Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00848-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de mayo de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-15-000-2024-00848-00
Demandante: Imelda Gómez Carillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00848-01
Demandante: Imelda Gómez Carillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Incumplimiento
de requisito de procedibilidad. Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 8 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente la tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Imelda Gómez Carrillo, por intermedio de apoderado, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la cosa juzgada, a la inmutabilidad de las sentencias, así como los principios
constitucionales de igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración
mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, y situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho.
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Demandante: Imelda Gómez Carillo
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 25
de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso ejecutivo laboral con radicación
11001-33-42-052-2017-00456-02 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una
nueva decisión atendiendo lo previsto en el literal e) artículo 36 del Decreto Ley 1042
de 1978, respecto a los días compensatorios por exceso de horas extras negadas al
omitir su liquidación.
1.1.2. Los hechos
El apoderado de la parte accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) La señora Imelda Gómez Carrillo laboró como empleada del Distrito Capital-Unidad
Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá cumpliendo 15 turnos de 24
horas, para un total de 360 horas mensuales.
ii) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales le fue negado
el reconocimiento y pago de las horas extras, descansos compensatorios, reliquidación
y cancelación de diferencias por concepto de recargos nocturnos ordinarios, y festivos
diurnos y nocturnos, así como la reliquidación y pago de las diferencias generadas por
la no inclusión de todo lo anterior en la liquidación de las primas de servicios, de
vacaciones y de navidad, así como los demás factores salarias y prestacionales, por
el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2006.
iii) Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2011, el Juzgado Octavo Administrativo
de Descongestión de Bogotá concedió las pretensiones de la demanda.
iv) A través de sentencia del 15 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, modificó la
sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar a la demandada a reconocer
y pagar las horas extras diurnas y nocturnas mensuales laboradas en exceso de la
jornada máximo legal para empleados públicos territoriales, fijadas en 190 horas
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Demandante: Imelda Gómez Carillo
mensuales los compensatorios por exceso de horas extras, los recargos ordinarios
nocturnos, los recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, los compensatorios
por trabajo en días dominicales y festivos y la reliquidación de prestaciones sociales.
v) Promovió demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se librara mandamiento de pago por
la suma de $56.617.812, por concepto de capital indexado hasta la ejecutoria de la
sentencia del 15 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, capital correspondiente al período
comprendido entre el 3 de octubre de 2006 y el 16 de febrero de 2011.
vi) Mediante auto del 20 de abril de 2018, el Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del
Circuito del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, libró el mandamiento de
pago solicitado a favor de la señora Imelda Gómez Carrillo y en contra de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
vii) A través de sentencia del 21 de abril de 2022, el Juzgado declaró no probadas las
excepciones presentadas por la parte ejecutante y modificó el literal b del numeral 1°
del mandamiento de pago librado en el auto del 20 de abril de 2018, en cuanto a los
intereses allí ordenados, señalando que deberán liquidarse teniendo en cuenta los
parámetros del CCA, y especialmente con base en las liquidaciones del crédito
elaboradas por las partes y, en su lugar, seguir adelante con la ejecución en favor de
la señora Imelda Gómez Carrillo y en contra del Distrito Capital – UAE Cuerpo Oficial
de Bomberos por la suma de $ 56.617.812.
viii) Mediante sentencia del 25 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, modificó el numeral segundo de la
sentencia proferida del Juzgado para establecer que el saldo de la obligación
adeudada era de $ 11.595.454, valor que corresponde a las diferencias no canceladas
por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos en días de descanso
obligatorio, y de $ 42.913.094, que corresponden a los intereses moratorios causados
desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 31 de octubre de 2022.
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ix) Por auto del 17 de noviembre de 2023, el Tribunal negó las solicitudes de
aclaración, corrección y adición presentadas por la demandante.
1.1.3. Los defectos endilgados
En sentir del apoderado de la parte accionante, el fallo del Tribunal incurrió en los
siguientes vicios o defectos:
i) En la liquidación realizada por el Tribunal solo se tuvieron en cuenta las horas extras
diurnas, las reliquidaciones de recargos del 35%, 200%, 235, omitiéndose lo
relacionado con las horas extras nocturnas y la liquidación de los compensatorios por
excesos de horas extras, previstos en el literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042
de 1978, así como el reconocimiento de primas y cesantías estipuladas en las
sentencias de recaudo.
ii) En la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015, expediente 25000-23-25-
000-2010-00725-01, el Consejo de Estado, Sección Segunda, ordenó la reliquidación
de los recargos laborados y pagados al actor, tomando como parámetro el 200% para
los dominicales y festivos diurnos, y del 235% para los recargos de los dominicales y
festivos nocturnos.
iii) También se desconoció lo resuelto en un caso análogo proferido el 2 de junio de
2022, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso
ejecutivo con radicación 25000-23-42-000-2019-01070-01 (4032-2021).
iv) Asimismo, es de mencionar que en un caso con circunstancias fácticas similares al
presente, resuelto en sentencia del 22 de junio de 2023, por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 25000-23-42-000-2018-01477-01 (4303-2022), se revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se dispuso la reliquidación de los recargos
festivos diurnos y festivos nocturnos con el 200% y 235%, respectivamente, sobre las
190 horas de la jornada máxima legal mensual, conforme a los artículos 35 y 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978.
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v) De igual forma, en las sentencias de tutela del 10 de junio de 2021, del Consejo de
Estado, Sección Quinta, expediente 11001-03-15-000-2021-01379-00; del 9 de
septiembre de 2021, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
expediente 11001-03-15-000-2021-05248-00; y del 25 de septiembre de 2023, del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 11001-03-15-000-
2023-04299-00, entre otras, al analizarse casos idénticos al de marras se reconoció la
existencia de los defectos fáctico y sustantivo.
1.2. Actuación procesal
Mediante auto del 26 de febrero de 2024, la consejera de Estado María Adriana Marín
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar del proveído al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como
demandado, así como terceros con interés se vinculó al alcalde, al secretario de
Gobierno y al director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, interesados en las resultas del proceso toda vez que integraron
el extremo activo en el proceso ejecutivo con radicado 11001-33-42-052-2017-00456-
02, entregándoles copia de la demanda y de los anexos, para que, en el término de
dos (2) días y por el medio más expedito, ejercieran su derecho de defensa siempre
que lo consideraran pertinente y necesario; y ii) notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. De igual forma, tuvo como pruebas, con el valor que les
asigna la ley, los documentos aportados con la demanda; y reconoció al abogado
Jairo Sarmiento Patarroyo como apoderado de la parte demandante, en los términos
del poder conferido.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Juzgado 52 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió el
enlace para consulta del expediente requerido.
1.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, solicitó negar el amparo solicitado al considerar que no se configuran
las causales de procedencia invocadas, en atención a lo siguiente:
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i) El accionante no señaló expresamente el defecto en el que, presuntamente, incurrió
la Sala de decisión enjuiciada; en todo caso, del contenido del escrito de la tutela se
extrae que la parte actora considera que se incurrió en violación directa de la
Constitución, por transgredirse los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, por desconocimiento del principio
de la cosa juzgada, al modificarse lo ordenado en el titulo ejecutivo contenido en las
sentencias de recaudo, pues se abstuvo de calcular el pago de las horas extras
diurnas, compensatorios por exceso de horas extras y la reliquidación de las cesantías
con la inclusión del trabajo suplementario.
ii) No existe violación directa de la Constitución, pues una vez analizado el título
ejecutivo, la Sala concluyó que a la ejecutante debió reconocérsele por concepto de
horas extras y reliquidación del trabajo suplementario, la suma de $27.789.256, de los
cuales, la entidad ejecutada reconoció dieciséis $16.193.802; lo cual arrojó un capital
pendiente de pago de $11.595.454.
iii) Ahora bien, también controvirtió el desconocimiento de fallos del Consejo de Estado
proferidos en sede de tutela, emitidos en casos similares al presente, empero, tal y
como lo ha señalado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en asuntos
similares, esta clase de decisiones no constituyen precedente.
1.3.3. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, manifestó que la tutela es
improcedente por no cumplir con los requisitos de procedibilidad, toda vez que, contra
la sentencia cuestionada procedía el recurso extraordinario de revisión.
1.4. Sentencia impugnada
El 8 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró
improcedente la solicitud de amparo, en atención a las siguientes consideraciones:
i) La acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, al no
cumplirse con la carga argumentativa mínima exigida por la jurisprudencia
constitucional para cuestionar providencias judiciales.
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ii) Si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con la decisión proferida por el juez
de segunda instancia en el proceso ejecutivo, y que, incluso, como lo dedujo la
autoridad judicial accionada, se puede identificar como causal específica de
procedibilidad una eventual violación directa a la Constitución, lo cierto es que no
explicó con claridad suficiente en qué consiste la transgresión invocada.
iii) Por consiguiente, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que
resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros suficientes
para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.
1.5. Impugnación
El 15 de abril de 2024, el apoderado de la parte actora impugnó la sentencia de primera
de instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones
de tutela. Señaló que el caso si cumple con la relevancia judicial exigida y, para dichos
efectos, reiteró lo expuesto en el libelo.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Cuarta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 25 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-42-052-2017-
00456-02. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de
la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-42-052-2017-00456-02, la Sala
establece lo siguiente:
i) La señora Imelda Gómez Carrillo, mediante apoderado, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Distrito Capital-Unidad
Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá, con las siguientes
pretensiones:
PRIMERA: Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra del DISTRITO CAPITAL-UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, y a favor de la
señora IMELDA GÓMEZ CARRILLO, por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTOS (sic)
DIEZ Y SIETE MIL OCHO CIENTOS DOS PESOS ($ 56.617.812) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de capital indexado hasta la ejecutoria de la sentencia del 15 de octubre de
2013 proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “E” que adicionó, revocó parcialmente y modificó la proferida por el Juzgado
708 Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá de fecha 30 de noviembre
de 2011, dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
expediente 11001 33 31 708 2010 00 220 00 demandante IMELDA GÓMEZ CARRILLO,
demandado DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ, liquidación realizada conforme con la sentencia, capital
correspondiente al período comprendido entre el 3 de octubre de 2006 hasta el retiro del
servicio 16 de febrero de 2011.
SEGUNDA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar los
intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia
Financiera obrante en la certificación original que se allega con la demanda, respecto a
la suma de $ 56.617.812 entre el 29 de octubre de 2013 hasta cuando se realice el pago
total de la obligación de la primera pretensión.
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TERCERA: Condenar en costas a la Entidad demandada acorde con lo consagrado en la
Ley 1437 de 2011 en su artículo 188 en concordancia con el artículo 392 del Código
General del Proceso”.
ii) El 20 de abril de 2018, el Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá, libró el mandamiento de pago solicitado a favor de la señora Imelda Gómez
Carrillo y en contra de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá.
iii) El 25 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, Sistema Oral, modificó el numeral segundo de la sentencia
de primera instancia, en el siguiente sentido:
SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a favor de la señora Imelda
Gómez Carrillo y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos por la suma de once millones quinientos noventa y cinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($11.595.454), valor que corresponde a las
diferencias no canceladas por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos
en días de descanso obligatorio ordenadas en las sentencias proferidas por el Juzgado
Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y esta
Corporación los días 30 de noviembre de 2011 y 15 de octubre de 2013.
Por la suma de cuarenta y dos millones novecientos trece mil noventa y cuatro pesos
con ochenta y un centavos ($42.913.094,81) que corresponden a los intereses
moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 31 de octubre de 2022.
Los intereses moratorios seguirán causándose a partir del 1º de noviembre de 2022 y
hasta que se pruebe el pago total de la obligación, tomando como base lo que se
adeudan por concepto de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos y
cesantías, (esto es, por $11.595.454), aplicando como tasa de interés el 1,5 veces del
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera”.
iv) El 17 de noviembre de 2023, el Tribunal negó las solicitudes de aclaración,
corrección y adición presentadas por los demandantes.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
Señala la accionante, en sede de impugnación, que el asunto sometido a juicio cumple
con el requisito de relevancia constitucional, pues el Tribunal accionado vulneró sus
derechos fundamentales al analizar indebidamente la jurisprudencia del Consejo de
Estado en sede de lo contencioso administrativo y constitucional, respecto de la
aplicación e interpretación del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978.
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Pues bien, es de advertir ab initio que, en tratándose de asuntos dirigidos a cuestionar
providencias adoptadas en juicios ejecutivos que condenan al pago de sumas
dinerarias, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento de la causal de
procedibilidad de «relevancia constitucional».
Lo anterior, en atención a que la Corte Constitucional —en lo referente a dicha
causal—4 ha decantado una sólida línea jurisprudencial en la que ha reiterado que su
establecimiento tiene como propósitos principales: «i) el respeto por las competencias
de las jurisdicciones; ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal o con un marcado contenido económico».5
En tal sentido, ha referido que solo la evidencia prima facie de una afectación o
vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales permite
superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias
judiciales6, por lo que, para verificar su cumplimiento, el juez de tutela debe concluir i)
que el asunto tiene trascendencia para interpretar, aplicar y/o desarrollar la
Constitución Política o para determinar el contenido y alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limita a una discusión meramente legal, como
la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario —
salvo que se explique con suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una
norma legal afectó garantías constitucionales—,7 o de contenido económico, por
4 La cual puede consultarse, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022.
5 Sentencia SU-573 de 2019.
6 Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates
acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia
constitucional necesaria para habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de controlar
las decisiones proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.
7 No significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de normas
de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida
aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos fundamentales.
Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal
con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por
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tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares
o privadas, que no representen un interés general —salvo que se comprometa algún
derecho fundamental—,8 y iii) que existe justificación razonable de una afectación
grave y/o desproporcionada de derechos fundamentales, producto de una actuación
arbitraria.9
En el sub judice, se advierte, en igual sentido que lo concluyó el a quo que no se reúne
el presupuesto de relevancia constitucional, dadas las siguientes circunstancias:
En primer lugar, porque al involucrarse el juez de tutela en la decisión adoptada por el
ordinario, estaría permitiendo que este instrumento se convierta en una instancia o
recurso adicional, lo cual desnaturaliza la vía de amparo, pues tendría que entrar a
discernir asuntos de mera interpretación, como si se tratara del juez natural de la
causa, máxime cuando la providencia enjuiciada se fundamentó en jurisprudencia que
válidamente podía tomarse en cuenta, en tanto sobre la aplicación del artículo 36 del
Decreto Ley 1042 de 1978, existen varias líneas de interpretación.
En segundo lugar, porque corresponde preservar la competencia e independencia del
Tribunal en la adopción de su decisión, ya que el apoderado de la parte actora acude
a esta instancia constitucional manteniendo sus argumentos en un debate que ya fue
definido en el proceso, y ello deviene en una reiteración de circunstancias fácticas y
jurídicas que fueron sometidas a estudio y sobre las que ya se profirió una decisión de
fondo. Los alegatos de la parte actora lo que avizoran es que se utiliza el mecanismo
de amparo como una instancia adicional para plantear un nuevo debate del asunto que
no le corresponde definir al juez de tutela.
qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías constitucionales. SU-
215 de 2022.
8 Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza
económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las
que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa;
(iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. SU-215 de 2022.
9 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela contra providencia judicial fue instituida
como un mecanismo extraordinario de protección de derechos fundamentales que
puedan verse afectados a partir de las decisiones adoptadas en el marco de un
proceso judicial, por lo que, dada su naturaleza, la procedencia y estudio debe ceñirse
a una serie de límites constitucionales que tienen por objeto impedir que sea utilizada
como una tercera instancia, pues ello sería invadir la esfera propia del juez natural de
la causa y, por contera, su autonomía e independencia judicial en la solución de la litis.
Además, se traen a colación sentencias de tutela en las que se ha reconocido la
existencia de los defectos fáctico y sustantivo por indebida interpretación y aplicación
de lo consagrado en el literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto
a los días compensatorios por exceso de horas extras negados de plano al omitir su
liquidación de recargos, festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del
235%, con el factor de 190 horas mensuales como jornada máxima legal, cuando lo
cierto es que las sentencias de tutela no comportan precedente jurisprudencial dados
sus efectos inter-partes, es decir, que no van más allá del caso objeto de controversia,
de tal suerte que las consideraciones allí planteadas solo sugieren un antecedente
jurisprudencial que no obligan al operador jurídico a su aplicación.
En tercer lugar, la decisión cuestionada, de manera esencial, no involucra la afectación
de derechos fundamentales, en tanto que, según se evidencia, lo pretendido por la
parte actora no atañe —en estricto sentido— con la protección de derechos laborales
como el mínimo vital, sino que versa en reconocimientos que sin lugar a equívocos
quedan envueltos en conceptos exclusivamente de carácter económico, como lo es la
inclusión en la liquidación efectuada de los valores que debía cancelar la entidad
ejecutada por concepto de compensatorios por exceso de horas extras laboradas y
moratorios.
Visto lo anterior, la Sala concluye que no está demostrada la relevancia constitucional
del presente asunto, en tanto el apoderado de la accionante no propuso una discusión
alrededor de las garantías superiores de la carta política de 1991, sino que se limitó a
extender el debate legal propuesto en el recurso de apelación; y en tal sentido,
corresponde el rechazo de la acción de tutela.
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3. Conclusión
Con los argumentos expuestos, la Sala confirmará lo resuelto en primera instancia en
cuanto declaró improcedente el amparo constitucional al no cumplirse en el caso con
el requisito de «relevancia constitucional».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la Sentencia del 8 de abril de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la solicitud de
amparo, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclaración de voto
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ANGH.
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