Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00782-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00782-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00782-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
18 de abril de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-00
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-00
Demandante: CRISTIAN FERNANDO MURILLO MAHECHA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SOGAMOSO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se rechaza la demanda
porque no es procedente la acumulación subjetiva de pretensiones.
Defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 88 del
Código General del Proceso
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Cristian Fernando Murillo Mahecha, quien actúa por
conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, en la que pide el
amparo constitucional de sus derechos fundamentales de acceso de
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, presuntamente
vulnerados con las providencias de 24 de octubre de 2023 y de 20 de febrero de
2023, en su orden, mediante las cuales se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante manifestó que junto con 32 personas, el 26 de mayo de 2022
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC), con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y
pago de los derechos laborales reclamados.
Afirmó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso
mediante auto de 5 de diciembre de 2022 inadmitió la demanda, porque
consideró que si bien, las pretensiones son las mismas, lo cierto es que las
condiciones particulares de cada uno de los demandantes son diferentes por lo
que solicitó que en el término de diez (10) días el señor Rigoberto Rodríguez
Aguilar -demandante principal-, allegara demanda individualizada y separada de
los demás demandantes junto con las pruebas pertinentes que pretendieran hacer
valer. De igual forma, ordenó a los demás actores que presentaran demandas
separadas en la oficina de apoyo para que sean sometidas a reparto.
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Mencionó que contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, en el
que se indicó que no era necesario que se realizaran 33 análisis por separado
porque la pretensión de los demandantes era la misma. De igual manera,
manifestó que existía un error interpretativo del artículo 88 del Código General del
Proceso -acumulación subjetiva de pretensiones-, por cuanto en la demanda
existen pruebas en común y, además, consideró que la norma no menciona que
se deben cumplir todos los requisitos.
Sostuvo que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso en
providencia de 23 de enero de 2023, dispuso no reponer el auto de 5 de diciembre
de 2022, teniendo en cuenta que si bien se pretende el reconocimiento de una
misma prestación, los valores perseguidos por los demandantes no son los
mismos.
Señaló que, como consecuencia de no subsanarse la demanda, el 20 de febrero
de 2023 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso profirió
auto en el que la rechazó, por lo que el apoderado presentó recurso de apelación.
Por último, indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante proveído de
24 de octubre de 2023 confirmó la decisión apelada, al considerar que el escrito
de subsanación no fue allegado al proceso dentro del término previsto.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, vulnerados, supuestamente, con los autos de 24 de octubre de 2023 y
20 de febrero de 2023, por medio de los cuales el Tribunal Administrativo de
Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, en su
orden, rechazaron la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovida contra el INPEC.
Aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por
indebida interpretación del artículo 88 del Código General del Proceso relativo a la
procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones porque, a su juicio, la
norma no establece que se deben cumplir con todos los requisitos enunciados, por
el contrario dispone “también podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o
varios demandantes o contra uno o varios demandados, AUNQUE SEA DIFERENTE EL
INTERÉS DE UNOS Y OTROS, EN CUALQUIERA de los siguientes casos: 1. Cuando
provengan de la misma causa. 2. Cuando versen sobre el mismo objeto. 3. Cuando se
hallen entre sí en relación de dependencia. Y 4. Cuando deban servirse de unas mismas
pruebas”.
Explicó cada uno de los supuestos del artículo 88 del Código General del Proceso,
así:
➢ Que “las pretensiones provienen de una misma causa”: expuso que con ocasión
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho los demandantes
pretenden adecuar la jornada laboral, “de tal forma que la misma sea
proporcional al valor del sobresueldo que mensualmente se paga a los mismos, y
por ende se ordene liquidar y pagar las diferencias monetarias causadas”, por lo
que, en su sentir, al ser un único tema respecto del cual es viable extender
la aplicación a la totalidad de demandantes, no es necesario realizar treinta
y tres (33) análisis separados.
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
1
Citó la sentencia T-1017 de 1999 de la Corte Constitucional , en la que se
indica que “sí un número plural de procesos puede ser resuelto por un mismo
funcionario judicial, a partir de la solución de un IDÉNTICO PROBLEMA
JURÍDICO, nada justifica el hecho de que los procesos no puedan acumularse.
Toda vez que LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES de distintos demandantes
TIENDE A ASEGURAR LA COHERENCIA ENTRE LOS DISTINTOS FALLOS Y A
EVITAR LA EXISTENCIA DE SENTENCIAS CONTRADICTORIAS, promoviendo
sin duda, la igualdad y la seguridad jurídica”.
➢ Que “las pretensiones versan sobre el mismo objeto”: insistió en que la
pretensión perseguida por los demandantes es la declaratoria de nulidad
del Oficio 2022EE0031282 de 25 de febrero de 2022 y el acto
administrativo ficto o presunto en razón a la falta de respuesta al recurso de
apelación interpuesto el 11 de marzo de 2022.
➢ Que “las pretensiones se hallan entre sí en relación de dependencia”:
señaló que se cumple este requisito en la medida que los actores pretenden
dejar sin efectos los actos administrativos que negaron el reconocimiento y
pago de los derechos laborales reclamados y, en consecuencia, solicitan que
se adecúe la jornada laboral “de tal forma que la misma sea proporcional al valor
del sobresueldo que mensualmente se paga a los mismos, y por ende se ordene
liquidar y pagar las diferencias monetarias causadas”.
Por lo anterior, aseveró que de llegarse a tener una sentencia favorable, el
restablecimiento del derecho se daría con el reconocimiento de las
diferencias monetarias que a cada actor le corresponda.
➢ Que “las pretensiones deben servirse de unas mismas pruebas”: manifestó
que existe un error de interpretación comoquiera que el artículo 88 del
Código General del Proceso se refiere a las pruebas que soportan las
pretensiones acumuladas que, a su juicio, son: (i) “el acto administrativo ficto o
presunto derivado del silencio administrativo negativo que representa el objeto de
demanda”, (ii) “[e]l escrito petitorio con el cual se inicia y se agota la actuación
administrativa” y (iii) “[t]odas aquellas pruebas que en la demanda fueron
solicitadas”.
Por otra parte, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el
principio de doble instancia, al no realizar un análisis de fondo respecto de los
argumentos planteados en el recurso de apelación, pues únicamente señaló que
la demanda no fue subsanada en los términos que dispuso el juez de primera
instancia.
De igual manera, citó las sentencias del Consejo de Estado de 15 de febrero de
20152, 28 de marzo de 20193, 20 de febrero de 20204 y 30 de julio de 20205,
relacionadas con la acumulación subjetiva de pretensiones y el fallo de 28 de
octubre de 2013 del Tribunal Administrativo del Tolima.
Finalmente, señaló que diferentes grupos de dragoneantes del INPEC han
radicado demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por hechos
similares y mismas pretensiones, las cuales han sido admitidas bajo los
parámetros de la acumulación subjetiva de pretensiones.
1
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
2
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González
3
Radicado: 7001-23-33-000-2019-00016-01, C.P. María Adriana Marín.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2020-00377-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
5
Radicado: 25000-23-15-000-2020-02274-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“3.1. TUTELAR sus derechos fundamentales a la administración de Justicia, debido
proceso e igualdad, facultades que están siendo vulneradas por el DESPACHO DEL
JUEZ NELSON JAVIER LEMUS CARDOZO – JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SOGAMOSO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACA – SALA DE DECISIÓN N° 1 M.P.: DR. DIEGO MAURICIO HIGUERA
JIMENEZ en virtud de defecto sustantivo.
3.2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO – JUEZ NELSON JAVIER LEMUS CARDOZO y
al TRIBUNAL ADMINISRATIVO DE BOYACA – SALA DE DECISIÓN N° 1 M.P.: DR.
DIEGO MAURICIO HIGUERA JIMENEZ, que en un término no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas, REVOQUE los efectos de los autos del 5 de diciembre de 2022, 23 de
enero de 2023, febrero 20 de 2023 y octubre 24 de 2023, proferidos dentro de la acción
de Nulidad y restablecimiento del Derecho que conocen bajo radicado N°
157593333002-2022-00189-00 y en consecuencia proceda con la admisión de la
demanda sobre la totalidad de los demandantes (33), esto es, bajo los parámetros de la
acumulación subjetiva de pretensiones.
3.3. Como consecuencia de lo anterior, se sirva EXTENDER los efectos positivos de la
sentencia de tutela a todos los demás demandantes que junto con el aquí tutelante
presentaron la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y restablecimiento
del Derecho en contra del INPEC, dentro del proceso radicado N° 157593333002-2022-
00189-00 que se tramita a instancia del Despacho del Juez NELSON JAVIER LEMUS
CARDOZO – JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con el No. 15759-33-33-002-2022-00189-00, demandante: Rigoberto
Aguilar Rodríguez y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 26 de febrero de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al demandantes, a las autoridades
demandadas, así como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a
los señores Rigoberto Aguilar Rodríguez, Alex Amaya Mayorga, Jairo Alexander
Núñez Largo, Fredy Alfonso Balaguera Balaguera, Javier Ricardo Oñate Chaparro,
José Adid Basto Barreto, Óscar Hernando Ortiz Ortiz, Luis Antonio Contreras Guio,
Diana Marcela Prieto Torres, Ana Lorena Cruz Montoya, Yohon Fredy Pulido Cepeda,
Nury Paola Dueñas Sierra, Silvia Johana Rodríguez Carvajal, Piedad del Rocío
Echeverría Aguilar, Yasmín Rodríguez Sierra, Yenny Marcela Fonseca Hernández,
Jonny Becker Rojas Aro, Jorge Iván Gallego Delgado, Rubén Ricardo Rojas Rincón,
Edgar Fernando Garavito Santos, Fredy Alexander Romero Leal, Diana Lorena
Gómez Bustacara, Henry Giovanni Rozo Fontecha, Lady Johanna Hernández Garzón,
Rubén Darío Saavedra Ramírez, Omar Yesid Jiménez Ortiz, Carlos Alberto Soler
Arias, Alfonso López Jelber, Pedro José Tarazona Velásquez, Jimmy Mayorga
Benítez, Nelson Enrique Villamizar Camargo y Mery Andrea Méndez Hernández,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 172065 a 172069
de 22 de septiembre de 2023, con el fin de notificar a las partes6.
6
Notificado a los correos electrónicos: notificacionesjudiciales@reyesyleyes.com,
sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co,
des03taboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
notificaciones@inpec.gov.co y j02admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela, por carecer de relevancia constitucional. De
manera subsidiaria, pidió que se negaran las pretensiones del demandante.
Hizo referencia a los requisitos generales establecidos en la reiterada jurisprudencia
constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, con el fin de indicar que el caso no es un asunto de trascendencia superior
porque el actor no justificó con la suficiente carga argumentativa el defecto sustantivo
en el que presuntamente se incurrió.
Respecto del fondo del asunto, hizo referencia a las actuaciones surtidas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y transcribió in extenso la
decisión objetada para indicar que la controversia de segunda instancia no se
circunscribía al análisis de la acumulación subjetiva de pretensiones, sino a la
estructuración de la causal de rechazo de la demanda consistente en la ausencia de
subsanación, motivo por el cual debía verificar si había o no lugar a rechazar la
demanda.
Para terminar, afirmó que el demandante acude a la acción de tutela con el fin de
reabrir un debate que decidió el juez natural por lo que la solicitud de amparo no
puede convertirse en una tercera instancia. Además, afirmó que “pese a que el
apoderado actor interpuso recurso de reposición en contra del auto inadmisorio, lo cierto es
que, ante la confirmación de la decisión, como se lo informó el a quo, se reanudaba el
término para subsanar la demanda. Lo cual, pese a tratarse del cumplimiento de una carga
que garantizaba la continuidad del proceso, no fue observado por el extremo actor. En
consecuencia, la sede de tutela no puede ser utilizada para revivir una oportunidad procesal
obligatoria que se dejó pasar sin justificación alguna”.
6.2. Respuesta del INPEC
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela, porque no vulneró los derechos fundamentales del demandante.
Así mismo, pidió que se desvinculara la entidad del amparo constitucional por falta
de legitimación en la causa por pasiva, en tanto conforme con la Ley 65 de 1993 y
la Resolución No. 00243 de 17 de enero de 20207, a la Dirección General del
INPEC no le corresponde atender los requerimientos planteados por el
demandante.
6.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso allegó
copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No.
15759-33-33-002-2022-00189-00, sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno
respecto de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
7
“Por la cual se desarrolla la estructura orgánica del nivel central y se determinan los grupos de trabajo del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC”,
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
El INPEC en la contestación de la acción de tutela solicitó su desvinculación, por
configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva ya que, a su juicio, no
le asiste responsabilidad en la vulneración alegada por el accionante.
Del análisis del expediente ordinario, se observa que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se encuentra dirigida contra el INPEC, y si bien no se
ha trabado la litis porque en ese trámite judicial no ha sido vinculada como parte,
para la Sala la vinculación al trámite de tutela se realizó como tercero, por lo que
tiene interés en el resultado del presente asunto constitucional.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación atendiendo a que su
vinculación se efectuó como tercero con interés en las resultas del proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, por medio de los
autos de 24 de octubre de 2023 y 20 de febrero de 2023, en su orden, en los que
se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada en
contra del INPEC, vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad del accionante, al
incurrir en defecto sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 88 del
Código General del Proceso, lo que conllevó el desconocimiento de las sentencias
del Consejo de Estado de 15 de febrero de 20158, 28 de marzo de 20199, 20 de
febrero de 202010 y 30 de julio de 202011, relacionadas con la acumulación subjetiva
de pretensiones y el fallo de 28 de octubre de 2013 del Tribunal Administrativo del
Tolima.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos12 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos13, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201214, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
8
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González.
9
Radicado: 7001-23-33-000-2019-00016-01, C.P. María Adriana Marín.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2020-00377-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
11
Radicado: 25000-23-15-000-2020-02274-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
12
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
13
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
14
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 15, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico17; (ii) Defecto procedimental absoluto18; (iii)
Defecto fáctico19; (iv) Defecto material o sustantivo20; (v) Error inducido21; (vi)
Decisión sin motivación22; (vii) Desconocimiento del precedente23 y (viii) Violación
24
directa de la Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo25 y de la Corte
Constitucional26.
15
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
18
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
19
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
20
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
21
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
22
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
23
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
24
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
25
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto el debate propuesto por la parte actora está
relacionado con los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad, los cuales pueden estar comprometidos con
las decisiones de rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso en autos de 24 de octubre de 2023 y 20 de febrero
de 2023. Si bien en las dos instancias del trámite judicial ordinario se resolvió
rechazar la demanda, la trascendencia constitucional se advierte porque de
haberse aplicado indebidamente el artículo 88 del Código General del Proceso se
produciría un sacrificio excesivo al derecho de acceso a la administración de
justicia.
En tal virtud, para la Sala la argumentación expuesta por la parte actora no tiene
como propósito reabrir una discusión litigiosa, a lo que se agrega que cuenta con
una carga argumentativa mínima, por lo que es este escenario constitucional el
indicado para resolver la controversia propuesta por la parte actora, con el fin de
determinar si la decisión cuestionada afecta el contenido, alcance y goce del
derecho de acceso a la administración de justicia del demandante.
De otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad porque la parte actora
no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues se agotó el recurso de
reposición contra el auto que inadmitió la demanda y se presentó el de apelación
contra la providencia de 20 de febrero de 2023, por medio de la cual el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso rechazó la demanda, (iii) se
cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la última providencia objetada
fue notificada mediante correo electrónico el 20 de noviembre de 2023 y la acción
de tutela se presentó el 19 de febrero de 2024, esto es, dos (2) meses y
veintinueve (29) días después, dentro del término prudencial precisado por esta
corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la
supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige
contra un fallo de tutela.
5.2 Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en el defecto
sustantivo alegado
5.2.1. El señor Cristian Fernando Murillo Mahecha, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, acudió al mecanismo de protección constitucional con el fin de
que se amparen los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso y a la igualdad que considera vulnerados con las
decisiones de 24 de octubre de 2023 y de 20 de febrero de 2023, proferidas por el
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
26
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-00
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Sogamoso, en su orden, mediante los cuales se rechazó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el INPEC, con la
pretensión de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron
el reconocimiento y pago de los derechos laborales reclamados.
A juicio de la parte demandante, la decisión de juzgado accionado incurrió en
defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 88 del Código General
del proceso, en específico, consideró que la norma no exige el cumplimiento de
todos los requisitos para la procedencia de la acumulación subjetiva de
pretensiones.
Para el efecto, explicó que se cumple el supuesto de la citada disposición relativo
a que “las pretensiones provengan de la misma causa”, porque en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho los 33 demandantes tienen la misma
pretensión, esto es, la nulidad del “Oficio 2022EE0031282 del 25 de febrero de
2022, y acto administrativo ficto o presunto en ocasión a la no respuesta al recurso
de apelación interpuesto el día 11 de marzo de 2022”.
Así mismo, sostuvo que el Tribunal demandado al resolver el recurso de apelación
no se pronunció respecto de la acumulación subjetiva de pretensiones y se limitó a
indicar que la demanda no fue subsanada en el término que determinó el juez de
primera instancia.
Por último, refirió las sentencias del Consejo de Estado de 15 de febrero de 201527,
28 de marzo de 201928, 20 de febrero de 202029 y 30 de julio de 202030,
relacionadas con la acumulación subjetiva de pretensiones y el fallo de 28 de
octubre de 2013 del Tribunal Administrativo del Tolima.
5.2.2. La Corte Constitucional en sentencia SU-574 de 2019 reiteró que el defecto
sustantivo “parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades
judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de
autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta” (SU-210 de 2017).
De igual modo, reiteró los supuestos en los que se configura este defecto, en los
siguientes términos:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por
no ser pertinente.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría
la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente
contraria a la Constitución.
27
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González.
28
Radicado: 7001-23-33-000-2019-00016-01, C.P. María Adriana Marín.
29
Radicado: 11001-03-15-000-2020-00377-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
30
Radicado: 25000-23-15-000-2020-02274-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una
actuación que afecta derechos fundamentales.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas
abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no
ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada
al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser
igualmente inaplicada.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos
y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”.
Adicionalmente, la Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en
un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos, dos hipótesis: (i)
cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene
(contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible
a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene
postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados,
sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable.
5.2.3. En el asunto bajo examen, la Sala observa que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Cristian Fernando
Murillo Mahecha y otras 32 personas presentaron demanda contra el INPEC en la
que solicitaron:
“Ruego a su Señoría se declare la Nulidad de los siguientes actos administrativos,
mediante los cuales la entidad demandada no accede al reconocimiento y pago de los
derechos laborales reclamados en vía gubernativa: Oficio 2022EE0031282 del 25 de
febrero de 2022, y acto administrativo ficto o presunto en ocasión a la no
respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 11 de marzo de 2022”.
(negrillas por fuera del texto original).
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho solicito:
A. Se ordene a la parte demandada adecuar la jornada laboral de los demandantes
de tal forma que la misma sea proporcional al valor del sobresueldo que mensualmente
se paga a los mismos y que se traduce en una carga laboral de dos turnos de servicio
de 24 horas por semana y un turno de 24 horas de servicio dominical cada dos
semanas.
B. Se condene a la parte demandada a reconocer, liquidar y pagar a cada uno de los
demandantes o de quien represente sus intereses, en forma retroactiva a partir de
enero 14 de 2017 y hasta el cumplimiento de la sentencia, la diferencia monetaria entre
lo pagado a título de “sobresueldo” y lo que realmente debieron recibir en proporción a
la cantidad de trabajo realizado conforme a los conceptos referidos en los artículos 33 a
39 del Decreto-Ley 1042 de 1978.
C. Se condene a la parte demandada a que el mayor valor que resulte al momento
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de liquidar el trabajo de los demandantes en proporción a la cantidad de trabajo
realizado conforme a los conceptos referidos en los artículos 33 a 39 del Decreto 1042
de 1978, una vez descontado el sobresueldo, sea tenido como factor salarial para
reliquidar todas las prestaciones sociales de los demandantes.
D. Se condene a la parte demandada que sobre el mayor valor reconocido se
realicen los aportes al sistema de seguridad social en pensiones (…)”.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso en auto de 5 de
diciembre de 2022 inadmitió la demanda, al considerar que no procedía la
acumulación subjetiva de pretensiones establecida en el artículo 88 del Código
General del Proceso, por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, porque
“se tiene que en efecto lo pretendido proviene de una misma causa, en cuanto se
pretende la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 2022EE0031282 de 25
de febrero de 2022, sin embargo, y a pesar de que se afirma en la demanda que los
demandantes se desempeñan en el cargo de Dragoneante, se desconocen los términos y
momentos de sus vinculaciones, así como los turnos que cada uno prestó, lo que permite
inferir que a cada uno de los actores lo cobijan circunstancias distintas”. Para el efecto,
dispuso:
“(…) Segundo.- Inadmitir la demanda de la referencia promovida por el señor
RIGOBERTO RODRÍGUEZ AGUILAR, para que en el término de diez (10) días, so
pena de rechazo, allegue escrito de demanda individualizada y separado de los demás
demandantes, acompañada de las pruebas pertinentes que pretende hacer valer
exclusivamente en su favor y los anexos correspondientes.
Lo anterior debe acreditarse ante este Despacho a través del correo de este juzgado:
j02admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tercero.- Ordenar a los restantes demandantes, que presenten (sic) ante la Oficina de
Apoyo dispuesta para los Juzgados Administrativos de Sogamoso y/o Duitama, según
corresponda por competencia territorial, sendas demandas separadas por cada
demandante, acompañadas de las pruebas y anexos que pretenda hacer valer, ello con
el fin de que las mismas sean sometidas a reparto.
Lo anterior debe acreditarse ante este Despacho a través de las respectivas actas de
reparto a través del correo electrónico indicado en precedencia.
Cuarto.- Para efectos de contabilizar los términos de caducidad y prescripción, téngase
en cuenta la fecha de presentación de la demanda originaria el 30 de junio de 2022
según el acta de reparto (archivo 003) e incorpórese en cada nueva demanda,
acompañada de la presente providencia”.
El apoderado de los demandantes interpuso recurso de reposición contra la
anterior decisión, bajo el argumento de que el artículo 88 del Código General del
Proceso no dispone que se deban cumplir todos los requisitos enunciados, por lo
que teniendo en cuenta que la demanda acredita la causal de “las pretensiones
provengan de una misma causa”, procede la acumulación subjetiva de
pretensiones y, por consecuencia, la admisión de la misma.
Mediante auto de 23 de enero de 2023, el juzgado accionado resolvió no reponer
la providencia recurrida, al considerar que el “requisito de las pretensiones provengan
de la misma causa, como se expuso en el proveído recurrido y que a su vez es
mencionado por el apoderado demandante, manifiesta que lo pretendido por los
demandantes deriva una misma causa, al solicitar la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio 2022EE0031282 de 25 de febrero de 2022, sin embargo, partiendo
del aparte jurisprudencial también referido en la providencia atacada, no puede obviarse
que el referido acto administrativo enjuiciado produce efectos individuales para cada uno
los demandantes, por lo que no puede decirse que las pretensiones tengan una misma
causa y no colectivo, es decir que el análisis de caso no se realiza de forma colectiva,
sino frente a los efectos jurídicos que genera frente a cada uno de ellos y por lo mismo, en
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el eventual caso de acceder a las pretensiones de nulidad, el retiro de la norma opera
frente a cada ciudadano que lo afecta y no de forma general, tampoco colectiva”.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso en providencia de
20 de febrero de 2023, rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho porque la parte actora no allegó escrito de subsanación.
Como consecuencia de lo anterior, los accionantes, por intermedio de apoderado
judicial, presentaron recurso de apelación en el que indicaron que procede la
acumulación subjetiva de pretensiones, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Boyacá a través de proveído de 24 de octubre de 2023, en el
que se confirmó lo decidido por el a quo, esto es, el rechazo de la demanda
porque “el escrito de subsanación no fue allegado al proceso dentro del término que se
previó para ello”.
5.2.4. Con el fin de resolver el asunto puesto a consideración, la Sala estima
pertinente citar el marco normativo relativo a la acumulación de pretensiones. En
efecto, el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, establece:
“Artículo 165. Acumulación de pretensiones.
En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de
restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que
sean conexas y concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se
acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para
conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha
sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será
competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento”.
No obstante, teniendo en cuenta que la Ley 1437 de 2011 -CPACA- no reguló
expresamente la acumulación subjetiva de pretensiones, por remisión expresa del
artículo 306 ibídem31 debe acudirse al artículo 88 del Código General del Proceso,
que dispone:
“ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante podrá acumular en
una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y
subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
4.En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al
demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y el
cumplimiento de la sentencia definitiva.
También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o
contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
31
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que
persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado. (Negrillas de la Sala)”.
De lo anterior, la Sala observa que el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 -
CPACA-, no prohíbe la acumulación subjetiva de pretensiones por lo que para que
proceda se debe acudir al procedimiento general con el fin de verificar si se
cumple alguno de los requisitos establecidos en el artículo 88 del Código General
del Proceso, a saber: (i) que provengan de la misma causa; (ii) que las
pretensiones versen sobre el mismo objeto; (iii) que las pretensiones se hallen
entre sí en relación de dependencia y (iv) que deban servirse de unas mismas
pruebas.
En este mismo sentido, en un caso con similitudes fácticas, esta Sala en sentencia
de 16 de junio de 202232, se pronunció en el sentido de indicar que “la Ley 1437 de
2011, en el artículo 165 del CPACA previó la acumulación objetiva de pretensiones, que
permite que en una demanda se acumulen pretensiones de nulidad, de nulidad y
restablecimiento del derecho. Aunque la ley en comento, de manera expresa, no
contempla la acumulación subjetiva de pretensiones, tampoco la prohíbe, por ello, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que, en atención a la remisión del
artículo 306 ejusdem, es viable siempre que se cumplan los supuestos del artículo 88 del
33
CGP .
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que le asiste razón al actor en
señalar que existió indebida interpretación del artículo 88 del Código General del
Proceso, pues la norma es clara en señalar que pueden podrán formularse en una
demanda pretensiones de uno o varios demandantes, aunque sea diferente el
interés de unos y otros, en cualquiera de los casos señalados, por lo que para la
acumulación subjetiva de las pretensiones no es exigible el cumplimiento de todos
los requisitos.
En efecto, al estudiar la literalidad de la mencionada norma, se puede observar
que la primera parte se hace mención a la acumulación objetiva la cual se advierte
que procederá “siempre que concurran los siguientes requisitos” y, con
posterioridad, refiere que la acumulación subjetiva de pretensiones es procedente
“en cualquiera de los siguientes casos”, por lo que la Sala insiste que respecto a
esta última basta con que concurra alguno de los supuestos descritos34.
Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que era procedente la acumulación
subjetiva de pretensiones propuesta por el demandante en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por las siguientes razones:
1. Se trata de varios demandantes contra un mismo demandado, en este
caso el INPEC.
2. Se cumple la causal “[c]uando provengan de la misma causa”, teniendo en
cuenta que la inconformidad de la totalidad de accionantes es que se
declare la nulidad de los mismos actos administrativos, esto es, el “Oficio
2022EE0031282 del 25 de febrero de 2022, y acto administrativo ficto o presunto en
32
Radicado No. 15001-23-33-000-2022-00194-01. M.P. Milton Chaves García.
33
En esta decisión también se hizo referencia a la sentencia de 24 de junio de 2021, radicado 11001-03-15-
000-2020-04369-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
34
Sentencia de 24 de junio de 2021, radicado 11001-03-15-000-2020-04369-01 M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
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ocasión a la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 11 de marzo de
2022”.
3. Las pretensiones versan sobre el mismo objeto, toda vez que persiguen la
nulidad de los citados actos y el reconocimiento y pago de prestaciones
laborales con ocasión de la adecuación de la jornada laboral.
4. Las pretensiones tienen entre sí relación de dependencia, teniendo en
cuenta que todos los accionantes pretenden que se realice el pago de las
prestaciones laborales.
5. La demanda se debe tramitar por igual procedimiento, esto es, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el juez
competente es el mismo para todos los casos.
En ese sentido, los autos de 24 de octubre de 2023 y de 20 de febrero de 2023,
mediante los cuales el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso rechazaron la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en defecto sustantivo por
indebida interpretación del artículo 88 del Código General del Proceso, en tanto no
era procedente la inadmisión de la demanda bajo el pretexto de que no concurrían
todos los requisitos contemplados en la citada disposición.
Ahora bien, la Sala advierte que la inadmisión y el posterior rechazo de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el planteamiento de que
los demandantes debían presentar demandas de manera individualizada y por
separado ante la oficina de apoyo de los juzgados administrativos de Sogamoso
y/o Duitama para someterlas a reparto, desconoce los principios de celeridad y
economía procesal que rigen el proceso judicial, y se constituye en una carga
procesal desproporcionada e irrazonable.
En ese orden de ideas, la mejor forma de amparar los derechos fundamentales de
la parte actora es dejando sin efecto todas las providencias dictadas en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que
se provea nuevamente sobre la admisión de la demanda, atendiendo que resulta
procedente la acumulación subjetiva de pretensiones.
Como quiera que la Sala encontró configurado el defecto sustantivo, se relevará
de efectuar algún análisis respecto del desconocimiento del precedente judicial
alegado.
Por las razones expuestas, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Cristian
Fernando Murillo Mahecha, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, y
dejará sin efecto los autos de 5 de diciembre de 2022, 23 de enero de 2023 y 20
de febrero de 2023 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Sogamoso, así como el de 24 de octubre de 2023 emanado del Tribunal
Administrativo de Boyacá. En consecuencia, ordenará al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sogamoso que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia profiera una decisión de reemplazo
en la que decida sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 15759-33-33-002-2022-00189-00, de conformidad
con las consideraciones expuestas en esta providencia.
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
RESUELVE
Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el INPEC.
Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor Cristian Fernando Murillo
Mahecha, quien actúa por conducto de apoderado judicial. En consecuencia,
DÉJANSE SIN EFECTO los autos de 5 de diciembre de 2022, 23 de enero de
2023 y 20 de febrero de 2023 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Sogamoso, así como el de 24 de octubre de 2023 emanado del
Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra el INPEC (expediente No. 15759-
33-33-002-2022-00189-00).
Tercero.- ORDÉNASE al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sogamoso que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que decida sobre la
admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Cristian Fernando Murillo Mahecha y otros contra el INPEC
(expediente No. 15759-33-33-002-2022-00189-00), de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
ACLARA EL VOTO
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