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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00805-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00805-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el Consorcio Grandes Proyectos contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00805-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de abril de 2024

Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Rad: 11001-03-15-000-2024-00805-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00805-00
Demandante: CONSORCIO GRANDES PROYECTOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela del asunto, conforme lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado mediante el Decreto 2591 de
1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Consorcio Grandes Proyectos1, por conducto de apoderado judicial, promovió
solicitud de amparo2 contra la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico,
en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso efectivo a la administración de justicia.

En criterio del accionante, la vulneración de las citadas garantías encuentra sustento
en el auto del 8 de febrero de 2024, proferido al interior del proceso ejecutivo radicado
08001-23-33-000-2021-00159-00, en virtud del cual se ordenó:

LEVANTAR la medida cautelar impuesta mediante auto del 23 de marzo de 2023,
consistente en el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en las
cuentas corriente perteneciente a TRANSMETRO S.A.S., en el Banco Serfinanza, por
las motivaciones precedentes.

1
Conformado por las empresas: i) H&H Arquitectura S.A., ii) Ing. Darío Lugo Román C.A., iii) Equipluss
S.A., y iv) Luis Héctor Solarte Solarte
2
La solicitud de tutela se radicó el 19 de febrero de 2024

1
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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Rad: 11001-03-15-000-2024-00805-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Primero: Se DECLARE que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos
fundamentales del Consorcio al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y todos los que encuentre el H. Despacho, dentro del Proceso
080012333000 2021 00159 00 como consecuencia de la expedición del Auto del 8 de
febrero de 2024 y la decisión adoptada en dicha providencia judicial, por la cual de oficio
y sin ninguna variación de hecho o de derecho, levantó una medida cautelar
debidamente decretada y practicada aún en contravía de las propias determinaciones
del mismo despacho judicial.

Segundo: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene de manera expedita dejar
sin efectos el Auto del 8 de febrero de 2024 y con ello se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad y el efectivo acceso a la administración
de justicia de mi representada manteniendo incólume en consecuencia las decisiones
judiciales previas proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico que decretó y
practicó la medida cautelar que satisface los derechos de mi poderdante.

Tercero: Que, en virtud de lo anterior, se ORDENE al Tribunal Administrativo abstenerse
de incurrir nuevamente en las mismas conductas que vulneraron los derechos
fundamentales del Consorcio dentro del Proceso 080012333000 2021 00159 00.

Cuarto: Cualquiera otra que el H. Consejo de Estado de manera adicional o
complementaria determine procedente para la inmediata protección de los derechos
fundamentales que han sido vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico.3

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 24 de marzo de 2020 se profirió laudo arbitral4 en el que se dirimieron las
controversias suscitadas entre el Consorcio Grandes Proyectos y Transmetro S.A.S.,
que dispuso en su parte resolutiva, entre otras, lo siguiente:

[…]

10. En relación con la pretensión décima sexta declarar la liquidación del contrato
incluyendo en la misma los siguientes valores: (i) valores no pagados por remuneración
de infraestructura construida por la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS
($7.959.137.065.oo) y (ii) actualización de la suma adeudada antes del Laudo según
último índice oficial a febrero de 2020 por la suma de MIL CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS ($1.128.144.485.oo), que en total suman OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS ($8.979.056.585), suma que deberá cancelar TRANSMETRO al
CONSORCIO.

3
Transcripción original del texto con posibles errores.
4
Tribunal conformado por los árbitros Alberto Montaña Plata, Juan Carlos Expósito Vélez y Luis
Guillermo Dávila Vinueza.

2
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Con base en lo anterior, se promovió proceso ejecutivo por obligación de dar sumas
liquidas de dinero, asunto que correspondió por reparto a la Sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico bajo el radicado No. 08001-23-33-000-2021-00159-00,
que por auto del 26 de mayo de 2021 libró mandamiento de pago a favor del Consorcio
Grandes Proyectos contra Transmetro S.A.S.

Asimismo, mediante proveído del 23 de marzo de 2023 la citada autoridad judicial
ordenó el decreto y práctica del embargo y retención de dineros que tuviese la
ejecutada en múltiples establecimientos de crédito y limitando la orden a la suma de
diecisiete mil novecientos cincuenta y ocho millones ciento trece mil siento setenta
pesos ($ 17.958.113.170). La anterior instrucción fue ampliada mediante proveído del
7 de septiembre de 2023.

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2023, con ocasión de la respuesta dada por
el Banco Serfinanza5, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C estimó que
la orden judicial debía ser acatada, pues, el objeto del proceso se contraía a obtener
el pago de una condena judicial y, en ese sentido, los dineros debían ser puestos a
disposición mediante depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia.

No obstante, en providencia del 8 de febrero de 2024, con base en el oficio 2-2023-
051394 del 28 de septiembre de 2023, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público6, la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico concluyó que en el
presente asunto los dineros depositados en el Banco Serfinanza ostentan la condición
de inembargables y, como consecuencia de lo anterior, se ordenó el levantamiento de
la medida cautelar decretada.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Luego de explicar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, acusó la decisión de haber incurrido
en defecto sustancial y procedimental absoluto.

El primero, por desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 sobre
la excepción de inembargabilidad de recursos públicos, en la medida que en el
presente caso se busca el recaudo de una obligación incorporada en una sentencia
ejecutoriada de hace más de 18 meses, hoy 10 meses conforme el artículo 192 del
CPACA.

5
En síntesis, la entidad financiera alegó que los recursos depositados en la cuenta de ahorros a nombre
de Transmetro S.A.S., ostenta la condición de inembargables y, en consecuencia, solicitó que se
informará si, pese a lo anterior, la medida cautelar debía o no materializarse.
6
En el documento se lee lo siguiente: […] Ahora bien, es importante aclarar que en nuestra opinión,
los recursos de que trata la Resolución 2246 de 2023, no pierden su naturaleza de recursos del
Presupuesto General al ser girados a los entes gestores (en este caso Transmetro SAS), toda vez que
los Entes Gestores se configuran en la operación presupuestal como simples pagadores del déficit
operacional y no adquieren nunca el dominio de los recursos. […] De todo lo anterior se concluye que
los recursos de que trata la Resolución 2246 de 2023, girados a Transmetro SAS, son inembargables
por ser recursos del Presupuesto General de la Nación
7
Sentencias C-263 de 1994 y C-1154 de 2008.

3
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El segundo cargo, lo estructuró a partir de las propias decisiones ya adoptadas por la
autoridad judicial accionada, la cual, en un primer momento estimó que la medida
cautelar ordenada era procedente y, en ese sentido, impartió la orden al
establecimiento de crédito que diera cumplimiento a esta.

Sin embargo, se reprocha que, pese a haberse superado la discusión sobre la
inembargabilidad de los recursos, la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico de manera oficiosa realizó un nuevo control de legalidad, retrotrayendo
etapas del proceso ya agotadas y con el único fin de ordenar la cancelación de la
cautela procesal.

Finalmente, indicó que el tribunal accionado pasó por alto que en el proceso ejecutivo
se presentó un acuerdo de transacción suscrito entre las partes, el cual fue radicado
en noviembre de 2023 y, por ende, tenía la obligación de resolver sobre tal solicitud.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 21 de febrero de 2024 se: i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar
a la autoridad judicial accionada, iii) vinculó como terceros a la empresa Transmetro
S.A.S. [parte demandada en el proceso ejecutivo] y al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público [tercero que rindió concepto sobre la naturaleza de los recursos objeto de la
medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo], y iv) avisó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado sobre la existencia del trámite.

1.6. Intervenciones8

1.6.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Por conducto del subdirector jurídico de la entidad, presentó informe en el que solicitó
la desvinculación de la cartera ministerial que representa por no haber vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

Frente al concepto que rindió al interior del proceso ejecutivo de Consorcio Grandes
Proyectos contra Transmetro S.A.S., precisó que este se hace de forma general y
abstracta, que no es de carácter vinculante y tampoco compromete la responsabilidad
del ministerio.

Finalmente, precisó que el debate planteado por el accionante en esta instancia
judicial no goza de relevancia constitucional, en la medida que la solicitud de amparo
pretende plantear argumentos ya analizados por parte del juez de instancia.

8
Las autoridades accionadas y demás intervinientes fueron notificados mediante los oficios 169902
al169906 del 27 de febrero de 2024.

4
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
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1.6.2. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C

Luego de recapitular los principales hitos en torno al proceso ejecutivo, explicó que
contra la decisión del 8 de febrero de 2024 el Consorcio Grandes Proyectos interpuso
recursos de reposición y apelación, así como también formuló la nulidad de lo actuado
con base en idénticos argumentos.

Por autos del 23 de febrero de 2024; por un lado, negó la reposición y concedió en el
efecto devolutivo recurso de apelación ante el Consejo de Estado sobre la decisión
que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares en el proceso ejecutivo; y, por
otro lado, rechazó de plano la solicitud de nulidad alegada por el acreedor del proceso,
decisión última que también fue objeto de alzada concedida mediante proveído del 29
de febrero de 2024.

Conforme lo anterior, advirtió que no se satisface el requisito de subsidiariedad, en la
medida que se encuentran en trámite las apelaciones interpuestas por el acreedor y
que guardan objeto con la acción constitucional.

1.6.3. Consorcio Grandes Proyectos

El apoderado judicial presentó escrito en el que solicitó que al interior del proceso de
la referencia se adoptarán medidas provisionales de carácter urgente para conjurar
un eventual perjuicio irremediable en cabeza de la accionante.

En concreto, solicitó que se ordene a la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico abstenerse de realizar la devolución de cualquier suma de dinero que se
haya consignado a órdenes del proceso ejecutivo y a favor de la empresa Transmetro
S.A.S.

Lo anterior, en razón a que la autoridad judicial accionada el 4 de marzo de 2024
profirió auto por medio del cual improbó el acuerdo de transacción suscrito entre las
partes del litigio. Como sustento de la decisión, indicó que al haberse dejado sin
sustento la medida cautelar.

Mediante proveído del 19 de marzo de 2024, se negó la medida provisional solicitada
por la accionante, toda vez que no se hizo evidente una urgencia manifiesta que
imponga al juez constitucional adoptar órdenes encaminadas a conjurar la hipotética
y eventual trasgresión de las garantías constitucionales alegadas. Pues, de los medios
de prueba arrimados al proceso no resulta contundente concluir que la autoridad
judicial accionada cometió un yerro con ocasión de la providencia judicial reprochada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela formulada por el
Consorcio Grandes Proyectos contra la Subsección C del Tribunal Administrativo del

5
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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
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Atlántico, en los términos del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó la desvinculación del trámite por
no ser la autoridad acusada de vulnerar los derechos fundamentales de la parte
accionante.

La sala negará dicho pedimento, por cuanto su llamado al trámite constitucional se
hizo como tercero interviniente, con un eventual interés en las resultas de la presente
solicitud de amparo.

Lo anterior, dado que dicha cartera ministerial fue la que rindió el concepto de
inembargabilidad de los dineros que fueron objeto de medida cautelar al interior del
proceso ejecutivo, documento a partir del cual la autoridad judicial adoptó la decisión
de levantar la retención de los dineros consignados en cuentas.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos
fundamentales del Consorcio Grandes Proyectos, con ocasión del auto del 8 de
febrero de 2024, proferido al interior del proceso ejecutivo radicado 08001-23-33-000-
2021-00159-00?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
no procede en los eventos que la parte accionante carezca de otro mecanismo de
defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º numeral
1º establece:

La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Conforme lo anterior, se tiene la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que no
puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido el
legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i)
una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo
a la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los
mecanismo ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos
fundamentales, pues tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio
obrante en el expediente, el accionante omitió solicitar la nulidad por violación del
derecho al debido proceso dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario
ha creado múltiples mecanismo entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios
dentro del proceso penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho
al debido proceso de las personas involucradas ya sea en la investigación previa,
instrucción o juzgamiento, las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que
vean afectadas sus garantías constitucionales.12

Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos de
defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la idoneidad
del medio y las circunstancias particulares de cada caso.

2.6. Caso concreto

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional
solicitada por el Consorcio Grandes Proyectos, por cuanto no se satisface el requisito
adjetivo de subsidiariedad.

Al verificar la actuación surtida al interior del proceso ejecutivo radicado 08001-23-33-
000-2021-00159-00, se tiene que la parte ejecutante el 13 de febrero de 2024 presentó
solicitud de nulidad al amparo del numeral 2° del artículo 133 del Código General del
Proceso, por haber pretermitido la instancia y vulnerar el derecho fundamental al
debido proceso.

Para fundamentar tal solicitud, explicó que la autoridad judicial accionada ya había
emitido un pronunciamiento de fondo sobre el decreto y la práctica de la medida
cautelar. Del mismo modo, esta fue ratificada posteriormente, con ocasión de la
respuesta dada por el establecimiento de crédito, el cual advirtió sobre la posible
inembargabilidad de los recursos.

12
Sentencia T 436 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Conforme lo anterior, al proferir el auto del 8 de febrero de 2024, mediante el cual
revocó la orden judicial de embargo y retención de dineros, pretermitió la instancia;
aunado el hecho que ya se había sometido a consideración del juez el acuerdo de
transacción celebrado entre Transmetro S.A.S., y el Consorcio Grandes Proyectos.

Asimismo, la accionante en su escrito de nulidad, precisó que se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y para lo cual explicó:

En efecto, con la decisión de levantar la medida el despacho deja a las partes sin poder
controvertir lo decidido, siendo este un procedimiento que conlleva a nulidad pues la
instancia normal del proceso era resolver sobre la transacción en donde por obligación
debía abordar el tema de la medida cautelar para decidir lo que en derecho consideraba
y para que las partes pudieran recurrir esa decisión.

[…]

Si se hablara de un auto que levanta una medida, en cualquier estado del proceso, no
quedaría otro remedio que soportar la decisión, pero ¿levantar una media cuando las
partes ya transaron el litigio y ya habían solicitado la terminación del proceso? Suena
extraño, contradictorio, paradójico y hasta cierto punto, absurdo, pues el juez tiene la
libertad de dirigir el proceso, pero dentro del cauce de dicho proceso, no puede por
tanto, salir con un auto que inadmite la demanda cuando el proceso está para alegatos
de conclusión, o decretar un interrogatorio cuando la demanda está para admisión, o
emitir una sentencia cuando la demanda no se ha notificado a todas las partes.

Con base en lo anterior, prontamente se colige que los argumentos del escrito de
nulidad guardan similitud fáctica y jurídica frente a los cargos planteados en la acción
de tutela.

Ahora bien, la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico por auto del 23 de
febrero de 2024 rechazó de plano la nulidad invocada por el Consorcio Grandes
Proyectos, proveído que fue objeto de recurso de apelación el cual fue concedido en
decisión del 29 del mismo mes y año.

Lo expuesto significa que el accionante de manera coetánea pretende que su caso
sea analizado tanto por la autoridad que conocerá del recurso de apelación
interpuesto, como por esta instancia judicial en su calidad de juez constitucional.

Aunado lo anterior, se debe tener en cuenta que la decisión que ordenó el
levantamiento de la medida cautelar de embargo, también fue impugnada por el
apoderado judicial del acreedor del proceso ejecutivo, tal como se colige del auto del
23 de febrero de 2024 que reposa en el expediente Samai.

Asimismo, al revisar el expediente en Samai, se tiene que se encuentran radicados
tales recursos de apelación bajo los consecutivos 08001-23-33-000-2021-00159-01 y
08001-23-33-000-2021-00159-02, por medio de los cuales la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolverá las apelaciones interpuestas por el Consorcio Grandes
Proyectos.

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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Rad: 11001-03-15-000-2024-00805-00

Siendo ello así, esta sala estima que abordar de fondo los argumentos implicaría
socavar la competencia legal del juez natural del caso, máxime cuando no se advierte
un perjuicio irremediable que imponga la concesión de un amparo transitorio.

2.6. Conclusión

La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de subsidiariedad, por lo que se impone declarar su improcedencia

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el Consorcio
Grandes Proyectos contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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