Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00808-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00808-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00808-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: MARÍA TARCILA RENTERÍA CUESTA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Tarcila Rentería
Cuesta contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Laseñora María Tarcila Rentería Cuesta solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y móvil, a la seguridad social, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 27001-33-33-002-2019-00029-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Refirió que mediante sentencia de 25 de septiembre de 2017 dictada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 27001-33-33-002-2015-
00042-00, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó resolvió:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
“[…] PRIMERO. DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución N° 477
del 03 de septiembre de 2013 proferida por la Secretaria de Educación
Municipal de Quibdó en lo que respecta a la omisión del reajuste de la pensión
de jubilación de la demandante por indexación de su primera mesada, de
conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, deberá indexar la primera mesada pensional de la señora María
Tarcila Rentería Cuesta, identificada con la cédula de ciudadanía N° 26.289.980.
La liquidación deberá efectuarse conforme la fórmula señalada en la parte
motiva de esta providencia, y la entidad demandada deberá pagar las
diferencias que en virtud de ello se generen, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de este proveído
[…]
CUARTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte demandada
en el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es
decir la suma de un millón cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta
y cuatro pesos ($1.475.434), a favor de la parte demandante […]”
2.2. Precisó que, en cumplimiento a la citada sentencia, la Secretaría de Educación
del Municipio de Quibdó expidió la Resolución núm. 456 del 12 de diciembre de
2018, a través de la cual ordenó pagar la suma de $1.577.130 correspondientes a la
“[…] diferencia de mesadas $18.115, indexación $54.673, costas y agencias en
derecho $1.475.434 e intereses moratorios $28.908 […]”.
2.3. Indicó que, con base en lo anterior, presentó la acción ejecutiva núm. 27001-33-
33-002-2019-00029-00/01 en contra de la Nación - Ministerio de Educación - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por la ejecución de la sentencia de
25 de septiembre de 2017.
2.4. Señaló que, mediante auto de 26 de marzo de 2019, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago contra la Nación -
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por “[…] la suma de dinero contenida en la condena impuesta en la sentencia No.
0126 del 25 de septiembre de 2017 […]”.
2.5. Relató que, mediante providencia de 15 de febrero de 2021, la autoridad judicial
“[…] ordenó seguir adelante con la ejecución, ordenó el pago de la obligación a la
demandante, ordenó la presentación de la liquidación del crédito y condenó en
costas al ejecutado fijando como agencias en derecho el 4% del valor del pago
ordenado […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
2.6. Manifestó que mediante escritos del 22 de febrero, 9 de abril y 31 de agosto de
2021 presentó la liquidación del crédito por un valor de $40.398.787. Sin embargo, a
través de providencia de 15 de febrero de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Quibdó dio por terminado el proceso ejecutivo por pago total de la
obligación, bajo el argumento “[…] que la mesada pensional de la accionante, no
está afectada de depreciación monetaria, pues los valores cancelados a esta por
concepto de mesada pensional, resultan ser superiores a la mesada indexada […]”
2.7. Adujo que presentó recurso de apelación y mediante providencia de 30 de
noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión de
primera instancia al considerar que “[…] el ad quo, [sic] realizó el procedimiento de
la forma como fue ordenado en el fallo […]. La suma indexada produce efectos
jurídicos contables, es a partir de la fecha final de indexación hacía el futuro […]”.
2.8. Expuso que las providencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, al incurrir en un defecto sustantivo, en una violación
directa de la Constitución y en un desconocimiento del precedente.
2.9. Frente
al defecto sustantivo, refirió que la autoridad judicial incurrió en dicha
causal al abstenerse de indexar la primera mesada pensional, lo cual “[…] se
considera un exceso de sus competencias establecidas en el Código General del
Procesos […]”.
2.10. Respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial citó la sentencia
de tutela de la Corte Constitucional T-953 de 19 de diciembre de 2013 y la
sentencia de tutela del Consejo de Estado de 13 de abril de 20161, en las que se
reconoció la indexación de la primera mesada pensional.
2.11. Por último, frente al defecto por violación directa de la Constitución indicó que
se omitió dar aplicación a los artículos 46, 48, 53, 58, 230 y 366 de la Constitución
Política, así como a los principios constitucionales.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: CONCEDER TUTELA COMO MECANISMO DEFINITIVO,
PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, a favor de mi poderdante
Sra. MARÍA TARCILA RENTERÍA CUESTA , a fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad
social en pensiones, acceso a la administración de justicia y a mantener el
1 Expediente 11001-03-15-000-2016-00367, Accionante: Capitolino Aguirre Agudelo contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
poder adquisitivo de su pensión, por cuanto, el Tribunal Administrativo del
Chocó, dictó el auto interlocutorio No. 809 del 30 de noviembre del 2023,
dentro de la acción ejecutiva derivada de sentencia [sic], radicado No. 27001-
33-33-002-2019-00029-01, instaurada por la suscrita, que confirmó en todas
sus partes, el proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Quibdó No. 210 del 15 de febrero del 2022, mediante el cual, dio por
terminado el proceso “POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN”,
desacatando la sentencia No. 0126 del 25 de septiembre del 2017, del
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó, que ordenó la
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL, DESDE LA FECHA
DEL STATUS PENSIONAL (MAYO 24 DEL 2011), HASTA LA FECHA DE LA
RELIQUIDACIÓN PENSIONAL (SEPTIEMBRE 25 DEL 2013), CON LA
RESOLUCIÓN No. 477 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la decisión judicial, dictada por el Tribunal
Administrativo ya reseñada, por ser una verdadera arbitrariedad judicial y
ORDENAR a dicha autoridad judicial, que dentro del término de diez (10) días
siguientes a la notificación de la sentencia a dictar, por el Consejo de Estado,
profiera nueva decisión judicial, en las que sean tenidas en cuenta, las
consideraciones jurídicas de la Alta Corporación Judicial, RESPECTO DE LA
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL […]”. [Subrayado
original del texto y mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 23 de febrero de 2024, el Despacho de esta Sección a cargo
de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a la
sociedad Fiduprevisora S.A., a la Nación – Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar la
improcedencia de la acción de amparo, argumentando que no se demostró la
vulneración de las garantías procesales y fundamentales invocadas. Además,
indicó que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
5.2. El Tribunal Administrativo del Chocó solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela porque con ella se pretende constituir una tercera instancia, toda
vez que el objeto de esta fue analizado por el juez natural.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del
precedente y en una violación directa de la Constitución.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o
da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de
manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La señora María Tarcila Rentería Cuesta solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y móvil, a la seguridad social, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 27001-33-33-002-2019-00029-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado
Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de
agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para
efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". [Negrilla fuera del texto]
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
"[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental
13 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de
2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]". [Negrilla original del texto y subraya fuera
del texto]
22. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202316.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
16 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00808-00
Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales17.
24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales citados supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la
Constitución.
26. Frente
al defecto sustantivo, refirió que la autoridad judicial incurrió en dicha
causal de procedibilidad al abstenerse de indexar la primera mesada pensional, lo
cual “se considera un exceso de sus competencias establecidas en el Código
General del Procesos”.
27. Respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial citó la sentencia
de tutela de la Corte Constitucional T-953 de 19 de diciembre de 2013 y la
sentencia de tutela del Consejo de Estado de 13 de abril de 201618, en las que se
reconoció la indexación de la primera mesada pensional.
28. Por último, frente a la violación directa de la Constitución indicó que se omitió
dar aplicación a los artículos 46, 48, 53, 58, 230 y 366 de la Constitución
Nacional, así como a los principios constitucionales.
29. De lo anterior, esta Sección considera que la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: (i) el debate planteado no se hizo desde una
óptica constitucional, (ii) el asunto a debatir es de naturaleza económica y (iii) la
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01,
C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre
de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17
de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
18 Expediente 11001-03-15-000-2016-00367, Accionante: Capitolino Aguirre Agudelo contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
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Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y
busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.
30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales”.
31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no
existe un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que
considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de sus
derechos, con ocasión de la expedición de la providencia aquí enjuiciada.
32. De allí que esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de
presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta,
básicamente, en que la decisión adoptada por el juez de segunda instancia en el
proceso ejecutivo declaró terminado el proceso por pago total de la obligación.
33. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional gira en torno a la indexación de la primera mesada pensional de la
accionante, desde la fecha del estatus pensional, asunto que tiene una naturaleza
eminentemente económica.
34. Además, dicho debate fue analizado por el juez natural de la causa y mediante
auto de 30 de noviembre de 2023, el Tribunal accionado estudió los argumentos
que sustentan esta acción de tutela:
“[…] La Sala observa que el a quo actualiza la mesada pensional de la actora,
reconocida mediante Resolución 477 del 3 de septiembre de 2013, en cuantía
de $2.011.547, de conformidad con lo ordenado en la parte motiva de la
sentencia que indica lo siguiente:
“En tal virtud, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
deberá actualizar la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
la señora María Tarcila Rentería Cuesta, así:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
Donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico
que el promedio de lo devengado por el demandante el año de
servicios anterior a la adquisición del status pensional (23 de
mayo de 2010 -23 de mayo de 2011) por el guarismo que resulte
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Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el
DANE vigente a la fecha a partir de la cual se hizo exigible el pago
de la pensión de jubilación, es decir, a partir del 03 de septiembre
de 2013, por el índice inicial de precios al consumidor vigente al
25 de mayo de 2011.
La Indexación realizada por el juzgado, es la siguiente:
Como se puede observar, el a quo, indexa la mesada pensional, como fue
ordenado en el fallo, en la cual establece como mesada indexada la suma de
$2.136.414,58, valor que incluso tiene una diferencia irrisoria de ciento
noventa y un pesos ($191) con el valor determinado por la apoderada de la
demandante en la liquidación que presenta ($2.136.223):
Para establecer las diferencias pensionales, la pensión indexada a 25 de
septiembre de 2013, es comparada por el juzgado con la mesada cancelada
en el año 2013, pues la suma indexada produce efectos jurídicos contables,
es a partir de la fecha final de indexación, hacia el futuro.
Por otro lado, en relación a la segunda inconformidad del demandante, como
quedó demostrado en precedencia, el juzgado indexa la mesada pensional de
la manera como fue ordenado en el fallo.
Frente a lo indicado por la parte demandante, en cuanto a la liquidación
efectuada, que se actualiza la mesada a septiembre de 2013 y de manera
errada la compara con la pensión devengada en el año 2011, para establecer
las diferencias dejadas de pagar al actor, se comparte la decisión del a quo,
pues de realizarse de la manera como lo plantea la apoderada, resulta un
reconocimiento desproporcionado frente a la pretensión del fallo que es la
indexación de la primera pesada pensional, lo cual se demostrará con la
siguiente ilustración:
Se mostrará la evolución de la pensión de una persona con iguales factores
salariales que los percibidos por la demandante en el año anterior a la
adquisición del status pensional y que también adquirió el status en la misma
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fecha de la demandante y se le reconoció la pensión en 2011, y otra bajo la
tesis de que la suma actualizada, corresponde al valor de la misma para
2011:
Como se puede observar, si se realiza la liquidación como lo propone la
apoderada de la demandante, que corresponde a la suma que debe percibir
la demandante desde 2011, la pensión a 2023, equivaldría a la suma de
$3.665.471,81, cifra que resulta superior en un 6.2% de la que hoy recibe una
persona que se jubiló en idénticas condiciones que ella $3.451.544,53, es
decir, iguales factores salariales en concepto y dinero e igual fecha de
adquisición del status pensional.
Razón por la cual, no es procedente la censura.
De igual forma, frente a la apreciación de la apoderada en este numeral, se
insiste, el a quo, realizó el procedimiento de la forma como fue ordenado en el
fallo, pues, una vez indexa la mesada pensional a septiembre de 2013, como
lo ordena la sentencia que se ejecuta, la compara con el valor devengado por
la demandante en la misma vigencia, procedimiento que se encuentra
acertado, pues una suma que ha sido actualizada a valor presente, no se la
puede llevar a producir efectos jurídicos contables al pasado. La suma
indexada produce efectos jurídicos contables, es a partir de la fecha final de
indexación hacia el futuro […]”. [Negrilla original del texto, cursiva original del
texto y subrayado fuera del texto]
35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por el Tribunal accionado y no se observa que la
decisión proferida en esa sede hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido
los derechos fundamentales de la accionante en el trámite del proceso ejecutivo.
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36. De hecho, lo que se aprecia es que el juez, luego de hacer un análisis del caso
concluyó que la indexación de la primera mesada pensional fue realizada de
conformidad con la sentencia de 25 de septiembre de 2017.
37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”19.
38. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”21.
39. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: María Tarcila Rentería Cuesta
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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