Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00793-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00793-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00793-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
21 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 21 de mayo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00793-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: Se enjuicia la sentencia mediante la que se negaron las pretensiones de
la demanda consistentes en declarar la nulidad de la elección del presidente y
vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del
Senado para el periodo 2023-2024, dentro de un proceso de nulidad electoral.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Harold Eduardo
Sua Montaña contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vincualdos.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 16 de febrero de 2024, Harold Eduardo Sua Montaña presentó
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de la Sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida dentro del
proceso de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2023-00068-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia que se cuestiona.
2. Remitir al Consejo Superior de la Judicatura el proceso con radicado 11001-
03-28-000-2023-00068-00 con el propósito de asignárselo a funcionarios judiciales
laboralmente ajenos y con igual experiencia a quienes profirieron la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00793-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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mencionada sentencia dada la exigencia de garantía de imparcialidad
objetiva desarrollada en sentencia Gustavo Petro vs Colombia.
3. Una vez hecho el reparto acabado de indicar, procedan los avocados a la
misma a decidir sobre las pretensiones del proceso precitado en un tiempo igual
al utilizado para proferir la sentencia motivo de esta acción de tutela.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 6 de septiembre de 2023, Harold Eduardo Sua Montaña presentó
demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del presidente y
vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional
Permanente del Senado para el periodo 2023-2024, por considerar que se
presentaron irregularidades en la expedición de dicho acto.
5. 2) En el trámite del medio de control de nulidad electoral, se corrió
traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión. El señor
Sua Montaña, a través de dicho escrito puso de presente que la Sección
Quinta del Consejo de Estado estaba parcializada en su contra toda vez
que los argumentos que propuso en dicho proceso (2023-00068-00) ya los
había propuesto en otros procesos judiciales (2022-00214-00 y 2023-00067-
00), y ya se habían resuelto de manera negativa, motivo por el que en el
asunto que estaba pendiente de ser resuelto iba a suceder lo mismo.
6. 3) El 8 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la demanda. Para ello, en primer lugar, hizo
referencia a que el demandante no agotó de manera adecuada la etapa
de alegaciones finales en la medida en que se limitó a manifestar (se
trascribe) “su descontento con lo decidido en otros casos”, pero que no
podía asumirse que dicha autoridad iba a actuar de manera parcializada,
cuando, contrario a ello, había sido coherente en mantener su tesis,
respecto de los argumentos propuestos por el demandante.
7. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial accionada determinó que
no se demostraron las irregularidades respecto del acto de elección
demandado en la medida en que: (1) La presidenta de la Comisión Tercera
Constitucional Permanente del Senado de la República, periodo 2022-2023,
tenía competencia para citar, fijar el orden del día y presidir la reunión del
25 de julio de 2023 en la que se llevó a cabo la elección de los miembros de
la mesa directiva, periodo 2023-2024; (2) la solicitud para levantar la sesión
de elección, se tramitó bajo las disposiciones contempladas en la Ley 5 de
1992; (3) la elección de la mesa directiva se dio en la fecha que tenía que
tramitarse, esto es, en la primera reunión de la nueva legislatura; y (4) el
hecho de que se hubiera elegido como presidente de la Comisión Tercera
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Decisión: Declara improcedente
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Constitucional Permanente a un militante de un partido declarado en
independencia, no vulneraba el inciso 1 del artículo 209 de la Constitución.
8. El fundamento de la vulneración radicó en que la autoridad judicial
omitió valorar en la sentencia los fundamentos relacionados con una
decisión parcializada de su parte, en atención a que ya había decidido de
manera negativa otros casos del demandante en los que se habían
propuesto los mismos argumentos.
9. Hizo referencia a que la autoridad demandada mencionó que no se
agotó de manera adecuada la oportunidad procesal para alegar de
conclusión, pese a ello consideró que ese aspecto implicó que no se resolvió
de manera congruente y de acuerdo con su finalidad, su reparo sobre una
decisión parcializada.
10. Por lo expuesto consideró que se debía dejar sin efectos la decisión
cuestionada y su caso debía estudiarse por funcionarios judiciales ajenos a
los que ya resolvieron el asunto, pero con similar experiencia.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados2
11. La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que la tutela debía
declararse improcedente pues no superaba el requisito de relevancia
constitucional, ya que la parte demandante se limitó a mostrar su
desacuerdo respecto de la motivación relacionada con una decisión
parcializada por parte de la autoridad judicial y no presentó ningún
argumento para cuestionar lo resuelto sobre el fondo del asunto.
12. Los demás vinculados al presente trámite, pese a que fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial3
13. La Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.
2 Mediante Auto de 22 de febrero de 2024, el despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de
tutela de la referencia, (2) tener como demandada a la Sección Quinta del Consejo de Estado, y (3) vincular, en
calidad de terceros, a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del
Senado de la República, periodo 2023-2024.
3 El presente análisis de requisitos de procedibilidad de hace de conformidad con las consideraciones de la
Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
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Decisión: Declara improcedente
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14. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez [de
tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”4.
15. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela5 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia6; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad7.
16. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional8.
17. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante
(1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate sobre un aspecto que fue resuelto en el trámite
del proceso ordinario.
18. En este asunto, se evidenció que la acción constitucional presentada
careció de la carga argumentativa para su estudio en la medida en que los
argumentos propuestos por la parte demandante no guardaban relación
con los fundamentos sobre el fondo de la decisión proferida por la autoridad
judicial accionada.
19. Adicional a ello, la parte actora no desarrolló ningún argumento sobre
el requisito al que se hace referencia, incluso, no explicó por qué era
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
6 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
7 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
8 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a la decisión adoptada
por el juez natural de la nulidad electoral, pues se limitó a manifestar su
desacuerdo respecto del pronunciamiento relacionado con que el juez del
proceso ordinario se encontraba parcializado, en virtud a lo que había
resuelto en otros procesos.
20. En esa medida, la Sala advierte que los reparos formulados por el
accionante se plantearon como una inconformidad respecto de la decisión
adoptada, pero sin atacar los fundamentos propios del fondo del asunto,
que sustentaron la providencia que negó las pretensiones de la demanda,
ya que, el demandante más allá de indicar en que acción u omisión incurrió
la Sección Quinta del Consejo de Estado, se centró en asumir que su asunto
se iba a decidir de manera negativa, con base en lo resuelto en otros
asuntos.
21. Aunado a ello, se evidenció que esos reparos formulados no se
encuadraron en un defecto de tutela contra providencia judicial, que
permitiera entender cuál era la falencia o el yerro que se atribuía a la
autoridad judicial al proferir la providencia que pretendía que se dejara sin
efectos.
22. En todo caso, la Sala debe precisar que el reparo del accionante
respecto de una decisión parcializada por parte del juez de la nulidad
electoral, fue puesto de presente dentro del medio de control, en la etapa
de alegatos de conclusión.
23. Ese aspecto fue resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado
que, previo a pronunciarse sobre los argumentos de nulidad planteados por
el demandante, señaló que el hecho de que esa autoridad adoptara
decisiones similares en otros asuntos obedecía a que el actor presentó varias
demandas con similares fundamentos las cuales se resolvieron en debida
forma y con suficiencia argumentativa, sin que de ahí fuera posible
evidenciar que la Sección Quinta del Consejo de Estado actuó de forma
parcializada, sino que se demostraba que había sido coherente con la tesis
que ha expuesto en esos casos.
24. En atención a lo anterior, se evidenció que la inconformidad del
demandante respecto de una decisión parcializada por parte del juez
natural del asunto, de cualquier forma, pretendería utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso de nulidad electoral, en la
medida en que buscaba que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente unos argumentos sobre los que hubo un pronunciamiento por
la autoridad judicial accionada, mediante la sentencia objeto de reproche.
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25. Así, debe aclarase que la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia su decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional9.
26. Por último, se aclara que, ante la improcedencia de la pretensión
principal relacionada con que se deje sin efectos la Sentencia proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado de 8 de febrero de 2024, no hay
lugar a realizar ningún pronunciamiento sobre la solicitud de remisión del
asunto al Consejo Superior de la Judicatura para que adoptara una nueva
decisión.
2.2. Conclusión
27. Para la Sala existen razones suficientes para declarar improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Harold Eduardo Sua Montaña, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General10.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
9 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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