Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00811-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00811-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00811-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00811-00
Demandante: LUIS ALFREDO BENAVIDES MUÑOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditan los presupuestos especiales de procedencia de tutela contra
fallo de tutela / TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA – Por regla general no procede tutela
contra sentencia de tutela, salvo que se presenten circunstancias excepcionalísimas como
la existencia de un fraude, hecho que, en este caso, ni siquiera fue alegado /
SUBSIDIARIEDAD – La parte actora cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa
que resultan ser idóneos y eficaces para obtener la protección de los derechos alegados.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alfredo Benavides
Muñoz contra el Tribunal Administrativo del Meta y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 28 de diciembre de 2023 1, el señor Luis Alfredo Benavides Muñoz interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, porque
consideró vulnerados sus derechos fundamentales a «la unidad familiar, al interés
superior del menor, al tener una familia y no ser obligado a separarse de ella, a la
especial protección de padre cabeza de familia, a la educación, a las condiciones
dignas, a la educación y a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana».
Formuló las siguientes pretensiones:
1 Se advierte que, el 6 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00811-00
Actor: Luis Alfredo Benavides Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Primero: Decretar medida provisional para suspender los efectos jurídicos y
materiales de la Resolución 01073 del 15 de diciembre de 2023, proferida por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas.
SEGUNDO. AMPARAR mis derechos a la unidad familiar, a la especial
protección de padre cabeza de familia, a la educación, a las condiciones
dignas, a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana, vulnerados en
la Resolución 01073 del 15 de diciembre de 2023, proferida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
TERCERO: AMPARAR mi derecho a la educación para que la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS – UAEGRTD, se abstenga de emitir un nuevo acto
administrativo que ordene reubicación laboral hasta que finalice mis estudios
universitarios en la carrera de derecho que actualmente curso en la UNIMETA.
CUARTO: AMPARAR el derecho a la educación de mi hijo Adrián Felipe
Benavides Ramírez, al interés superior del menor, a la unidad familiar, al
derecho a tener una familia y no ser obligado a separarse de ella.
QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, solicito comedidamente su
señoría, dejar sin efectos jurídicos y materiales la Resolución 01073 del 15 de
diciembre de 2023, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas.
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:
El señor Luis Alfredo Benavides Muñoz fue nombrado en provisionalidad como
técnico administrativo código 3124, grado 12, en la Dirección Territorial Meta de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
El 21 de junio de 2023, le comunicaron la Resolución 00524 de 2023, por la cual se
distribuye un empleo de la planta global de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y se reubica a un funcionario, en la
que se reubicó su cargo al nivel central en el grupo de Gestión Documental Archivo
y Memoria Histórica de Bogotá.
Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual no fue resuelto
por la entidad.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00811-00
Actor: Luis Alfredo Benavides Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por lo anterior, interpuso acción de tutela, toda vez que la reubicación se
materializaba el 17 de julio de 2023.
El Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio, en sentencia del 24 de julio de
2023 amparó los derechos fundamentales del accionante y dejó sin efectos la
Resolución 00524 de 2023, y le ordenó que adelantara las gestiones administrativas
necesarias tendientes a reubicar al señor Benavides en el cargo de técnico
administrativo código 3124, grado 12 adscrito a la Dirección Territorial Meta. Contra
la anterior decisión, la parte demandada la impugnó.
El Tribunal Administrativo del Meta modificó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, amparó los derechos fundamentales del menor A.F.B.R. y le ordenó a la
demandada que se abstuviera de disponer la reubicación laboral del actor durante
lo que resta de vigencia a fin de evitar que se reincida en las afectaciones a la unidad
familiar y derechos a la educación del menor. Y la instó con el fin de que en una
futura determinación de reubicación laboral, efectuara un análisis detallado de las
condiciones del actor y su núcleo familiar, para garantizar que las decisiones sobre
el particular no resulten intempestivas ni pongan en riesgo garantías fundamentales
del tutelante o su menor hijo.
El 15 de diciembre de 2023, el área de Talento Humano de la entidad demandada
remitió vía correo electrónico la Resolución 01073 del 15 de diciembre de 2023 por
la cual se distribuyó un empleo de la planta global de la UAEGRTD y se reubicó a
un funcionario, en el que se determinó que el cargo que ostentaba el señor
Benavides Muñoz sería reubicado en la ciudad de Bogotá en la Secretaría General
del Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica. Lo anterior a partir
del 9 de enero de 2024.
1.2. Argumentos de la tutela
Precisó que el magistrado de segunda instancia no amparó su derecho fundamental
a la educación por cuanto no evidenció la prueba que obraba en el expediente en el
cual consta que estudió derecho en la Corporación Universitaria del Meta y que a
esa fecha estaba matriculado y realizando los trámites del ICETEX, pues cuenta
con un crédito educativo desde el 2020. Expuso que la constancia de sus estudios
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fue aportada antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia y la misma
obra en el expediente digital.
Expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en error «toda vez que no valoró
dicha prueba que obra en el plenario, sin embargo, el magistrado instó a la entidad
accionada para que en una futura reubicación laboral, evaluara la condición de que
estuviera cursando el último año de la carrera profesional».
Señaló que la Resolución 01073 modifica su situación jurídica y, por tanto, es un
acto definitivo que debe ser notificado conforme el CPACA y no solamente remitido
a un correo sin previa autorización, aunado al hecho de que no se le dio la
oportunidad de presentar los recursos.
Adujo que la decisión, además, fue intempestiva y arbitraria por las siguientes
razones:
• Se debe realizar a partir del 9 de enero de 2024, lo cual resulta intempestiva,
pues debe modificar sus condiciones de vida que ha tenido por 30 años, y en
17 días hábiles. Además, no se justificó de fondo la necesidad del servicio,
por lo que, en su criterio, el acto cuestionado debería contener los
fundamentos y análisis de la necesidad del servicio.
• No es un argumento justificable que emita ese acto administrativo
«valiéndose de que ha pasado 4 meses de la sentencia de segunda instancia
por cuanto después de emitir el acto administrativo que dejó sin efectos, la
entidad accionada no aclaró, ni modificó, ni corrigió el acto administrativo
00648, donde se evidencie que aclare o modifique avisando que se ordenaría
una nueva reubicación laboral para la otra vigencia, lo cual es intempestivo».
• No realizó un análisis detallado de su situación particular para la reubicación,
al vulnerar su garantía del fuero sindical que ostenta, pues pertenece al
Sindicato SINTRAURT en la junta directiva de la Comisión de Quejas y
Reclamos, por lo que para la reubicación requiere de autorización judicial, tal
como lo dispone la sentencia T-1061 de 2002.
• La reforma de la planta global debe ser proporcional, razonable, y a pesar de
que la ley permita el ius variandi, tal situación es excepcional cuando se
amenazan derechos fundamentales.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El accionante manifestó que el acto administrativo cuestionado puede ser
controvertido a través de los recursos, pero como la entidad lo emitió sin que se le
permitiera interponer recurso alguno, en su criterio, la tutela es el mecanismo idóneo
para acudir, por cuanto están en riesgo sus derechos fundamentales y los de su
hijo, ya que «para acudir a un proceso judicial requiere tiempo y al encontrarme bajo
un acto administrativo intempestivo, afecta eminentemente sus derechos».
Agregó que tiene la condición de padre cabeza de familia, pues tiene la custodia
total de su hijo, y es el único que sustenta económica, social y afectivamente su
hogar, por cuanto la madre del menor no se hace cargo de las obligaciones que
también le corresponden.
Precisó que si bien es cierto que su madre es la que cuida a su hijo cuando se
encuentra trabajando, pero la reubicación al nivel central perjudica ese rol de padre
y le impide poder regular las visitas, aunado al hecho de que no cuenta con los
recursos para asumir esos gastos adicionales pues tiene un crédito de cobranza en
el cual le descuentan el 50% del salario.
Manifestó que no se analizó la situación que se encuentra, pues está terminando su
carrera universitaria lo cual afecta su derecho a la educación, al no per mitirle
continuar con su proceso educativo. Precisó que en ningún momento fue llamado
para analizar las particularidades de su situación, y la entidad demandada tienen
conocimiento de sus estudios, por cuanto solicitó horario flexible laboral para poder
culminarlos. Precisó que la constancia de la matrícula del noveno semestre la
allegaría en el transcurso de la tutela, por cuanto los empleados de la universidad
estaban en vacaciones colectivas hasta el 14 de enero de 2024, y el trámite con el
ICETEX requiere tiempo para la renovación.
2. Trámite impartido e intervenciones
En sentencia del 15 de enero de 2024, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Villavicencio declaró improcedente el amparo solicitado.
La decisión fue impugnada por el actor y, en providencia del 19 de febrero de 2024,
la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio del 28 de
diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
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Medidas de Seguridad de Villavicencio, por cuanto la tutela también estaba dirigida
contra el Tribunal Administrativo del Meta, pues a lo largo de la demanda el
accionante no solo cuestiona el acto administrativo de traslado, sino la decisión en
segunda instancia, por lo que el a quo carecía de competencia para conocerla, y le
correspondía conocerla al superior funcional, esto es el Consejo de Estado.
Mediante auto del 26 de febrero de 2024, se admitió la presente solicitud de amparo
y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del
Meta y al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, en calidad de parte demandada, y al director de Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX -, y
a la rectora de la Corporación Universitaria del Meta, como terceros con interés.
Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. En la misma providencia, se negó la medida provisional solicitada.
2.1. El Tribunal Administrativo del Meta señaló que la tutela no se dirige contra la
decisión de segunda instancia proferida por esa Corporación, pero, el tutelante
mencionó presuntos errores en los que incurrió el fallo de tutela del 31 de agosto
de 2023, al considerar que no se valoraron unas pruebas.
Señaló que en la tutela no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto no explicó por qué procedería la tutela contra un fallo de tutela, ni se
refirió con suficiencia al presunto error del tribunal, y mucho menos se preocupó
por justificar el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, toda
vez que su propósito es cuestionar la actuación administrativa de su empleador.
Pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que los
hechos que generan la vulneración de sus derechos tienen que ver con la gestión
de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras y no un asunto de competencia
del Tribunal.
Indicó que en la sentencia SU627 de 2015 la Corte Constitucional indicó que se
debe acreditar la existencia de una situación de fraude que conlleva a la cosa
juzgada fraudulenta, sin que, en su criterio, se acredita tal circunstancia en el
presente asunto, por cuanto, no se ha configurado la cosa juzgada constitucional
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ya que no ha sido excluida o seleccionada para revisión por parte de la Corte
Constitucional.
Expuso que ese mecanismo de revisión no se ha agotado y la situación de fraude
no se acredita, de ahí que la carga argumentativa del actor debe ser alta y
acompañada de serios y convincentes medios de prueba.
2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas indicó que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, por
cuanto el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho, que deberá promover ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Explicó que el accionante no indicó por qué no acudió a los mecanismos ordinarios
de defensa ni tampoco las razones por las cuales tales medios no eran suficientes
para conjurar la vulneración de sus derechos fundamentales.
Señaló que el Tribunal Administrativo del Meta modificó el fallo impugnado y ordenó
a esa autoridad a abstenerse de realizar reubicaciones en lo que restaba del año
2023 y en el evento de que a futuro requiriera realizar alguna reubicación del
empleo del señor Benavides Muñoz, efectuara un análisis detallado de las
condiciones del actor y su núcleo familiar, por lo que, luego de realizar ese análisis,
no evidenciaron que la reubicación implicaría una afectación a los derechos de la
parte accionante, de su núcleo familiar o de su hijo.
Expuso que la reubicación efectuada a través de la Resolución 01073 del 15 de
diciembre de 2023 cumple con los presupuestos normativos para que la misma se
lleve a cabo, sin que se evidencia ninguna desmejora en las condiciones laborales,
salariales o personales del empleado, pues el accionante mantiene el grado que
ostenta dentro de la planta global de la unidad y la reubicación es acorde con su
perfil, habilidades y competencias, de conformidad con el manual de funciones.
Sostuvo que el acto administrativo de reubicación de los empleos corresponde a un
acto de ejecución, obligatorio y de inmediato cumplimiento, que son comunicados
a los funcionarios y frente a esa decisión no proceden los recursos de ley, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.4.6. del Decreto 1083 de 2015.
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Manifestó que el accionante no demostró que no sea posible encontrar otra
institución educativa en el lugar que se debe reubicar, o la existencia de alguna
condición médica o clínica que impida a su hijo menor de edad que se instale en
otra ciudad, aunado al hecho de que el menor cuenta con una red de apoyo familiar
como lo es la madre, sus abuelos y amigos.
Precisó que la reubicación del empleo a Bogotá «representa una distancia
razonable de 121 kilómetros que pueden recorrerse con la debida organización y
planeación, lo cual no será un impedimento para un profesional con las calidades
profesionales destacables que menciona».
En su criterio, la unidad familiar del actor no se afecta por la reubicación, por cuanto
resulta viable que el menor continúe sus estudios en la institución en la que se
encuentra matriculado, cerca de su madre, abuelos y entorno familiar, y su padre
que se encontrará a una distancia razonable y con adecuadas condiciones para su
movilización.
En relación con los estudios adelantadas por el actor en la ciudad de Villavicencio
precisó que los mismos no fueron tutelados por el Tribunal Administrativo del Meta
y, en todo caso, el programa de derecho se encuentra en un número más que
suficiente de instituciones y universidades con los estándares y condiciones que el
accionante encuentra igualmente con la UNIMETA, bajo la figura de la
homologación, virtual o semipresencial. Expuso que no se probó que las
universidades de Bogotá le impidan homologar o que la universidad en la que está
estudiando le hubiera negado otra alternativa y le permitiera culminar sus estudios
en la modalidad virtual.
2.3. La Corporación Universitaria del Meta indicó que no tiene certeza sobre los
hechos indicados por el tutelante, debido a que las actuaciones vulnerados son
atribuidas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, las cuales son ajenas a esa institución educativa, por lo que, en esos
términos, se abstuvo de pronunciarse sobre los hechos.
2.4. El ICETEX informó que el señor Benavides Muñoz aparece registrado en esa
entidad como beneficiario de un crédito educativo otorgado el 19 de enero de 2021
para el período 2021-1 para cursar el tercer semestre del programa de derecho en
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la Corporación Universitaria del Meta, el cual se encuentra en «cobro administrativo
ingreso período 2024-1». Asimismo, explicó las características del crédito y pidió
que se declarara improcedente la tutela, por cuanto esa entidad no había vulnerado
derecho fundamental alguno.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela promovida contra una sentencia dictada en otro proceso de tutela. Asimismo,
se analizará si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos
generales de la tutela, particularmente, el de subsidiariedad.
Sólo en caso de que se cumplan tales exigencias, se abordará el estudio de fondo
con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Meta y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas vulneraron
los derechos fundamentales del señor Luis Alfredo Benavides Muñoz.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la procedencia de la tutela contra una sentencia de tutela
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en
relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
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4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.
De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:
1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.
3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato o de la impugnación al fallo de tutela 2.
2 Esta última hipótesis es aceptada en la sentencia T-162 de 1997 y reiterada en diferentes
ocasiones, entre otras, en la SU-627 de 2015 y la SU-387 de 2022.
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Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue siendo
exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Como quedó sentado en los antecedentes, el señor Luis Alfredo Benavides Muñoz
alegó que el Tribunal Administrativo del Meta vulneró sus derechos fundamentales,
al proferir el fallo de tutela del 31 de agosto de 2023, con radicado 5001-33-33-005-
2023-00251-01, en el cual consideró que no se acreditó la vulneración del derecho
a la educación del accionante, por cuanto no se demostró la matrícula actual del
tutelante al programa de derecho en la UNIMETA, pues las notas aportadas
correspondían a un periodo académico anterior, y que el crédito con el ICETEX
vigente no daba cuenta de la calidad de estudiante activo del actor.
El accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en error «toda
vez que no valoró dicha prueba que obra en el plenario, sin embargo, el magistrado
instó a la entidad accionada para que en una futura reubicación laboral, evaluara la
condición de que estuviera cursando el último año de la carrera profesional».
En este caso, en manera alguna la parte actora ha señalado que la providencia
cuestionada hubiera sido producto de un fraude, sino que simplemente se limitó a
expresar su inconformidad con la valoración efectuada por el Tribunal Administrativo
del Meta al negar la vulneración de su derecho fundamental a la educación, por no
compartir lo que allí se decidió. De hecho, el accionante no se preocupó por ahondar
en razones que sustentaran por qué el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en
una situación de fraude que amerite la intervención del juez constitucional.
De manera que lo que se evidencia es que el señor Benavides Muñoz pretende, sin
ofrecer ninguna explicación, reabrir el debate que ya fue zanjado por el Tribunal
Administrativo del Meta en la sentencia del 31 de agosto de 2023, en virtud de la
cual modificó la decisión del Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio.
En suma, como la presente solicitud de amparo no satisface los requisitos
jurisprudenciales de procedencia de la acción de tutela contra una sentencia
proferida en otro proceso de tutela, será declarada improcedente.
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2.2. De la subsidiariedad 3
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 4 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 5 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo solo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó6:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede
3 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
4 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
5 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
6 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea
factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que
de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la
acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción
ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza,
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio.
La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así7: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre
un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v)
que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».
3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos
administrativos por medio de los cuales se ordena o se niega el traslado de
un empleado público
Si bien esta Sala ha sostenido que, en principio, la tutela resulta improcedente
cuando se controvierten actos administrativos por medio de los cuales se ordenan
7 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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o niegan solicitudes de traslados laborales 8, toda vez que el interesado cuenta con
otros mecanismos de defensa judicial, como lo son los medios de control que
pueden ejercerse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es
que la Corte Constitucional ha sostenido que, de manera excepcional, la acción de
tutela es procedente en estos casos, siempre y cuando, en cada caso particular, se
acrediten unas condiciones a saber «(i) que la decisión sea ostensiblemente
arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y
coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora
de sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar» 9.
Con respecto al último requisito, la Corte Constitucional desarrolló las siguientes
subreglas a partir de las cuales se puede establecer que «existe una vulneración de
garantías en el ejercicio del ius variandi», así:
a. Cuando el traslado «tenga como consecuencia necesaria la afectación de la
salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones
adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido».
b. Cuando el traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de
su familia.
c. En los eventos en que las condiciones de salud de los familiares del
trabajador pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión
acerca de la constitucionalidad del traslado.
d. Y, en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de
una simple separación transitoria, ha sido originada por causas distintas al
traslado mismo o se trata de circunstancias de carácter superable10.
De manera que la acción de tutela para controvertir la decisión de traslado se torna
procedente, siempre que se cumplan los anteriores parámetros.
En el caso concreto, el señor Luis Alfredo Benavides Muñoz alegó que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas vulneró
sus derechos fundamentales al expedir la Resolución 01073 del 15 de diciembre de
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp.
11001-03-15-000-2019-03351-01. Al respecto, precisa la Sala que, en ese caso, el accionante
presentó solicitud de traslado al considerar que cumplía los requisitos para el mismo y que había
tenido una calificación superior a 90 puntos. Así mismo, del estudio de la tutela no se evidenció que
el concepto desfavorable de traslado afectara de «forma clara, grave y directa los derechos
fundamentales del actor o de su núcleo familiar», por lo que, en esa oportunidad, esta Sala estableció
que no se cumplía con el requisito de la subsidiariedad.
9
Corte Constitucional, sentencia T-065 de 2007.
10
Al respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional T-593 de 1992, T-447 de 1994, T-514 de
1996, T-503 de 1999, T-503 de 1999, T-965 de 2000, T-1498 de 2000, T-346 de 2001, T- 468 de
2002, T-825 de 2003 y T- 256 de 2003.
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2023, por la cual reubicó el cargo que desempeñaba en la ciudad de Villavicencio
para la ciudad de Bogotá. Asimismo, el actor señaló que la autoridad demandada
no tuvo en cuenta su situación particular ni la de su hijo, aunado al hecho de que
está amparado bajo la garantía del fuero sindical, al pertenecer a la junta directiva
del sindicato SINTRAURT, por lo que, para su reubicación, la parte demandada
debía solicitar autorización al juez laboral.
Pues bien, la Sala considera que la tutela deviene en improcedente, por cuanto el
señor Luis Alfredo Benavides Muñoz dispone de otro mecanismo judicial para
reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados, teniendo en
cuenta que la Resolución 01073 del 15 de diciembre de 2023, expedida por la
secretaria general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, es un acto administrativo de carácter particular y concreto,
cuya legalidad puede cuestionarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
En este orden de ideas, aunque la parte actora sostiene que este mecanismo resulta
procedente para controvertir los actos administrativos censurados, lo cierto es que
el proceso contencioso administrativo prevé mecanismos como las medidas
cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para que,
por ejemplo, se conjure oportunamente la vulneración de derechos fundamentales.
De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control, puede pedir las
medidas cautelares que considere necesarias, las cuales sí son un medio de
defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera
provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
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exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo11.
Ahora, aunque existen casos excepcionales en los que el medio de control ordinario
procedente contra el acto administrativo de carácter particular y concreto que
definen una situación de un funcionario o empleado de la Rama Judicial no resulta
idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales, lo cierto es que en
el presente asunto no se acreditaron los presupuestos establecidos por la Corte
Constitucional.
En efecto, revisado el expediente, la Sala no evidencia que las decisiones
censuradas sean ostensiblemente arbitrarias, por el contrario, tuvieron en cuenta
las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia de
tutela del 31 de agosto de 2023, y luego del análisis pertinente concluyó que «no
se evidencian circunstancias de las cuales se permitiera colegir que la reubicación
del empleo implicaría una afectación a los derechos fundamentales del señor Luis
Alfredo Benavides Muñoz, de su núcleo familiar y de su hijo menor, con ocasión al
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 00524 de 2023, por cuanto se
constató que el calendario académico general de las instituciones académicas
ubicadas en el Departamento del Meta y, en especial, en la Institución Educativa
Germán Arciniegas de Villavicencio culminó el 3 de diciembre de 2023».
Aunado al hecho de que desde la notificación del fallo de segunda instancia, el actor
tuvo casi 4 meses para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a organizar
sus asuntos familiares y personales.
Adicionalmente, conviene señalar que, a pesar de que el señor Luis Alfredo
Benavides Muñoz alegó que el traslado a la ciudad de Bogotá implicaría una ruptura
de su núcleo familiar y una vulneración a su derecho a la educación y al de su hijo
menor, lo cierto es que tales situaciones particulares no permiten arribar a la
conclusión de que se deba acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto
no se acreditó que en la ciudad de Bogotá el actor y su hijo menor no puedan
desarrollar los estudios respectivos y, en todo caso, esas circunstancias deben ser
dirimidas por el juez natural del asunto y no por el juez constitucional.
11 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-
000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Como se señaló, es la propia Corte Constitucional la que ha precisado que la
procedencia excepcional de las acciones de tutela que se promueven con el
propósito de cuestionar los actos administrativos que ordenan la reubicación de un
empleo, está supeditada a la constatación de las circunstancias especiales que esa
misma corporación ha fijado, atinentes, por ejemplo, a la arbitrariedad de la
decisión, al desconocimiento de la situación particular del trabajador y a la
afectación clara, grave y directa de sus derechos fundamentales o de los de su
núcleo familiar. De modo que la falta de acreditación de dichas condiciones impide
que opere la referida excepción y, de contera, torna improcedente la solicitud de
amparo ante la existencia de otro mecanismo judicial de defensa, como el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Se reitera: el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes
de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a
producir no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o
a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales, situación que, a
simple vista, no se presenta en este caso.
Con todo, hay que decir que el perjuicio irremediable que hace procedente la acción
de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse s olamente desde
la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, dañinas, que
suelen producir las decisiones judiciales o las de la administración. Esas decisiones
están revestidas de juridicidad o legalidad y, por ende, en principio, las
consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas.
Son variados los casos que sirven para demostrar que no por resultar contraria a lo
esperado la decisión tomada por la autoridad judicial o administrativa debe asumirse
que existe un perjuicio irremediable susceptible de conjurarse mediante una
solicitud de amparo. De lo contrario, todos las providencias judiciales o actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables tendrían que ser
suspendidos por vía de tutela.
Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se presenta ninguna
de las situaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, ni se configura
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un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental, como para que resulte
procedente la acción de tutela de manera transitoria.
De manera que, al no estar dadas las condiciones para el estudio de fondo de la
solicitud de amparo, ni siquiera como mecanismo transitorio, se impone declararla
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Con todo, ante el argumento según el cual la autoridad demandada desconoció que
el señor Luis Alfredo Benavides Muñoz estaba amparado por el fuero sindical, toda
vez que es integrante de la Junta Directiva de SINTRAURT, la Sala advierte que la
tutela tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, pues justamente el
legislador prevé que el juez laboral tiene competencia para conocer de los procesos
especiales sobre fuero sindical 12, y si el accionante considera que se desconoció su
garantía sindical debió instaurar la respectiva acción de reinstalación1314, con el fin
de garantizar el ejercicio del derecho sindical. Sin embargo, no acreditó haber
agotado este mecanismo ordinario de defensa, el cual es idóneo y eficaz 15 para
garantizar sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
12 Según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, es una garantía de la que gozan algunos
trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados
a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa,
previamente calificada por el juez de trabajo.
13 Artículo 118 del Código Procesal del Trabajo: «la demanda del trabajador amparado por el fuero
sindical, que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo o trasladado sin
justa causa previamente calificada por el juez laboral, se tramitará conforme al procedimiento
señalado en los artículos 113 y siguientes».
14 Artículo 118 A del Código Procesal del Trabajo. «Prescripción: las acciones que emanan del fuero
sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de
despido, traslado o desmejora (…)».
15 Artículo 114 del Código Procesal del Trabajo: «Recibida la demanda, el juez en providencia que
se notificará personalmente y que dictará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes,
ordenará correr traslado y citará a las partes para audiencia.
Dentro de esta, que tendrá lugar dentro del quinto (5o.) día hábil siguiente a la notificación, el
demandado contestará la demanda y propondrá las excepciones que considere tener a su favor.
Acto seguido y en la misma audiencia se decidirá las excepciones previas y se adelantará el
saneamiento del proceso y la fijación del litigio.
A continuación y también en la misma audiencia se decretarán y practicarán las pruebas y se
pronunciará el correspondiente fallo. Si no fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará
para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) días siguientes».
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F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis
Alfredo Benavides Muñoz, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La
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px.
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