RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00830-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00830-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00830-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00 Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00830-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia, iv) seguridad social y v) trabajo

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Rosy Lilian Brito Iguarán contra
el Tribunal Administrativo de La Guajira.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de
octubre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 440013340003201600797-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Hatonuevo – La Guajira, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara “[…] la nulidad del
oficio de 6 de abril de 2016 expedido por el señor gerente de la E.S.E. hospital
nuestra señora del Carmen de Hatonuevo – La Guajira , mediante el cual denegó
el reconocimiento de una relación laboral entre dicha entidad y la accionante desde
el 8 de enero de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2012, así como el consecuente
pago de los derechos laborales que emanan de dicha declaración […]”; y ii) a título
de restablecimiento del derecho, “[…] condenar a la entidad accionada a: i)
reconocer, liquidar y pagar las cesantías, intereses de cesantía, primas de servicio,
vacaciones y navidad; vacaciones, bonificación por recreación, bonificación por
servicios prestados, subsidio familiar, subsidio de transporte, así como aportes a
seguridad social, y demás haberes salariales y prestacionales, con base en el
salario que devengaban los servidores públicos de dicha entidad; ii) pagar la
condena impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 195 del CPACA;
iii) declarar que no existió solución de continuidad en el ejercicio del cargo que
desempeñó la accionante y iv) pagar las costas procesales […]”.

4. Manifestó que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha,
mediante sentencia de 21 de marzo de 2023, resolvió acceder a las pretensiones
de la demanda.

5. Indicó que, el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia de
30 de octubre de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR en el marco de la alzada la sentencia de fecha veintiuno
(21) de marzo de dos mil veintitrés (2023) proferida por el juzgado tercero
administrativo del circuito judicial de Riohacha en cuanto estimó parcialmente las
pretensiones de la demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por la señora Rosy Lilian Brito Iguarán contra la E.S.E.
hospital nuestra señora del Carmen de Hatonuevo – La Guajira. En su lugar se
dispone: DENEGAR en su totalidad las súplicas de la demanda. Lo anterior, de

3

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 58. Mediante la sentencia cuestionada, el “a quo” determinó que de la naturaleza
de la función contratada, así como de las pruebas recaudadas en el trámite procesal,
se logró acreditar la subordinación como elemento estructurante de la relación laboral,
y que la señora Brito Iguarán prestó sus servicios de manera personal y remunerada,
por lo que declaró la existencia de una relación laboral durante el periodo reclamado,
en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y ordenó el pago
de las prestaciones sociales a las que tuviera lugar un servidor de la misma categoría.
Consideró además que, dicho pago debe realizarse sólo en el equivalente al periodo
comprendido entre el 1° de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, pues
respecto de los tiempos anteriores operó la excepción de prescripción extintiva en
aplicación de la jurisprudencia unificada expedida por el Consejo de Estado. […]”.

[…]

“[…] 61. Para desatar la alzada, destaca el tribunal que de la valoración integral de
las pruebas debida y oportunamente recaudadas en el “sub judice”, en especial, de
los contratos de prestación de servicios enlistados en acápites antecedentes, se
encuentra debidamente probado que, estos tuvieron por objeto, contratar a la hoy
accionante para que desempeñara labores de bacteriología en el área de laboratorio
clínico de la ESE. […]”.

[…]

“[…] 63. En este punto, la sala considera necesario precisar que, en la sentencia
recurrida se tuvo por acreditada la existencia de la prestación personal del servicio y
la remuneración como elementos constitutivos o integrantes de una relación laboral,
sin que dichos aspectos fueran objeto de cuestionamientos en el recurso de
apelación. Por tanto, el análisis de la sala se centrará en determinar si en el “sub lite”
se estructuró o no el elemento restante, es decir, la subordinación continuada, lo cual
desvirtuaría la presunción de legalidad de los contratos de prestación de servicio
antes enunciados.

64. En este punto resulta indispensable precisar que mediante el decreto No. 078 de
1997 aportado como prueba al plenario, se “transformó” el centro de salud del
municipio de Hatonuevo – La Guajira, en una empresa social del Estado del orden
municipal, cuyo objeto se formuló en los siguientes términos: […]”.

[…]

“[…] 65. De acuerdo con la anterior consideración, se tiene que la actividad para la
cual fue contratada la accionante, consistente en prestar sus servicios profesionales
de bacterióloga en el área de laboratorio clínico de la E.S.E. nuestra señora del
Carmen de Hatnuevo – La Guajira es connatural a la misión y objeto de dicha entidad,
por tanto, tiene vocación de permanencia en el tiempo, no siendo una labor ocasional.

66. Muy a pesar de la anterior circunstancia, así como a la naturaleza de la labor
contratada, no puede tenerse por configurada de manera automática la subordinación
como elemento estructurante de una relación laboral, pues, ello constituye apenas un

4

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

indicio según lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 21
de septiembre de 2021 antes referida -primera regla de unificación-.

67. En ese sentido, es necesario resaltar que el numeral 3° del artículo 32 de la ley
80 de 1993 estableció el contrato de prestación de servicios para que la
administración pudiera contratar a particulares para desarrollar actividades
necesarias para su administración o funcionamiento, por ello, el simple hecho de que
la actividad contratada desarrolle el objeto de la contratante, no desvirtúa la relación
contractual. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha advertido lo
siguiente […]”.

[…]

“[…] 70. Otro de los argumentos expuestos por el “a quo” para fundamentar su
decisión estimatoria, consistió en indicar que, se acreditó en este caso el
cumplimiento de un horario por parte de la accionante, y que desempeñaba sus
labores en instalaciones de la citada E.S.E, con los elementos o materiales que esta
le suministraba; no obstante, estos son otros indicios de la subordinación, por lo que
deben ser analizadas dichas circunstancias de manera armónica con los demás
elementos de juicio recaudados en el plenario, que demuestren la inserción del
empleado en la órbita de influencia directa de la entidad o un direccionamiento de las
labores diarias del contratista […] En ese contexto, para la sala no es posible tener
por acreditada la subordinación como elemento necesario para declarar la existencia
de una relación laboral, pues, no se evidenció de conformidad con la rigurosidad
probatoria que asiste en estos casos a la parte actora, que la labor pactada fue
ejercida mediante subordinación continuada. […]”.

[…]

“[…] 77. Adicional a todo lo expuesto y como de suma relevancia, la sala encuentra
debidamente acreditado que, para la fecha en que se celebraron los contratos de
prestación de servicio analizados, la E.S.E. hospital nuestra señora del Carmen de
Hatonuevo – La Guajira, no contaba en su planta de personal con el cargo de
bacterióloga, según certificación de 2 de diciembre de 2019 expedida por el jefe de la
oficina de recursos humanos, pues este se creó mediante acuerdo No. 009 de 30 de
diciembre de 2014. Debe precisarse que dichas documentales no fueron
controvertidas ni muchos menos desvirtuadas y que debe dárseles pleno valor
probatorio […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Tutelar los Derechos Fundamentales, de mi Poderdante Señora
ROSY LILIAN BRITO IGUARAN, COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA
EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, tales como DERECHO AL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO, DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO,
SEGURIDAD SOCIAL, "BUENA FE" Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA consagrados en la Carta Magna, que le vienen siendo vulnerado
flagrantemente, por parte de la Accionada.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

SEGUNDO: Que se ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
LA GUAJIRA, autoridad judicial accionada, subsanar el error grave y en ese sentido,
revocar la sentencia de segunda instancia Treinta (30) de Octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023), notificada por correo electrónico el día 03 de noviembre del 2023 y
en su lugar, se confirme la decisión de primera instancia del día 21 de marzo del
2023, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Rionacha
(La Guajira), que reconoció la existencia del vínculo laboral entre la demandante y la
entidad de salud demandada, la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL
CARMEN DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO (LA GUAJIRA). […]”.1

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de marzo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de La Guajira; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Riohacha y a la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Hatonuevo – La Guajira, concediéndoles el término de tres (3) días para
rendir informe.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. El Tribunal Administrativo de La Guajira allegó copia digital del expediente
del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
440013340003201600797-01. Además, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela argumentando lo siguiente:

“[…] Respetuosamente se advierte que el asunto sometido a conocimiento de la
honorable corporación carece de relevancia constitucional en cuanto se trata de
disensos que son propios de la dinámica del litigio, y surgidos en curso de un debate
en el que no se afectaron garantías fundamentales, sino que se aplicaron de manera
fundada claros principios constitucionales, normas legales y jurisprudencia vigente.

Ahora, adicional a los requisitos generales, se encuentran las causales especiales de
procedibilidad4, para lo cual se debe evaluar si la providencia incurrió en alguno de
los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii)
defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la
Constitución

Respecto a estos requisitos, se advierte que la acción de tutela señala que se
configuró un defecto fáctico, sin embargo, no desarrolla, argumenta o justifica con
suficiencia las razones por las cuales se configuraría. […]”.

1 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

[…]
“[…] En primer lugar, no es cierto que el tribunal hubiere omitido valorar pruebas
obrantes en el plenario, por el contrario, se efectuó un análisis detallado y
pormenorizado de cada uno de los elementos probatorios debidamente recaudados.

Adicionalmente, si bien se estableció del análisis probatorio que existen en el caso
indicios de subordinación, tales indicios no son suficientes para tener por acreditado
el citado elemento de la relación laboral, pues es necesario valorar los mismos de
manera conjunta con los demás elementos de juicio recaudados.

Es importante señalar que, el sustento jurisprudencial invocado por la parte actora no
es aplicable en el presente asunto, pues según lo demostrado en el proceso ordinario,
la accionante fue contratada para cumplir labores de bacterióloga en la E.S.E., las
cuales no tienen relación con las funciones de auxiliar de enfermería, actividad
respecto de la cual se ha aplicado en algunos casos la presunción de subordinación
o flexibilización del análisis de esta.

Se destaca que, sí se valoró la relativa extensión prolongada de la relación
contractual, aspecto sobre el cual se encontró que los contratos de prestación de
servicio tuvieron como fundamento la ausencia de personal idóneo para cumplir con
las necesidades del servicio, circunstancia esta que permite la contratación de
servicios personales mediante contrato de prestación de servicios según lo previsto
en la ley 80 de 1993, aspecto que no fue desvirtuado por la parte demandante.

En consonancia con los anteriores argumentos señalados, se resalta que lo
pretendido no puede ser discutido por la vía de la acción de tutela, como quiera que,
la acción no está instituida para constituirse en nueva instancia procesal a fin de
discutir los reproches o inconformidades que tengan las partes frente a las decisiones
judiciales que le son adversas.

En ese norte, el accionante pretende por esta vía plantear asuntos que fueron objeto
del resorte del juez natural en la sentencia que fue proferida por el tribunal,
debidamente motivada en sus componentes jurídico-normativo y fáctico-probatorio.
[…]”.

9. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que:

“[…] En mi condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha,
solicito se desestime las pretensiones de la acción de tutela en contra de esta Unidad
Judicial, por cuanto no puede predicarse que haya vulnerado derecho fundamental
alguno; adicional a ello no está demás agregar que en el sub judice tampoco se
cumplen los presupuestos descritos en la jurisprudencia constitucional para que se
configure los derechos que relaciona el accionante, que permita evidenciar la
procedencia de la tutela en contra de este Despacho.

Sea del caso, advertir que como bien lo ha manifestado la Honorable Corte
Constitucional la acción de tutela no puede ser revestida como una tercera instancia
para la revisión y los estudios de los procesos, empero que a pesar de eso la misma
solo procedería bajo premisas puntuales.

Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen
los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de

7

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

procedibilidad de la acción, conforme lo definió la Honorable Corte Constitucional en
la sentencia SU631 DE 2017 adecuados a la especificidad de las providencias
judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad;
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que
el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que
esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible;
(vi) que el fallo impugnado no sea de tutela; (vii) Cuando se denote un defecto material
o sustantivo

Debe constatar así mismo la concurrencia de alguna de las causales específicas de
procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto
orgánico sustantivo, procedimental o fáctico; error inducido; decisión sin motivación;
desconocimiento del precedente constitucional; y violación directa a la constitución.

Por lo expuesto anterior (sic), se concluye sin duda alguna que este Despacho judicial
no vulneró en ningún momento los derechos fundamentales del tutelante, por lo que
solicito, respetuosamente, al Honorable Consejero de Estado declare improcedente
la acción de tutela frente a esta Unidad Judicial. […]”.

10. La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Hatonuevo – La Guajira
guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

14. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; viii) análisis del caso concreto y
finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

16. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201410, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Ut supra página 6.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa

[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

12

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes

[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

24. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

20 Ibidem.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

15

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

28. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, legua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan. […]”.

29. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

30. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de

23 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

32. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

33. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad

18

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos” […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

34. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

35. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha considerado lo siguiente24:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Análisis del caso concreto

36. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de
octubre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

24 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

radicación 440013340003201600797-01, vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la seguridad
social y al trabajo.

37. Visto los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

38. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

39.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 440013340003201600797-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional

40. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente25:

25 Transcripción literal del texto.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

“[…] Inmediatez: La presente acción de tutela, se instaura en el término legal, teniendo
en cuenta que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA,
autoridad judicial accionada, profirió la sentencia de segunda instancia el día Treinta
(30) de Octubre de Dos MIl Veintitrés (2023), la cual fue notificada por correo
electrónico el día 03 de noviembre del 2023, a la presente, solo han transcurrido tres
(3) meses después de la decisión, por tanto, satisface la exigencia de inmediatez.
EL DEFECTO FÁCTICO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDENCIA DE LA
PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL FALLO PROFERIDO POR EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA.

En la presente acción de tutela contra el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, consideramos que el operado judicial, al proferir
la sentencia del Treinta (30) de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), incurrió en un
defecto factico, porque se debe tener en cuenta la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la cual ha sido clara en resaltar que los jueces ordinarios tienen
amplias facultades discrecionales para efectuar el análisis de material probatorio en
cada caso concreto. Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe
estar inspirado en los principios de la sana critica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución
y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad seria entendida como arbitrariedad judicial,
hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela
podria revocar la providencia atacada, Conforme a la jurisprudencia constitucional, el
defecto fáctico "surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión". En ese sentido, la
Corte ha señalado que este tipo de yerro tiene relación con la actividad probatoria
desplegada por el juez, y comprende tanto el decreto y la práctica de pruebas, como
su valoración. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional en el proceso judicial ordinario, la protección
de la acción de tutela por defecto fáctico puede configurarse cuando la actuación
probatoria del juez permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que
teng una incidencia directa en la decisión adoptada. […]”.

[…]

“[…] EL CONTRATO REALIDAD OCULTO EN SUCESIVOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.

En la presente acción de tutela en contra del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, se instaura, porque dicho operador judicial, no
tuvo en cuenta, la valoración probatoria, en el sentido, que la Accionante, laboró
durante CUATRO (4) AÑOS, es decir, que los contratos celebrados, no fueron por el
término estrictamente indispensable, tal como lo prevé el artículo 32 de la Ley 80/93,
en la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE
HATONUEVO (LA GUAJIRA).

La figura más utilizada para ocultar una relación laboral es el contrato de prestación
de servicios. Esta figura contractual, que por su naturaleza es de carácter temporal y
está dirigido al ejercicio de funciones especializadas y ajenas al giro común de la
entidad contratante, termina siendo desdibujada para eludir responsabilidades, entre
ellas, el pago de las obligaciones laborales que le corresponden al empleador. […]”.

[…]

21

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

“[…] 22. Así, la prueba indicarla es fundamental para acreditar la existencia de una
verdadera relación laboral y el operador jurídico está llamado a prescindir de los
elementos formales que envuelven el contrato con el objetivo de establecer la
verdadera definición del vínculo, pues existe libertad probatoria a la hora de acreditar
la existencia de los elementos constitutivos del contrato realidad.

23. La subordinación se presume en las auxiliares de enfermeras En el caso de los
contratos de prestación de servicios entre una entidad pública prestadora del servicio
de salud y los auxiliares de enfermería, el Consejo de Estado ha identificado que *la
regía general es la de la subordinación, por la que ésta se debe presumir. En
consecuencia, le corresponderá a las entidades demandadas desvirtuar dicha
presunción. Lo anterior, teniendo en cuenta que dada la naturaleza de las funciones
de un auxiliar de enfermería, se puede deducir que esta labor no puede
desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen esta ocupación no
pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios En este sentido, al
demostrar que se ejerció la función de auxiliar de enfermería de manera permanente,
se invierte la carga de la prueba y será la entidad contratante la que deba desvirtuar
dicha apreciación […]”.

41. Al respecto, la Sala advierte que la actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico26, toda vez que no indicó
i) específicamente que medios probatorios obrantes en el expediente, fueron
valorados erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios
probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar
que la valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e
irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales.

42. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el
defecto fáctico ha considerado lo siguiente27:

“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales28.

Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la

26 Frente a la carga argumentativa mínima para efectos de estructurar el cargo por defecto fáctico, ver entre

otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00342-00.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de

2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
28 Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto fáctico,

ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible
un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).

43. Además de lo anterior, la Sala advierte que el asunto controvertido por la
actora ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de
tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita
reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la
entidad judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

44. Para la Sala, la actora plantea la afectación de derechos fundamentales que
tiene su origen en últimas en un debate estrictamente legal y probatorio el cual ya
fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

45. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional. A juicio del máximo
Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la
“[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

46. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia

23

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

47. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

48. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

49. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social y al trabajo enunciados por la actora, no se evidencian en el caso sub
examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y
respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental
de un sujeto de especial protección constitucional.

50. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

51. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien

24

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

la actora enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

52. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202400830-00
Actora: Rosy Lilian Brito Iguarán

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.