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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00739-01

Fecha
5 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00739-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales de John Alexander Correa Hernández, Kevin Alexander Correa López y Luz Amparo Hernández Ortiz, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 10 Radicado: 25000-23-15-000-2024-00739-01 Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00739-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C. cinco (5) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00739-01
Demandante: John Alexander Correa Hernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
privación injusta de la libertad / Defecto fáctico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por John Alexander Correa Hernández
y otros, en contra de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud
de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

John Alexander Correa Hernández, Kevin Alexander Correa López y Luz
Amparo Hernández Ortiz promovieron solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 31 de julio de 20231 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el medio de control de reparación directa, identificado con el radicado
76001333300520180007001.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Los demandantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por
la privación injusta de la libertad de John Alexander Correa Hernández del 16 de
febrero al 8 de junio de 2016.

ii) El Juzgado Quinto Administrativo de Cali con sentencia del 5 de diciembre de

1 M.P. Fernando Augusto García Muñoz

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00739-01
Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

2022 declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las
pretensiones de la demanda, al concluir que si bien está demostrado el daño, este
no es imputable a las entidades demandadas porque la medida de aseguramiento
se ajustó a la normatividad. Decisión contra la cual la parte demandante interpuso
recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con sentencia del 31 de julio de
2023 confirmó lo resuelto por el a quo, en atención a que no se demostró la falla en
la prestación del servicio y desestimó la declaratoria de culpa exclusiva de la
víctima, en tanto no se desvirtuó la presunción de inocencia del demandante.

iv) La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defectos fáctico y sustantivo. El primero, por una indebida valoración probatoria,
debido a que no se evaluó de manera conjunta y minuciosa las pruebas
documentales aportadas, con las cuales hubiesen llegado a una conclusión
diferente, pues en el plenario quedó debidamente demostrado que John Alexander
Correa Hernández fue vinculado, procesado y privado injustamente de su libertad.

Respecto de la preclusión solicitada por el ente acusador, en razón a que la dosis
encontrada no superaba la mínima, señaló que se cometió un grave error atribuible
a las demandadas en el proceso de reparación directa, debido a que el Juzgado
Quinto Penal del Circuito con Funciones de Control de Garantías tardó 112 días en
concederla.

El segundo, al desconocer el criterio del Consejo de Estado, en el entendido que el
juez contencioso-administrativo no puede poner en duda la inocencia del sujeto, a
quien el juez natural le sustrajo los cargos que inicialmente se le imputaron.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron lo siguiente:

«[…] 2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha
14 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo Valle del Cauca dentro
del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No. 76001-33-33-
005-2018-00070-01, promovido por el señor Jhon Alexander Correa Hernández.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se
valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que
fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las
circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente
desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,
en casos similares de privación injusta de la libertad en los cuales se ha declarado la
responsabilidad de las demandadas ante la falta de pruebas para imponer a medida de
aseguramiento y adelantar la causa penal en contra del enjuiciado […]» (sic).

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00739-01
Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Fiscalía General de la Nación2 solicitó declarar improcedente el amparo
invocado, por no cumplir con las causales generales de procedencia, en atención a
que la parte actora no logró identificar la afectación de los derechos fundamentales
invocados, ni la causal en que supuestamente incurrió la providencia controvertida.

1.2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los demás terceros con
interés en el resultado del proceso guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia3

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del 28
de mayo de 2024 negó el amparo pretendido, al considerar que el tribunal
demandado se acogió al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
aplicable al caso y a las pruebas arrimadas al plenario y, luego de estudiarlas,
evidenció que no se lograba acreditar el dicho del demandante.

1.4. Escrito de impugnación4

La parte demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; ii) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2 Ver índice 9 de Samai
3 Ver índice 23 de Samai
4 Ver índice 34 de Samai
5 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.8 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00739-01
Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,11 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.12

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales de los demandantes con ocasión de la sentencia del 31 de
julio de 2023, que confirmó la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de la privación “injusta” de la libertad de John Alexander
Correra Hernández, con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y
sustantivo?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la sentencia
objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 13 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.

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Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,14 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».15 La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».16

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto17. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta18, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión

14 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
15 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
16 Sentencia T-538 de 1994.
17 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales19.

2.4.4. Sobre el caso concreto

Los demandantes acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 31 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en cuanto confirmó la decisión judicial de negar las pretensiones, en tanto no se
acreditó una falla en la prestación del servicio de justicia con ocasión de la privación
de la libertad de John Alexander Correa Hernández.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico
por una indebida valoración probatoria, debido a que no se evaluó de manera
conjunta y minuciosa las pruebas documentales aportadas, con las cuales se
hubiese llegado a una conclusión diferente, en atención a que quedó demostrado
que John Alexander Correa Hernández fue vinculado, procesado y privado
injustamente de su libertad, además de que el juez competente tardó 112 días en
decretarle la preclusión de la investigación.

El segundo, al desconocer el criterio del Consejo de Estado, en tanto el juez
contencioso-administrativo no puede poner en duda la inocencia del sujeto a quien
el juez natural le haya sustraído los cargos que inicialmente se le imputaban.

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, de la
lectura del expediente contentivo del radicado 76001-33-33-005-2018-00070-01 y
el pronunciamiento cuestionado, se evidencia que contiene una motivación
suficiente y coherente que justifica su sentido.

Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca partió de un estudio jurisprudencial sobre el criterio actualizado de
la Corte Constitucional20 y el Consejo de Estado, Sección Tercera21 en cuanto a los
asuntos de responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad
para dirimir la controversia planteada, del cual concluyó:

«[…] Las sentencias del Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional, establecen
que en tratándose de privación injusta de la libertad, no se determina un régimen único
de responsabilidad subjetivo u objetivo. No obstante, cualquiera sea el que se aplique
se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y
proporcionada.

19 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
20 SU-072 de 2018
21 Sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente: 25000-23-26-000-2011-01395-01(50438),

CP (E): Martha Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 8 de mayo de 2019, expediente: 76001-23-31-
000-2012-00274-01 (52188), C.P. María Adriana Marín.

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En todo caso, deberá considerarse ya la configuración de una falla del servicio, ora la
aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de
daño especial. En igual sentido, en la medida de lo posible, será necesario descartar si
el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la
medida de privación de la libertad.

Con base en esta nueva línea decisional, se examinará los hechos comprobados en este
caso, para establecer si existe un daño antijurídico que pueda imputarse a las entidades
demandadas. […]»

Así las cosas, la corporación judicial demandada realizó un estudio del asunto desde
la perspectiva del precedente jurisprudencial aplicable relacionado con la
responsabilidad del Estado frente a privaciones injustas de la libertad, por tal motivo
esta Sala de decisión debe concluir que no incurrió en el desconocimiento del
precedente alegado.

De otro lado, analizó las actuaciones relevantes surtidas en el proceso penal que se
adelantó en contra de John Alexander Correa Hernández, entre otros, por el delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes para concluir:

«[…] En este apartado conviene hacer la siguiente precisión; si bien tanto en la sentencia
de primera instancia, como el recurso de apelación y hasta en el acta de la diligencia de
acusación levantada el 3 de junio de 2016; se indicó como causal de preclusión de la
investigación la descrita en el numeral tercero del artículo 332 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, Inexistencia del hecho investigado” (sic); lo cierto es, que
puesta la Sala a escuchar el audio de la audiencia denominada de preclusión18 en el
minuto 02:57 de la grabación la Fiscal del caso solicita a la Juez de conocimiento,
cambiar la destinación de la audiencia de imputación para mutar en una audiencia de
preclusión, solicitud coadyubada por el abogado defensor del hoy demandante.

En ese orden la Juez Quinta Penal del Circuito de Palmira, Valle, con Funciones de
Conocimiento, accedió a lo pedido por la Fiscalía y escuchó los argumentos expuesto
para la procedencia de la petición de preclusión, y en ese sentido la Fiscal sustentó su
pedimento en las causales 1a y 4a del 332 del C.P.P. esto es, “1. Imposibilidad de iniciar
o continuar el ejercicio de la acción penal.” Y “4. Atipicidad del hecho investigado.”

Ello en correlación con los elementos de juicio recaudados dentro de la investigación
penal; con los que se logró establecer que el señor John Alexander Correa Hernández,
era un consumidor de la sustancia incautada más no un distribuidor de la misma; ello
junto a que con el resultado de laboratorio se determinó un peso total de cuatro (4)
gramos de la sustancia alcaloide incautada en posesión del encartado cantidad por
debajo de la controlada por el Estado19 . Pero superior a la dosis personal20 . Luego
entonces, para la Sala si bien el demandante fue absuelto por atipicidad de la conducta,
no fue por la falta de objetividad de la conducta, ya que solo en ciernes de la
investigación, podía la fiscalía y la Juez haber establecido si la conducta que encajaba
en la descripción típica cumplía con el contenido subjetivo para condenar o absolver, por
tanto, en consideración de la Sala el sindicado fue absuelto por atipicidad subjetiva.

Así las cosas, de acuerdo con el descrito panorama fáctico el señor John Alexander
Correa Hernández fue absuelto por las causales contenidas en los numeral 1° y 4° del
artículo 332 del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, a saber: “1.
Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.” Y “4. Atipicidad del
hecho investigado.”

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Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

Luego, estas causales de absolución debe analizarse a la luz de la falla en la prestación
del servicio porque según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, las únicas hipótesis que permiten estudiar la privación injusta de la libertad
desde una perspectiva objetiva de responsabilidad son cuando el hecho no existió o la
conducta era objetivamente atípica, pues en ambas situaciones la privación de la libertad
resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin
mayores esfuerzos”.

[…]

Hasta aquí entonces se desestimará el contraargumento de la parte actora relativo a que
la responsabilidad del Estado en este caso debe analizarse desde la orilla del régimen
objetivo de daño especial; porque como quedó explicado las causales por las cuales fue
absuelto el actor no se enmarca en una atipicidad objetiva de la conducta ni en la
inexistencia del hecho investigado, amén de que cualquier duda sobre la teoría aplicable
debemos inclinarnos por el régimen subjetivo.

[…]

Así las cosas, el expediente penal revela que la investigación a la cual fue vinculado el
actor se adelantó por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
consagrado en artículo 376 del Código Penal Artículo

[…]

Además, la fiscalía general de la Nación puso en consideración del Juez de control de
garantías a la hora de solicitar la medida de internamiento en contra del demandante el
“Reporte de Iniciación FPJ-1. Formato Único de Noticia criminal FPJ-2. Informe Ejecutivo
FPJ-3. Reseña decadactilar. Formato de individualización y arraigo. Prueba de PIPH.
Informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en Flagrancia FPJ-5. Acta de
Incautación de Elementos - droga. Acta de Derechos del capturado FPJ-6 de CORREA
HERNÁNDEZ.”

Para la Sala estos medios de prueba eran más que suficientes para imponer la medida
de internamiento preventivo porque permitían suponer hasta ese momento que el
imputado constituía un peligro para la comunidad y para la propia víctima por tratarse de
delitos que atentaban contra la vida y seguridad pública, sumado a que era razonables
suponer que evadiría al proceso por la pena mínima imponible por los delitos
investigados y debido a su falta de arraigo.

De suerte que puede afirmarse que, el Juez de Control de Garantías satisfizo las
exigencias previstas en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, -vigente en la época de
los hechos-, […]»

Ahora, en cuanto al cargo relacionado con que se desconoció la inocencia de John
Alexander Correra Hernández, pese a que el ente acusador desestimó los cargos
en su contra y se decretó su absolución, el tribunal demandado precisó:

«[…] Por último cabe señalar que el criterio de declarar la responsabilidad del Estado
porque no se logró desvirtuar la presunción de inocencia en este momento se encuentra
revaluado porque tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, concuerdan
en que aplicar un régimen objetivo de responsabilidad en este asunto, implicaría imponer
una obligación de resultado a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial,
consistente en que si no se condena penalmente al procesado, éste debe ser reparado,
al margen de las circunstancias concretas que rodearon el caso y, esa no es la dimensión
propia del artículo 90 de la Constitución Política.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00739-01
Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

Para el caso sub-júdice no puede obviarse que al momento de solicitar la imposición de
la medida de internamiento preventivo pesaba en contra del actor un informe de captura
de flagrancia y según el SPOA el actor era reincidente en la conducta investigada,
sumado a que para ese entonces el señor John Alexander Correa Hernández no aceptó
los cargos y la fiscalía general de la Nación y la Rama Judicial no tenía la posibilidad de
prever que en audiencias posteriores (acusación y juicio) se decantaría que su rol en
dicho tipo peal no encajaba en la de distribuidor de la sustancia. […]» (sic)

De acuerdo con lo anterior, no se configuró el defecto fáctico alegado por la parte
tutelante, pues el ad quem valoró las pruebas y argumentos que echa de menos en
esta oportunidad. El hecho de que las conclusiones del juzgador no fueron
favorables a sus pretensiones no conlleva la vulneración de los derechos
fundamentales cuya tutela reclama.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
del a quo mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales de
John Alexander Correa Hernández y otros, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negó el amparo de
los derechos fundamentales de John Alexander Correa Hernández, Kevin
Alexander Correa López y Luz Amparo Hernández Ortiz, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

10

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00739-01
Demandante: John Alexander Correra Hernández y otros

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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