Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00805-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00805-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00805-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de mayo de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-00805-01
Demandante: CONSORCIO GRANDES PROYECTOS SAS
Demandado: SUBSECCIÓN C DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD
JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.
Síntesis del caso: la sociedad demandante cuestionó el auto que, de manera oficiosa,
decretó el levantamiento de medidas cautelares en un proceso ejecutivo, pues, a su juicio,
esa decisión constituyó una vía de hecho. Se confirma la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por cuanto la parte demandante presentó un recurso de apelación en contra
de la decisión cuestionada y este se encuentra pendiente de decisión, de modo que esta
acción constitucional no es el mecanismo idóneo para desplazar los recursos judiciales
ordinarios que son el escenario natural para el debate que por esta vía se pretende.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 18 de abril de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que resolvió:
“(...) SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada
por el Consorcio Grandes Proyectos contra la Sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico (...)”.
II. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2024, la parte actora promovió
proceso de acción de tutela en contra de la Subsección C del Tribunal Administrativo
del Atlántico para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso,
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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos SAS
Acción de tutela – Impugnación de fallo
igualdad y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 13,
29 y 229 de la Constitución Política.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) En el año 2009, la sociedad Consorcio Grandes Proyectos SAS (en adelante el
Consorcio) suscribió un contrato de concesión con Transmetro SAS cuyo objeto fue
la construcción y operación de una estación de cabecera y el desarrollo inmobiliario
del portal Soledad del sistema Transmetro en Barranquilla y su área metropolitana.
2) A lo largo de la ejecución del contrato, el Consorcio invirtió sumas significativas
en obras y actividades, sin embargo, el 1º de diciembre de 2014, las partes
decidieron terminar anticipadamente el contrato mediante un acuerdo según el cual
Transmetro reconoció una suma considerable en favor del Consorcio, aunque
quedó un saldo pendiente que nunca le fue reconocido ni pagado.
3) El 13 de abril de 2018, en atención al impago del saldo, el Consorcio solicitó la
intervención del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla para
que resolviera la disputa contractual mediante un Tribunal de Arbitramento,
autoridad que el 24 de marzo de 2020 emitió un laudo con el cual condenó a
Transmetro a pagar una suma al Consorcio.
4) Pese al laudo arbitral, Transmetro no cumplió con el pago de las sumas
establecidas, por lo cual el Consorcio inició un proceso ejecutivo ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
5) Con auto de 26 de mayo de 2021, la autoridad judicial libró mandamiento de pago
en favor de la parte ejecutante y el 23 de marzo de 2023 decretó medidas cautelares
para embargar y retener fondos en las cuentas bancarias de Transmetro.
6) El tribunal, en varias ocasiones entre 2021 y 2023, reafirmó la validez de las
medidas cautelares a través de autos que confirmaron y ampliaron las medidas y
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consideró que los recursos embargados eran necesarios para asegurar el
cumplimiento de la condena establecida en el laudo arbitral.
7) Sin embargo, el 8 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió un auto que efectuó un control oficioso de legalidad y levantó las medidas
cautelares previamente decretadas por considerar que los dineros objeto de cautela,
además de provenir del Presupuesto General de la Nación, son recursos con
destinación específica1.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante alegó que el auto de 8 febrero de 2024 que levantó las medidas
cautelares en el proceso ejecutivo no. 08001-23-33-000-2021-00159-00 adolece de
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y un defecto
procedimental absoluto.
Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial argumentó
que el Tribunal Administrativo del Atlántico, para levantar las medidas cautelares,
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la embargabilidad de
los recursos públicos, específicamente las sentencias C-263 de 1994 y C-1154 de
2008, las cuales establecen excepciones a la inembargabilidad de recursos públicos
cuando se trata del cumplimiento de obligaciones judiciales en firme y ejecutoriadas.
Frente al defecto procedimental absoluto se cuestionó que el tribunal realizara un
nuevo control de legalidad -de oficio- sobre las medidas cautelares ya decretadas y
confirmadas en providencias anteriores.
El control de legalidad contenido en el auto fue realizado sin que mediara una nueva
circunstancia de hecho o de derecho que justificara dicha revisión, lo cual constituyó
una preterición de instancia y una vulneración del derecho fundamental del debido
proceso.
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En la providencia cuestionada la autoridad judicial concluyó que “(...) la fuente jurídica de la
obligación materia de ejecución – remuneración proveniente de un contrato de infraestructura - no
guarda relación directa con el objeto para el que fueron girados los recursos embargados por parte
del Gobierno Nacional, esto es, destinados específicamente a amortizar costos operacionales -
suministro de flota, operación y recaudo de la tarifa al usuario – del Sistema Integrados de Transporte
Masivo-SITM”, del DEIP de Barranquilla y su área metropolitana, de allí que sea menester el
levantamiento de la medida ejecutiva.”.
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3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“Primero: Se DECLARE que el Tribunal Administrativo del Atlántico
vulneró los derechos fundamentales del Consorcio al debido proceso, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y todos los que
encuentre el H. Despacho, dentro del Proceso 080012333000 2021
00159 00 como consecuencia de la expedición del Auto del 8 de febrero
de 2024 y la decisión adoptada en dicha providencia judicial, por la cual
de oficio y sin ninguna variación de hecho o de derecho, levantó una
medida cautelar debidamente decretada y practicada aún en contravía de
las propias determinaciones del mismo despacho judicial.
Segundo: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene de manera
expedita dejar sin efectos el Auto del 8 de febrero de 2024 y con ello se
protejan los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el
efectivo acceso a la administración de justicia de mi representada
manteniendo incólume en consecuencia las decisiones judiciales previas
proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico que decretó y
practicó la medida cautelar que satisface los derechos de mi poderdante.
Tercero: Que, en virtud de lo anterior, se ORDENE al Tribunal
Administrativo abstenerse de incurrir nuevamente en las mismas
conductas que vulneraron los derechos fundamentales del Consorcio
dentro del Proceso 080012333000 2021 00159 00.
Cuarto: Cualquiera otra que el H. Consejo de Estado de manera adicional
o complementaria determine procedente para la inmediata protección de
los derechos fundamentales que han sido vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.”. (negrillas del original – archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
4. Actuación en primer grado
La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto de 21 de febrero de 2024 admitió
la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes de la Subsección C del
Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó al representante legal de la empresa
Transmetro SAS y el ministro de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que
presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.
5. Actuación de la autoridad demandada
El magistrado ponente de la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela en atención a que la
sociedad demandante presentó recursos de reposición y apelación en contra del
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auto de 8 de febrero de 2024, así como también formuló la nulidad de lo actuado
por el tribunal con fundamento en idénticos argumentos a los de la solicitud de
amparo constitucional.
Por auto de 23 de febrero de 2024 se negó la reposición y se concedió en el efecto
devolutivo el recurso de apelación ante el Consejo de Estado sobre la decisión que
ordenó el levantamiento de las medidas cautelares en el proceso ejecutivo; por otro
lado, rechazó de plano la solicitud de nulidad alegada por el ejecutante, decisión
que también fue objeto de alzada concedida mediante proveído de 29 de febrero de
2024.
6. Sentencia de primera instancia
El 18 de abril de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
en la que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.
El a quo consideró que no había lugar a emitir un pronunciamiento de fondo frente
a la controversia propuesta debido a la existencia de recursos judiciales ordinarios
pendientes de resolución, por lo cual abordar los argumentos de la acción de tutela
en esta instancia implicaría interferir con la competencia del juez natural del caso,
quien debe resolver los recursos de apelación presentados.
7. Impugnación
La sociedad demandante afirmó que, aunque presentó un recurso de apelación en
contra del auto de 8 de febrero de 2024, la acción de tutela es procedente como
medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable toda vez que, sin las medidas
cautelares, no podría hacer efectivo el laudo arbitral.
Destacó que el recurso fue concedido en el efecto devolutivo y no suspensivo y ello
significa que el levantamiento de las medidas cautelares sigue vigente hasta tanto
se resuelva la alzada, lo cual agrava el perjuicio irremediable, en atención a que los
fondos embargados podrían ser destinados a otros fines antes de que se resuelva
la apelación.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Atlántico para la protección de los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión del auto proferido por la autoridad judicial
demandada el 8 de febrero de 2024 en el proceso ejecutivo no. 08001-23-33-000-
2021-00159-00.
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En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia
que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:
1.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar
la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar
a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los
derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme con las especiales circunstancias
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del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando,
pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización
de un perjuicio irremediable.
a) Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) De entrada, la Sala advierte que es un hecho reconocido por las partes que, en
contra de la providencia cuestionada, el Consorcio demandante formuló los
recursos de reposición y apelación, al tiempo que presentó una solicitud de nulidad
de todo lo actuado por el tribunal con los mismos planteamientos que sustentaron
la presentación de la acción de tutela aquí analizada.
2) La autoridad judicial profirió un auto el 23 de febrero de 2024 con el cual negó la
reposición, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación y rechazó de
plano la solicitud de nulidad alegada por el Consorcio.
3) Esa providencia fue objeto de alzada en lo correspondiente al rechazo frente a la
solicitud de nulidad y le fue concedida mediante auto de 29 de febrero de 2024.
4) A partir de la revisión del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, la Sala denotó que,
a la fecha de expedición de este fallo, se encuentran en trámite y pendientes de
decisión los recursos de apelación presentados en contra de los autos de 8 y 23 de
febrero de 2024, cuyo conocimiento por reparto correspondió a la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado desde el 4 de abril del presente año:
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5) Como se explicó anteriormente, la acción de tutela no procede ante la posibilidad
con la que contó el actor de acudir a otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces
para cuestionar la providencia que estimó trasgresora de sus derechos
constitucionales fundamentales, como en efecto lo hizo.
6) Este mecanismo no puede ser utilizado como un medio para pretermitir el
agotamiento de recursos ordinarios, especialmente cuando estos recursos están en
curso o pendientes de decisión y tienen el potencial de resolver la controversia de
fondo, como en efecto ocurre en este caso.
7) Es de señalar que, aunque el recurso de apelación fue concedido en el efecto
devolutivo, lo cual significa que la decisión de levantar las medidas cautelares sigue
en vigor durante el trámite de la apelación, esto no desvirtúa su capacidad para
proteger los derechos del Consorcio porque dicho efecto simplemente implica que
la ejecución de la medida no se suspende automáticamente, pero el recurso sigue
siendo un mecanismo válido y efectivo para que el juez natural se pronuncie sobre
dicho asunto y analice la legalidad de la decisión.
8) Ahora bien, para que la acción de tutela proceda como medida transitoria en los
términos reclamados en la impugnación, la parte actora debe demostrar la
inminencia, gravedad y urgencia del perjuicio irremediable, sin embargo, en este
caso, el Consorcio no acreditó que el levantamiento de las medidas cautelares le
cause un perjuicio de tal magnitud y urgencia que no pueda ser reparado a través
del recurso de apelación o la solicitud de nulidad formuladas en el curso del proceso
ejecutivo.
9) En consecuencia, se confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción
de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque, como se
indicó, el recurso se encuentra en trámite y pendiente de decisión, de modo que
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cualquier determinación que se adopte en ese sentido supondría vaciar de
contenido la competencia del juez ordinario, sin que en este caso ello sea necesario
porque no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que requiera de
medidas impostergables, improrrogables y urgentes para conjurarlo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, una vez retorne el expediente archívese con las
constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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