Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00782-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00782-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00782-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
31 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 31 de julio de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-01
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto Sustantivo - ampara.
Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados
con ocasión del rechazo de una demanda en la que se pretendió la acumulación subjetiva
de pretensiones respecto de 33 personas, que reclamaron el reconocimiento y pago de
unas acreencias laborales.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por el Juez 2 Administrativo de Sogamoso contra
la Sentencia de 18 de abril de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
de Cristian Fernando Murillo Mahecha2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de febrero de 2024, Cristian Fernando Murillo Mahecha, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso, por
la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los Autos
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 ”Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del señor Cristian Fernando Murillo Mahecha, quien actúa por conducto de apoderado judicial. En
consecuencia, DÉJANSE SIN EFECTO los autos de 5 de diciembre de 2022, 23 de enero de 2023 y 20 de febrero de
2023 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, así como el de 24 de octubre
de 2023 emanado del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra el INPEC (expediente No. 15759-33-33-002-2022-00189-00).
Tercero.- ORDÉNASE al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que decida sobre la
admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Cristian Fernando
Murillo Mahecha y otros contra el INPEC (expediente No. 15759-33-33-002-2022-00189-00), de conformidad con lo
expuesto en esta providencia (…)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-01
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica. Declara improcedente y ampara
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de 5 de diciembre de 2022, 23 de enero de 2023 y 20 de febrero de 2023
proferidos por el juzgado, así como el Auto de 24 de octubre de 2023
proferido por el tribunal, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho No. 15759-33-33-002-2022-00189-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“3.1. TUTELAR sus derechos fundamentales a la administración de Justicia,
debido proceso e igualdad, facultades que están siendo vulneradas por el
DESPACHO DEL JUEZ NELSON JAVIER LEMUS CARDOZO – JUEZ SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SOGAMOSO y el TRBINAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA – SALA DE DECISIÓN N° 1 M.P.: DR. DIEGO
MAURICIO HIGUERA JIMENEZ en virtud de defecto sustantivo.
3.2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ORDENAR al JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO – JUEZ NELSON JAVIER LEMUS
CARDOZO y al TRIBUNAL ADMINISRATIVO DE BOYACA – SALA DE DECISIÓN N° 1
M.P.: DR. DIEGO MAURICIO HIGUERA JIMENEZ, que en un término no mayor a
cuarenta y ocho (48) horas, REVOQUE los efectos de los autos del 5 de
diciembre de 2022, 23 de enero de 2023, febrero 20 de 2023 y octubre 24 de
2023, proferidos dentro de la acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho
que conocen bajo radicado N° 157593333002-2022-00189-00 y en
consecuencia proceda con la admisión de la demanda sobre la totalidad de
los demandantes (33), esto es, bajo los parámetros de la acumulación subjetiva
de pretensiones.
3.3. Como consecuencia de lo anterior, se sirva EXTENDER los efectos positivos
de la sentencia de tutela a todos los demás demandantes que junto con el
aquí tutelante presentaron la demandada en ejercicio del medio de control de
Nulidad y restablecimiento del Derecho en contra del INPEC, dentro del
proceso radicado N° 157593333002-2022-00189-00 que se tramita a instancia
del Despacho del Juez NELSON JAVIER LEMUS CARDOZO – JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 26 de octubre de 2021, Cristian Fernando Murillo Mahecha y otros
32 empleados públicos más3, presentaron ante el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) una solicitud con las siguientes peticiones
(se trascribe):
“Solicito que a partir de la fecha se adecue la jornada laboral de los
peticionarios de tal forma que la misma sea proporcional al valor del
sobresueldo que mensualmente se paga a los mismos y que se traduce en una
carga laboral semanal de dos turnos de servicio de 24 horas y un turno de 24
horas de servicio dominical cada dos semanas.
3 De acuerdo con el expediente digital, los demandantes fueron vinculados y posesionados como empleados
públicos adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC en el cargo de dragoneantes. Los
demandantes adicionales fueron: Aguilar Rodríguez Rigoberto, Amaya Mayorga Alex, Balaguera Balaguera Fredy
Alfonso, Basto Barreto José Adid, Contreras Guio Luis Antonio, Cruz Montoya Ana Lorena, Dueñas Sierra Nury Paola,
Echeverria Aguilar Piedad Del Rocío, Fonseca Hernández Yenny Marcela, Gallego Delgado Jorge Iván, Garavito
Santos Edgar Fernando, Gómez Bustacara Diana Lorena, Hernandez Garzón Lady Johanna, Jiménez Ortiz Omar
Yesid, López Jelber Alfonso, Mayorga Benítez Jimmy, Méndez Hernández Mery Andrea, Núñez Largo Jairo
Alexander, Oñate Chaparro Javier Ricardo, Ortiz Ortiz Oscar Hernando, Prieto Torres Diana Marcela, Pulido Cepeda
Yohon Fredy, Rodríguez Carvajal Silvia Johana, Rodríguez Sierra Yasmin, Rojas Aro Jonny Becker, Rojas Rincón
Rubén Ricardo, Romero Leal Fredy Alexander, Rozo Fontecha Henry Giovanni, Saavedra Ramírez Rubén Darío, Soler
Arias Carlos Alberto, Tarazona Velásquez Pedro José y Villamizar Camargo Nelson Enrique.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-01
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica. Declara improcedente y ampara
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De igual forma solicito que el trabajo que los peticionarios han prestado
durante las últimas tres anualidades y subsiguientes a este petitorio sea
revisado, tabulado y liquidado bajo los parámetros del decreto 1042 de 1978 y
por ende se pague a cada uno de los peticionarios la diferencia monetaria
entre lo pagado a título de “sobresueldo” y lo que deben percibir por los
diferentes conceptos referidos en los artículos 33 a 39 del Decreto 1042 de 1978.
Que el mayor valor que resulte al momento de liquidar el trabajo de los
peticionarios bajo la cuerda del decreto 1042 de 1978, una vez descontado el
sobresueldo, sea tenido como factor salarial para reliquidar todas las
prestaciones sociales que los peticionarios han recibido durante las últimas tres
anualidades.
Que sobre el mayor valor reconocido se realicen los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones.
Que los valores reconocidos sean ajustados conforme al índice de precios al
consumidor según lo dispuesto en el artículo 187 CPACA.”
5. 2) El INPEC, mediante Oficio No. 2022EE0031282 de 25 de febrero de
2022, no accedió al reconocimiento y pago de los derechos laborales
reclamados por los solicitantes.
6. 3) El 26 de mayo de 2022, los peticionarios enunciados en el párrafo 1,
por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del INPEC, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
2022EE0031282 de 25 de febrero de 2022.
7. 4) El asunto fue conocido por el Juzgado 2 Administrativo de
Sogamoso que, mediante Auto de 5 de diciembre de 2022, inadmitió la
demanda por una indebida acumulación subjetiva de pretensiones4.
8. 5) Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso
de reposición5 y, mediante Auto de 23 de enero de 2023, el Juzgado 2
Administrativo de Sogamoso decidió no reponer su decisión6.
4 El Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso argumentó que, a pesar de que las pretensiones eran las mismas,
advirtió que las condiciones particulares de cada uno de los demandantes eran diferentes. Por lo tanto, solicitó
que, en un plazo de 10 días, el señor Rigoberto Rodríguez Aguilar, como demandante principal, presentara una
demanda individualizada y separada de los demás demandantes, junto con las pruebas pertinentes que
pretendiera hacer valer. Asimismo, ordenó a los demás actores que presentaran demandas separadas en la
oficina de apoyo para que fueran sometidas a reparto.
5 El apoderado judicial de la parte actora hizo alusión al artículo 88 del Código General del Proceso y se pronunció
sobre cada uno de los requisitos que allí se consagran que, a su juicio, resultaban relevantes para el caso en
concreto. Sobre el particular, argumentó que: (1) era claro que se cumplió el presupuesto de que las pretensiones
provenían de una misma causa, además agregó que no era necesario realizar los 33 análisis por separado, ya que
se trataba del estudio de un mismo tema; (2) respecto al segundo presupuesto de que las pretensiones debían
versar sobre el mismo objeto, señaló que también se cumplía comoquiera que los demandantes perseguían el
mismo fin que era la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado; (3) adujo que de igual manera se
cumplió con el requisito de que las pretensiones se hallaran entre sí en relación de dependencia, toda vez que de
proferirse una sentencia favorable que ordenara la modificación de la jornada para uno de los demandantes
implicaría que los demás demandantes tendrían derecho a dicha modificación; (4) y, por último, con ocasión al
requisito de que las pretensiones debían servirse de las mismas pruebas, indicó que existían pruebas en común que
fueron aportadas y solicitadas en la demanda. Por lo anterior, al señalar que se cumplieron con los requisitos de la
norma precitada, solicitó la reposición de la decisión.
6 El Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso indicó que si bien se pretende el reconocimiento de una misma
prestación por parte de todos los demandantes, lo cierto es que los valores perseguidos por cada uno en particular
eran distintos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-01
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica. Declara improcedente y ampara
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9. 6) Mediante Auto de 20 de febrero de 2023, el Juzgado 2
Administrativo de Sogamoso dispuso rechazar la demanda presentada por
Cristian Fernando Murillo Mahecha y otros, al no haberse subsanado en el
término previsto7.
10. 7) La parte actora presentó recurso de apelación en el que, además
de reiterar lo señalado en el recurso de reposición anteriormente
interpuesto, argumentó que no era necesario realizar 33 análisis por
separado, ya que las pretensiones de los demandantes eran las mismas, por
lo que los efectos serían iguales para todos ellos, independientemente de la
cuantificación del derecho. Agregó que el juzgado incurrió en un error
interpretativo del artículo 88 del Código General del Proceso respecto de la
acumulación subjetiva de pretensiones, toda vez que la demanda contenía
pruebas en común y, a su juicio, la norma no exigía cumplir con todos los
requisitos para la procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones.
Concluyó que la preocupación del juez de primera instancia estaba en la
cuantificación de la condena, pero lo que se buscaba era el
reconocimiento de las pretensiones.
11. 8) El Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió el recurso de apelación
mediante Auto de 24 de octubre de 2023, en el que confirmó la decisión
apelada tras considerar que, en efecto, el escrito de subsanación de la
demanda no fue presentada dentro del término otorgado.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que las
autoridades accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por indebida
interpretación del artículo 88 del Código General del Proceso relativo a la
procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones. Lo anterior, con
fundamento en que, a su juicio, la norma procesal no establecía que se
debía cumplir con todos los requisitos enunciados, por el contrario, permitía
que se formulara en una demanda (se trascribe) “(…) pretensiones de uno
o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea
diferente el interés de unos y otros (…)”. Para ello, citó unos antecedentes
del Consejo de Estado de 15 de febrero de 20158, 28 de marzo de 20199, 20
de febrero de 202010 y 30 de julio de 202011, proferidos en el marco de la
acción de tutela y un Auto12 del Tribunal Administrativo del Tolima, que,
trataban sobre la acumulación subjetiva de pretensiones.
13. Adicionalmente, indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá al no
realizar un análisis profundo de los argumentos presentados en el recurso de
7 El término de 10 días concedidos para subsanar la demanda inició el 31 de enero y terminó el 13 de febrero de
2023, sin que se haya allegado escrito de subsanación.
8 No indicó radicado.
9 Rad. 7001-23-33-000-2019-00016-01.
10 Rad. 11001-03-15-000-2020-00377-00.
11 Rad. 25000-23-15-000-2020-02274-01.
12 Providencia de 28 de octubre de 2013 del Tribunal Administrativo de Tolima, sin indicar radicado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica. Declara improcedente y ampara
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apelación y limitarse a señalar que la demanda no fue subsanada según lo
ordenado por el juez de primer grado, desconoció el principio de doble
instancia. Por último, señaló que otros grupos de dragoneantes del INPEC
han presentado demandas similares que fueron admitidas bajo la norma de
acumulación subjetiva de pretensiones.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
14. Mediante Sentencia de 18 de abril de 2024, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia de Cristian Camilo Murillo
Mahecha y, en consecuencia, dejó sin efectos los Autos de 5 de diciembre
de 2022, 23 de enero de 2023 y 20 de febrero de 2023 proferidos por el
Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso y de 24 de octubre de 2023 del
Tribunal Administrativo de Boyacá. En consecuencia, ordenó al Juzgado 2
Administrativo de Sogamoso que profiriera una decisión de reemplazo en la
que decidiera sobre la admisión del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Cristian Fernando
Murillo Mahecha y otros contra el INPEC.
15. Para ello, se remitió al marco normativo relativo a la acumulación de
pretensiones consagrado en el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, el cual
no regló expresamente la acumulación subjetiva. En ese orden, adujo que
era necesario remitirse al artículo 88 del Código General del Proceso, a partir
del cual advirtió que no existía prohibición alguna de la acumulación
subjetiva de pretensiones. En consecuencia, consideró que existió una
indebida interpretación de la norma precitada pues (se trascribe):
“la norma es clara en señalar que podrán formularse en una demanda
pretensiones de uno o varios demandantes, aunque sea diferente el interés de
unos y otros, en cualquiera de los casos señalados, por lo que para la
acumulación subjetiva de las pretensiones no es exigible el cumplimiento de
todos los requisitos”
16. Por lo anterior, concluyó que los autos cuestionados incurrieron en
defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 88 del Código
General del Proceso, pues no era procedente la inadmisión de la demanda
bajo el pretexto de que no concurrían todos los requisitos contemplados en
la citada disposición.
17. El Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso13, como autoridad judicial
accionada, presentó escrito de impugnación en el que consideró que la
presente solicitud de amparo resultaba improcedente pues, a su juicio, no
superaba los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. De
13 A pesar del escrito de impugnación, el Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso dio cumplimiento con lo
ordenado en la sentencia de primera instancia de tutela, a través del Auto de 6 de mayo de 2024, en el que
estudió la admisibilidad de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho No. 15759-33-33-002-2022-00189-
00.
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igual forma, agregó que, en su papel de juez natural de la demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho, realizó una adecuada
interpretación de la norma contenida en el artículo 88 del Código General
del Proceso. Manifestó que sus actuaciones en el trámite del proceso
ordinario estaban en consonancia con el precedente horizontal, por lo que
no se evidenció vulneración alguna de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de las providencias objeto de estudio 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de las providencias objeto de estudio
18. La Sala considera oportuno aclarar que el objeto de la presente
controversia, de acuerdo con lo planteado por el demandante, lo
constituyen los autos por medio de los cuales se inadmitió su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, se confirmó esa decisión en
reposición y se rechazó la misma.
19. En ese orden, respecto de los Autos de rechazo de la demanda, la
Sala pone de presente que se centrará en analizar los reparos invocados
respecto del Auto que resolvió el recurso de apelación proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá el 24 de octubre de 2023, puesto que,
pese a que también se enjuició el auto de primera instancia que rechazó la
demanda (20 de febrero de 2023), proferido por el Juzgado 2 Administrativo
de Sogamoso, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la
decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, ante una eventual
decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió
la controversia en segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a
lo que se ordene.
20. De esta manera, las providencias a estudiarse por la Sala, si se
superan los requisitos de procedencia, serán los Autos de 5 de diciembre de
2022 y 23 de enero de 2023 proferidos por el Juzgado 2 Administrativo de
Sogamoso (mediante los que se inadmitió la demanda y se confirmó esa
decisión) y de 24 de octubre de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo
de Boyacá (mediante el que se confirmó el rechazo de la demanda).
2.2. Fijación de la controversia
21. Establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia por parte del Juzgado 2
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Administrativo de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá, con
ocasión de la expedición de las decisiones de inadmisión y rechazo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15759-33-
33-002-2022-00189-00. Como consecuencia de lo anterior se procederá a
confirmar, modificar o revocar, la sentencia impugnada.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8
22. La Sala modificará la sentencia impugnada, respecto de la orden de
que se dejen sin efecto los Autos de 5 de diciembre de 2022 y 23 de enero
de 2023 proferidos por el Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso, para, en
su lugar, declarar la improcedencia por falta de inmediatez. Y confirmará
en lo demás el fallo impugnado.
23. En lo relacionado con la inmediatez, la Corte Constitucional14 ha
sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene un término de
caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término razonable y
proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión generadora de la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues, de no ser así, se
afectaría la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se
desnaturalizaría la acción y, en relación con la acción de tutela contra
providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de
las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de
inmediatez debe ser más estricto.
24. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201415, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.
25. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
14 Sentencia SU-18 de 2018.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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26. En el presente caso, la Sala observó que la acción de tutela no se
presentó dentro un plazo razonable respecto de los autos proferidos por el
Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso pues, entre la fecha de notificación,
incluso, del auto que confirmó la inadmisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (25/1/23) y la presentación de la tutela
(19/2/24), trascurrió un término mayor a 1 año, plazo que no resulta
razonable. Más si se tiene en cuenta que no se configuró algún supuesto o
circunstancia especial que permitiera aceptar una interposición después de
ese plazo.
27. Ahora, respecto del Auto de 24 de octubre de 2023, mediante el cual
el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el rechazo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de tutela
resulta procedente porque: (1) no existe recurso idóneo y eficaz que
permitiera al accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar
la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la providencia cuestionada
(20/11/2023) y la de interposición de la presente acción de tutela
(19/2/2024). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con un auto de segunda instancia proferido en el marco de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos.
28. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad de la parte actora, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, no se limita a una discusión
simplemente legal o económica, ni se trató de una reiteración de los
argumentos planteados en el proceso ordinario.
29. Por lo anterior, existen razones suficientes para modificar la decisión de
primer grado, en lo que respecta a los Autos de 5 de diciembre de 2022 y 23
de enero de 2023, para en su lugar declarar la improcedencia de la acción
de tutela. En ese orden, se procede a analizar de fondo la solicitud de
amparo respecto la decisión de confirmar el rechazo de la demanda, de
cara a la interpretación que se hizo del artículo 88 del CGP, sobre la
acumulación subjetiva de pretensiones.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales
30. La Sala confirmará el amparo concedido en la sentencia impugnada
en relación con la decisión de dejar sin efectos el Auto de 24 de octubre de
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00782-01
Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica. Declara improcedente y ampara
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2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones que a
continuación se exponen:
31. El actor consideró que su demanda no debió ser rechazada pues, si
bien se le ordenó que subsanara la misma ante una aparente indebida
acumulación de pretensiones, lo cierto es que, a su juicio, era procedente
la acumulación subjetiva de pretensiones en la medida en que se cumplía,
por lo menos, con un requisito de los que fueron establecidos en el artículo
88 del Código General del Proceso.
32. Luego de que el Juzgado 2 Administrativo de Sogamoso descartara el
argumento del demandante y rechazara la demanda ante la falta de
subsanación, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó dicha decisión
con fundamento en que transcurrió el plazo otorgado para corregir la
demanda, sin que el accionante allegara el escrito solicitado.
33. Para la Sala, la actuación desplegada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá vulneró los derechos fundamentales del demandante, en la
medida en que, no solo omitió realizar un estudio de los fundamentos
propuestos por el demandante en su recurso de apelación, respecto del
cumplimiento de los requisitos para que se configurara la figura de la
acumulación subjetiva de pretensiones, sino que, además, avaló el hecho
de que, pese al cumplimiento de las condiciones para la aplicación de
dicha figura, no se accediera a la misma.
34. En ese orden, para abordar la discusión objeto de la presente acción
de tutela, en primer lugar, es necesario poner de presente que la
acumulación subjetiva de pretensiones no fue reglamentada en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Pese a
ello, no puede perderse de vista que el artículo 306 de la mencionada
codificación dispuso que (se trascribe) “En los aspectos no contemplados
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”16.
35. El Código General del Proceso hizo referencia a la acumulación de
pretensiones en el artículo 88 y, respecto de la acumulación subjetiva, indicó
que procedería en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando
provengan de la misma causa, (2) cuando versen sobre el mismo objeto, (3)
cuando se hallen entre sí en relación de dependencia o (4) cuando deban
servirse de unas mismas pruebas.
36. Así, tal como lo expuso el juez constitucional de primer grado, en el
asunto se evidenciaron aspectos tales como que: (1) se presentó una
16 Hoy en día Código General del Proceso.
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demanda por parte de varias personas, entre ellas el demandante de la
presente acción de tutela, en contra del INPEC; (2) se solicitó la nulidad de
un mismo acto administrativo que es el denominado “Oficio 2022EE0031282
del 25 de febrero de 2022”; y (3) con ello se persiguió el reconocimiento y
pago de unas prestaciones laborales con ocasión de la adecuación de la
jornada laboral de los demandantes, quienes trabajaban al servicio del
INPEC.
37. Los anteriores aspectos permitían evidenciar que era procedente la
acumulación subjetiva de pretensiones, en la medida en que existía una
coincidencia, además de otros aspectos, en el objeto y causa de las
pretensiones de los diferentes demandantes.
38. Así, tal como lo advirtió la Sección Cuarta del Consejo de Estado en
el fallo impugnado, se evidenció que el artículo 88 del Código General del
Proceso estableció que la acumulación subjetiva procedía siempre que
concurriera solamente uno de los supuestos que señaló dicha norma. Y, en
atención a que en el presente asunto concurría más de un supuesto, era
procedente acceder a la acumulación de pretensiones solicitada.
39. Aunado a ello, es importante poner de presente que el Consejo de
Estado17, al abordar algunos asuntos de tutela en los que se estudió lo
relacionado con la acumulación subjetiva de pretensiones respecto de
asuntos de carácter laboral, ha accedido al amparo de los derechos
fundamentales que se consideraron vulnerados, con fundamento en que
era procedente la aplicación de la figura mencionada pues no se deben
exigir todos los supuestos establecidos en la norma, sino que simplemente es
necesario que exista uno de ellos.
40. En virtud de lo anterior, la Sala, al igual que la autoridad constitucional
de primer grado, considera que debe dejarse sin efectos el Auto proferido
el 24 de octubre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la
medida en que incurrió en un defecto sustantivo pues confirmó el rechazo
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sin tener en
cuenta que se configuraban algunos de los supuestos establecidos en la
norma para que operara la acumulación subjetiva de pretensiones.
41. En ese orden, se comparte la decisión impugnada en relación con la
vulneración de derechos fundamentales por parte del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
42. Pese a ello, también es necesario modificar la orden dada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo impugnado, ya que, la
providencia objeto de análisis y que se dejará sin efectos, es la proferida en
17 Revisar entre otras, la Sentencias proferidas dentro de los expedientes con radicado No. 11001-03-15-000-2020-
04369-01; 11001-03-15-000-2015-02488-00 y 11001-03-15-000-2019-03897.
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segunda instancia por el tribunal referido toda vez que, como se mencionó
líneas atrás, en virtud de la presentación del recurso de apelación contra el
auto de rechazo de la demanda, fue la que resolvió el litigio, motivo por el
que será está autoridad la encargada de pronunciarse sobre el rechazo de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero con base en
lo señalado en esta providencia respecto de la acumulación subjetiva de
pretensiones.
2.5. Conclusión
43. Por lo anterior, la Sala modificará la Sentencia impugnada, dejará sin
efectos el Auto de 24 de octubre de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá y ordenará que se rehaga la actuación. Y
declarará la improcedencia respecto de las demás providencias
cuestionadas por no superar el requisito de inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela proferida el 18 de abril de
2024, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió
a la solicitud de amparo, para que disponga:
“Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por Cristian Fernando Murillo Mahecha contra los Autos de 5 de
diciembre de 2022 y 23 de enero de 2023 proferidos por el Juzgado 2
Administrativo de Sogamoso, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del señor Cristian Fernando
Murillo Mahecha, quien actúa por conducto de apoderado judicial. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el Auto de 24 de octubre de 2023
proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco de
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15759-
33-33-002-2022-00189-00 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Boyacá que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que decida
sobre el recurso de apelación contra el auto de rechazo de la
demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por el señor Cristian Fernando Murillo
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Demandante: Cristian Fernando Murillo Mahecha
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica. Declara improcedente y ampara
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Mahecha y otros contra el INPEC (expediente No. 15759-33-33-002-
2022-00189-00), de conformidad con lo expuesto en esta providencia.”
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría.
TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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