Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00738-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00738-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00738-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
4 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00738-00
Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00738-00
Demandante: ANDRÉS ALFONSO MARIÑO MESA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Contra sentencias que declararon caducidad parcial en proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Falta de relevancia
constitucional: reiteración de argumentos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Andrés Alfonso Mariño Mesa contra
el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de febrero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
Andrés Alfonso Mariño Mesa pidió la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
2 de febrero de 2023 y 15 de agosto de 2023, dictadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander,
respectivamente, que declararon la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de las Resoluciones No. 033 y 039 de 2020.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Honorables Magistrados, solicito que conforme a los argumentos expuestos se tutelen
los derechos fundamentales del accionante AL DEBIDO PORCESO (sic), DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DERECHO DE
DEFENSA aunado a la violación del DERECHO A LA IGUALDAD, los cuales fueron vulnerados
por la entidad Corporación Accionada: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y EL
JUZGADO CUARTO ADMISNITRATIVO DE BUCARAMANGA.
SEGUNDO: Que, como consecuencia del anterior amparo, solicito Honorables Magistrados se
REVOQUE la sentencia del 15 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por la vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos en este escrito.
TERCERO: Solicito se ordene DEJAR SIN VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS la sentencia del 15
de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y como consecuencia se
ordene a esa Corporación que, en un lapso no mayor a veinte (20) días, profiera una providencia
de reemplazo en la que aplique el precedente jurisprudencial de la sección segunda del Consejo
de Estado que establece que para efectos de contabilizar la caducidad de la acción de Nulidad y
Restableciendo del Derecho se debe tener la ejecución del acto, esto es, el efectivo y real
desvinculación del trabajador.
1 Índice 1 de Samai
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00738-00
Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Andrés Alfonso Mariño Mesa ocupó el cargo de Asesor de Despacho Código 105,
Grado 07, de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga desde
el 28 de marzo de 2016.
Mediante Resolución No. 033 del 10 de febrero de 2020, el contralor municipal de
Bucaramanga declaró insubsistente al señor Mariño Mesa, a partir de esa misma fecha.
En Resolución No. 039 del 10 de febrero de 2020, precisó que la declaratoria de
insubsistencia tendría lugar a partir del 11 de febrero de 2020.
3.2. Acción de tutela frente a la declaratoria de insubsistencia
El señor Andrés Alfonso Mariño Mesa presentó acción de tutela para que se amparara
el derecho a la estabilidad laboral reforzada y se ordenara el reintegro al cargo de
Asesor de Despacho Código 105, Grado 07.
La tutela se tramitó bajo el radicado 2020-00023 y el Juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, mediante
sentencia del 10 de marzo de 2020, amparó los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al trabajo, la seguridad social del actor y los derechos del
menor recién nacido y ordenó a la Contraloría Municipal de Bucaramanga que dejara
sin efectos las Resoluciones 033 y 039 del 10 de febrero de 2020 y reintegrara al señor
Andrés Alfonso Mariño Mesa hasta el 27 de junio de 2020, fecha en la que culminaba
el fuero de estabilidad laboral.
La Contraloría Municipal de Bucaramanga impugnó la decisión y dictó la Resolución
No. 071 del 31 de marzo de 2020 por medio de la cual cumplió la orden de tutela.
Mediante providencia del 11 de mayo de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga declaró la nulidad
de todo lo actuado a partir del auto admisorio y ordenó al juzgado de primera instancia
que rehiciera la actuación y vinculara, además, a la EPS Colsanitas, a Colsanitas
medicina prepagada, a la EPS Coosalud y a la empresa Surtimarcas.
Por Resolución No. 084 del 12 de mayo de 2020, la Contraloría Municipal de
Bucaramanga dejó sin efectos la Resolución No. 071 del 31 de marzo de 2020, por
medio de la cual cumplió la orden de tutela.
Luego de rehacer la actuación procesal, el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga el 22 de mayo de
2020 dictó nueva sentencia en la que, otra vez, amparó los derechos fundamentales
del demandante y su hijo menor de edad y dispuso la misma orden de la sentencia del
10 de marzo de 2020.
La Contraloría Municipal de Bucaramanga impugnó la decisión y dictó la Resolución
No. 098 del 3 de junio de 2020 por medio de la cual cumplió la orden de tutela.
Mediante Resolución No. 114 del 30 de junio de 2020, el contralor municipal de
Bucaramanga declaró insubsistente al señor Mariño Mesa a partir del 1º de julio de
2020.
Mediante sentencia del 2 de julio de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, revocó la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela.
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Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
3.3. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Andrés Alfonso Mariño Mesa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para que fuera declarada
la nulidad de las Resoluciones No. 033, 039 y 114 de 2020 y se ordenara el reintegro
al cargo de asesor de despacho, código 105, grado 07, sin solución de continuidad, se
ordenara el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas y el pago de perjuicios
morales.
La demanda se adelantó bajo el radicado 68001333300420210000600 y correspondió
al Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, que, por sentencia anticipada del 2
de febrero de 2023, declaró probada la excepción de caducidad respecto de las
resoluciones 0033 y 0039 del 10 de febrero de 2020 y, en consecuencia, dio por
terminado el proceso frente a las pretensiones de nulidad de esos actos administrativos,
pero dispuso continuar el proceso frente a la Resolución No. 00114 del 30 de junio de
2020.
El juzgado precisó los siguientes puntos: que el término de caducidad no se suspendía
con la presentación de acción de tutela; que las Resoluciones 033 y 039 del 10 de
febrero de 2020 fueron notificadas en la misma fecha al demandante; que con ocasión
de la pandemia por COVID 19, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo
PCSJA 20-11517, suspendió́ los términos judiciales en todo el país, a partir del 16 de
marzo de 2020 y levantó la suspensión desde el 1o de julio de 2020; que, por lo tanto,
al 15 de marzo de 2020 había corrido 1 mes y 4 días respecto al conteo de términos de
caducidad, que al reanudarse los términos judiciales a partir del 1º de julio, tendría plazo
para presentar la demanda, hasta el 25 de octubre de 2020, pero que radicó solicitud
de conciliación el 11 de agosto de 2020, es decir, transcurrió un periodo de 1 mes y 10
días más, de modo que, hasta ese momento habían corrido 2 meses y 14 días.
Que la conciliación fue declarada fallida el 28 de octubre de 2020, por lo que el plazo
máximo para interponer la demanda era el 14 de diciembre de 2020. Que, no obstante,
la demanda se radicó el 13 de enero de 2021.
Inconforme con la decisión, el señor Mariño Mesa apeló y el Tribunal Administrativo de
Santander, en sentencia del 15 de agosto de 20232, la confirmó por las mismas razones
del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo porque, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Santander
interpretó y aplicó de forma indebida el artículo 164 del CPACA al contar el término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a partir del
día siguiente a la notificación de la Resoluciones 033 y 039 del 10 de febrero de 2020
(11 de febrero de 2020) y no desde la ejecución de esos actos que, según dice, ocurrió
el 28 de junio de 2020 porque con el amparo concedido en la acción de tutela los efectos
de los actos de retiro fueron suspendidos hasta la finalización del periodo de estabilidad
reforzada, es decir, hasta el 27 de junio de 2020.
Que si bien la norma hace referencia a cuatro opciones para el inicio del conteo de
caducidad: comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
era deber de la autoridad judicial demandada aplicar la opción menos restrictiva o más
favorable.
2 Notificada por correo electrónico del 28 de agosto de 2023
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Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
Desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado, Sección Segunda
en sentencias del 10 de febrero de 20003, 6 de abril del 20004, 25 de enero de 20015,
30 de agosto de 20016, 24 de enero de 20027, 30 de mayo de 20028, 25 de febrero de
20169, 2 de marzo de 201710, 26 de abril de 201811, 7 de marzo de 201912, 4 de febrero
de 202113 y el Consejo de Estado, Sección Tercera del 19 de marzo de 202114, que,
según dice, establecieron que el momento a partir del que debe iniciar el conteo del
término de caducidad en casos de retiro del servicio es desde la ejecución del acto
administrativo demandado.
Que el señor Mario Mesa trabajó en la Contraloría Municipal de Bucaramanga hasta el
30 de junio de 2020, día hábil siguiente a la finalización de la estabilidad laboral
reforzada protegida por el juez de tutela. Que, por lo tanto, el término de conteo de
caducidad empezaba el 1º de julio de 2020 y la demanda fue presentada en tiempo.
Que, sumado a lo anterior, el tribunal demandado fundamentó la decisión cuestionada
en sentencias que no eran aplicables al caso bajo estudio, porque la sentencia del 8 de
febrero de 2017 fue dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
en un proceso de reparación directa; y la sentencia del 15 de febrero de 2001 del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se ocupó de un caso en el que
una persona que fue retirada del servicio por medio de un acto carente de motivación
presentó acción de tutela en la que se ordenó a la demandada que motivara el acto y
pretendía que el término de caducidad se contara a partir del acto motivado, mientras
que en su caso, el juez de tutela suspendió los efectos del acto de insubsistencia y
prorrogó la ejecución hasta la finalización del periodo de estabilidad laboral reforzada"
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Santander y al juez cuarto administrativo de Bucaramanga y
vinculó en calidad de tercero con interés, al contralor municipal de Bucaramanga.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 23 de febrero
de 202415.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2000, Exp. 16972, C.P. Alberto
Arango Mantilla.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2000, Exp. 3247-99 C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2001, Exp. 25000-23-25-000-
1999-03544-01(2470-00), C.P. Alberto Arango Mantilla.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2001, Exp. 25000-23-25-000-
1995-08119-01(16863), C.P. Alberto Arango Mantilla.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de enero de 2002, Exp. 25000-23-25-000-
1999-02248-01(3302-01), C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de mayo de 2002, Exp. 25000-23-25-000-
1995-07382-01(2299-00), C.P. Alberto Arango Mantilla.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, Exp. 11001-03-25-000-2012-00386-
00(1493-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de marzo de 2017, Exp. 13001-23-33-000-
2013-00353-02(3079-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2018, Exp. 66001-23-33-000-
2017-00068-01(2911-17), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de marzo de 2019, Exp. 27001-23-33-000-
2015-00136-01(2841-18), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de febrero de 2021, Exp. 18001-23-33-000-
2019-00177-01 (1446-2020), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de marzo de 2021, Exp. 11001-03-15-000-
2020-01480-01
15 Índice 7 de Samai.
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Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Que dentro del proceso ordinario el demandante alegó que la acción de tutela había
suspendido los términos de caducidad, y como consecuencia de ello, no había operado
dicho fenómeno respecto del acto demandado, mientras que en la acción de tutela
señala que la caducidad de la acción debe a partir de su ejecución y no de la notificación
de este.
Que, por lo tanto, los argumentos expuestos en el recurso de apelación y los señalados
en sede de tutela, si bien se relacionan con la caducidad de los actos demandados, son
argumentos diferentes, pues el primero refiere los efectos de suspensión de términos
en atención a una orden dada en una acción de tutela, mientras que el segundo, al
conteo de caducidad a partir de la ejecución del acto de desvinculación.
Que, en todo caso, el proceso continuó respecto del estudio de nulidad de la Resolución
No. 000114 de 2020 mediante la cual el contralor de Bucaramanga decidió́ declarar la
insubsistencia a partir del 1º de julio de 2020.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga dijo que la acción de tutela
debía declararse improcedente por incumplir los requisitos de relevancia constitucional
y de inmediatez.
Que no había vulnerado los derechos fundamentales del demandante porque las
decisiones cuestionadas fueron motivadas de forma razonable y se había explicado que
el amparo constitucional del que se benefició inicialmente no suspendió el término de
caducidad de la acción ni los efectos de los actos administrativos de retiro, además,
porque en segunda el amparo fue revocado.
El contralor municipal de Bucaramanga no se pronunció pese a que, como se vio,
fue debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Andrés
Alfonso Mariño Mesa para que se dejen sin efectos las providencias del 2 de febrero y
15 de agosto de 2023, dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga
y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, que declararon la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de las
Resoluciones No. 033 y 039 de 2020.
La Sala anticipa que la acción de tutela es improcedente, porque no cumple el requisito
de relevancia constitucional, en la medida en que se ejerció a modo de instancia
adicional al proceso ordinario para insistir en que no operó el fenómeno de la caducidad
respecto de las Resoluciones No. 033 y 039 de 2020. Además, reitera argumentos ya
resueltos, específicamente que, a juicio del actor, el amparo inicial del juez de tutela
suspendió la caducidad de la acción. También introduce un nuevo argumento que pudo
plantearse en el proceso ordinario: que el conteo de caducidad debió efectuarse a partir
de la ejecución de los actos demandados.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales16 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos17 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En lo que interesa para resolver el asunto, el primer criterio (vulneración o amenaza
real de derechos fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no se utilice
para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo
de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que los cargos formulados por
el demandante intentan demostrar que no operó la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de las Resoluciones No. 033 y 039 de 2020. Para
eso expuso dos argumentos (i) que el amparo otorgado por el Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga
suspendió los efectos de esos actos y en consecuencia también el conteo del término
de caducidad y (ii) que el término de caducidad debió contarse a partir del momento de
la ejecución de los actos, hecho que, a su juicio, ocurrió una vez finalizado su periodo
de estabilidad laboral.
El primer argumento coincide con el expuesto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de
tutela, el señor Andrés Alfonso Mariño Mesa insiste en que con el fallo de tutela dictado
por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Bucaramanga suspendió los efectos de las Resoluciones No. 033 y 039
de 2020 y, en consecuencia, también el conteo del término de caducidad.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 2 de febrero de 2023 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
16 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
17 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
18 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
Precisa que, por orden judicial del 10 de marzo de 2020, se ordenó dejar sin efectos la Resolución
No. 0330 de 2020, modificada por la Resolución No. 039 de 2020, hasta que culminara la
estabilidad laboral reforzada del demandante, es decir, 27 de junio de 2020. Agrega que, la
anterior decisión fue apelada, y el 11 de mayo de 2020, se declaró la nulidad procesal de lo actuado
por el Juez de primera instancia.
Sostiene que, después de rehacer la actuación procesal, nuevamente se profirió sentencia del 22
de mayo de 2020, en la que una vez más se dejó sin efectos la Resolución No. 0033 de 2020
modificada por la Resolución No. 039 de 2020, hasta que culminara la estabilidad laboral reforzada
del demandante, es decir, 27 de junio de 2020.
Agrega que, una vez culminada la estabilidad laboral reforzada del demandante, se profirió
sentencia del 2 de julio de 2020, que declaró improcedente la acción de tutela.
Así las cosas, señala que las Resoluciones Nos. 0033 de 2020 y 039 de 2020, fueron suspendidas
en sus efectos hasta el 27 de junio de 2020, razón por la cual reitera que, es partir del 1 de julio
de 2020 (día en que se reanudaron los términos con ocasión de la pandemia Covid-19) que debe
contabilizarse el término de 4 meses.
Por su parte, en la acción de tutela, Rubiela Martínez Riveros igualmente insistió en
que con el fallo de tutela dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga
«suspendió́ los efectos del acto de insubsistencia, prorrogando la desvinculación del accionante
hasta la finalización de su estado de estabilidad laboral reforzada».
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Santander,
en providencia del 15 de agosto de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640
de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por
el juez.
En cuanto a la oportunidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispuso que la demanda debe interponerse
dentro de los 4 meses a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo.
En ese orden de ideas, concluye la Sala que, la caducidad es la sanción consagrada en la ley
por el no ejercicio oportuno del derecho de acción y solo admite suspensión cuando se presenta
una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho; en ese sentido, vía jurisprudencial el H.
Consejo de Estado, ha señalado de manera reiterada que, la acción de tutela no puede ser
considerado como un mecanismo de suspensión de términos.
(…)
Encuentra probado la Sala que, las Resoluciones No. 00033 del 10 de febrero de 2020 y la No.
000039 del 10 de febrero de 2020, proferidas por el Contralor Municipal de Bucaramanga (E),
por medio de las cuales declaró insubsistente al demandante en el cargo de Asesor de Despacho
código 105 grado 07, de la planta de personal de dicha entidad, fue notificada al señor Andrés
Alfonso Mariño, el 10 de febrero de 2020, a la 1:00 p.m., tal y como consta en la parte inferior del
referido acto administrativo.
Al respecto, considera la parte demandante que, el término de caducidad debe suspenderse en
atención a la acción de tutela interpuesta por el señor Andrés Alfonso Mariño Mesa en contra de
la entidad demandada. En relación con lo anterior, como se señaló en el marco normativo, la
acción de tutela no puede ser considerada como un mecanismo de suspensión de términos en
los procesos ordinarios, motivo por el cual la Sala hará el análisis de caducidad a partir de la
fecha de notificación de los mencionados actos administrativos.
Así las cosas, los actos administrativos objeto de estudio, fueron notificados al demandante el
10 de febrero de 2020, por lo que será a partir del 11 de febrero de 2020, que se hará el estudio
de caducidad.
En ese orden de ideas, encuentra la Sala que, la solicitud de conciliación extrajudicial fue
radicada el 11 de agosto de 2020, y la audiencia fue celebrada el día 28 de octubre de 2020,
término dentro del cual se suspendieron los términos de caducidad. Cabe precisar que, a partir
del 16 de marzo de 2020 al 30 de julio de 2020, fueron suspendidos los términos judiciales
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00738-00
Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
conforme los diversos acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención
a la pandemia por Covid-1919.
Por otro lado, se encuentra probado que, la demanda fue radicada el 13 de enero de 2021, no
obstante, el demandante contaba hasta el 14 de diciembre de 2020, para presentar la demanda.
Conforme con lo anterior, la Sala concluye que si operó el fenómeno de la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las Resoluciones No. 00033 y 00039
del 10 de febrero de 2020.
Teniendo en cuenta lo señalado en el marco normativo, encuentra la Sala configurada la
excepción de «caducidad». En consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia en lo
relacionado con la caducidad del medio de control.
Como se ve, se trata de argumentos con los que Andrés Alfonso Mariño Mesa pretende
continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar si la
caducidad del medio de control fue suspendida por un fallo de tutela.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.
Ahora, frente al argumento relacionado con que el conteo de la caducidad debió
contarse a partir del momento de la ejecución de los actos, hecho que, a su juicio,
ocurrió una vez finalizado el periodo de estabilidad laboral, al margen de que esté
citando providencias dictadas por las Secciones Segunda y Tercera del Consejo de
Estado, constituye un argumento nuevo que ni siquiera fue planteado por el señor
Mariño Mesa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo tanto, la
Sala no se encuentra habilitada para estudiarlo.
Conviene precisar que la acción de tutela se ha establecido como un recurso esencial
para salvaguardar de manera rápida y efectiva los derechos fundamentales de las
personas en situaciones de vulnerabilidad o amenaza, y no puede ser utilizado como
una vía para introducir nuevos argumentos o presentar evidencia que no haya sido
previamente expuesta durante el proceso ordinario.
La razón fundamental de esta limitación radica en el principio de cosa juzgada, que
establece que una vez resuelto un caso definitivamente por las instancias judiciales
competentes, no puede reabrirse para debatir aspectos ya analizados y decididos.
Permitir la inclusión de nuevos argumentos en la acción de tutela iría en contra de este
principio, que es fundamental para la estabilidad y certeza del sistema judicial. Además,
desconocería el debido proceso de las partes involucradas en el litigio, en la medida en
que no tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos, pruebas y defensas dentro
de los plazos y procedimientos establecidos.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Andrés Alfonso
Mariño Mesa, conforme a lo expuesto en esta providencia.
19 Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-
11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567.
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Demandante: Andrés Alfonso Mariño Mesa
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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