa del señor Pachón Achury haya desvirtuado, en las etapas
correspondiente, la referida presunción, por lo que, el mismo hará parte del acervo
probatorio a estudiar.

Teniendo como sustento el aludido acervo, la Sección Quinta procedió a efectuar el
análisis de cada uno de los componentes de la doble militancia para determinar si la
elección del aquí accionante se encontraba viciada de nulidad. Al efecto se pronunció
así:

I) Elemento subjetivo: condición de candidato por el Movimiento Alternativo
Indígena y Social «MAIS» del señor César Augusto Pachón Achury.

[…] se tiene entonces demostrada la condición del señor César Augusto Pachón
Achury, como candidato al Senado de la República avalado por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social “MAIS” y respaldado por la coalición Pacto Histórico,
al no tener el E-6 SEN la Sala infiere que la inscripción de la lista se realizó a más
tardar el 13 de diciembre del 2021, último día que se tenía para inscribir
candidaturas, teniendo en cuenta que se debe realizan 4 meses antes de las
elecciones (art. 30 Ley 1475), lo cual quedó confirmado con el formulario E-8 del
21 del mismo mes y anualidad

Por lo anterior, el elemento subjetivo de la prohibición bajo estudio - los que hayan
sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular- se
encuentra debidamente acreditado.

II) Elemento modal: apoyo del señor César Augusto Pachón Achury a
candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá
de partido político diferente al Movimiento Alternativo Indígena y Social
«MAIS».

[…]

Así las cosas, se tiene comprobado que el Movimiento Alternativo Indígena y Social
«MAIS», colectividad de origen del demandado, avaló, dentro de la coalición Pacto
Histórico, la candidatura del señor José Giovany Pinzón Báez a la Cámara de
Representantes por la circunscripción electoral del departamento de Boyacá, el 10
de diciembre del 2021, el cual quedó confirmado conforme se observa en el
formulario E-8 del 21 del mismo mes y anualidad. Con ello, se evidencia que
contaba con candidato propio en la referida contienda electoral.

De otra parte, también quedó acreditado que, en efecto, […] el señor Pedro José
Suárez Vacca ostentó la condición de candidato a la Cámara de Representantes
por el departamento de Boyacá, avalado, dentro de la misma coalición Pacto
Histórico, por el Partido Colombia Humana.

[…]

Analizado el contenido de los videos antes referidos, para esta Sala de Sección es
procedente concluir, conforme con los elementos de convicción aportados por la

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

parte demandante que se presentaron actos de apoyo del señor César Augusto
Pachón Achury al candidato Pedro José Suárez Vacca de Colombia Humana.

En primer lugar, se presentó una evidente declaración con fines proselitistas, en
tanto el demandado, no solamente pidió el apoyo de potenciales sufragantes para
su aspiración al Senado de la República, sino que también pidió “votar Pacto
Histórico número 103 acá en el departamento de Boyacá por el doctor Pedro
José Suárez Vacca” sumando a que precisó “mi amigo, el doctor Pedro José
Suárez Vacca, quien aspira [a] la cámara de representantes con el número
103 dentro del proceso de pacto histórico porque quiero recomendar (…) sé
que en la cámara de representantes nos va a representar muy bien a los
boyacenses”.

Lo anterior, denota la existencia de un acto positivo a favor del señor Pedro José
Suárez Vacca, respecto del cual no se evidencia equívoco alguno. No sobra indicar
que, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial expuesto en precedencia, no
se requiere evidenciar la existencia de actos consecutivos, pues con una sola
manifestación que demuestre la conducta prohibida por la norma constitucional
resulta suficiente, así como tampoco es necesario determinar el impacto de la
expresión de apoyo del candidato en el electorado.

Así las cosas, la Sala encuentra que, de conformidad con los elementos de
convicción aportados con el escrito de la demanda, se encuentra demostrado el
apoyo por parte del señor César Augusto Pachón Achury a una candidatura a la
Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá avalado por el partido
Colombia Humana.

III. Elemento temporal: si los actos de apoyo se presentaron en el marco de
la campaña electoral al Congreso de la República para el período 2022-2026.

De la revisión del video 1 encuentra la Sala que del mismo es posible evidenciar
que se realizó el día de las elecciones, es decir el 13 de marzo de 2022, puesto
que el demandado manifestó, “acá desde la ciudad de Tunja invitándolos a todos,
mire está haciendo un sol bonito, salir a votar (…) este momento es la oportunidad
de decidir hoy antes de las 4 de la tarde, vayan temprano porque estos días ha
estado lloviendo, vayan temprano a las urnas, salgan, ubiquen su puesto de
votación”

Respecto del video 2, si bien es cierto que de la revisión del registro fílmico no se
puede comprobar el día que fue realizado, también lo es que, el mismo presenta
elementos que permiten considerar que las manifestaciones de apoyo expresadas
en el mismo se dieron en dicho período24.

De igual forma, en el mismo registro fílmico, el señor Pachón Achury precisó que
el señor Suarez Vacca “aspira la cámara de representantes con el número 103
dentro del proceso de pacto histórico”, de ello, se puede concluir que el video fue
grabado cuando los dos intervinientes ya eran candidatos, es decir después de la
suscripción de los correspondientes formulario E-6. Así mismo, se observa que el
señor Pachón Achury señaló “Hoy me encuentro con mi amigo, el doctor Pedro

24 «En decisiones recientes, esta Sala de Sección ha señalado la posibilidad de establecer el elemento

temporal de la prohibición de doble militancia, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, a pesar
de no contar con la certeza exacta de la fecha de elaboración de registros fílmicos o fotográficos. Ver:
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 23 de junio del 2022. Radicación 7001-23-33-000-
2020-00004-03. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

José Suárez Vacca, quien aspira la cámara de representantes”, por su parte, el
señor Suárez Vacca manifiesta “estamos dentro del Pacto Histórico, vamos por la
presidencia de Gustavo Petro y por supuesto el Senado acompañando a nuestro
representante boyacense César Pachón y con el número 103 a la Cámara de
Representantes Pedro Suárez Vacca”, lo que permite concluir sin lugar a dudas
que el video se filmó cuando los dos ya eran candidatos, más aun teniendo en
cuenta los plazos que prevé la ley para el usos (sic) propaganda electoral25

Con base en lo anterior, la Sección Quinta concluyó que las manifestaciones de
respaldo brindadas por el señor César Augusto Pachón Achury avalado como
candidato al Senado de la República por el Movimiento Alternativo y Social Indígena
(MAIS) al candidato Pedro José Suárez Vacca del Partido Colombia Humana,
ocurrieron durante la campaña electoral al Congreso de la República para el período
2022-2026, cuyo extremo temporal inicial corresponde a la inscripción de candidatos
y finaliza con la fecha de las elecciones, es decir, «se presentó dentro de[l] tiempo en
el cual la conducta establecida por la norma, esto es el apoyo a candidaturas de otros
partidos políticos, deviene en prohibida».

En ese orden de ideas, considera la Sala que la motivación expuesta por la autoridad
demandada para dar solución a la litis no es arbitraria, pues trajo a colación el acervo
probatorio encontrado en el plenario, procedió a su efectiva valoración y explicó
ampliamente las razones por las cuales estimaba que tanto los registros fílmicos —
videos— y las capturas de pantalla de contenidos originados en redes sociales —
Facebook, Instagram, etc.—, que fueron allegados al proceso podían tenerse como
pruebas documentales válidas para acreditar, entre otros, hechos relacionados con
actividades acontecidas en el contexto de campañas electorales, como ya lo había
resuelto en el auto del 30 de mayo de 2023, en el que dispuso tener como pruebas
con el valor legal que les correspondiera las documentales aportadas con las
demandas y las contestaciones y corrió traslado a las partes por el término de tres
días, providencia contra la que el señor Pachón Achury no impetró recurso alguno.

25 «Ley 1475 de 2011, artículo 35, inciso segundo: La propaganda a través de los medios de
comunicación social y del espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días
anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá
realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación».

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

En tal sentido, no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el ámbito
valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una
mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.

El no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el operador judicial, como
ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción
como si se tratara de una tercera instancia.

Lo que advierte la Sala, en el asunto, es la inconformidad del accionante con la lógica
y el análisis que efectuó la Sección Quinta del Consejo de Estado de las pruebas
obrantes en los procesos acumulados que se promovieron contra los actos mediante
los cuales se declaró su elección como senador de la República para el período
constitucional 2022-2026, por haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble
militancia en la modalidad de apoyo.

Así, utiliza la acción de tutela para plantear un examen de las probanzas, que, a su
juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional no
solo porque no es de su competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el
defecto fáctico está estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte
Constitucional y en ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de
estudiar la prueba bajo consideraciones propias del juez de tutela, so pretexto de
desconocimiento de las pautas de la sana crítica, como lo pretende la parte actora.

Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.

El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación

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probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto» o para cubrir las falencias
en que hayan incurrido las partes en un proceso, como lo plantea la accionante en esta
oportunidad.

Así mismo, la Sección Quinta en relación con la normativa que rige la doble militancia
como causal de nulidad electoral, así como el desarrollo jurisprudencial tanto de la
Corte Constitucional como de esta corporación, hizo las siguientes consideraciones:

Pues bien, se hace necesario recordar que la prohibición de doble militancia fue
introducida al ordenamiento jurídico mediante las modificaciones a la literalidad del
artículo 107 Superior en los años 2003 y 2007, y ha sido concebida como un motivo
de inelegibilidad que, junto a las inhabilidades e incompatibilidades, determinan los
límites a los que se encuentra sometido el ejercicio del derecho a la participación
política26 en aras de dotar de razonabilidad y de un filtro necesario e importante
para la democracia su puesta en marcha.

Se trata así de un instituto que resulta ser el producto de la tensión que se presenta
entre la libertad concedida a los ciudadanos para fundar, estructurar y hacer parte
de organizaciones políticas27 y el principio de democracia representativa que exige
de éstos28 una coherencia en su actuar para el fortalecimiento de los partidos y
movimientos a la base del republicanismo colombiano29.

En otros términos, la doble militancia persigue el establecimiento de un régimen
severo de bancadas, por medio del cual se reprocha el transfuguismo30 como
fenómeno político que denota la falta de firmeza ideológica y “…el exceso de
pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos
programas e ideario del partido político…”31 del que hace parte el ciudadano o el
elegido popular.

Bajo este sustrato ideológico, el constituyente (art. 107 constitucional) y el
legislador (art. 2° de la Ley 1475 de 2011) han erigido una serie de conductas
prohibidas que acuñadas en la expresión doble militancia restringen diferentes
manifestaciones del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del

26 «Sobre el alcance de este derecho, puede consultarse: Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad.

25001-23-15-000-2020-02312-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 15 de octubre de 2020».
27 «Art. 40 numeral 3° de la Constitución Política».
28 «De la ciudadanía en general».
29 «Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se define

a la doble militancia como una “…limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los
ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.).
Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del
principio democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en
determinado plan de acción política no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de
abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección
popular».
30 «Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes

Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Corte Constitucional. Sentencia C-342 de 2006. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto».
31 «Corte Constitucional. Sentencia C-342 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00706 00
Demandante: César Augusto Pachón Achury

poder político32, proscribiendo, en general, la deslealtad en la que pueden llegar a
incurrir ciudadanos y militantes de una estructura proselitista.

Y, en lo referente a la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, señaló
lo siguiente:

Descendiendo a la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, el
inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 determina que “[q]uienes […]
hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular,
no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al cual se encuentren afiliados”. Al respecto, la Corte Constitucional33 ha
considerado que esta norma sí resulta aplicable a los candidatos de coalición
porque en su caso también se cumplen los supuestos fácticos que allí se exigen:
i) aspiran a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular y ii) por
mandato del inciso tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, se encuentran
afiliados a una organización política. Esta afiliación no se pierde, aunque el
candidato sea el candidato único de las organizaciones políticas que integran la
coalición.

Por su parte la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 24 de
septiembre de 2020, a partir del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, atinente a las
coaliciones y adhesiones a las campañas políticas, determinó que el demandado
no incurrió en doble militancia, en consideración a que un candidato de coalición,
en primer lugar (i) debe apoyar a los demás aspirantes de la agrupación política en
la que milita, pero en el evento que ésta no inscriba candidatos para determinado
cargo de elección popular, (ii) puede apoyar a los aspirantes que pertenecen a las
agrupaciones políticas que hacen parte de la coalición o a los que militan en las
colectividades que adhirieron o apoyaron su campaña (la del candidato de
coalición), sin establecer entre unos u otros algún grado de preferencia, […]

[…]

En este punto es importante resaltar que en las consideraciones que anteceden,
la Sección en un asunto en el que se alegó la configuración de la causal de nulidad
de doble militancia, partió del deber que en primer lugar tiene un candidato de
coalición con la colectividad a la pertenece, y luego con las que respaldaron su
aspiración política, destacando que el apoyo a los candidatos de éstas es posible
cuando el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos al que pertenece
(el candidato de coalición), para determinado cargo no haya optado por una
candidatura, criterio interpretativo que se desprende del análisis armónico de
las normas relativas a la prohibición de doble militancia, en especial los
artículos 107 Superior y 2 de la Ley 1475 de 2011, y las relativas al derecho
de las agrupaciones políticas a coaligarse, particularmente, el artículo 29 de
la anterior ley.

Siguiendo este parámetro de análisis, la Sección en fallo del 3 de diciembre de
2020, declaró la nulidad del acto de elección del alcalde de Girón para el periodo
2020-2023, al acreditarse que apoyó a un candidato por la Gobernación de
Santander que no pertenecía al Partido Alianza Verde, que era la colectividad en

32 «Art. 40 C.P. y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos».
33 «Ver ente sentencia SU 213 de 2022. M.P. Cristina Pardo Schleinger».

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

la que militaba el demandado y que con otras agrupaciones políticas en virtud de
un acuerdo de coalición, inscribieron su candidatura a la mencionada alcaldía.

En esta providencia se hizo especial énfasis en que un candidato de coalición en
su intención de manifestar apoyo a otros, lo debe hacer en primer lugar a los que
pertenecen a la colectividad en la que milita, y en caso de que su partido para un
cargo específico no haya inscrito a algún aspirante, lo puede hacer en favor de los
candidatos de los demás integrantes de la coalición o de los partidos o
movimientos políticos que se hayan adherido, “siempre y cuando haya sido dejado
libre para dar ese apoyo por parte del partido”; exigencia que se destacó, deviene
de la Constitución y la ley (artículos 107 de la Constitución y 2 de la Ley 1475 de
2011), y que en el caso concreto también quedó consignada en el acuerdo de
coalición que se suscribió en favor del demandado.

Precisado lo anterior, se reiteró la regla según la cual el candidato de coalición que
pretenda apoyar otras candidaturas, debe fidelidad en primer lugar, a los
integrantes que pertenecen a su colectividad de origen, so pena de incurrir en
doble militancia en desconocimiento de la Constitución y la ley, esto es, en una
prohibición que deben tener en cuenta todos los candidatos que aspiran a un cargo
de elección popular, inclusive, los de coalición.

[…]

Posteriormente, en sentencia del 1 de julio de 2021 la Sección estableció las
siguientes subreglas relevantes frente a casos en materia de doble militancia y
candidatos de coalición […]

Acorde con el recuento anterior, recuerda la Sala que uno de los fines propios de
la prohibición de la doble militancia consiste en asegurar que los candidatos
apoyen en primer lugar, las aspiraciones de las personas que pertenecen a la
colectividad en la que se encuentra afiliado, y en caso de que su partido para un
cargo específico no haya inscrito o respaldado a algún aspirante, lo puede hacer
en favor de los candidatos que hacen parte de la coalición.

Esta conclusión se ajusta a la realidad de los escenarios típicos u ordinarios de las
elecciones por voto popular en Colombia, pues, en tales jornadas, los ciudadanos
pueden participar en la elección de varios cargos y corporaciones públicas de
manera simultánea, sin que las organizaciones políticas se encuentren
imposibilitadas para participar en cada uno de dichos escenarios con un candidato
o lista propios o mediante acuerdos de coalición que no coincidan entre sí.

[…]

La Sala no encuentra razones para considerar que la anulación del acto de
elección por voto popular al encontrarse acreditada la doble militancia por apoyo,
es contraria a los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos
Humanos, al presuntamente constituir una limitación desproporcionada a los
derechos políticos.

[…]

Más aún, con la mencionada prohibición se buscó proteger la soberanía popular,
toda vez que quien incurre en la práctica de doble militancia afecta dicho principio,
ya que la obtención de la investidura en la corporación pública se deriva de la

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

voluntad democrática de los electores, lo que implica que quien apoya a un
candidato distinto al de su colectividad no solo defrauda al votante, sino que de
facto cuestiona la legitimidad democrática de su mandato representativo basado
en el aval del partido en el cual se encuentra inscrito34.

Bajo estas consideraciones, la modalidad de apoyo respecto de quien aspira a un
cargo por elección popular y el efecto que la configuración de aquella tiene frente
al acto de elección, deviene en una medida idónea para el cumplimiento de la
finalidad legítima de la doble militancia.

En este punto, es necesario resaltar que en sentencia de unificación del 7 de junio
del 201635, esta Sección señaló que, en materia del derecho electoral, no es
posible supeditar su eficacia al extremo de los derechos del elegido, pues el acto
electoral es el reflejo del derecho del elector, el cual debe ser protegido por la
jurisdicción con sus decisiones, en aplicación de los principios pro hominun (pro
humanidad) pro electoratem (electorado) pro sufragium (electores), los cuales se
garantizan con la aplicación efectiva de la doble militancia en todas sus
modalidades36. (Negrilla de la Sala)

En ese sentido, estima la Sala que la providencia que profirió el Consejo de Estado,
Sección Quinta, se encuentra debidamente justificada, según lo dispuesto en las
normas constitucionales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
suscrita en San José (Costa Rica) y legales así como en la jurisprudencia tanto de esta
corporación como de la Corte Constitucional, con fundamento en los cuales arribó a la
conclusión de que en el presente asunto se configura la figura de la doble militancia
en la modalidad de apoyo, lo cual, en modo alguno, constituye transgresión de sus
garantías fundamentales, sino que corresponde a las atribuciones de autonomía e
independencia de las que está investido el juez de la causa y que en forma precisa lo
habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al
caso concreto.

Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.

34 «Corte Constitucional, sentencia C 303 del 28 de abril de 2010, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva».
35 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00. M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
36 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 10 de diciembre del 2021. Radicación 19001- 23-

33-003-2019-00368-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

En tal sentido estima la Sala que el accionante no acreditó los elementos tendientes a
demostrar que la interpretación realizada por la Sección Quinta de esta corporación
haya sido arbitraria, irracional o caprichosa; por el contrario, dicha autoridad judicial,
atendió las reglas fijadas por esta corporación y de forma argumentada llegó a la
conclusión de que se reunían los requisitos para declarar que el accionante está
incurso en la causal de nulidad electoral de doble militancia en la modalidad de apoyo.

Finalmente, se considera que la sentencia acusada cuenta con una sólida
fundamentación que descarta la estructuración de las objeciones alegadas, actuación
que, por lo demás, se repite, corresponde al ejercicio funcional de los atributos de
autonomía e independencia judicial de los que está investido el juez de la causa.

Igualmente, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en
violación directa de la Constitución como lo alega la parte actora, pues precisamente
la decisión se adoptó en obedecimiento a los mandatos constitucionales y la normativa
legal, sobre el particular la Sección Quinta se pronunció en los siguientes términos:

Recuerda la Sección que la nulidad del acto electoral por doble militancia responde
al principio de legalidad, en tanto se encuentra debidamente consagrada en el
ordenamiento jurídico, como fue señalado previamente, en el numeral 8º del
artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 2º de la Ley
1475 de la misma anualidad.

Sin duda alguna, la prohibición de la doble militancia, es una restricción genérica
que busca mantener la vigencia de nuestro sistema político democrático, por lo
que adquiere una importancia mayúscula, que debe ser observada como
herramienta de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, por expreso
mandato Constitucional, cuyo fin último es eliminar el personalismo y aumentar los
estándares de disciplina de sus miembros e integrantes, aplicable a todos aquellos
elegidos por voto popular, sin distinción alguna.

Resulta pertinente recordar lo señalado por la Sala en el auto del 2 de marzo de
2023, en el que se le resolvió a la parte demanda este mismo alegato:

«debido a que el demandando en su escrito de impugnación de manera
recurrente hace referencia a la sentencia C-015 de 2004, en cuanto señala que
para los congresistas y el presidente de la República la Constitución estableció
un sistema cerrado de inhabilidades, por lo que no se facultó al legislador para
prever nuevas causales en la materia, vale la pena recordar, que la doble
militancia no es una inhabilidad, sino una prohibición, una “limitación, de
raigambre constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar
libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3
C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige
que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción
política no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de
abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación
pública o cargo de elección popular».

123. Por lo anterior, resulta incorrecto que la parte demandada pretenda
trasladar el tratamiento que le ha dado la jurisprudencia a las causales de
inhabilidad para los referidos cargos, a la prohibición constitucional y legal de
doble militancia, que se ha considerado por esta Corporación y por la Corte
Constitucional, es plenamente aplicable a quienes aspiren al Congreso o a la
Presidencia de la República. Así lo indicó aquélla en el fallo SU-209 de 2021, al
revisar la sentencia del 25 de abril de 2019 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en la que destacó que las normas que la consagran no efectuaron
distinción alguna para considerar que es válido excluir de su aplicación a las
más altas dignidades del país.

La mentada providencia recordó, lo señalado por la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-209 del 1° de julio de 2021, al ser pertinente frente al reparo del
demandado, dirigido a excluir a los senadores y al presidente de la República del
desarrollo legal (Ley 1475 de 2011) de la prohibición de doble militancia, al
respecto se indicó:

En consonancia con lo expuesto, tanto la Corte Constitucional como esta Sala han
reconocido la posibilidad de suspender provisionalmente o anular los actos de
elección popular, sin distinción alguna de la condición de los cargos involucrados,
cuando se advierte la infracción de las normas que proscriben la doble militancia,
más aún, cuando la anterior situación fue consagrada en el numeral 8° del artículo
275 de la 1437 de 2011 como una casual especial de nulidad electoral.

Se recuerda que, con anterioridad a este artículo, la Sección ya había (sic) la
posibilidad de declarar la nulidad de una elección por desconocimiento de las
normas relativas a la doble militancia. De una parte, se argumentó que no era
posible nulitar los actos controvertidos, porque aquéllas no preveían tal posibilidad,
pero de otra, se estimó que no se requería tal habilitación de manera especial,
pues la infracción de las normas superiores por excelencia es la causal de
anulación de los actos administrativos, también aplicable a los electorales.

[…]

Pues bien, al no haber traído argumentos nuevos, la Sala reitera que no son de
recibo las razones expuestas por el demandado para inaplicar de la Ley 1437 de
2011 y los artículos relativos a la suspensión provisional y anulación de los actos
electorales, por el supuesto desconocimiento de los asuntos objeto de materia de
ley estatutaria.

Así las cosas, se tiene que en el asunto sub examine no se acreditó que el Tribunal
hubiera desconocido ningún precepto constitucional o que haya realizado una
interpretación de la normativa que rige la figura de la doble militancia opuesta a la
disposición legal que la regula; por el contrario, atendió el deber que le asiste de velar
por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011,

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que adoptó «reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales».

En tal sentido, la Sala encuentra que en la providencia acusada no se incurrió en
violación directa de la Constitución como lo alega la parte actora, pues se repite,
precisamente en obedecimiento a las normas legales que rigen los procesos
electorales, se decidió el asunto, lo que como se estableció en las motivaciones de la
providencia acusada no se avizora que vayan en contravía de la supremacía que
comporta el artículo 4.º de la Constitución.

Según lo expuesto, la Sala estima que en la providencia emitida por la autoridad
accionada no se advierte la configuración de una actuación constitutiva de vía de
hecho que vulnere los derechos fundamentales de la parte accionante, en tal virtud, se
denegará el amparo deprecado por el señor Pachón Achury.

3. Conclusión

La Sala concluye que en la providencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró nula la elección del accionante como
senador de la República para el período constitucional 2022-2026, no se incurrió en
los defectos aducidos.

En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo que solicita el señor César
Augusto Pachón Achury.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo que solicita el señor César Augusto Pachón Achury,
conforme a la parte considerativa que antecede.

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Demandante: César Augusto Pachón Achury

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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