Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00764-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00764-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00764-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
11 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00764-00
Demandante: Silvia Maritza Herrera Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00764-00
Demandante: SILVIA MARITZA HERRERA MOSQUERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Contra sentencia que declaró de oficio la excepción de cosa juzgada
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Silvia Maritza Herrera Mosquera contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de febrero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela, Silvia Maritza Herrera
Mosquera, por conducto de apoderado, pidió la protección al derecho fundamental al
debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 8
de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, en el proceso de reparación directa
27001-23-31-000-2011-00097-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se tutelen los derechos Constitucionales fundamentales al debido proceso y el
desconocimiento del precedente jurisprudencial, los cuales fueron vulnerados por el despacho
accionado.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la sentencia emitida por la
accionada el día 08 de agosto de 2023 y en su lugar se ordene emitir otra que defina de fondo el
asunto.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 3 de febrero de 2009, se volcó un vehículo que transitaba por la vía Quibdó – Medellín,
perteneciente a la empresa Rápido Ochoa, accidente en el que fallecieron varias
personas, entre ellas, la señora Sandra Patricia Mosquera.
Por estos hechos, la señora Silvia Maritza Herrera Mosquera y otros presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Trasporte, el
1 Índice 1 Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00764-00
Demandante: Silvia Maritza Herrera Mosquera
Instituto Nacional de Vías y la Empresa Rápido Ochoa.
La demanda se adelantó bajo el radicado 27001-23-31-000-2011-00097-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Chocó, que, por sentencia del 7 de diciembre
de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin embargo, negó el
reconocimiento del daño a la vida en relación, por ausencia de material probatorio.
Inconformes con la decisión, los demandantes, el Ministerio de Trasporte y el Invias
presentaron recurso de apelación.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 8 de agosto de
2023, declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, al advertir que existe identidad de
objeto, causa y partes, entre el proceso de reparación directa y una acción de grupo con
radicado No. 050013331017200900241 decidida en sentencia del 15 de marzo de 2016,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
4. Fundamentos de la acción
La parte actora adujo que la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C incurrió en el siguiente vicio de fondo
Defecto sustantivo, porque no aplicó debidamente el artículo 303 del Código General
del Proceso y la sentencia del 17 de marzo de 2016, dictada por el Consejo de Estado,
en el proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2016-00356-00, que, a juicio de la
actora, establecen los requisitos para que proceda la declaratoria de la excepción de
cosa juzgada.
Sostuvo que no se configuraron los tres presupuestos para declarar probada la
excepción de cosa juzgada, esto es, identidad jurídica de partes, identidad de objeto e
identidad de causa. Que, en consecuencia, la sentencia debatida vulneró su derecho al
debido proceso y desconoció el precedente judicial.
Afirmó que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que en el presente caso
sí existe identidad de causa y objeto, pero no identidad de partes, puesto que, en el
proceso de reparación directa figuraron como parte demandada la Nación – Ministerio
de Trasporte, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Empresa Rápido Ochoa, y, por
otro lado, en la acción de grupo la parte demandada estuvo integrada únicamente por la
Nación – Ministerio de Trasportes y el Instituto Nacional de Vías – Invias, es decir, no se
incluyó a la empresa Rápido Ochoa.
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y vinculó en calidad de tercero con
interés, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, al ministro de trasporte,
a la directora general del IVIAS, al gerente general de Transporte Rápido Ochoa S.A., a
la señora Ana Delia Mosquera, en nombre propio y representación de sus hijos Erinson
Palomeque Mosquera y Deyson Palacio Mosquera, a Luz Mery Herrera Mosquera, a
Yaciry Palacio Mosquera y a Magyuly Palacio Mosquera, en calidad de juez de primera
instancia, demandados y demandantes en el proceso de reparación directa No.
27001233100020110009700.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 23 de febrero
de 2024.
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Demandante: Silvia Maritza Herrera Mosquera
6. Intervenciones
El Magistrado del Consejo de Estado, ponente de la decisión cuestionada, señaló que
la presente acción de tutela no satisface el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, porque se enfoca en reprochar la interpretación del juez, como si se
tratara de una instancia adicional del proceso contencioso administrativo y este medio
judicial no fue diseñado para el efecto.
Manifestó que, la sentencia proferida el 8 de agosto de 2023 no lesionó el derecho
fundamental al debido proceso. Respecto al presupuesto de identidad de partes para la
declaratoria de oficio de la excepción de cosa juzgada, sostuvo que se concreta no en
la equivalencia física, sino jurídica de los sujetos vinculados a la controversia y, en esa
medida, en el proceso de reparación directa y la acción de grupo sí se presentó identidad
de objeto, causa y partes.
En escrito del 29 de febrero de 2024, el magistrado ponente dio alcance a la contestación
presentada, para precisar que la empresa Rápido Ochoa obró como demandante en la
acción de grupo, por lo que considera que la identidad jurídica de parte sí se configuró.
La Empresa de Transporte Rápido Ochoa solicitó negar las pretensiones de la acción
de tutela, al estimar que sí opero la excepción de cosa juzgada. También sostuvo que la
presente acción constitucional es improcedente porque no cumple con los requisitos
dispuesto por la jurisprudencia para su procedencia y, adicionalmente, afirmo que la
sentencia cuestionada no vulneró derecho alguno.
El Instituto Nacional de Vías solicitó denegar las pretensiones de la demanda, porque
no se demostró la vulneración de los derechos invocados. Que, en efecto, la sentencia
objeto de tutela fue proferida conforme a derecho, al cumplir con las estipulaciones
legales para declarar la excepción de cosa juzgada.
Argumentó que el hecho de que la empresa Rápido Ochoa no figure como demandada
en la acción de grupo y sí en el proceso de reparación directa, no implica, en el caso
concreto, que no se configure la excepción declarada. En esa medida, no se vulneró el
derecho fundamental al debido proceso y no se desconoció el precedente judicial.
El Ministerio de Transporte pidió declarar improcedente la acción de tutela porque no
tiene relevancia constitucional y no se cumple con el requisito de subsidiariedad, porque
la actora debió proponer recurso extraordinario de revisión. Además, sostuvo que la
sentencia proferida por la sección tercera de esta Corporación no desconoció el
precedente judicial.
sostuvo que la demandante no puede considerar la acción de tutela como una tercera
instancia del proceso ordinario y, finalmente, informó que la naturaleza del ministerio es
de carácter normativo y regulador, por lo que en el proceso ordinario se decretó su falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, las señoras Ana Delia Mosquera,
Luz Mery Herrera Mosquera, Yaciry Palacio Mosquera y Magyuly Palacio Mosquera
fueron debidamente notificadas, pero no se pronunciaron.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por Silvia
Maritza Herrera Mosquera para dejar sin efectos la sentencia del 8 de agosto de 2023,
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Demandante: Silvia Maritza Herrera Mosquera
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que, en segunda
instancia, declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, por presuntamente haber
incurrido en defecto sustantivo.
La Sala anticipa que la sentencia cuestionada no vulneró el derecho fundamental
alegado, porque analizó debidamente los elementos que configuran la cosa juzgada, en
especial, la identidad de partes y, por lo tanto, se denegarán las pretensiones.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y, (ii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora
cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que, si existiera el error
que alega la parte actora, se estaría desconociendo la expectativa que tienen de ser
indemnizados por el presunto daño antijuridico ocasionado con el accidente de tránsito
ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía Quibdó – Medellín, y en esa condición, obtener
una reparación sobre lo acaecido.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
reprochada fue notificada mediante de correo electrónico el 18 de agosto de 2023, de
modo que fue efectivamente notificada el 20 de agosto de 2023, y la demanda de tutela
fue radicada el 16 de febrero de 2024, esto es, cinco meses y 25 días, término que no
supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación para presentar
acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de
segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no
parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en
el artículo 2505 del CPACA.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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expuso de manera clara que la vulneración del derecho fundamental invocado proviene
de advertir que no hay identidad de partes en el proceso de reparación directa y la acción
de grupo, presupuesto necesario para decretar la excepción de cosa juzgada.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, al concluir que se configuró la excepción de
cosa juzgada, pues no tuvo en cuenta que no se cumple el presupuesto de identidad de
partes entre el proceso de reparación directa y la acción de grupo, habida cuenta de que
los demandados en el proceso de reparación directa fueron la Nación – Ministerio de
Trasporte, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la empresa Rápido Ochoa, mientras
que los demandados en la acción de grupo fueron la Nación – Ministerio de Trasportes
y el Instituto Nacional de Vías – Invias.
Concretamente, la parte demandante señaló que la sentencia cuestionada desconoció
el artículo 303 del Código General de Proceso, que establece que “La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes”. También alegó que no se tuvo en cuenta la sentencia del 17 de marzo de 2016,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 11001-
03-15-000-2016-00356-00, que explicó los requisitos para que una decisión tenga
alcance de cosa juzgada.
Para resolver, la Sala comienza por precisar que la figura jurídica de la cosa juzgada es
definida por la Corte Constitucional como “una institución jurídico procesal mediante la cual
se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica”4.
La finalidad de esta institución jurídico procesal consiste en otorgar valor definitivo a las
sentencias o algunas decisiones del juez; prohíbe a las partes y a los juzgadores volver
a proponer o estudiar una controversia que ya fue resuelta, en aras de garantizar la
seguridad jurídica, al responder a la necesidad social y política de asegurar que las
controversias llevadas ante el juez sean resueltas definitivamente e impedir
pronunciamientos futuros sobre un asunto que fue decidido previamente.
Ahora, la sentencia cuestionada, luego de referirse a las normas que regulan la cosa
juzgada y a los elementos que la configuran, explicó que, del material probatorio que
obra en el expediente, en especial del proceso de acción de grupo adelantado, entre
otros, por las personas que ahora interponían la acción de reparación directa, se podía
concluir que se había configurado la excepción de cosa juzgada. En lo pertinente, la
sentencia dice:
Y es que si bien en este despacho reposan los expedientes radicados con los números 58719 y
58732, este caso se caracteriza porque acá se convocó a la empresa Transportes Rápido Ochoa
S.A., quien ha venido por fuero de atracción a la jurisdicción y ha traído prueba de que la Defensoría
del Pueblo. En resolución número 1428 del 1° de noviembre de 2017 —documento que será
valorado en su totalidad, dado que estuvo a disposición de las partes, quienes contaron con la
oportunidad procesal para controvertirla y no la tacharon de falsa—, reconoció como miembros del
segundo grupo de beneficiarios a las personas que debidamente acreditaron, ante el Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses, la calidad de víctimas del accidente de tránsito ocurrido el dia
3 de febrero de 2009, dentro de las cuales se encuentran, entre otras: Ana Delia Mosquera
4 Corte Constitucional, sentencia C- 774 del 25 de julio de 2001, expediente D-3271.
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Mosquera, Edison (sic) Palomeque Mosquera 55, Deyson Palacio Mosquera. Luz Mery Herrera
Mosquera, Silvia Maritza Herrera Mosquera, Yaciry Palacio Mosquera y Magyuly Palacio Mosquera.
Vistas asi las cosas, resulta posible denotar que existe identidad de objeto, causa y partes entre
este proceso de reparación directa y la acción de grupo radicada bajo el número
050013331017200900241 decidida en sentencia del 21 de mayo de 2015 proferida por el Juzgado
Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que fue confirmada parcialmente el 15 de
marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En efecto, en ambos procesos, los
demandantes, quienes fueron reconocidos como miembros del grupo, solicitaron indemnización
como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 3 de febrero de 2009 en la via que de
Medellín conduce al municipio de Quibdó, cuando el vehículo tipo bus de placas SYK 860 cayó al
rio Atrato, siniestro que ocasionó la muerte de varios de los pasajeros que se movilizaban en ese
vehículo, entre ellos la de Sandra Patricia Mosquera Mosquera. Los demandantes formularon la
acción de reparación directa, como se ha dicho, el 24 de marzo de 2011, es decir, después de la
admisión de la acción de grupo —16 de octubre de 2009, y no solicitaron su exclusión. Como en
ambos procesos las pretensiones son las mismas, se fundan en los mismos hechos y se debate
entre las mismas partes —bien en calidad de demandantes o de demandados—, se configuran los
tres presupuestos de la cosa juzgada, por lo que se impone, entonces, declararla, pues se debe
acatar la decisión previamente adoptada.
Para la Sala, la decisión de la autoridad judicial demandada de declarar la cosa juzgada
resulta razonable y no vulnera ningún derecho fundamental. Si bien en el proceso de
reparación directa se incluyó a la empresa Rápido Ochoa, empresa que no integró la
parte demandada en la acción de grupo, lo cierto es que para declarar la excepción de
cosa juzgada se debe tener en cuenta la identidad sustancial de las partes, y no la
identidad personal.
Lo anterior hace referencia a que la identidad jurídica de una parte se entiende satisfecha
para la declaratoria de la excepción de cosa juzgada, cuando existe una similitud
sustancial entre las partes que integran dos controversias jurídicas que comparten
identidad de causa y objeto.
La identidad sustancial se refiere, entonces, a la similitud esencial entre dos casos
judiciales, incluso si las partes involucradas no son exactamente las mismas. Esto
significa que así haya cambios en las personas físicas o jurídicas que están litigando, si
los derechos en disputa, las cuestiones legales fundamentales y las circunstancias
relevantes son esencialmente las mismas, la cosa juzgada puede aplicarse, como bien
lo concluyó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Justamente por lo anterior, el hecho de que en el proceso de acción de grupo (caso inicial
en el que, vale decir, la aquí demandante obtuvo sentencia favorable), no se hubiera
incluido a la empresa Rápido Ochoa, no impedía la declaratoria de cosa juzgada. Aunque
las partes demandadas no sean exactamente las mismas, existe una identidad sustancial
en cuanto a los derechos en disputa (reparación de daños causados en accidentes de
tránsito en vía pública ocurrido el 3 de febrero de 2009 en la vía Quibdó-Medellín).
Como la esencia del litigio era la misma, la Sala considera válida la decisión de la
autoridad judicial demandada y no desconoce los derechos fundamentales invocados.
En consecuencia, se denegará las pretensiones de la presente acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Silvia
Maritza Herrera Mosquera, conforme a lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00764-00
Demandante: Silvia Maritza Herrera Mosquera
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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