Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00789-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00789-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00789-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
5 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00789-01
Accionante: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO Se ampara parcialmente
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00789-01
Accionante: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado - Sección Cuarta y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho /
Costas procesales / Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción, pero únicamente por incumplimiento del requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la sociedad accionante contra la
sentencia del 18 de abril de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. En esa providencia se declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A.- Solicitud de amparo
1.- El 19 de febrero de 2024 la sociedad accionante presentó, a través de su
representante legal, una acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico para obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso. A su juicio, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas por las autoridades judiciales accionadas al no
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Accionante: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
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reconocer ni liquidar las costas procesales en su favor, dentro del proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2018-00299-00/01.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben:
<<PRIMERO: Tutelar el Derecho Fundamental a la Igualdad consagrado en el artículo
13 en la C.P. ordenando liquidar las costas y agencias en derecho a favor de mi
poderdante la Sociedad CI STROM GENERAL TRADING PETROLEUM S.A.S. dentro
de la casusa radicado 2018-0299-01 conforme el precedente jurisprudencial de la Sala
Cuarta del Conejo de Estado citado en este mecanismo, la Sentencia SU 335 de 2023 y
la normatividad vigente en la ley 1437/11 artículo 188 modificado por la Ley 2080/21
articulo 47 y el Código General del Proceso 365 y 366.
SEGUNDO: ORDENE Al Tribunal del Atlántico Despacho 02 y/o quien
corresponda en virtud al artículo 366 del CGP liquidar las costas y agencias en
derecho en las dos instancias conforme lo establece el Consejo Superior de la
judicatura en un 6% porcentaje que asciende a la suma de SETENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS
($74.371.140) con base en la cuantía del proceso radicado No 2018-0299-01 la
cual fue estimada por la DIAN en ($1.239.519.000), conforme lineamientos que
utilizó la Sala Cuarta del Consejo de Estado en favor de la sociedad
PROMOTORA EL CARMELO SAS EN LIQUIDACIÓN dentro del radicado 17001-
23-33-000-2019-00427-01 (26230).
TERCERO; ORDENE a la DIAN que de manera perentoria realice el pago de las
costas y agencias en derecho una vez le sea notificada el auto de liquidación de
estos conceptos.
CUARTO: TENGASE como pruebas las aportadas a esta Acción y las que obran
en el plenario del radicado 2018-299-01>>.
B.- Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- En marzo de 2018 promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones por medio de la cuales se le impuso una
liquidación oficial de corrección por valor de $1.239.519.000. A título de restablecimiento
del derecho solicitó que se declarara la firmeza de las declaraciones de importación que
fueron objeto de liquidación en los actos administrativos demandados.
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3.2.- Mediante sentencia del 2 de agosto de 2019 el Tribunal Administrativo del Atlántico
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negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La
accionante interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
3.3.- En sentencia del 8 de septiembre de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
revocó la providencia de primer grado y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda. Sin embargo, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida con
fundamento en que no se encontraban probadas dentro del expediente.
3.4.- El 28 de julio de 2023 presentó un memorial ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico en el que solicitó la liquidación de las costas. Sin embargo, esa solicitud fue
negada mediante auto del 13 de septiembre de 2023, con base en que las sentencias
de primera y segunda instancia no habían reconocido las costas.
3.5.- La actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra esa
decisión. Mediante auto del 15 de enero de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico
rechazó el recurso por extemporáneo.
C.- Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta
el auto de unificación del 31 de mayo de 2022 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, en tanto desconocieron la obligación de reconocer, liquidar y ordenar el pago
de las costas procesales a su favor por haber prosperado sus pretensiones.
4.1.- Indica que se incurrió en una violación directa de la Constitución porque se vulneró
su garantía constitucional al debido proceso, bajo el entendido de que las autoridades
judiciales accionadas inaplicaron las disposiciones contenidas en el artículo 188 del
CPACA, así como el procedimiento establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 365
del CGP y los numerales 1, 2 y 5 del artículo 366 de ese mismo estatuto procesal.
4.2.- También alega la configuración de un defecto fáctico porque asegura que en el
proceso ordinario sí logró acreditar los gastos en los que incurrió por concepto de
agencias en derecho, al contrario de lo manifestado por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en la sentencia del 8 de septiembre de 2022 como fundamento para
abstenerse de condenar en costas.
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D.- Oposiciones e intervenciones Se ampara parcialmente
5.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado (accionado) solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción o, en subsidio, que se negaran las pretensiones. Señaló que
no se cumple con el requisito de la inmediatez, toda vez que entre la notificación de la
providencia acusada (23 de septiembre de 2022) y la presentación de la acción de tutela
(19 de febrero de 2024) transcurrieron más de seis meses.
6.- El Tribunal Administrativo del Atlántico (accionado) solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción. Indicó que el asunto de las costas no entraña una
vulneración a los derechos fundamentales de la sociedad accionante, pues se trata de
un asunto netamente económico.
7.- la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN (tercero con interés) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.
Sostuvo que la actora pretende utilizar la tutela para discutir asuntos meramente legales
y económicos, lo cual genera que la acción se torne improcedente.
E. Fallo impugnado
8.- Mediante sentencia del 18 de abril de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional.
8.1.- Frente al primero, señaló que la providencia dictada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado se notificó el 27 de septiembre de 2022, mientras que la acción de
tutela se presentó el 19 de febrero de 2024, es decir, por fuera del término de los 6
meses establecidos jurisprudencialmente en tratándose de acción de tutela contra
providencias judiciales.
8.2.- En relación con el segundo, indicó que el asunto objeto de reproche no implicaba
una afectación a los derechos fundamentales de la sociedad actora, en tanto
correspondía a un aspecto económico.
F. Impugnación
9.- La accionante impugna y reitera los argumentos formulados en su escrito de tutela.
Insiste en que el tribunal accionado omitió su deber de liquidar las costas en su favor,
con lo cual se vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Sostiene que el hecho
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de declarar la improcedencia de la acción genera una <<impunidad procesal>>.
Se ampara parcialmente
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción, pero únicamente por incumplimiento del requisito de inmediatez, el cual ha
sido establecido jurisprudencialmente en un término de seis meses cuando se trata de
tutela contra providencias judiciales1.
10.1.- En primera medida, cabe precisar que la sociedad accionante reprocha en sede
de tutela que las autoridades judiciales accionadas no hayan condenado en costas a la
entidad demandada ―quien fue la parte vencida en el proceso―, así como que el
tribunal accionado se haya negado a liquidar las costas en su favor.
10.2.- Sobre el particular, vale decir que tanto en la sentencia de primera como de
segunda instancia dictadas dentro del proceso ordinario, las autoridades judiciales
accionadas se abstuvieron de condenar en costas. Particularmente, en la decisión de
segundo grado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que no había lugar a
condenar en costas a la parte vencida (entidad demandada) porque en el expediente no
estaban acreditados los gastos generados por el proceso judicial.
10.3.- La decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ―que le puso fin a la
controversia y definió el asunto de las costas― se profirió el 8 de septiembre de 2022 y
se notificó a las partes el 27 de septiembre de 2022. Así las cosas, como la acción de
tutela fue presentada el 19 de febrero de 2024, es claro que transcurrieron más de seis
meses entre la notificación de la providencia acusada y la presentación de la tutela, por
lo que se concluye que esta no fue presentada en tiempo.
10.4.- De otra parte, si bien el 28 de julio de 2023 la sociedad accionante presentó un
memorial ante el Tribunal Administrativo del Atlántico en el que solicitó la liquidación de
las costas, esa solicitud fue negada mediante auto del 13 de septiembre de 2023 con
fundamento en que en la sentencia de primera y segunda instancia no se reconocieron
las costas a favor de la sociedad accionante. La actora interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación contra esta decisión, y mediante auto del 15 de
enero de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó el recurso por
extemporáneo. Así las cosas, cabe destacar que la accionante no presentó reparos
1
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 y Corte
Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00789-01
Accionante: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
Se confirma la sentencia de primera instancia
contra esa última decisión y, en todo caso, es evidente que el tribunal accionado no se
Se ampara parcialmente
encontraba en la obligación de liquidar las costas en su favor, pues, se itera, estas no
fueron reconocidas por las autoridades judiciales accionadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 18 de abril de 2024 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción, pero solo por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de esta Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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