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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00783-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00783-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

25 de abril de 2024

Demandante: Carlos Arturo Caraballo Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00783-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00783-00
Demandante: CARLOS ARTURO CARABALLO SÁNCHEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – término de caducidad –
improcedencia por no cumplir con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor Carlos Arturo Caraballo Sánchez contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo
86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 20 de febrero de 2024, el señor Carlos Arturo Caraballo Sánchez instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia».

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia de primera instancia que declaró la caducidad del
medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho proferida el 23 de
noviembre de 2022 por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla y que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Barranquilla
mediante sentencia de segunda instancia del 28 de abril del 2023. El referido
proceso judicial se identificó con radicado 08001-33-33-013-2017-00268-01
contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Fiduprevisora
S.A, la Redehospitales Liquidada y Felipe Negret Abogados y Consultores.

1.2. Pretensiones

1
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Demandante: Carlos Arturo Caraballo Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00783-00

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo las garantías invocadas
y, en consecuencia, pidió:

2. Dejar sin efectos de la Sentencia de Segunda Instancia, proferida
dentro del proceso contencioso administrativo de Radicación: 08001-33-33-
013-2017- 00268-01.

3. Ordenar a los Magistrados y al Juez Accionado que profiera una
nueva sentencia, en la cual se revoque la Caducidad y se ordene a la Juez
natural laboral, con su jurisdicción y competencia, que tramite el proceso
laboral que solicita el accionado con su demanda original.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Carlos Arturo Caraballo Sánchez trabajó como auxiliar de servicios
generales, código 470 grado 2, en la E.S.E. Redehospitales, entidad adscrita a
la Secretaria de Salud Distrital del Distrito de Barranquilla desde el 15 de abril de
1987 hasta el 24 de noviembre de 2009.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla expidió el Decreto No. 0883 del 24 de
diciembre de 2008, por medio del cual se suprimió y ordenó la liquidación de la
Red Pública Hospitalaria de Barranquilla E.S.E y nombró a la entidad liquidadora
La Fiduprevisora S.A. a la cual se le delegó la supresión de los cargos de la
entidad.

Mediante la Resolución No. 2533 del 21 de septiembre del 2009, se suprimió el
cargo que venía ocupando el señor Caraballo Sánchez. Posteriormente, el
accionante firmó el Acta de Conciliación No. 6613 con la representante de la
E.S.E Redehospitales Liquidada en el que daban por terminado por mutuo
acuerdo el contrato de trabajo que tenía con la entidad.

El 9 de febrero de 2012 el señor Caraballo Sánchez solicitó a la Fiduprevisora
S.A. y a Felipe Negret Abogados Consultores el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales que fueron dejadas de pagar por la entidad liquidadora, en
cuanto a las cesantías, cotizaciones de pensión y salud con sus respetivos
intereses. Esta petición fue resuelta de manera desfavorable el 22 de febrero del
2012.

Así mismo, mediante memorial presentado el 10 de febrero del 2012 a la E.S.E.
Redehospitales y al Distrito Especial, Industrial y Portuario De Barranquilla (de
ahora en adelante DEIP Barranquilla) solicitó el reconocimiento y pago de
diferentes acreencias laborales que dejó de devengar por la finalización del
contrato laboral con la E.S.E, frente a la cual obtuvo respuesta negativa el 21 de
marzo del 2012.

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En este orden de ideas, el actor presentó demanda de carácter laboral el 28 de
junio de 2013, la cual conoció el Juzgado Quince Laboral del Circuito Judicial de
Barranquilla que, por medio de providencia del 16 de marzo del 2015, declaró la
falta de jurisdicción para conocer el proceso.

La referida providencia fue apelada por la parte demandante y el asunto fue
conocido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala
Laboral que, mediante sentencia del 30 de septiembre del 2016, negó por
improcedente el recurso de alzada y ordenó al Juzgado Quince Laboral del
Circuito Judicial de Barranquilla que diera cumplimiento a la decisión de remisión
a la jurisdicción contenciosa administrativa.

En cumplimiento de lo ordenado, el asunto se le asignó al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla bajo el radicado 080001-33-
33-013-2017-068-00. Dicha autoridad, a través de auto del 14 de septiembre del
2017, inadmitió la demanda con el fin de que se adecuara el poder y las
pretensiones a las de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Luego de admitir la demanda, la autoridad judicial celebró audiencia inicial hasta
la resolución de las excepciones previas. Sin embargo, fue suspendida y en su
continuación, se trabó un conflicto negativo de jurisdicción ante la solicitud de la
parte demandante, por lo que el asunto se remitió al Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Disciplinaria que dirimió la controversia y reafirmó la
competencia del Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.

La referida autoridad judicial, continuó con el trámite ordinario y aplicó el
procedimiento para dictar sentencia anticipada el 23 de noviembre del 2022 en
la que declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Esto, en consideración a que el demandante solicitó la nulidad de la
Resolución No. 2533 del 21 de septiembre del 20091, el oficio No. 0753 del 23
del 23 de febrero del 2012 y la contestación con radicado No. 2012EE10641 que
fueron las respuestas obtenidas a las peticiones elevadas por este ante las
entidades demandadas.

Al respecto, el juez explicó que los actos administrativos atacados fueron
proferidos en distintos espacios temporales. Indicó que la Resolución No. 2533
del 21 de septiembre del 2009 fue conocida por el actor desde el 24 de noviembre
del 2009, como se expuso en la siguiente imagen.

1 Por medio de la cual se ordena el pago de salarios, prestaciones sociales, deuda laboral,

cesantías e indemnización con plazo presuntivo, por la terminación de un contrato de trabajo.

3
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De acuerdo con lo anterior, advirtió que los oficios fueron conocidos por el actor
desde la fecha de su notificación que de acuerdo con el expediente se
concretaron con los oficios Nos. 0753 el 23 de febrero del 2012 y EE10641 del
22 del mismo mes y año, mientras que la demanda en la jurisdicción ordinaria
fue presentada el 28 de julio de 2013, con lo cual operó el fenómeno de la
caducidad.

En conclusión, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
dispuso que:

Lo anterior demuestra para esta agencia judicial que la entidad demandada
a través de la Resolución No. 2533 de 21/09/2009, adoptó una decisión
frente al reconocimiento y pago de los valores de prestaciones sociales,
deuda laboral, cesantías e indemnizaciones por terminación del vínculo
laboral, por lo que es forzoso concluir que era en ese momento y frente a
dicho acto que debió interponer los recursos necesarios en la vía gubernativa
y/o la respectiva demanda contencioso-administrativa.

Teniendo en cuenta lo anterior es claro que los actos administrativos
identificados como Oficio de fecha 22/02/2012 con rad: 2012EE10641 y
Oficio No. 0753 de 23/02/2012, surgieron para procurar un nuevo
pronunciamiento de la administración, que en nada enervan la existencia de
Resolución No. 2533 de 21/09/2009, pues en ultimas lo pretendido por el
actor es lo reconocido y liquidado en dicho acto administrativo, es decir,
provocar un nuevo pronunciamiento de reliquidación de sumas que fueron
liquidadas con anterioridad con dicha actuación, no se puede revivir los
términos frente a una situación jurídica ya definida mediante acto
administrativo, y contra el cual no se acudió en tiempo en demanda ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.

La anterior decisión fue apelada por la parte actora y el recurso fue resuelto por
el Tribunal Administrativo del Atlántico que mediante sentencia del 28 de abril de
2023 confirmó la decisión del juez de primera instancia al considerar que:

De otro lado, advierte la Sala que la declaratoria de caducidad de la acción
respecto de la Resolución 2533 de 21 de septiembre de 2009, impide
efectuar un pronunciamiento de fondo en torno a la legalidad de los Oficios
No. 2012EE10641 de 22 de febrero de 2012, suscrito por la Directora de
Liquidaciones de Fiduprevisora S.A.; y No. OJ 0753 de 23 de febrero de
2012, expedido por el Jefe Oficina de la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
como quiera que una eventual nulidad de los mismos no conllevaría el
restablecimiento del derecho deprecado por el actor, pues el acto
administrativo del cual dependen no fue demandado en la oportunidad
debida.

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Así las cosas, en la medida que se determinó en esta instancia que la
demanda interpuesta por la parte actora fue presentada de manera
extemporánea, se procederá a confirmar la sentencia calendada 23 de
noviembre de 2022 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo de
Barranquilla, a través de la cual se declaró probada la caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Carlos Arturo
Caraballo Sánchez.

La referida providencia fue notificada el 9 de mayo del 20232.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora afirmó que en el caso en concreto existe una contradicción entre
lo que ordena la Constitución Política y la decisión de los jueces, ya que las
autoridades judiciales omitieron probar el supuesto de hecho que contiene las
normas que fueron usadas para resolver el asunto en concreto.

Entonces, dicha omisión concluyó en una vulneración al derecho fundamental al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues era la
jurisdicción laboral la que tenía competencia para tramitar la demanda con el fin
de obtener el reconocimiento de las acreencias laborales que le fueron
desconocidas.

Por último, citó la providencia SU-918 del 2013, sin efectuar algún tipo de
consideración diferente a las transcripciones de la sentencia.

1.5. Admisión de la demanda

Mediante auto del 23 de febrero del 2024 se admitió la acción de tutela y se
ordenó:

i) Notificar al Juzgado 14 Administrativo del Atlántico y al Tribunal
Administrativo del Atlántico;
ii) Vincular como terceros con interés al DEIP de Barranquilla,
Fiduprevisora S.A. - Redehospitales Liquidada y Felipe Negret
Abogados y Consultores;
iii) Requerir al Tribunal Administrativo del Atlántico para que allegara el
expediente identificado con radicado 08001-33-33-013-2017-00268-01

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico

El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia mediante memorial
allegado el 7 de marzo del 2023, indicó la parte actora controvierte la declaratoria

2 De acuerdo con el expediente digital allegado en préstamo por la autoridad judicial accionada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00783-00

de caducidad. Sin embargo, con el Acta de Conciliación No. 6613 de 2009 se
determinó que el conocimiento del acto cuestionado se dio el 24 de noviembre
del 2009, con lo cual a pesar de que el demandante haya intentado revivir los
términos procesales con diversas peticiones el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se encontraba fenecida. Por último, anexó el
expediente del proceso ordinario.

1.6.2. Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

A través de correo electrónico recibido el 1 de marzo del 2024, la autoridad
judicial solicitó ser desvinculada del asunto de la referencia. Esto, debido a que
no tuvo conocimiento del proceso ordinario que se debate en cuestión. Así
mismo, afirmó que, el proceso le correspondió al Juzgado 13 Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla que fue quien profirió la sentencia de primera
instancia objeto de discusión.

1.6.3. Negret Abogados y Consultores S.A.S,

La referida sociedad mediante memorial recibido el 4 de marzo del 2024, expuso
que, la acción de tutela no cumple con el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales, pues el
accionante intenta reabrir una discusión procesal que ya fue zanjada por el juez
ordinario en punto de la caducidad. Entonces, el actor no elevó ningún debate
concreto, preciso, ni puntal de carácter notable que permita que este juez
constitucional se entrometa en la esfera de competencia del juez administrativo.

Así mismo, destacó que tampoco se cumplía con el requisito de inmediatez con
respecto del fallo de segunda instancia pues la sentencia fue dictada el 28 de
abril del 2023 y la radicación de la acción constitucional se dio el 19 de febrero
del 2024, con lo que transcurrieron más de 9 meses entre la decisión judicial
reprochada y el inicio de la acción constitucional con lo cual se quiebra el principio
de inmediatez exigido para su procedencia.

1.6.4. Fiduprevisora S.A.S.

Con memorial recibido el 4 de marzo del 2024, la entidad solicitó negar el amparo
deprecado y argumentó que, el asunto en concreto no satisface el requisito de
subsidiariedad. Así mismo, afirmó que, la parte actora no argumentó, ni demostró
la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la entidad vinculada.

Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo del asunto.3

1.7. Actuaciones procesales

3 Las notificaciones efectuadas obran en el índice 7 del expediente digital.

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Demandante: Carlos Arturo Caraballo Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00783-00

De acuerdo con la contestación recibida por el Juzgado 14 Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla en la cual afirmó que quien conoció el asunto en
primera instancia fue el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla. Por tanto, se ordenó notificar a dicha autoridad judicial, en calidad
de accionado, con el fin de que se refiriera a los fundamentos de la tutela.

1.8. Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

El 4 de abril del 2024 la referida autoridad judicial allegó informe en el que efectuó
un recuento de las actuaciones procesales que adelantó. Así mismo, expuso que
la acción de tutela era improcedente, puesto que no cumple con los requisitos
generales de procedencia y tampoco las causales específicas requeridas para
un estudio de fondo. Por último, allegó el expediente digital.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Carlos Arturo Caraballo Sánchez de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela
se dirige contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

En auto admisorio del 23 de febrero del 2024, se ordenó notificar como autoridad
judicial accionada al Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, debido a que fue dicha autoridad judicial la que el actor señaló como
accionada en su escrito inicial de tutela. Sin embargo, en la contestación remitida
por ese despacho judicial se indicó que el proceso objeto de ataque le
correspondió al Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y
no a él.

Efectivamente, al revisar los enlaces remitidos por las vinculadas se logró
comprobar que el Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
no profirió la sentencia de primera instancia que es objeto de controversia, en
razón a ello, no es posible atribuirle algún tipo de vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante.

Entonces, la autoridad judicial accionada inicialmente no tiene ninguna relación
jurídico procesal con el accionante, por lo cual, a pesar de que la parte hubiera
solicitado su desvinculación, lo cierto es que esta carece de legitimación en la
causa para estar como accionada en este proceso constitucional.

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2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, en especial el relacionado con la
relevancia constitucional?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado 13 Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquillo vulneraron los derechos
fundamentales «al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia» con ocasión de la providencia del 28 de abril 2023, mediante la
cual el referido tribunal confirmó la decisión del 23 de noviembre de
2022, proferida por el citado juzgado que declaró la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) análisis de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y de superarse; iii) análisis del caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5 y declaró
su procedencia.6

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandante: Carlos Arturo Caraballo Sánchez
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el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Inmediatez7

Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo
razonable8, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo9.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección10 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es el día

7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00;
Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
8 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
10 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P.
Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Carlos Arturo Caraballo Sánchez
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00783-00

hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar
a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo
se declara su improcedencia. No obstante, lo anterior, se analiza en cada caso
concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para
omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover
la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 201511, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en un extenso
espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un
motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese
a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual12”.

2.6. Caso concreto

La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional solicitada
por el señor Carlos Arturo Caraballo Sánchez, dado que, conforme al análisis de
los hechos expuestos y las pruebas aportadas, el asunto no cumple con el
requisito de inmediatez.

Lo anterior, debido a que en el expediente digital allegado por el Tribunal
Administrativo de Atlántico se advierte que la sentencia objeto de ataque se
profirió el 28 de abril del 2023 y se notificó personalmente a la parte accionante
por correo electrónico el 9 de mayo del 2023, por lo que cobró ejecutoria el 16 de
mayo del 2023.

Por su parte, la acción de tutela se radicó en el aplicativo web de tutela en línea
de la Rama Judicial el 19 de febrero de 2024 por lo que transcurrieron más de 9
meses, plazo que no resulta razonable para esta sala. Así mismo, revisado el
escrito de tutela, la parte no justificó la tardanza en la interposición de la solicitud
de amparo constitucional.

Recuerda la Sección que cuando se trata de tutela contra providencia judicial se
ha establecido una metodología más rigurosa para conservar el carácter
subsidiario y excepcional de este mecanismo judicial de protección, y a su vez,

11 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
12 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110

de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.

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garantizar la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de cada
jurisdicción en la estructura del poder público, por ello, solo en aquellos casos en
los que se argumenta suficientemente el motivo de la tardanza, por «la ocurrencia
de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del
actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras»13, el juez constitucional, de forma
excepcional, puede abordar el estudio del asunto.

2.7. Conclusión

La sala advierte que el tiempo que dejó transcurrir la parte accionante para alegar
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, sin evidenciarse
justificación razonable sobre el mismo, desconoce el requisito de inmediatez y,
por tanto, resulta improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. DECISIÓN

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en trámite
constitucional de la referencia en atención al análisis efectuado en el numeral 2.2
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Carlos Arturo Caraballo Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y
el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

13 Corte Constitucional, sentencia T-450/14. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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