Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00759-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00759-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00759-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00759-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ
TESIS: SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL. EN EL
PRESENTE CASO NO EXISTIÓ VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO Y A LA VIDA DIGNA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los MINISTERIOS
DEL TRABAJO, CULTURA y SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL por
estimar que le vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo y a
la vida digna.
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ACTOR: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ, actuando
en nombre de los artistas de todas las áreas del país y en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo y a la vida digna, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los
MINISTERIOS DEL TRABAJO, CULTURA y SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL por la presunta ausencia de programas y/o
apoyos económicos a cargo del Gobierno Nacional para los artistas
que certifiquen obras terminadas y publicadas, por lo que solicitó se
le otorgue un incentivo mediante un auxilio de manera vitalicia.
I.2. Hechos
Afirmó que los artistas del País desempeñan una labor exclusiva en
la creación de obras culturales y enfrentan constantes dificultades de
índole económico, debido a la falta de apoyo financiero por parte del
Estado.
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Sostuvo que las accionadas vulneran los derechos fundamentales al
trabajo y a la vida digna de los artistas del País, pues muchos de ellos
se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a una
remuneración justa por su trabajo, pese a que realizan
contribuciones significativas para enriquecer el arte y el patrimonio
cultural de Colombia.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna, debido a la
ausencia de un programa de apoyo económico mediante el cual se
otorgue un auxilio de forma vitalicia a los artistas creativos, en todas
las áreas culturales, que certifiquen obras terminadas y publicadas.
I.4. Pretensiones
El accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Que se admita la presente acción de tutela y se reconozca mi
legitimidad para actuar en calidad de ciudadano colombiano.
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Que se ordene al Gobierno Nacional y a los Ministerios de Cultura,
Trabajo y Protección Social, la creación de un programa que destine
recursos para otorgar Medio Salario Mínimo Legal Vigente De
Forma Vitalicia A Todos Los Artistas Creativos En Todas Las Áreas
Culturales Que Cuenten Con Obras Terminadas Y Publicadas.
Que Se Establezcan Las Medidas Necesarias Para Garantizar El
Cumplimiento Efectivo De Lo Ordenado En El Punto Anterior, En El
Menor Tiempo Posible […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA señaló que no goza de
legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, en tanto
no ha sido participe de acción u omisión alguna respecto de la
situación fáctica planteada y solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela de la referencia, ante la inexistencia de vulneración
de los derechos fundamentales invocados.
Afirmó que las pretensiones del accionante están dirigidas
específicamente a la creación de un programa de apoyo financiero
para los artistas y el sector cultura, lo cual supone la implementación
de políticas públicas y programas gubernamentales, que van más allá
de la protección de derechos fundamentales.
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Sostuvo que esa entidad no tiene competencia sobre la
implementación de programas específicos para grupos particulares,
pues ello requiere un análisis detallado de factores presupuestales,
administrativos y de viabilidad a largo plazo.
Alegó que las peticiones de la presente solicitud recaen sobre
políticas públicas de la Nación y la asignación de recursos estatales,
por lo cual no pueden ser exigidas mediante la presente acción
constitucional, pues dichos aspectos son competencia del Ministerio
de Cultura.
Refirió que el Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus objetivos y
funciones establecidos en la legislación pertinente, tiene como
responsabilidad principal formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en materia cultural.
I.5.2.- El MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS
SABERES solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, en la
medida en que ninguno de los hechos indicados en el texto de la
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demanda configura la existencia de vulneración de los derechos
fundamentales deprecados.
Manifestó que las pruebas allegadas no acreditan que el accionante
haya acudido ante el municipio de Medellín para adelantar las
gestiones que le permitieran evaluar sus condiciones particulares,
con el fin de establecer si cumplía los requisitos legales para que la
Alcaldía del municipio lo considerara creador y gestor cultural de ese
ente territorial, lo cual le permitiría acceder al Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), en la
modalidad que le aplique.
Resaltó que le corresponde al municipio de Medellín, previa solicitud
del interesado, cumplir con los mandatos legales y las reglas
contenidas en el manual operativo para proceder con la asignación
de los recursos, la elaboración de un certificado de disponibilidad
presupuestal y la emisión de un acto administrativo y,
posteriormente, debe realizar los trámites de vinculación y
transferencia de los recursos a Colpensiones, con el fin de que se
expida, de ser procedente, la asignación que por ley le pueda
corresponder.
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Explicó que el municipio de Medellín es el encargado de adelantar las
actividades administrativas de su competencia para conseguir el
efectivo reconocimiento y pago de “BEPS” en favor del actor, por lo
cual solicitó su desvinculación de la presente solicitud de amparo
constitucional.
I.5.3.- El MINISTERIO DE TRABAJO solicitó su desvinculación del
trámite de tutela al no estar legitimado en la causa por pasiva e indicó
que no es del resorte de sus competencias atender los
requerimientos del accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala advierte que
el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y el MINISTERIO DE
TRABAJO, formularon petición de desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
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consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Al respecto, la Sala observa que la vinculación de las entidades
referidas obedeció a que en la solicitud de amparo constitucional el
actor le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las
mismas, por lo que la vinculación en calidad de accionadas era
obligatoria, sin perjuicio de la prosperidad o no de las pretensiones.
En ese sentido, la Sala concluye que a las citadas entidades les asiste
interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,
razón por la que se les denegará la solicitud de desvinculación por
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falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Caso concreto
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19911. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
En el presente caso, el actor afirmó que actúa en nombre de los
artistas de todas las áreas del país y en nombre propio y que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y a la
vida digna, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los ministerios DEL TRABAJO,
CULTURA y SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con ocasión de la
presunta ausencia de programas y/o apoyos económicos a cargo del
Gobierno Nacional para los artistas que certifiquen obras terminadas
y publicadas.
Igualmente, afirmó en el acápite de pretensiones del escrito tuitivo
que lo pretendido con la presente acción constitucional es solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna
y que, en consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas “[…]
la creación de un programa que destine recursos para otorgar medio
salario mínimo legal vigente de forma vitalicia a todos los artistas
creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras
terminadas y publicadas […]” y, además, “[…] que se establezcan las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de lo
ordenado en el punto anterior, en el menor tiempo posible […]”.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales del actor.
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En este orden de ideas, resulta pertinente pronunciarse, de manera
previa, sobre la agencia oficiosa que pretende ejercer el actor sobre
los derechos de “todos los artistas creativos en todas las áreas
culturales que cuenten con obras terminadas y publicadas”.
Conforme con lo anterior, lo primero que precisa la Sala es que en
relación con la interposición de la acción de tutela a través de persona
diferente a la titular del derecho fundamental presuntamente
conculcado, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 dispone lo
siguiente:
“[…] Artículo 10: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud
[…]”.
Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que el proceder
del agente oficioso es legítimo en tanto responde a tres principios de
importancia para el orden constitucional: “la efectividad de los
principios y derechos fundamentales (Art. 2 C.P), la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas (Art. 228 C.P), y el principio de
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solidaridad (Art. 95 C.P)”2. Asimismo, ha indicado la Corte que son
presupuestos para la procedencia de esta figura, los siguientes:
“[…] La Corte ha reiterado que los elementos -mínimos pero
indispensables- para que proceda el reconocimiento de la agencia
oficiosa en materia de tutela son: “(i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; [y] (ii) la circunstancia real,
que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o
porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para
promover su propia defensa”. Solo cuando estos dos requisitos se
presentan simultáneamente, puede concluirse que el agente está
legitimado por activa para solicitar la garantía de derechos
fundamentales de los cuales no es titular […]”3.
De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales señalados,
encuentra esta Sala que en el presente asunto no se cumplen los
presupuestos previstos para acreditar válidamente la agencia oficiosa
que pretende ejercer el actor sobre los derechos de “todos los artistas
creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras
terminadas y publicadas”, puesto que se refiere a personas
indeterminadas e indeterminables y sobre las cuales resulta
imposible establecer la voluntad de comparecer al proceso de tutela
en procura de obtener la protección de derechos fundamentales y
que tengan imposibilidad mental o física de hacerlo directamente.
2 Sentencia T-372 de 2010
3 Ibidem
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Por lo anterior, se declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del tutelante como agente oficioso de los derechos de “todos
los artistas creativos en todas las áreas culturales que cuenten con
obras terminadas y publicadas”, toda vez que no se acreditan los
presupuestos necesarios para validar la agencia oficiosa que
pretende ejercer, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
Ahora bien, resulta oportuno precisar que al actor sí le asiste
legitimación en la causa por activa para ejercer la defensa de sus
derechos fundamentales.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que los disensos del señor
BOLÍVAR VELÁSQUEZ se limitan únicamente a aseverar que la
vulneración de sus derechos fundamentales se dio con ocasión de la
presunta ausencia de programas y/o apoyos económicos a cargo del
Gobierno Nacional para los artistas que certifiquen obras terminadas
y publicadas; sin embargo, en el escrito de tutela el actor omitió
precisar los motivos o las circunstancias por las cuales considera que
se le estaban vulnerando los derechos fundamentales de los cuales
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él es titular y mucho menos, acreditó de manera siquiera sumaria tal
agresión.
En efecto, en los argumentos que expuso en el escrito tuitivo para
justificar la interposición de la acción de tutela, señaló lo siguiente:
“[…] Interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra el Gobierno Nacional,
representado por el señor presidente Gustavo Petro Urrego, en su
calidad de Jefe de Estado, y contra los Ministerios de Cultura, Trabajo
y Protección Social, por los hechos que a continuación expongo:
HECHOS
El Gobierno Nacional y los Ministerios de Cultura, Trabajo y Protección
Social, en su calidad de entidades encargadas de garantizar los
derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, han incurrido
en una vulneración flagrante de los derechos al trabajo y a una vida
digna de los artistas del país.
Los artistas, quienes desempeñan una labor exclusiva en la creación
de obras culturales, enfrentan constantes dificultades económicas
debido a la falta de apoyo financiero por parte del Estado.
A pesar de las contribuciones significativas que los artistas realizan
para enriquecer el arte y el patrimonio cultural de Colombia, muchos
de ellos se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a una
remuneración justa por su trabajo.
La ausencia de un programa de apoyo económico por parte del
Gobierno Nacional y los Ministerios de Cultura, Trabajo y Protección
Social, para otorgar un auxilio de forma vitalicia a los artistas creativos
en todas las áreas culturales Que Certifiquen Obras Terminadas Y
Publicadas, constituye una vulneración directa de sus derechos
fundamentales.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
Con fundamento en los hechos narrados, considero que se han
vulnerado los siguientes derechos fundamentales: a) Derecho al
trabajo (Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia). b)
Derecho a una vida digna (Artículo 11 de la Constitución Política de
Colombia)
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PETICIONES
Por lo expuesto, respetuosamente solicito a este Honorable Juzgado:
Que se admita la presente acción de tutela y se reconozca mi
legitimidad para actuar en calidad de ciudadano colombiano.
Que se ordene al Gobierno Nacional y a los Ministerios de Cultura,
Trabajo y Protección Social, la creación de un programa que destine
recursos para otorgar Medio Salario Mínimo Legal Vigente De Forma
Vitalicia A Todos Los Artistas Creativos En Todas Las Áreas Culturales
Que Cuenten Con Obras Terminadas Y Publicadas.
Que Se Establezcan Las Medidas Necesarias Para Garantizar El
Cumplimiento Efectivo De Lo Ordenado En El Punto Anterior, En El
Menor Tiempo Posible.
PRUEBAS
En los diferentes discursos del señor presidente, se hace
manifestación explícita de la importancia del arte y la cultura como
promotores de la paz y la cultura. El gobierno nacional está dispuesto
a conseguir recursos suficientes para llevar a cabo procesos de paz.
PAZ TOTAL, pero nosotros los artistas del país, quienes nunca hemos
hecho daño alguno estamos desamparados […]”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Decisión encuentra que
el tutelante no aportó ningún medio de prueba que acreditara una
transgresión real y palpable de sus derechos fundamentales, ni
sustentó de manera concreta en qué consiste la vulneración alegada.
Lo anterior, da cuenta de que más allá de presentarse en el libelo
introductorio apreciaciones subjetivas, lo cierto es que no se ha
acreditado la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
que invoca la parte accionante por cuenta de las autoridades
accionadas, máxime, si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo
constitucional, al estar destinada a la protección de derechos
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fundamentales, no constituye el medio adecuado para abordar
controversias relacionadas con la creación de programas y/o apoyos
económicos, pues es la Rama Legislativa, dentro del marco de sus
competencias la que debe legislar frente al particular.
Así, la Corte Constitucional ha señalado que no habrá lugar al amparo
ante la inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda
efectuar un reproche o juicio de vulnerabilidad de derechos
fundamentales. Al efecto, ha sostenido que:
“[…] En suma, para que la acción de tutela sea procedente
requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico,
que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los
derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la existencia
de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental
no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger
al interesado […]4”.
Por ende, no hay lugar a amparar derecho fundamental alguno si del
análisis efectuado por el juez “[…] se encuentra que el hecho que
motivó la acción no existió o que los derechos invocados no fueron
vulnerados, lo procedente es denegar el amparo deprecado […]”5.
4
Corte Constitucional; Sentencia T-130 de 2014; Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez
5
Corte Constitucional; Sentencia T-226 de 2003; Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño
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Así las cosas, para la Sala resulta forzoso concluir que no puede
afirmarse que nos hallamos frente a un evento de vulneración de los
derechos fundamentales del accionante; máxime, cuando al tenor de
las pruebas allegadas al presente trámite constitucional, está
acreditado que el actor tampoco solicitó directamente a las
autoridades accionadas que se reconociera la situación vulneradora
de derechos y se ofertaran los programas y/o apoyos económicos
que solicita.
Contrario a lo anterior, la Sala advierte que el accionante, acudió
directamente a este medio excepcional de protección judicial,
alegando que las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, sin siquiera haber elevado previamente ningún tipo
de solicitud en ese sentido ante la administración, con el fin de que
aquella decidiera si resultaba oportuno acogerla o no, razón adicional
para denegar las pretensiones de la solicitud de amparo de la
referencia.
De este modo, al no encontrar la Sala, por un lado, alguna conducta
vulneradora atribuible a las entidades accionadas, por cuanto
desconocían la situación particular del extremo actor y, por el otro,
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tampoco demostrarse los hechos sobre los cuales se soportaban las
pretensiones, se denegará la solicitud de amparo constitucional de la
referencia.
En relación con la pretensión del actor relativa a que se le asigne una
renta básica de medio salario mínimo legal vigente de forma vitalicia,
por ser artista, se itera, que la misma aún no existe y, en caso de
ser creada, será la parte solicitante quien deba adelantar los trámites
de rigor para su petición, razón por la que tampoco se avizora
amenaza o vulneración de sus derechos a causa de la ausencia de
esta ayuda.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-00759-00
ACTOR: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y LOS SABERES y el MINISTERIO DE TRABAJO, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA del actor como agente oficioso de “todos los
artistas creativos en todas las áreas culturales que cuenten con obras
terminadas y publicadas”, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-00759-00
ACTOR: ROBERT ALEJANDRO BOLÍVAR VELÁSQUEZ
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de marzo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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