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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00759-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00759-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-00759-00 ACTOR: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y el MINISTERIO DE TRABAJO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del actor como agente oficioso de “todos los artistas creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras terminadas y publicadas”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-00759-00 ACTOR: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00759-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00759-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ

TESIS: SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL. EN EL
PRESENTE CASO NO EXISTIÓ VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO Y A LA VIDA DIGNA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los MINISTERIOS

DEL TRABAJO, CULTURA y SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL por

estimar que le vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo y a

la vida digna.

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ACTOR: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ, actuando

en nombre de los artistas de todas las áreas del país y en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al trabajo y a la vida digna, los cuales, a su juicio, le

fueron vulnerados por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los

MINISTERIOS DEL TRABAJO, CULTURA y SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL por la presunta ausencia de programas y/o

apoyos económicos a cargo del Gobierno Nacional para los artistas

que certifiquen obras terminadas y publicadas, por lo que solicitó se

le otorgue un incentivo mediante un auxilio de manera vitalicia.

I.2. Hechos

Afirmó que los artistas del País desempeñan una labor exclusiva en

la creación de obras culturales y enfrentan constantes dificultades de

índole económico, debido a la falta de apoyo financiero por parte del

Estado.

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Sostuvo que las accionadas vulneran los derechos fundamentales al

trabajo y a la vida digna de los artistas del País, pues muchos de ellos

se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a una

remuneración justa por su trabajo, pese a que realizan

contribuciones significativas para enriquecer el arte y el patrimonio

cultural de Colombia.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades accionadas vulneraron sus

derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna, debido a la

ausencia de un programa de apoyo económico mediante el cual se

otorgue un auxilio de forma vitalicia a los artistas creativos, en todas

las áreas culturales, que certifiquen obras terminadas y publicadas.

I.4. Pretensiones

El accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Que se admita la presente acción de tutela y se reconozca mi
legitimidad para actuar en calidad de ciudadano colombiano.

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Que se ordene al Gobierno Nacional y a los Ministerios de Cultura,
Trabajo y Protección Social, la creación de un programa que destine
recursos para otorgar Medio Salario Mínimo Legal Vigente De
Forma Vitalicia A Todos Los Artistas Creativos En Todas Las Áreas
Culturales Que Cuenten Con Obras Terminadas Y Publicadas.

Que Se Establezcan Las Medidas Necesarias Para Garantizar El
Cumplimiento Efectivo De Lo Ordenado En El Punto Anterior, En El
Menor Tiempo Posible […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA señaló que no goza de

legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, en tanto

no ha sido participe de acción u omisión alguna respecto de la

situación fáctica planteada y solicitó que se declare improcedente la

acción de tutela de la referencia, ante la inexistencia de vulneración

de los derechos fundamentales invocados.

Afirmó que las pretensiones del accionante están dirigidas

específicamente a la creación de un programa de apoyo financiero

para los artistas y el sector cultura, lo cual supone la implementación

de políticas públicas y programas gubernamentales, que van más allá

de la protección de derechos fundamentales.

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Sostuvo que esa entidad no tiene competencia sobre la

implementación de programas específicos para grupos particulares,

pues ello requiere un análisis detallado de factores presupuestales,

administrativos y de viabilidad a largo plazo.

Alegó que las peticiones de la presente solicitud recaen sobre

políticas públicas de la Nación y la asignación de recursos estatales,

por lo cual no pueden ser exigidas mediante la presente acción

constitucional, pues dichos aspectos son competencia del Ministerio

de Cultura.

Refirió que el Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus objetivos y

funciones establecidos en la legislación pertinente, tiene como

responsabilidad principal formular, coordinar, ejecutar y vigilar la

política del Estado en materia cultural.

I.5.2.- El MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS

SABERES solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, en la

medida en que ninguno de los hechos indicados en el texto de la

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demanda configura la existencia de vulneración de los derechos

fundamentales deprecados.

Manifestó que las pruebas allegadas no acreditan que el accionante

haya acudido ante el municipio de Medellín para adelantar las

gestiones que le permitieran evaluar sus condiciones particulares,

con el fin de establecer si cumplía los requisitos legales para que la

Alcaldía del municipio lo considerara creador y gestor cultural de ese

ente territorial, lo cual le permitiría acceder al Servicio Social

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), en la

modalidad que le aplique.

Resaltó que le corresponde al municipio de Medellín, previa solicitud

del interesado, cumplir con los mandatos legales y las reglas

contenidas en el manual operativo para proceder con la asignación

de los recursos, la elaboración de un certificado de disponibilidad

presupuestal y la emisión de un acto administrativo y,

posteriormente, debe realizar los trámites de vinculación y

transferencia de los recursos a Colpensiones, con el fin de que se

expida, de ser procedente, la asignación que por ley le pueda

corresponder.

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Explicó que el municipio de Medellín es el encargado de adelantar las

actividades administrativas de su competencia para conseguir el

efectivo reconocimiento y pago de “BEPS” en favor del actor, por lo

cual solicitó su desvinculación de la presente solicitud de amparo

constitucional.

I.5.3.- El MINISTERIO DE TRABAJO solicitó su desvinculación del

trámite de tutela al no estar legitimado en la causa por pasiva e indicó

que no es del resorte de sus competencias atender los

requerimientos del accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

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Cuestión previa

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala advierte que

el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE LAS

CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y el MINISTERIO DE

TRABAJO, formularon petición de desvinculación en la presente

acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso

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consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Al respecto, la Sala observa que la vinculación de las entidades

referidas obedeció a que en la solicitud de amparo constitucional el

actor le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las

mismas, por lo que la vinculación en calidad de accionadas era

obligatoria, sin perjuicio de la prosperidad o no de las pretensiones.

En ese sentido, la Sala concluye que a las citadas entidades les asiste

interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,

razón por la que se les denegará la solicitud de desvinculación por

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falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19911. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

En el presente caso, el actor afirmó que actúa en nombre de los

artistas de todas las áreas del país y en nombre propio y que

pretende el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y a la

vida digna, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».

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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los ministerios DEL TRABAJO,

CULTURA y SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con ocasión de la

presunta ausencia de programas y/o apoyos económicos a cargo del

Gobierno Nacional para los artistas que certifiquen obras terminadas

y publicadas.

Igualmente, afirmó en el acápite de pretensiones del escrito tuitivo

que lo pretendido con la presente acción constitucional es solicitar la

protección de sus derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna

y que, en consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas “[…]

la creación de un programa que destine recursos para otorgar medio

salario mínimo legal vigente de forma vitalicia a todos los artistas

creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras

terminadas y publicadas […]” y, además, “[…] que se establezcan las

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de lo

ordenado en el punto anterior, en el menor tiempo posible […]”.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos fundamentales del actor.

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En este orden de ideas, resulta pertinente pronunciarse, de manera

previa, sobre la agencia oficiosa que pretende ejercer el actor sobre

los derechos de “todos los artistas creativos en todas las áreas

culturales que cuenten con obras terminadas y publicadas”.

Conforme con lo anterior, lo primero que precisa la Sala es que en

relación con la interposición de la acción de tutela a través de persona

diferente a la titular del derecho fundamental presuntamente

conculcado, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 dispone lo

siguiente:

“[…] Artículo 10: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.

También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud
[…]”.

Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que el proceder

del agente oficioso es legítimo en tanto responde a tres principios de

importancia para el orden constitucional: “la efectividad de los

principios y derechos fundamentales (Art. 2 C.P), la prevalencia del

derecho sustancial sobre las formas (Art. 228 C.P), y el principio de

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solidaridad (Art. 95 C.P)”2. Asimismo, ha indicado la Corte que son

presupuestos para la procedencia de esta figura, los siguientes:

“[…] La Corte ha reiterado que los elementos -mínimos pero
indispensables- para que proceda el reconocimiento de la agencia
oficiosa en materia de tutela son: “(i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; [y] (ii) la circunstancia real,
que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o
porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para
promover su propia defensa”. Solo cuando estos dos requisitos se
presentan simultáneamente, puede concluirse que el agente está
legitimado por activa para solicitar la garantía de derechos
fundamentales de los cuales no es titular […]”3.

De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales señalados,

encuentra esta Sala que en el presente asunto no se cumplen los

presupuestos previstos para acreditar válidamente la agencia oficiosa

que pretende ejercer el actor sobre los derechos de “todos los artistas

creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras

terminadas y publicadas”, puesto que se refiere a personas

indeterminadas e indeterminables y sobre las cuales resulta

imposible establecer la voluntad de comparecer al proceso de tutela

en procura de obtener la protección de derechos fundamentales y

que tengan imposibilidad mental o física de hacerlo directamente.

2 Sentencia T-372 de 2010
3 Ibidem

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Por lo anterior, se declarará la falta de legitimación en la causa por

activa del tutelante como agente oficioso de los derechos de “todos

los artistas creativos en todas las áreas culturales que cuenten con

obras terminadas y publicadas”, toda vez que no se acreditan los

presupuestos necesarios para validar la agencia oficiosa que

pretende ejercer, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

Ahora bien, resulta oportuno precisar que al actor sí le asiste

legitimación en la causa por activa para ejercer la defensa de sus

derechos fundamentales.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que los disensos del señor

BOLÍVAR VELÁSQUEZ se limitan únicamente a aseverar que la

vulneración de sus derechos fundamentales se dio con ocasión de la

presunta ausencia de programas y/o apoyos económicos a cargo del

Gobierno Nacional para los artistas que certifiquen obras terminadas

y publicadas; sin embargo, en el escrito de tutela el actor omitió

precisar los motivos o las circunstancias por las cuales considera que

se le estaban vulnerando los derechos fundamentales de los cuales

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él es titular y mucho menos, acreditó de manera siquiera sumaria tal

agresión.

En efecto, en los argumentos que expuso en el escrito tuitivo para

justificar la interposición de la acción de tutela, señaló lo siguiente:

“[…] Interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra el Gobierno Nacional,
representado por el señor presidente Gustavo Petro Urrego, en su
calidad de Jefe de Estado, y contra los Ministerios de Cultura, Trabajo
y Protección Social, por los hechos que a continuación expongo:

HECHOS

El Gobierno Nacional y los Ministerios de Cultura, Trabajo y Protección
Social, en su calidad de entidades encargadas de garantizar los
derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, han incurrido
en una vulneración flagrante de los derechos al trabajo y a una vida
digna de los artistas del país.
Los artistas, quienes desempeñan una labor exclusiva en la creación
de obras culturales, enfrentan constantes dificultades económicas
debido a la falta de apoyo financiero por parte del Estado.
A pesar de las contribuciones significativas que los artistas realizan
para enriquecer el arte y el patrimonio cultural de Colombia, muchos
de ellos se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a una
remuneración justa por su trabajo.
La ausencia de un programa de apoyo económico por parte del
Gobierno Nacional y los Ministerios de Cultura, Trabajo y Protección
Social, para otorgar un auxilio de forma vitalicia a los artistas creativos
en todas las áreas culturales Que Certifiquen Obras Terminadas Y
Publicadas, constituye una vulneración directa de sus derechos
fundamentales.

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
Con fundamento en los hechos narrados, considero que se han
vulnerado los siguientes derechos fundamentales: a) Derecho al
trabajo (Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia). b)
Derecho a una vida digna (Artículo 11 de la Constitución Política de
Colombia)

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PETICIONES
Por lo expuesto, respetuosamente solicito a este Honorable Juzgado:
Que se admita la presente acción de tutela y se reconozca mi
legitimidad para actuar en calidad de ciudadano colombiano.
Que se ordene al Gobierno Nacional y a los Ministerios de Cultura,
Trabajo y Protección Social, la creación de un programa que destine
recursos para otorgar Medio Salario Mínimo Legal Vigente De Forma
Vitalicia A Todos Los Artistas Creativos En Todas Las Áreas Culturales
Que Cuenten Con Obras Terminadas Y Publicadas.
Que Se Establezcan Las Medidas Necesarias Para Garantizar El
Cumplimiento Efectivo De Lo Ordenado En El Punto Anterior, En El
Menor Tiempo Posible.

PRUEBAS
En los diferentes discursos del señor presidente, se hace
manifestación explícita de la importancia del arte y la cultura como
promotores de la paz y la cultura. El gobierno nacional está dispuesto
a conseguir recursos suficientes para llevar a cabo procesos de paz.
PAZ TOTAL, pero nosotros los artistas del país, quienes nunca hemos
hecho daño alguno estamos desamparados […]”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Decisión encuentra que

el tutelante no aportó ningún medio de prueba que acreditara una

transgresión real y palpable de sus derechos fundamentales, ni

sustentó de manera concreta en qué consiste la vulneración alegada.

Lo anterior, da cuenta de que más allá de presentarse en el libelo

introductorio apreciaciones subjetivas, lo cierto es que no se ha

acreditado la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales

que invoca la parte accionante por cuenta de las autoridades

accionadas, máxime, si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo

constitucional, al estar destinada a la protección de derechos

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fundamentales, no constituye el medio adecuado para abordar

controversias relacionadas con la creación de programas y/o apoyos

económicos, pues es la Rama Legislativa, dentro del marco de sus

competencias la que debe legislar frente al particular.

Así, la Corte Constitucional ha señalado que no habrá lugar al amparo

ante la inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda

efectuar un reproche o juicio de vulnerabilidad de derechos

fundamentales. Al efecto, ha sostenido que:

“[…] En suma, para que la acción de tutela sea procedente
requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico,
que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los
derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la existencia
de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental
no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger
al interesado […]4”.

Por ende, no hay lugar a amparar derecho fundamental alguno si del

análisis efectuado por el juez “[…] se encuentra que el hecho que

motivó la acción no existió o que los derechos invocados no fueron

vulnerados, lo procedente es denegar el amparo deprecado […]”5.

4
Corte Constitucional; Sentencia T-130 de 2014; Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez
5
Corte Constitucional; Sentencia T-226 de 2003; Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño

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Así las cosas, para la Sala resulta forzoso concluir que no puede

afirmarse que nos hallamos frente a un evento de vulneración de los

derechos fundamentales del accionante; máxime, cuando al tenor de

las pruebas allegadas al presente trámite constitucional, está

acreditado que el actor tampoco solicitó directamente a las

autoridades accionadas que se reconociera la situación vulneradora

de derechos y se ofertaran los programas y/o apoyos económicos

que solicita.

Contrario a lo anterior, la Sala advierte que el accionante, acudió

directamente a este medio excepcional de protección judicial,

alegando que las accionadas vulneraron sus derechos

fundamentales, sin siquiera haber elevado previamente ningún tipo

de solicitud en ese sentido ante la administración, con el fin de que

aquella decidiera si resultaba oportuno acogerla o no, razón adicional

para denegar las pretensiones de la solicitud de amparo de la

referencia.

De este modo, al no encontrar la Sala, por un lado, alguna conducta

vulneradora atribuible a las entidades accionadas, por cuanto

desconocían la situación particular del extremo actor y, por el otro,

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tampoco demostrarse los hechos sobre los cuales se soportaban las

pretensiones, se denegará la solicitud de amparo constitucional de la

referencia.

En relación con la pretensión del actor relativa a que se le asigne una

renta básica de medio salario mínimo legal vigente de forma vitalicia,

por ser artista, se itera, que la misma aún no existe y, en caso de

ser creada, será la parte solicitante quien deba adelantar los trámites

de rigor para su petición, razón por la que tampoco se avizora

amenaza o vulneración de sus derechos a causa de la ausencia de

esta ayuda.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará las pretensiones de la

acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS

ARTES Y LOS SABERES y el MINISTERIO DE TRABAJO, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA

CAUSA POR ACTIVA del actor como agente oficioso de “todos los

artistas creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras

terminadas y publicadas”, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de marzo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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