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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00729-00

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00729-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo tutela interpuesta por Ecolpegamax SAS, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central Bogotá, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00729-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

12 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00729-00
Accionante: Ecolpegamax S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-00729-00
Accionante: Ecolpegamax SAS
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de
Archivo Central Bogotá.
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Derecho de petición - solicitud desarchivo proceso.
Subtema 2: Temeridad/no se configuró.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Ecolpegamax
SAS, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela.

La sociedad Ecolpegamax SAS, a través de apoderado judicial, presentó escrito en el
que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central de Bogotá; con
ocasión a la renuencia para proceder con el desarchivo del proceso con radicado No.
11001-31-03-044-2015-00741-00.

1.2. Hechos probados1.

1.2.1. Los representantes legales de las sociedades Ecolpegamax SAS y Soluciones
e Industrias Plásticas LTDA, suscribieron un contrato civil el 05 de octubre de 2012,
cuya finalidad fue la fabricación de una máquina para mezclado de pegantes de
cerámica y porcelanato.

1.2.2. La sociedad Ecolpegamax SAS, por conducto de apoderado judicial, inició
proceso en el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá identificado con
el radicado No. 11001-31-03-044-2015-00741-00, debido al incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de la sociedad Soluciones e Industrias Plásticas
LTDA.

1 Archivo electrónico identificado con certificado 4B4170EF800DA014 CD66BAE0347DB07F
219F1694B273223C 882EC3535A809374, ubicado en el índice 2 del expediente digital; así como el
archivo electrónico identificado con certificado AD931C83EBB19479 E95D00A5F74792DF
BB5C172A585BA571 8B07A4D25F8E1837, ubicado en el índice 11 del expediente digital.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00729-00
Accionante: Ecolpegamax S.A.S.

1.2.3. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil de Bogotá profirió sentencia el 29 de
noviembre de 2016, en la que declaró el incumplimiento y terminación del contrato
suscrito, y, como consecuencia de lo anterior, ordenó al demandado cancelar al
demandante: i) la suma de $56.792.362 correspondiente a capital; ii) la cláusula penal
pactada por valor de $10.000.000, y; iii) las costas procesales.

1.2.4. Ante la ausencia de pago de las sumas reconocidas en sentencia judicial por
parte de la sociedad Soluciones e Industrias Plásticas LTDA, el apoderado de
Ecolpegamax SAS instauró el proceso ejecutivo singular ante el Juzgado Cuarenta y
Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, bajo el radicado 11001-31-03-044-2021-00012-00.

1.2.5. Posteriormente, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá,
mediante providencia de fecha 2 de febrero de 2021, requirió al ejecutante para
proceder con el desarchivo del expediente del cual se origina la obligación, para así,
continuar con el trámite del proceso ejecutivo. Por lo anterior, el apoderado de
Ecolpegamax SAS remitió correo electrónico dirigido al archivo central de Bogotá, en
el que solicitó el desarchivo correspondiente.

1.2.6. El archivo central de Bogotá remitió respuesta, por medio de correo electrónico
el 15 de diciembre de 2021, a la petición presentada por el interesado, en el que le
indicó que, de conformidad con los datos suministrados, el expediente físico no se
encontró en el archivo. Por tanto, requirió para que se verificara nuevamente la
información con el juzgado y procediera con una nueva solicitud de desarchivo y el
pago del arancel correspondiente.

1.2.7. Nuevamente, la sociedad Ecolpegamax SAS, mediante correo electrónico
enviado el 17 de enero de 2023, reiteró su solicitud de desarchivo del proceso y aportó
los datos correctos requeridos para el efecto. El archivo central de Bogotá remitió
respuesta mediante correo electrónico el 26 de enero de 2023, en el que le indicó que
debía realizar la solicitud nuevamente y aportar el pago del arancel correspondiente.

1.2.8. Por último, Ecolpegamax SAS procedió con el pago del mencionado arancel el
día 2 de junio de 2023.

1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela.

La parte accionante presentó escrito de tutela en el que solicitó al Juez constitucional
la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia; y, en consecuencia, ordene a las
accionadas: i) dar respuesta a la solicitud de desarchivo del proceso No. 110001-31-
03-044-2015-00741-00; y, ii) al Juzgado de conocimiento efectuar la revisión de sus
archivos digitales para verificar la existencia del expediente requerido y así dar
continuidad al proceso ejecutivo.

Como argumento de sus pretensiones, la parte accionante expuso que, en atención a
la celebración de un contrato con la sociedad Soluciones Plásticas LTDA y el posterior
incumplimiento de la obligación pactada por parte de la referida sociedad, dio inicio al
proceso civil ante el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, bajo el
radicado 11001-31-03-044-2015-00741-00, a través del cual se dio por terminado el
contrato y se ordenó el pago de unas sumas de dinero a su favor.

Ante la renuencia en el pago de las aludidas sumas, el accionante presentó demanda
ejecutiva singular de menor cuantía en el referido juzgado. Posteriormente, mediante
auto del 2 de febrero de 2021, el despacho judicial le informó que el proceso con

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radicado 11001-31-03-044-2015-00741-00 se encontraba archivado, siendo necesario
incorporarlo al proceso, y que, por tanto, como interesado, debía efectuar las
diligencias correspondientes para lograr su desarchivo.

El accionante adujo que, de manera inmediata, procedió a realizar el trámite para el
desarchivo del proceso, sin que a la fecha tenga una respuesta efectiva a su
pretensión.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones.

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, en providencia de 19 de febrero de 20242,
admitió la acción; requirió al abogado para que aportara el mandato a él otorgado para
actuar en el presente trámite constitucional, e, indicara la relación del señor Cuervo
Méndez con las empresas Ecolpegamax SAS y Soluciones e Industrias Plásticas
LTDA, y, de ser el caso, allegara el respectivo certificado de existencia y
representación legal; vinculó como terceros con interés a Ecolpegamax SAS,
Soluciones e Industrias Plásticas LTDA y al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del
Circuito de Bogotá; ordenó notificar a los sujetos procesales y suspendió los términos
de la acción constitucional.

1.4.2. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá3 expresó que el
accionante interpuso proceso ejecutivo singular bajo el radicado No. 11001-31-03-044-
2021-00012-00, cuya pretensión fue dar cumplimiento a la orden de pago de las sumas
reconocidas, en la sentencia proferida en el proceso archivado. Por lo anterior, a través
de auto del 2 de febrero de 2021, requirió al accionante para que efectuara las
diligencias tendientes a lograr el desarchivo del proceso 11001-31-03-044-2015-
00741-00, con el fin de continuar con el proceso coactivo.

Adujo que, en proveído de 1° de julio de 2021, requirió nuevamente al apoderado de
la parte ejecutante para que acreditara los trámites adelantados frente al desarchivo
del legajo, quien, mediante escrito del 28 de septiembre de 2021, aportó copia del
recibo de pago del arancel judicial por concepto de desarchivo y constancia de
diligenciamiento del formulario para tal fin, sin que, a la fecha, haya informado de las
resultas de la solicitud.

Indicó que, la parte accionante promovió acción de tutela el 18 de enero de 2024, ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, a la que se le asignó el radicado
11001-22-03-000-2024-00042-00. Que tanto los fundamentos fácticos como las
pretensiones, son idénticas a la presente.

1.4.3. El Consejo Superior de la Judicatura4 adujo que, conforme el marco normativo
dispuesto en la Constitución Política y el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, es el órgano
de gobierno y de administración de la Rama Judicial, por lo que ejerce funciones
netamente administrativas, por tanto, no se puede endilgar responsabilidad alguna a
la entidad, toda vez que, las acciones u omisiones que manifestó el accionante como
fuente de la vulneración de sus derechos, recaen de forma exclusiva en la oficina de
archivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por ser la

2 Archivo electrónico identificado con certificado F2C27B8A96C38107 0DF4A4AEDB244C4D
700A4088CEF1F308 DD3FF16536BFB97D, ubicado en el índice 4 del expediente digital.
3 Vinculado como tercero con interés mediante auto admisorio del 19 de febrero de 2024 / Archivo

electrónico identificado con certificado 7E214044F4A58D04 1315BA9890ADD904
FE406DC663B76546 2CFB4277A6604AE0, ubicado en el índice 8 del expediente digital.
4 Archivo electrónico identificado con certificado AEADAA904B0437CD 135AAFCDB8286A8D

00707C9FDE83E262 1737F82EC86AC071, ubicado en el índice 10 del expediente digital.

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dependencia competente para ordenar el desarchivo del aludido expediente. Solicitó
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.4. El apoderado judicial de la parte tutelante, en cumplimiento de lo dispuesto en
el auto admisorio de 19 de febrero de 2024, allegó el poder otorgado por el señor
Jolman Bernardo Cuervo Méndez – quien ostenta la calidad de representante legal de
la sociedad Ecolpegamax SAS – para actuar en la presente acción5.

1.4.5. El Despacho del magistrado ponente profirió auto de fecha 7 de marzo de 20246,
en el que: i) ordenó la notificación del auto admisorio de 19 de febrero de 2024, a la
Oficina de Archivo Central de Bogotá; ii) determinó como accionante en el presente
trámite constitucional a la empresa Ecolpegamax SAS, y, iii) requirió a la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que remitiera el expediente de
tutela con radicado No. 11001-22-03-000-2024-00042-00. Esta última orden fue
atendida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través
de memorial de fecha 13 de marzo de 20247.

1.4.6. La sociedad Soluciones e Industrias Plásticas SAS8 manifestó que, en efecto, el
proceso adelantado bajo el radicado 11001-31-03-044-2015-00741-00 se encuentra
archivado, debido al contrato de transacción suscrito entre las partes el 15 de octubre
de 2020, en el que se pactó un plan de pagos, de conformidad con lo ordenado
mediante sentencia proferida en el aludido proceso.

Por lo anterior, no comprende por qué la sociedad accionante pretende reactivar un
proceso que fue archivado con base en el acuerdo de voluntades que dio por terminado
el mencionado litigio.

Afirmó que, no existe vulneración de los derechos fundamentales del accionante, en
la medida en que no se acreditó la existencia de una conducta que constituya amenaza
por el extremo accionado, pues, de conformidad con las pruebas aportadas y lo
manifestado directamente por el accionante, se dio respuesta de manera clara y de
fondo a su petición. Finalmente, consideró que en el sub lite se configuró un hecho
superado, por tanto, solicitó declarar la improcedencia de la acción.

1.4.7. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá expresó que9,
en atención a la petición elevada por el accionante, procedió a realizar las gestiones
tendientes para informar si se dio trámite a la misma, limitándose a indicar que, a la
fecha, no había recibido tal información.

5 Archivo electrónico identificado con certificado 07AB06A712CA9301 F946B7A547C29133
566FBCF735762467 DAE192297E27178C, ubicado en el índice 11 del expediente digital.
6 Archivo electrónico identificado con certificado 106B3CB7C1A0A6F2 9ACFA4D9525C1DEA

C9D030F7BC3EB329 52AB05EA009F0E4B, ubicado en el índice 13 del expediente digital.
7 Carpeta ZIP contentiva del expediente de tutela adelantada ante el Tribunal Superior de Distrito

Judicial, identificada con certificado 0D59080AA7BFDE26 2E7BCDAB628A4BE4 035CCE093E414CE3
C089D3282B90AC06, ubicada en el índice 17 del expediente digital.
8 En calidad de vinculado como tercero con interés en el proceso, en auto admisorio de 19 de febrero

de 2024 / Archivo electrónico identificado con certificado 7EC2245820A6CB4D BCA895C8FA83D966
3D3417A9F33CACCB 9D48EE5261A1ABB3, ubicado en el índice 18 del expediente digital.
9 Archivo electrónico identificado con certificado C3D893636306E9EA 7ACF9D90479E5202
B26C10003D322EF5 7F38E03BFF5108B7, ubicado en el índice 20 del expediente digital.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

2.2.1. La legitimación en la causa por activa de la sociedad Ecolpegamax SAS, está
acreditada dado que, fue la sociedad que actuó como demandante en el proceso civil
adelantado bajo el radicado 11001-31-03-044-2015-00741-00. Asimismo, actúa como
ejecutante en el proceso adelantado bajo radicado 11001-31-03-044-2021-00012-00,
en virtud del cual, se solicitó el desarchivo del primer proceso en el que se emitió la
providencia que sirve de título ejecutivo.

2.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva por parte de la
Oficina de Archivo Central de Bogotá, en la medida en que es la dependencia que
custodia los expedientes archivados por parte de los despachos judiciales, y fue su
actuación a la que el accionante, atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales.

No ocurre lo mismo con el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil
del Circuito de Bogotá, dado que, no se puede atribuir actuación u omisión que hayan
vulnerado las garantías constitucionales del tutelante.

2.3. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley10.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al
respecto, la solicitud de amparo de la referencia, cumple con el requisito de
subsidiariedad, en tanto el accionante no cuenta con otro mecanismo que permita la
garantía de su derecho fundamental de petición.

2.4. Actuaciones temerarias en asuntos de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, prevé que, cuando una persona promueva
múltiples acciones de tutela en las que exista coincidencia entre las partes, las
circunstancias fácticas de las que se pretende derivar la vulneración o la amenaza de

10 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como

intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial
en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la
protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos,
siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.

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un derecho fundamental y las pretensiones, sin que haya un motivo justificado y válido
que habilite la presentación de la nueva solicitud de amparo, habrá lugar a que el juez
constitucional rechace o decida desfavorablemente todas las solicitudes, por
configurarse una actuación temeraria.

La Corte Constitucional define la temeridad como “el abuso desmedido e irracional del
recurso judicial”11. En lo que atañe a las acciones de amparo, esa misma Corporación
ha establecido que, una actuación temeraria ocurre a partir de “la interposición de
tutelas idénticas, sin motivo expresamente justificado, contrariando el principio de
buena fe previsto en el artículo 83 la Constitución Política; por lo tanto, su prohibición
busca garantizar la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la
administración de justicia”12.

En ese orden, para que haya lugar a una actuación temeraria, es menester el
cumplimiento de los siguientes presupuestos: i) que el interesado presente varias
acciones de tutela, por los mismos hechos y con la pretensión de reclamar el mismo
derecho, ya sea ante el mismo juez o ante distintos falladores; ii) que haya una
identidad de la parte demandante y demandada entre las solicitudes de amparo; y iii)
que la parte actora no establezca una justificación razonable para promover la nueva
acción de tutela.

Como un requisito adicional, para establecer que, en una controversia en sede de
tutela se presenta la figura de la temeridad, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que es necesario que las pruebas aportadas al expediente desvirtúen la presunción de
buena fe y acrediten una mala fe por parte del accionante13. Lo anterior, porque el
juicio de temeridad es subjetivo e implica la valoración de la conducta de quien hace
un uso reiterativo de la acción, de manera que se pueda descartar la existencia de una
razón justificante.

Según la Corte Constitucional, la parte actora no incurre en una actuación temeraria,
cuando el uso indiscriminado de la tutela se sustenta en los siguientes eventos:

“(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión, propio
de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe y (ii) el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho”14.

Por último, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 dispone, en su inciso final, que, si
el juez rechaza o niega la tutela, condenará al solicitante al pago de las costas cuando
estime, de manera fundada, que incurrió en temeridad.

2.4. Caso concreto

2.4.1. La sociedad Ecolpegamax SAS, a través de apoderado judicial, promovió la
presente acción con la pretensión del amparo de sus derechos fundamentales de
petición, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
que consideró vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central Bogotá,
derivado de la actuación negligente y la imposibilidad de desarchivar el proceso
identificado con radicado No. 11001-31-03-044-2015-00741-00.

11 Sentencia C-054 de 1993.
12 Sentencia T-001 de 2016.
13 Sentencia SU-027 de 2021.
14 Sentencia SU-240 de 2015.

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En concreto, la inconformidad de la parte accionante radicó en que, en su sentir, la
parte accionada no ha dado respuesta de fondo a la petición de desarchivo elevada,
lo que conllevó a dilatar el proceso de entrega del expediente, y la continuación del
proceso de cobro de la obligación adeudada.

Ahora, en atención a la contestación presentada por parte del Juzgado Cuarenta y
Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, la Sala encontró que el señor Jolman Bernardo
Cuervo Méndez inició una primera acción de tutela15, tramitada en el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, contra el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el Archivo
Central de Bogotá y Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito, en la que consideró
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la ausencia de respuesta de
fondo a las peticiones presentadas tendientes al desarchivo del proceso con radicado
11001-31-03-044-2015-00741-00.

En la referida acción, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y,
en consecuencia, ordenar a las entidades accionadas realizar las acciones que
correspondan para el desarchivo del proceso y su remisión al Juzgado Cuarenta y
Cuatro Civil del Circuito de Bogotá ante quien se presentó la solicitud de ejecución.
Expuso como fundamento de su inconformidad, la necesidad de acceder al expediente
para dar cabal cumplimiento a la orden impuesta mediante sentencia, referente al pago
de unas sumas de dinero por parte del demandado.

Esta solicitud se radicó al número 11001-22-03-000-2024-00042-00 y correspondió su
conocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, autoridad
que, en sentencia del 24 de enero de 202416, negó las pretensiones de tutela por falta
de legitimación del accionante, pues no ostentó la calidad de parte en ninguno de los
procesos referidos en el escrito de tutela.

De lo anterior, esta Subsección observa que, a pesar de que, en el presente trámite
constitucional, a diferencia del primero con radicado núm. 11001-22-03-000-2024-
00042-00, acude como accionante la sociedad Ecolpegamax SAS – a través de
apoderado judicial –; lo cierto es que los escritos de amparo que dieron inicio a ambos
trámites, tienen el mismo objeto en general.

Así, cabe destacar que ambos trámites coinciden en las circunstancias fácticas que
sustentan la petición de amparo y las pretensiones elevadas, esto es, dar respuesta a
la solicitud de desarchivo del proceso identificado con el número 11001-31-03-044-
2015-00741-00, para dar continuidad al proceso ejecutivo singular, adelantado por la
sociedad Ecolpegamax SAS.

A pesar de lo anterior, se tiene que, las referidas acciones constitucionales difieren de
quienes las promueven, dado que, en la primera de ellas, concurrió Jolman Bernardo
Cuervo Méndez en nombre propio, y en la presente, la sociedad Ecolpegamax SAS a
través de apoderado, como parte demandante de los procesos sobre los cuales, versa
el objeto de las mismas.

En ese orden de ideas y, en atención al contenido del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991 no es procedente declarar la temeridad, en la medida en que ello exige tener
15 Contentivo en la carpeta ZIP, expediente digital acción de tutela con radicado No. 11001-22-03-000-

2024-00042-00; la cual se identifica con certificado 0D59080AA7BFDE26 2E7BCDAB628A4BE4
035CCE093E414CE3 C089D3282B90AC06, visible en el índice 17 del expediente digital.
16 Ver documento PDF 23, en la carpeta ZIP contenida en el índice 17 del expediente digital, con

certificado 0D59080AA7BFDE26 2E7BCDAB628A4BE4 035CCE093E414CE3 C089D3282B90AC06.

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Accionante: Ecolpegamax S.A.S.

acreditada la mala fe del accionante, lo cual no se configura en el presente caso, dado
que, por un lado, la primera tutela fue interpuesta por Jolman Bernardo Cuervo Méndez
en nombre propio, y por otro, la segunda tutela fue formulada por quien fue parte en
el proceso ordinario y tiene interés como beneficiaria de la obligación, esto es, la
sociedad Ecolpegamax SAS.

2.4.2. Dilucidado lo anterior, en el caso bajo estudio la sociedad accionante adujo que
las entidades accionadas vulneraron su derecho fundamental de petición, dada la
ausencia de respuesta de fondo a sus peticiones y la reticencia frente al desarchivo
del proceso solicitado.

El derecho fundamental de petición, dispuesto en el artículo 23 de la Constitución
Política, prevé que toda persona puede presentar solicitudes respetuosas, de interés
general o particular, ante las autoridades, y que estás deben dar respuesta pronta,
completa y de fondo. Su importancia radica en que, su ejercicio, permite el
reconocimiento de otras garantías fundamentales y escenarios de diálogo y
participación con el poder público dentro del marco de un Estado Social de Derecho,
y constituye un instrumento de control social, siendo regulado en el Título II de la Ley
1437 de 2011.

En cuanto a las obligaciones que recaen en la autoridad encargada de contestar la
petición, de acuerdo con la sentencia SU-213 de 2021 de la Corte Constitucional, estas
se materializan en que la respuesta debe ser: «(i) clara, “inteligible y de fácil
comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado,
sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta
relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las
cuales la petición resulta o no procedente”»17.

En el asunto bajo estudio, la Sala observa que Ecolpegamax SAS, por conducto de su
apoderado, radicó petición en el mes de septiembre de 2021 ante la Oficina de Archivo
Central en la que solicitó el desarchivo del proceso bajo radicado No. 11001-31-03-
044-2015-00741-00.

Además, que el interesado recibió respuesta por parte de aquella el 15 de diciembre
de 2021, en la que se le indicó que, conforme a la información aportada, no fue posible
ubicar el expediente solicitado, motivo por el que requirió al peticionario para que
allegara los datos correctos de ubicación del expediente y efectuara nuevamente el
pago del arancel correspondiente.

Posteriormente, el apoderado de la parte accionante presentó una nueva petición, el
17 de enero de 2023, en la que remitió los datos correctos para proceder con el
desarchivo. La Oficina de Archivo Central dio respuesta de fondo, el 26 de enero de
2023, en la que le expresó que debía realizar la solicitud nuevamente y aportar el
pago del arancel correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1653
de 2013, el Acuerdo PCSJA210-11830 de 2021 y la Circular DEAJC20-58 de 2020.

Pues bien, revisadas las pruebas, la Subsección observa que Ecolpegamax SAS pagó
el 2 de junio de 2023 un arancel judicial, sin embargo, no existen pruebas que acrediten
que, por un lado, radicó nueva petición de desarchivo en los términos previstos en la
respuesta del 26 de enero de 2023, y, por otro lado, que remitió a la oficina de archivo

17 Corte Constitucional. T-223 de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00729-00
Accionante: Ecolpegamax S.A.S.

central la constancia de pago del arancel para efectos de dar cumplimiento a su
petición.

En ese orden, la Sala concluye que la Oficina de Archivo Central de Bogotá dio
respuesta clara y de fondo a las peticiones radicadas por la parte accionante, puesto
que, le advirtió las condiciones requeridas para proceder de manera eficaz al
desarchivo del proceso. Cuestión distinta es que el accionante no haya demostrado
que cumplió, de manera efectiva, con la carga que le fue impuesta para que,
finalmente, se acceda al desarchivo del expediente que requiere para dar continuidad
al trámite ejecutivo.

En este contexto, la Oficina de Archivo Central de Bogotá no trasgredió los derechos
fundamentales del accionante, y, en ese orden, esta Judicatura negará las
pretensiones de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo tutela interpuesta por Ecolpegamax SAS,
en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central Bogotá, por las razones
expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
LMMT

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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www.consejodeestado.gov.co

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