Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00719-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00719-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00719-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
21 de marzo de 2024
Demandante: Andrés Sarmiento Vargas
Demandado: Presidente de la República
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00719-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00719-00
Demandante: ANDRÉS SARMIENTO VARGAS
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Temas: Tutela de fondo – declara falta de legitimación en la causa por
activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Andrés Sarmiento
Vargas contra el presidente de la República. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de su derecho fundamental al debido proceso administrativo1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La parte accionante expresó que sus garantías fundamentales han sido
vulneradas por: i) los distintos pronunciamientos proferidos por el presidente de la
República relacionados con el trámite de elección del Fiscal General de la Nación a
cargo de la Corte Suprema de Justicia y, ii) el presunto apoyo de la autoridad
demandada a las protestas que se han promovido frente a las inmediaciones del
Palacio de Justicia.
1.2. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales a
«vivir en un Estado Social de Derecho dentro de un marco jurídico y democrático,
el debido proceso administrativo y la prevalencia del interés general sobre el
1 En la acción impetrada el accionante pretende que se garanticen sus derechos a «vivir en un
Estado Social de Derecho dentro de un marco jurídico y democrático, el debido proceso
administrativo y la prevalencia del interés general sobre el particular», no obstante, el único derecho
fundamental enlistado es el derecho al debido proceso administrativo.
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Demandante: Andrés Sarmiento Vargas
Demandado: Presidente de la República
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particular». En consecuencia, que se ordene al presidente de la República lo
siguiente:
2.1. Respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial de Colombia.
2.2. En consecuencia, abstenerse de hacer pronunciamientos que busquen
deslegitimar el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
2.3. Tramitar todas las diferencias y ordenar las investigaciones que considere
pertinentes, a través de los mecanismos institucionales establecidos en la
Constitución y la Ley.
2.4. Abstenerse de convocar a sus simpatizantes a ejercer presión sobre el poder
judicial.
2.5. Ordenara a la fuerza pública establecer protocolos de seguridad que garanticen
la libre movilidad de los funcionarios del Palacio de Justicia y su integridad.
2.6. Abstenerse de usar las entidades y los recursos del Estado para promover y
brindar logística para ejercer presión ante los órganos del poder judicial.2
1.3. Hechos
La sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. El 8 de febrero de 2024, un grupo de ciudadanos realizó protestas y
manifestaciones públicas frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia ubicada
en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, con ocación del proceso de elección
del Fiscal General de la Nación que tiene a cargo la Sala Plena del referido Alto
Tribunal.
4. En el marco de las señaladas protestas y manifestaciones públicas, se
presentaron disturbios y alteraciones al orden público que motivaron la adopción de
algunas medidas de seguridad y control por parte de los organismos de seguridad
del Estado.
5. Los hechos fueron objeto de diversos pronunciamientos de actores
institrucionales y de la sociedad civil de rechazo frente a los hechos de violencia y
requerimiento de garantías para el ejercicio independiente del poder judicial.
6. El accionante refirió el hecho de que en la actualidad la Fiscalía General de
la Nación adelanta unas investigaciones en contra del hijo del presidente de la
República, y destacó que pese a que el primer mandatario expresó públicamente
que no intervendría en ellas, se advierte su premura para que la Corte Suprema de
Justicia elija la nueva fiscal de una terna enviada por él.
1.4. Fundamentos de la vulneración
7. La parte accionante alegó que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso administrativo por las siguientes razones.
2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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8. Señaló que lo ocurrido el 8 de febrero de 2024 no fue un «simple ejercicio de
movilización social», sino «un ataque promovido desde el Palacio de Nariño, con
recursos y logística propiciados por el poder ejecutivo, para ejercer una indebida
presión sobre la Corte Suprema de Justicia».
9. Expuso que de acuerdo con lo establecido en el artículo 249 3 de la
Constitución Política el Fiscal General de la Nación debe ser elegido por la Corte
Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República.
Igualmente, indicó que las votaciones que esta corporación lleve a cabo con dicho
propósito debían surtirse con plena independencia y sin presiones por parte del
poder ejecutivo, atendiendo al principio democrático de la división de poderes, que
establece que los poderes públicos deben trabajar con independencia, pero en
armonía.
10. Por lo anterior, manifestó que «es totalmente contrario a la independencia y
a la armonía, que un Presidente de la República convoque a sus simpatizantes para
presionar la decisión de una Alta Corte (…) El Presidente debe saber que desde su
dignidad y con el poder que ostenta no puede seguir esparciendo rumores que
busquen o tengan como efecto deslegitimar la majestad de la justicia»4.
1.5. Trámite de la acción de tutela
11. Mediante providencia del 15 de febrero de 2024, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela y negó el decreto de las medidas provisionales solicitadas
por el señor Andrés Sarmiento Vargas. Así mismo dispuso la notificación del
presidente de la República y de la Presidencia de la República para que, en su
calidad de parte demandada, contestara la demanda y allegara los documentos que
pretenda hacer valer como pruebas.
12. En el mismo auto, el despacho sustanciador ordenó vincular como tercero
con interés a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado, publicar en su
página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan
y del auto admisorio.
1.6. Informes
13. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
3 «ARTICULO 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los
fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte
Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser
reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía
administrativa y presupuestal». (énfasis de la sala).
4 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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1.6.1. La Presidencia de la República pidió declarar la improcedencia de la
acción de tutela en atención a la falta de legitimación en la causa por activa de la
parte accionante y, de igual forma, solicitó negar las pretensiones de la demanda al
señalar que el presidente de la República cumplió a cabalidad con las obligaciones
constitucionales que le asisten en el marco de la elección de un nuevo Fiscal
General de la Nación.
14. Al respecto, explicó que el primer mandatario acató su obligación
constitucional de conformar la terna de elegibles para la designación del Fiscal
General de la Nación y remitirla a la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, señaló
que el Alto Tribunal aceptó la terna enviada5 y dio por iniciado el mencionado
proceso de elección del titular del ente investigador, por lo que concluyó que la labor
del presidente culminó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 de la
Constitución Política.
15. Manifestó que el accionante no evidenció por qué o cómo los hechos del 8
de febrero de 2024 lo afectaron de manera directa o cómo las sesiones que llevará
a cabo la Corte Suprema de Justicia, en el referido trámite eleccionario, podrían
llegar a afectarlo directamente. Así mismo, indicó que el accionante no especificó el
daño que le ocasionaron las marchas mencionadas o si sufrió alguna afectación
concreta a sus derechos, por lo que puso de manifiesto la carencia de interés
legítimo del accionante para instaurar la presente acción de tutela.
16. Explicó que las competencias para adoptar medidas en materia de orden
público en el presente caso recaían en el ente territorial, esto es, en el alcalde
distrital, autoridad que tenía la facultad y la obligación de dirigir la fuerza pública en
su jurisdicción.
1.6.2. La Procuraduría General de la Nación rindió informe en el que solicitó
declarar que el ente de control no ha vulnerado derecho fundamental alguno al
accionante. Sobre los hechos relacionados con la demanda, acaecidos el 8 de
febrero del año en curso, señaló que la entidad se atiene al pronunciamiento
contenido en el boletín de prensa núm. 115 de 20246, en el cual se pidió a los
manifestantes respeto por los magistrados y las instalaciones públicas. Explicó que,
revisados los hechos y las pretensiones de la demanda, respecto de la entidad
convocada en calidad de tercero con interés en el presente asunto, «no existe una
actuación u omisión a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o
vulneración de las garantías fundamentales alegadas por el accionante».
17. Para concluir, llamó la atención sobre el deber de sujeción de todas las
autoridades públicas al orden jurídico como principio esencial del Estado de
Derecho y el respeto por las instituciones como condición necesaria para una
5 Por medio del Acuerdo No. 2114 de 2023 del 31 de octubre de 2023.
6 La entidad señaló que el comunicado de prensa reposa y puede ser consultado en el enlace:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-pide-a-manifestantes-respeto-por-
magistrados-instalaciones-publicas.aspx.
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convivencia pacífica y para la garantía de los derechos en el marco de una sociedad
democrática.
1.6.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción
de tutela respecto del ente acusador por las siguientes razones: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad en tanto es la Corte Suprema de
Justicia la institución encargada de nombrar al Fiscal General de la Nación; ii)
porque la elección del fiscal general atiende a un procedimiento reglado en la
Constitución y la ley, lo cual no vulnera derecho fundamental alguno del accionante
y; iii) en el evento de interponer una denuncia la misma se recepcionará por uno de
los canales dispuestos por la entidad para tal fin, esto al considerar que la pretension
que guarda relación con el ente acusador es la que se refiere a «[t]ramitar todas las
diferencias y ordenar las investigaciones que considere pertinentes, a través de los
mecanismos institucionales establecidos en la Constitución y la Ley».
18. La Fiscalía observó que el accionante en su escrito introductorio hace
mención a «posibles hechos constitutivos de delito» y manifiesta, como pretensión,
que se tramiten las investigaciones pertinentes, frente a lo que explicó que la acción
de tutela no es el canal oficial establecido para interponer denuncias ante esa
entidad y que el accionante debe acudir a los canales formales que el ente
investigador a dispuesto para que la ciudadanía presente denuncias, razón por la
cual expresó que la presente acción constitucional no satisface el requisito de
subsidiariedad.
1.6.4. La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, solicitó la
desvinculación del Alto Tribunal del presente trámite constitucional al observar que
la demanda no se dirige en contra de esta corporación y, por tanto, de los hechos
narrados y de las pretensiones, no se advierte acción u omisión que se le endilgue
a la misma, lo que pone en evidencia la ausencia de alguna vulneración de las
garantías del accionante por parte de esta autoridad.
1.6.5. El accionante intervino7 para poner de presente algunos mensajes
publicados y reproducidos en las redes sociales por el presidente de la República
que, en el sentir del señor Sarmiento Vargas, «tratan de deslegitiman la labor de la
justicia en Colombia » .
1.7. Trámite procesal relevante en primera instancia
19. Mediante escrito enviado el 5 de marzo de 2024, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente
mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el numeral
1º del artículo 568 del Código de Procedimiento Penal.
7 Mediante memorial que radicó el 15 de marzo de 2024. Índice 26 de Samai.
8 «ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…) 1. Que el
funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo
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20. Expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad
nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encuentra vinculada
como tercero con interés en esta oportunidad9.
21. Luego mediante auto del 6 de marzo de 2024, el despacho ponente de esta
decisión ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado para que procediera
a realizar el correspondiente sorteo de conjuez principal y uno suplente (este último
para que actuara en caso de que existiera empate en la sala o el principal no pueda
actuar) a efectos de conformar el quórum requerido para resolver el impedimento
del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, y, si es el caso, conocer el asunto de
fondo.
22. En virtud de lo anterior, se realizó diligencia de sorteo que se llevó a cabo el
11 de marzo del presente año 10 y resultó designado como conjuez principal, el
doctor Roberto Rafael Bornacelli Guerrero y suplente, el doctor Humberto Antonio
Sierra Porto.
23. Finalmente, mediante auto del 21 de marzo de 2024, la sala conformada por
el ponente, el doctor Luis Alberto Álvarez Parra y el conjuez Roberto Rafael
Bornacelli declararon infundado el impedimento manifestado por el doctor Omar
Joaquín Barreto Suárez.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Andrés Sarmiento Vargas contra el presidente de la República. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto Ley 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 [modificado
por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021], así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitud de desvinculación de la Corte Suprema de Justicia
25. El presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó la desvinculación del
Alto Tribunal del presente trámite constitucional. Lo anterior, al considerar que la
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal».
9 Señaló expresamente lo siguiente: «mi cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad
nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad vinculada a la acción de tutela de la referencia
en calidad de tercero con interés dado que el actor controvierte los distintos pronunciamientos
emitidos por el presidente de la República relacionados con el trámite de elección de la fiscal general
de la Nación».
10 Índice 23 de Samai.
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demanda no se enervó contra dicha corporación, que de los hechos narrados por el
accionante no se evidencia acción u omisión que se le endilgue a la misma y,
finalmente, que las pretensiones de la tutela no se dirigen a esa autoridad.
26. La sala negará esta solicitud de desvinculación poque la Corte Suprema de
Justicia fue vinculada al presente trámite constitucional como un tercero con interés
en las resultas de este proceso y no como autoridad accionada.
27. Así, la vinculación de la Corte Suprema de Justicia sólo se realizó dado que
a esa corporación le corresponde la elección del Fiscal General de la Nación, a partir
de un procedimiento en conjunto con el presidente de la República11.
2.2.2. Solicitud de adicionar nuevos hechos a la demanda
28. La parte accionante presentó memorial el 15 de marzo de 2024 en el que
refiere algunas publicaciones realizadas por el presidente de la República en sus
redes sociales, esto es, señala aspectos que constituyen nuevos hechos que solicita
se adicionen al escrito introductorio.
29. La sala anticipa que ese memorial no será considerado, toda vez que no fue
presentado de forma oportuna y su admisión en este momento del proceso
implicaría la vulneración del derecho de defensa y contradicción de la parte
accionada en la medida en que no fueron aspectos fácticos incluidos en la demanda
que se admitió en el presente trámite constitucional y que se notificaron
oportunamente a las partes para que se pronunciaran sobre los mismos.
30. Por lo anterior, se advierte que los señalados hechos no serán considerados
para efectos de la decisión que se adoptará en la presente providencia.
2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión
31. El primer problema jurídico que deberá resolver la sección consiste en
determinar si concurren los requisitos de procedibilidad de la presente acción
constitucional. Para ello, determinará en primer lugar si el accionante se encuentra
legitimado en la causa por activa.
32. De encontrarse superados los mismos, la sala analizará lo siguiente:
11 Sobre el procedimiento de elección del Fiscal General de la Nación, esta corporación ha señalado
que: «la intención del constituyente al señalar la manera de elegir el Fiscal General fue la de
propender por el equilibrio entre los poderes públicos, en coherencia con el sistema de pesos y
contrapesos, y a fin de evitar que tuviese vinculo o cercanía con lo político como garantía de su
autonomía e independencia, razón por la que determinó que su elección se cumpliera mediante un
procedimiento conjunto entre el Presidente de la República, que elabora la terna y la Corte Suprema
de Justicia, que lo elige entre los candidatos ternados». Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia del 16 de abril de 2013. Rad. 11001-03-28-000-2012-00027-
00.
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• ¿El presidente de la República vulneró el derecho fundamental al debido
proceso administrativo del señor Andrés Sarmiento Vargas con ocasión de
los distintos pronunciamientos que profirió en relación con el trámite de
elección del Fiscal General de la Nación a cargo de la Corte Suprema de
Justicia y por su presunto apoyo a las protestas que se han promovido frente
a las inmediaciones del Palacio de Justicia?
33. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) estudio de la legitimación en la
causa por activa. De resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos generales
de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iv) el
análisis de la vulneración del derecho fundamental en el caso concreto
2.4. Generalidades de la acción de tutela
34. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.
35. Su procedencia se supedita a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
36. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
37. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.
2.5. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
38. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para solicitar
«por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».
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39. A su vez, el Decreto 2591 de 1991 ratifica en el artículo 10 que, esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso a través de la figura de la agencia
oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los jueces
de tutela cuando el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia
defensa.
40. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la República, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia T-
416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del
interés sustancial que se discute en el proceso».
41. De esta manera, la legitimación en la causa por activa constituye una garantía
de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un «interés directo y
particular» respecto del amparo que solicita al juez constitucional12.
42. Así, al examinar el requisito de legitimación en la causa por activa, el juez
debe verificar se insiste, la existencia de un interés directo y particular en cabeza
del accionante, para lo cual resulta necesario analizar en los términos de la Corte
Constitucional, si «los derechos a resguardar están en cabeza del accionante, y no
en principio de otra persona»13.
43. En ese orden, es necesario que el titular de los derechos fundamentales
exprese de manera inequívoca el interés en la presentación de la acción de tutela
en las actuaciones dentro del proceso14.
44. Lo anterior, sin perjuicio, que en algunos eventos, la acción de tutela se
pueda ejercer a través de otra persona15: i) a través de representantes legales (caso
de los menores de edad, incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas); ii) el ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se
debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, (iii) la del ejercicio por medio de agente oficioso; y (iv) de acuerdo con
los 10 y 46 del Decreto 2591 de 1991, a través de los defensores del pueblo y los
personeros municipales.
45. Finalmente, el Alto Tribunal Constitucional ha manifestado que «el estudio de
la legitimación en la causa, es un deber de los jueces y una valoración de oficio, que
12 Ibidem.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-320 de 2021.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2022.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-552 de 2006.
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constituye un presupuesto procesal material de la demanda»16; y que el acatamiento
de este requisito tiene como objetivo asegurar el acceso a la administración de
justicia, razón por la que no busca imponer barreras excesivas más allá de lo
razonable17.
2.5.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto
46. Para el caso bajo estudio, la sala considera pertinente hacer alusión al
contenido del derecho al debido proceso administrativo, para efectos de
determinar la legitimación en la causa por activa del señor Andrés Sarmiento Vargas
y, en consecuencia, establecer si esta tutela es procedente.
2.5.2. Contenido del derecho fundamental al debido proceso administrativo
47. El artículo 29 de la Constitución Política establece la garantía fundamental al
debido proceso, la cual es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Conforme a esta prerrogativa, nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio.
48. Con relación a las actuaciones administrativas, el Alto Tribunal Constitucional
ha indicado que el debido proceso limita los poderes del Estado y establece las
garantías de protección a los derechos de los administrados. De este modo, ninguna
de las actuaciones de las autoridades públicas puede depender de su propio arbitrio,
sino que se encuentran sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley18.
49. De esta manera, el derecho al debido proceso administrativo es una
manifestación expresa del principio de legalidad, según el cual todos los
funcionarios del Estado actúan de la mano con los procedimientos previamente
estipulados por el ordenamiento jurídico19.
50. En esa misma línea, la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional ha
definido el derecho al debido proceso administrativo, como el «conjunto de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa»20.
51. Así, el derecho al debido proceso administrativo impone a las autoridades el
deber de actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley,
con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las
decisiones de la administración que crean, modifica o extinguen un derecho o
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-456 de 2016.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2022.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-231 de 2021.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de
agosto de 2023. Rad. 47-001-23-33-000-2023-00112-01.
20 Corte Constitucional. Sentencias C-980 de 2010 y SU-213 de 2021.
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imponen una obligación o una sanción21.
52. De esta manera, la Corte Constitucional ha identificado que el derecho al
debido proceso administrativo tiene las siguientes finalidades: asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, garantizar la validez de sus propias
actuaciones, y resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados22.
53. Ahora bien, para garantizar tales fines, el derecho al debido proceso
administrativo se encuentra conformado por múltiples elementos que constituyen
por sí solos un derecho y que no son taxativos: (i) ser oído durante toda la actuación;
(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) a que la actuación se
surta sin dilaciones injustificadas; (iv) a que se permita la participación en la
actuación desde su inicio hasta su culminación; (v) a que la actuación se adelante
por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en
el ordenamiento jurídico; (vi) a gozar de la presunción de inocencia; (vii) al ejercicio
del derecho de defensa y contradicción; (viii) a solicitar, aportar y controvertir
pruebas; y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso.
54. Las anteriores garantías deben ser aseguradas durante el desarrollo de la
actuación, para de esta manera, garantizar el equilibrio entre las partes previa
expedición de una decisión administrativa que pueda llevar consigo la creación,
modificación o extinción de un derecho o que pueda imponer una obligación o una
sanción.
55. Según lo referido, el derecho al debido proceso administrativo comporta para
los ciudadanos inmersos en una actuación administrativa, una garantía para el
acceso a la administración de justicia.
56. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
[el derecho al debido proceso administrativo] cobija todas sus manifestaciones en
cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los
particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada
entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana
al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las decisiones
administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan afectado sus
intereses23. (Subrayado fuera de texto).
57. En conclusión, atendiendo a los fines y contenido del debido proceso
administrativo, esta garantía se puede entender vulnerada cuando las autoridades
públicas no siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y en los
reglamentos y, por esa vía, desconocen las que se han reconocido a los
administrados durante las actuaciones administrativas en las que se encuentran
21 En sentido similar: Corte Constitucional. Sentencia T-653 de 2006 y T-209 de 2022.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-105 de 2023.
23 Corte Constitucional. Sentencias T-442 de 1992, T-020 de 1998, T-386 de 1998 y T-184 de 2023.
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involucrados.
58. Conforme a lo anterior, la sala procede a determinar si el accionante se
encuentra legitimado en la causa por activa.
2.5.3. Análisis de la legitimación en la causa por activa del señor Andrés
Sarmiento Vargas
59. En el caso concreto, la sección evidencia que la parte accionante considera
desconocido su derecho fundamental al debido proceso administrativo con
ocasión de los distintos pronunciamientos dictados por el presidente de la República
en relación con el trámite de elección del Fiscal General de la Nación a cargo de la
Corte Suprema de Justicia y por el presunto apoyo de esta autoridad a las protestas
que se han promovido frente a las inmediaciones del Palacio de Justicia.
60. De lo anterior se advierte que el señor Andrés Sarmiento Vargas carece de
legitimación en la causa por activa para reclamar la protección de su derecho
fundamental al debido proceso administrativo en este caso en concreto, por las
razones que pasan a exponerse.
61. De la revisión de la acción de tutela, la sala logró establecer que el accionante
no ha participado en una actuación o procedimiento administrativo que cree,
modifique o extinga su situación particular, de la cual además se pueda desprender
una acción u omisión de la autoridad demandada, que a su turno pueda amenazar
o vulnerar la garantía fundamental en comento.
62. En ese orden, la sala considera que como el accionante no hizo parte de un
procedimiento o actuación administrativa, no se puede verificar si las prerrogativas
que hacen parte del debido proceso administrativo -tales como la de ser oído
durante una actuación, que el procedimiento se haya surtido sin dilaciones
injustificadas, el ejercicio del derecho de defensa, entre otras-, se pudieron ver
vulneradas o amenazadas por parte de la autoridad accionada.
63. Al respecto, es preciso reiterar que la legitimación en la causa por activa
busca verificar que quien interpone la acción de tutela, en efecto sea el titular de los
derechos cuya protección reclama. En este orden, el presupuesto sine qua non para
solicitar la protección del derecho al debido proceso administrativo es demostrar
haber sido parte de una actuación administrativa.
64. En este asunto el accionante no está legitimado para solicitar la protección
del derecho al debido proceso administrativo porque no demostró haber hecho parte
de una actuación administrativa24 en la que, eventualmente, la garantía aquí
mencionada se haya visto amenazada o vulnerada con ocasión de una acción u
omisión por parte de la autoridad demandada.
24 En efecto, no existe prueba de que el accionante, por ejemplo, haya efectuado una petición en
sede administrativa o se haya adelantado un procedimiento en su contra.
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65. Ahora bien, la parte accionante indicó que su derecho fundamental al debido
proceso administrativo se vio vulnerado con ocasión de los pronunciamientos
proferidos por el presidente de la República en el marco del trámite de elección del
Fiscal General de la Nación que se surtió ante la Corte Suprema de Justicia por la
terminación del periodo constitucional de su titular25.
66. Al respecto, la sala no encuentra que, en las circunstancias descritas, se haya
creado, modificado o extinguido una situación particular al accionante, que, a su
vez, amenace o vulnere la garantía fundamental al debido proceso administrativo
del tutelante.
67. Es importante resaltar que la elección del Fiscal General de la Nación es un
procedimiento establecido directamente por la Constitución Política, por tanto, la
sección advierte que en este asunto no se está ante una actuación administrativa
en sentido estricto. Por otra parte, tampoco existe prueba de que el tutelante
hubiese participado de manera directa o indirecta en el proceso de elección del
Fiscal General de la Nación.
68. De conformidad con los motivos expuestos, para la sala el señor Andrés
Sarmiento Vargas no está legitimado en la causa por activa para interponer esta
tutela e invocar la protección del derecho fundamental al debido proceso
administrativo.
2.6. Conclusión
69. La sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la parte
actora para promover esta acción constitucional. Por tanto, este mecanismo será
declarado improcedente porque no se logró acreditar este presupuesto de
procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Corte Suprema
de Justicia.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Andrés Sarmiento Vargas para interponer esta acción de tutela e invocar la
protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo. En
consecuencia, declarar improcedente este mecanismo constitucional.
25 Al respecto la sala advierte que el 12 de marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia eligió a la
doctora Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, según consta en el comunicado
03/24 emitido por la Sala Plena de dicha corporación en dicha fecha.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
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