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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00793-01

Fecha
31 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00793-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2024, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Harold Eduardo Sua Montaña, pero por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00793-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

31 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-00793-011
Demandante : Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado : Consejo de Estado, Sección Quinta
Vinculados : Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional
Permanente del Senado de la República, período 2023-20242
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso
presuntamente
vulnerado
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro del trámite de la acción
de tutela incoada por Harold Eduardo Sua Montaña, contra Consejo de Estado, Sección
Quinta, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la providencia judicial objeto de censura, luego se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El accionante, quien actúa a nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo con
el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso
presuntamente vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
Vinculados como terceros interesados por disposición del auto del 22 de febrero del 2024, que admitió la acción.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-00793-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

Por consiguiente, requirió:

“1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia que se cuestiona.

2. Remitir al Consejo Superior de la Judicatura el proceso con radicado 11001- 03-28-000-
2023-00068-00 con el propósito de asignárselo a funcionarios judiciales laboralmente ajenos
y con igual experiencia a quienes profirieron la mencionada sentencia dada la exigencia de
garantía de imparcialidad objetiva desarrollada en sentencia Gustavo Petro vs Colombia.

3. Una vez hecho el reparto acabado de indicar, procedan los avocados a la misma a decidir
sobre las pretensiones del proceso precitado en un tiempo igual al utilizado para proferir la
sentencia motivo de esta acción de tutela.”

1.3 Hechos3.

En síntesis4, señaló el accionante que la Sección Quinta del Consejo de Estado estaba
parcializada en su contra, toda vez que los argumentos que propuso dentro del proceso
11001-03-28-000-2023-00068-00 ya los había propuesto en otros procesos judiciales
(2022-00214-00 y 2023-00067-00), y habían sido resueltos en contra de sus intereses,
motivo por el que en el asunto que estaba pendiente de ser resuelto, a su parecer, iba a
suceder lo mismo.

Comentó que el 8 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la demanda, indicando que el demandante no agotó de manera
adecuada la etapa de alegaciones finales en la medida en que se limitó a manifestar “su
descontento con lo decidido en otros casos”, pero que no podía asumirse que dicha
autoridad iba a actuar de manera parcializada cuando, contrario a ello, había sido
coherente en mantener su tesis, respecto de los argumentos propuestos por el
demandante en procesos anteriores.

Por último, el actor refirió que la autoridad judicial accionada fallo contra sus intereses al
encontrar que no se demostraron las alegadas irregularidades respecto del acto de
elección demandado pues (i) La presidenta de la Comisión Tercera Constitucional
Permanente del Senado de la República, periodo 2022-2023, tenía competencia para
citar, fijar el orden del día y presidir la reunión del 25 de julio de 2023 en la que se llevó a
cabo la elección de los miembros de la mesa directiva, periodo 2023-2024; (ii) la solicitud
para levantar la sesión de elección, se tramitó bajo las disposiciones contempladas en la

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.
4
Los hechos traídos en el escrito son confusos, dispersos y hacen referencia a consideraciones personales del actor, pero en esta
providencia se tomarán aquellos jurídicamente relevantes para definir el asunto bajo estudio, entendidos como los que generan
consecuencias jurídicas indispensables para dirimir la discusión planteada en el proceso.
2

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Consejo de Estado, Sección Quinta

Ley 5 de 1992; (iii) la elección de la mesa directiva se dio en la fecha que tenía que
tramitarse, esto es, en la primera reunión de la nueva legislatura; y (iv) el hecho de que
se hubiera elegido como presidente de la Comisión Tercera Constitucional Permanente
a un militante de un partido declarado en independencia, no vulneraba el inciso 1° del
artículo 209 de la Constitución.

1.4 Argumentos de la tutela.

El señor Sua Montaña indicó que, la providencia atacada, desconoce su derecho al
debido proceso porque fue proferido por jueces que no son imparciales, pues los
argumentos esbozados por él mismo en el proceso 2023-068-00 son iguales a los
presentados en los radicados 11001-03-28-000-2022-00192-00, 11001-03-28-000-2022-
00197-00, 11001-03-28-000-2022-00203-00 y 11001-03-28-000-2022-00207-00, por lo
que ya sabía que decisión iban a tomar los magistrados en su providencia.

Por ello indicó que el fallo incurrió en defecto fáctico y sustantivo, pero desde este punto
resulta necesario manifestar, por claridad metodológica, que si bien se alegaron estos
defectos como autónomos, el demandante no señaló qué pruebas se omitieron en su
valoración o que se apreciaron indebidamente o que normas fueron desconocidas, mal
aplicadas o aplicadas indebidamente y, la argumentación presentada en el escrito de
tutela va encaminada a soportar la falta de imparcialidad de los jueces; estima la Sala
entonces que, ante la ausencia de elementos de juicio suficientes para establecer los
defectos alegados, no existen elementos suficientes para pronunciarse sobre esos
argumentos.

Por último, frente a la posibilidad de acudir a los poderes oficiosos del juez constitucional
para determinar los defectos que se desprenden de los hechos, tiene esta Sala que no
se divisa la configuración de alguno de ellos, por lo que de oficio tampoco será posible
indicar qué causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales es procedente.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 22 de febrero

3

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de 20245, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar a la
Sección Quinta del Consejo de Estado como accionado y se vinculó al trámite a los
integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del
Senado de la República, período 2023-2024, como terceros interesados.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Consejo de Estado, Sección Quinta6. Informó que, en su concepto, la acción de
tutela del asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos
esgrimidos dentro de la misma son idénticos a los alegatos presentados dentro del
procedimiento ordinario que se ataca, adicionalmente recordó que la solicitud relativa a
que se remita el expediente a otra entidad para que se pronuncie sobre la misma carece
de fundamento jurídico toda vez que sobre el proceso ya se dictó una sentencia definitiva.

2.1.2 Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado
de la República, período 2023-2024. Guardó silencio a pesar de haber sido notificada
en debida forma.

2.2 Sentencia de primera instancia.

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante providencia del 21
de mayo del 2024, declaró improcedente la acción del asunto porque consideró que
carece de relevancia constitucional, toda vez que el accionante no cumplió con una carga
argumentativa mínima frente a las peticiones realizadas y porque pretendió revivir un
debate jurídico ya zanjado.

“[…] la Sala advierte que los reparos formulados por el accionante se plantearon como una
inconformidad respecto de la decisión adoptada, pero sin atacar los fundamentos propios del
fondo del asunto, que sustentaron la providencia que negó las pretensiones de la demanda,
ya que, el demandante más allá de indicar en que acción u omisión incurrió la Sección Quinta
del Consejo de Estado, se centró en asumir que su asunto se iba a decidir de manera
negativa, con base en lo resuelto en otros asuntos.

Aunado a ello, se evidenció que esos reparos formulados no se encuadraron en un defecto
de tutela contra providencia judicial, que permitiera entender cuál era la falencia o el yerro
que se atribuía a la autoridad judicial al proferir la providencia que pretendía que se dejara sin
efectos.”

5
Expediente digital en SAMAI, índice 6.
6
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11 y 12.
4

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2.3 Impugnación

Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó, para ello refirió que la exigencia de
argumentación en la acción de tutela es desproporcionada y contraviene el artículo 86 de
la Constitución Política “por implicar un exigencia sine qua non para el ejercicio del
derecho consagrado en el literal a) del artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, numeral 1 del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos
Humamos y artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos y XVIII
del capítulo primero de la Declaración Americana de Derechos Humamos no prevista en
su regulación a nivel interno en el artículo 86 constitucional desarrollado mediante
Decreto-Ley 2591 de 1991”.

Adicionalmente, refirió que el fallo impugnado ignoró que en escrito de tutela fue alegado
el defecto sustantivo y que la entidad accionada faltó al deber de imparcialidad y en
consecuencia debió declararse impedida.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 Problema jurídico.

Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad del mecanismo constitucional, de ser procedente, se analizará si la
sentencia de única instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta el 8 de
febrero de 2024, en el marco del medio de control de nulidad electoral No. 11001-03-28-
000-2023-00068-00, violentó el derecho al debido proceso del actor, al haber sido

7
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
8
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
9
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.”.
10
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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proferido por los consejeros a pesar de que el demandante puso de manifiesto que ellos
no eran actores imparciales.

3.3 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo
evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela.

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. En este orden de ideas, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada,
se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla
el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común.11

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la
protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas
en el ordenamiento jurídico para el caso específico.12 Esto porque la tutela no es un
mecanismo alternativo que remplace los procesos judiciales o que permita adoptar

11
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

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decisiones paralelas a las del funcionario que está conociendo de un determinado asunto
radicado bajo su competencia.13

En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:

“(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este
ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse
el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el
constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo”.14

No obstante, aun existiendo un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un
perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva
controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la
normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal.15

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado.16

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando
la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial
ordinario, es preciso demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria

13
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
14
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
15
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
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para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se
caracteriza:

“(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad”17.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía
funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia
judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

17
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
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Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable
relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
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se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales18, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201219, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos20.

18
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
19
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
20
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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3.6 El debido proceso

El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.

Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los

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imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.21

Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.

3.7 Solución al caso concreto.

Una vez entrados, a la revisión de los hechos y argumentos presentados en la acción
constitucional, se tiene que la presente acción deviene en improcedente por incumplir el
requisito de subsidiariedad de acuerdo con las razones que se pasan a exponer.

3.7.1 Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de
tutela.

El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse
de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se
pretenda evitar que se cause de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional22 y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien
requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, “[…] [haya] agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable”.

21
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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De igual manera, frente al agotamiento de los recursos extraordinarios, en ese mismo
fallo judicial se anunció como regla para el análisis de la procedibilidad del recurso de
revisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo23 estableció una subregla de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en el que: “la acción de
tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho
fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de manera
integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren
dentro de los hechos denunciados por el accionante”24.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta con otro medio de defensa ordinario, sino
también si cuenta con la posibilidad objetiva de acudir a los recursos extraordinarios para
garantizar la defensa de sus intereses judiciales, de manera que, la falta de diligencia del
demandante entendida como la renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa previstos en la normativa legal, constituye una causal válida
para declarar la improcedencia de la acción constitucional frente al caso particular25.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta procedente
cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos, sin
embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo
de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria.

En el caso bajo estudio se tiene que, el accionante, establece el centro de su
argumentación en que los magistrados que componen la Sección Quinta del Consejo de
Estado se encontraban viciados por no ser imparciales, sin indicar argumentos referentes
a dicha falta de imparcialidad, ante esta situación, la Sala le recuerda al accionante que
tenía a su disposición la posibilidad de recusar a los magistrados conforme a los artículos
140 y 141 del CGP26 y 130 y 132 del CPACA.

Frente a ello, la figura de los impedimentos y recusaciones se ha contemplado como una

23
Que dada su propia naturaleza, se puede extrapolar a los demás recursos extraordinarios.
24
Continúa manifestando ese Tribunal constitucional que: “En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es
susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión”.
25
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26
Cuya aplicación se da por remisión expresa del artículo 130 del CPACA.
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garantía al derecho al debido proceso, bajo el entendido de que uno de los componentes
del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso contempla la
imparcialidad del juez, entendida como la exigencia frente al operador judicial de fallar
conforme a los hechos, pretensiones, argumentos y pruebas que obren en el expediente
judicial.

Este principio, de imparcialidad, resulta de una importancia esencial para la constitución
de cualquier Estado de Derecho que imponga límites al ejercicio del poder público27, pues
esa característica es una de las partes integrantes de la legitimidad de la actividad judicial
y, dicho sea de paso, un requisito esencial para mantener el pacto social que implica la
constitución política de cualquier nación, así se entendió desde la configuración de los
Estados de derecho modernos.

De igual manera, esta Corporación ha entendido de manera pacífica que la imparcialidad
es esencial en nuestro Estado, por ello indicó que la manifestación más evidente de dicha
situación es la existencia o configuración de un “[…] interés particular, personal, cierto y
actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de
manera que impida una decisión imparcial”28.

Es por ello, que una vez revisada la pretensión principal de esta solicitud de amparo
constitucional, es evidente que el señor Sua Montaña presentó en sus alegatos los
argumentos propios para determinar las causales del artículo 140 del CGP contra los
magistrados que conocieron de su caso, por lo que dicho interés podría manifestarse
como la necesidad imperiosa de fallar distintos procesos similares, elevados por el actor
de una misma manera a pesar de los argumentos o pruebas que se allegaran.

Dicha situación fue expuesta por el actor en sus alegatos de conclusión, tal y como quedó
consignado en el fallo atacado29:

“69. Manifestó que los miembros de la Sala ya han presentado sus argumentos sobre las
irregularidades que se discuten en este asunto, lo cual conlleva a que no exista imparcialidad,
en los términos de la sentencia T-266 de 1999 y el Auto 475 del 2019 de la Corte
Constitucional.

70. Por tanto, el accionante concluyó que esta Corporación va a emitir un pronunciamiento

27
Elemento sine qua non se puede determinar la existencia de un Estado Constitucional, determinado así en el artículo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se determinó que “Una Sociedad en la que no esté
establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S-166. Consejero
Ponente, Dr. Tarsicio Cáceres Toro
29
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 64, que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010328000202300068001100103
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nugatorio de sus pretensiones, no va a ser imparcial, tal como se alegó al resolver apelación
que se surtió en la sesión donde se llevó la elección demandada”.

Hecho que se corrobora, en lo atinente a la solicitud de amparo que nos ocupa, con las
afirmaciones reveladas por él mismo en su escrito de tutela, donde recordó “estar seguro
de proferir esta corporación una decisión nugatoria de sus pretensiones incluyendo frente
a la falta de imparcialidad alegada de la apelación surtida en la reunión donde fue llevada
a cabo la elección sub judice”, esa situación es propia de quien tiene serias dudas de
parcialidad frente a quienes se van a pronunciar en su caso, por lo que era su deber
agotar el trámite previsto para la recusación, que fuese resuelto y con ello, de encontrarse
demostrado, separar a los magistrados que conocieron del asunto.

Dicha alegación de falta de imparcialidad, lo posibilitó inicialmente a acudir a la figura de
la recusación si consideró que a raíz del interés que pudiesen tener los magistrados que
emitieron la decisión atacada, la misma estaba parcializada y por cuenta de ello era
previsible, pero el demandante se abstuvo de presentar el medio de defensa previsto
para estas situaciones, por lo que se comprueba que en efecto, la acción de tutela del
asunto es improcedente, pero por haber incumplido el requisito de subsidiariedad de la
acción constitucional.

Por lo demás, al no ser procedente la acción, no se estudiarán de fondo las pretensiones
allegadas en el escrito tutelar, pues ambas dependen necesariamente de la
configuración de la alegada violación al debido proceso, elemento que no puede ser
analizado de fondo al no haber agotado los mecanismos judiciales en los que pudo
discutir dicha figura, obviando así la característica de residualidad de la acción de tutela.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor no
acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de subsidiariedad, por tal motivo,
se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción, pero
por las consideraciones aquí esbozadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

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FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2024, mediante la cual la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado por el señor Harold Eduardo Sua Montaña, pero por las razones expuestas en
la motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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