Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00851-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00851-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00851-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
2 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00851-00
Accionante: Wilson Palomo Enciso
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Wilson Palomo Enciso
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 21 de febrero de 20241 el señor Wilson Palomo Enciso, en nombre propio,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, al acceso a cargos públicos, al
trabajo y a la igualdad que considera vulnerados con ocasión de las resoluciones
EJR23-116 del 22 de junio de 2023 y EJR23-296 del 31 de agosto de 2023 a través
de las cuales la entidad accionada negó la solicitud de homologación y se le exoneró
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en el marco de la Convocatoria 27 para
proveer cargos de magistrados y jueces al interior de la Rama Judicial.
1.1. Hechos
1.1.1. El señor Palomo Enciso se inscribió en la Convocatoria 273 (Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018) para ocupar el cargo de Magistrado de
Tribunal Administrativo y fue admitido según lo definió la Resolución CJR23-0061
del 08 de febrero de 20234.
1.1.2. En la Fase III de la etapa de selección, el actor presentó solicitud de
homologación y/o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial ─ CFJI5,
1
Índice 1, expediente de tutela digital.
2
Obra a folios 42-50, certificado 22089B2D5D8DF98E CD9767A4A45C963C BE7190BEF1BB1CB0 DCCD7785C44CA7F7,
índice 2, expediente de tutela digital.
3
Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018.
4
Obra en los certificados 9A808AFAE0978126 CCF90A9608B3C078 9EF55020A05C9905 92656DEF36C8815A y
870F7C95F9287C9E 670918154377CCA8 427373D9648232C4 EDF2EB9F0BD1923D, índice 2, expediente de tutela digital.
5
Folios 31-33, 22089B2D5D8DF98E CD9767A4A45C963C BE7190BEF1BB1CB0 DCCD7785C44CA7F7, índice 2,
expediente de tutela digital.
2
Sentencia de primera instancia
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Accionante: Wilson Palomo Enciso
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toda vez que, adelantó el VI CFJI, llevado a cabo en la Convocatoria 20 para Jueces
Civiles del Circuito, en el que obtuvo como nota final un puntaje de 946,326, sin
embargo, en su condición de juez civil del circuito obtuvo una calificación integral de
91 puntos7.
1.1.3. En Resolución No. EJR23-116 del 22 de junio de 20238, el Consejo Superior
de la Judicatura ─ Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” resolvió diversas
solicitudes de exoneración y/o homologación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial y en específico, negó la homologación del actor y, en subsidió, lo exoneró del
curso asignándole la nota de la calificación integral del servicio, multiplicada por 10,
esto es, 910 puntos.
Al respecto, en la referida resolución se explicó que correspondía negar la solicitud
de homologación, toda vez que los solicitantes fueron funcionarios judiciales de
carrera en la Rama Judicial y la homologación únicamente procede para el aspirante
que no hubiese ostentado cargo de funcionario en carrera. Respecto a la
exoneración, refirió que lo procedente era multiplicar el puntaje de la última
calificación integral de servicios en firme por 10.
1.1.4. El accionante repuso la anterior resolución9. A través de la Resolución
EJR23-296 del 31 de agosto de 2023 se resolvió confirmar la resolución recurrida,
dado que no es posible que los dicentes escojan libremente la figura jurídica que
más les convenga. En tal sentido, se precisó que se aplicó lo consagrado en el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
1.2.1. El accionante asegura que la entidad demandada desconoció sus derechos
fundamentales en la medida que no accedió a inaplicar por inconstitucionalidad el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, con el
propósito de que se remuevan aquellas reglas que lo afectan de manera grave y
directa, al impedirle optar por la condición más favorable entre las figuras de
homologación y exoneración.
6
Folio 40, Ibídem.
7
Folios 1-3, Ibídem.
8
Folios 9-17, Ibídem.
9
Obra en el certificado B7B36A6C76563C37 E08ABD51D81110BE DBC7F23DFB2F5AC1 0F03D32B44E01B8B, índice 2,
expediente de tutela digital.
3
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Comenzó por señalar que la acción de tutela es procedente, en la medida que no
existe un mecanismo judicial que permita demandar la protección de los derechos
fundamentales infringidos, teniendo en cuenta que los actos administrativos
cuestionados son meros actos de trámite, contra los que no se puede ejercer ningún
medio de control previsto en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En cuanto al fondo del asunto, expuso que no existe razón atendible para quienes
estando en las dos condiciones (homologación y exoneración) no puedan optar por
la que más los beneficie. Además, no encuentra justificación para dar un trato
diferente por el solo hecho de ostentar o de haber ostentado la condición de
funcionarios públicos.
Expuso que el Acuerdo Pedagógico estableció un sistema de homologación y
exoneración, reservando la primera figura para quienes, habiendo sido discentes en
convocatorias pasadas, realizaron y aprobaron un curso o varios, caso en el cual,
pueden escoger la nota más alta, y a su vez, reservó la segunda figura para quienes
hayan sido funcionarios o lo sean en la actualidad, siendo “homologable” el puntaje
obtenido en la última calificación integral de servicios. Bajo este escenario, para el
actor no existen razones para que se impida a quienes están en ambas situaciones
fácticas, optar por la que más les beneficie.
En cuanto a la exoneración, refirió que la fórmula aplicada vulnera el derecho a la
igualdad, toda vez que existe un grupo de concursantes a quienes en su momento
la calificación del curso partía de 600 puntos, mas no de 800 como se exige
actualmente; a aquellos, se les permitió no solamente trasladar el puntaje obtenido,
sino adicionarlo con un 0.5, lo que genera un desequilibrio.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Se me amparen los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a cargos
públicos, trabajo e igualdad, vulnerados por CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” en el desarrollo del procedimiento
administrativo adelantado con ocasión a la Convocatoria n ° 27 para proveer cargos de
magistrados y jueces.
Se deje sin efectos la negativa de homologación contenida en los mencionados actos
administrativos con lo que resolvió mis peticiones, y en su reemplazo se disponga que es viable
optar entre la homologación y exoneración, según la situación más beneficiosa, en consecuencia,
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se me reconozca el puntaje obtenido en el curso de formación judicial que adelanté en anterior
oportunidad.”10.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
Mediante auto del 22 de febrero de 202411 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, a quien se le indicó que debía publicar la notificación de esta tutela en el
vínculo de la convocatoria respectiva para que los interesados participaran en este
asunto, si a bien lo tenían.
2.1. Contestaciones
2.1.1. La directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla12 manifestó que la
acción de tutela es improcedente, dado que las resoluciones atacadas
corresponden a actos administrativos que se expidieron con el fin de dar respuesta
a la petición de homologación que realizó el aspirante. En consecuencia, le
corresponde al tutelante hacer uso de los medios de control dispuestos por la Ley
1437 de 2011 para atacar dicha decisión, es decir, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Agregó que el aspirante no cumplió con la totalidad
de los requisitos establecidos en la norma que regula el proceso de selección para
homologarlo, sin embargo, reunió los requisitos para ser exonerado del IX CFJI
conforme con las reglas de la convocatoria.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela para cuestionar los actos en concursos de
10
Folio 48, certificado 22089B2D5D8DF98E CD9767A4A45C963C BE7190BEF1BB1CB0 DCCD7785C44CA7F7, índice 2,
expediente de tutela digital.
11
Obra en el certificado 129E1A73B9FE2388 9448BA1163182BFA C46D0ED34661F5FB 9E51C8FA5F8BF702, índice 4.
12
Obra en el certificado 31A71AD3CE04ADD0 215369069B6827AA E13388E4D3500292 C20DD425125C55F8, índice 9.
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Sentencia de primera instancia
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méritos. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.
3. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
3.1. La subsidiariedad como requisito general de procedibilidad de la acción de
tutela aparece claramente expresada en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución Política13 y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 199114,
normatividad conforme con la cual dicha acción solo resulta procedente cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la ejerza como
mecanismo transitorio para evitar la causación de un perjuicio irremediable 15. De
haber lugar al amparo, en el primero de los casos la orden de protección sería
definitiva y, en el segundo, transitoria.
3.2. En la sentencia SU-067 de 2022 la Corte Constitucional estableció los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela en el marco de los concursos
de mérito, así: “Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se
presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii)
configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo”.
Estos, serán analizados a continuación, en el caso concreto.
3.3. En este caso, las Resoluciones mediante las cuales el Consejo Superior de la
Judicatura ─ Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla negaron al accionante la
homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial, pueden ser demandadas
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ─ CPACA, por
13
Artículo 86. Numeral 3º. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
14
Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
15
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto Tribunal ha precisado que el perjuicio irremediable “se
configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de
manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Corte Constitucional,
sentencia T-634 de 2006. Sobre las características del perjuicio irremediable, la Corte Constitucional, en sentencia T-1316 de
2011 señaló que este debe ser inminente o próximo a suceder, grave, que requiera de medidas urgentes para superar el daño
y, por último, las medidas de protección deben ser impostergables.
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Sentencia de primera instancia
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tratarse, en principio, de actos administrativos de carácter definitivo16 que contienen
la manifestación plena y acabada de la voluntad de la entidad en torno a la
imposibilidad de los dicentes de escoger entre las figuras de homologación y
exoneración de acuerdo a sus conveniencias.
3.4. En este asunto no se configura un perjuicio irremediable en la medida en que
el accionante está habilitado para continuar con el proceso de selección establecido
en la Convocatoria 27, dado que le fue asignado un puntaje en aplicación de la
figura de exoneración. En tal medida, el aludido perjuicio se configuraría si la entidad
accionada obstaculizara o negara su continuidad en el proceso meritocrático.
3.5. Finalmente, este caso no plantea un problema constitucional que desborde el
marco de competencias del juez administrativo, en la medida que se pretende
controvertir una interpretación en relación con las normas para aplicar las figuras de
homologación y exoneración en el marco del proceso de selección para la provisión
de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en el que la entidad accionada indicó
que: (i) en la Resolución No. EJR23-116 del 23 de junio de 2023 se negó la solicitud
de homologación que presentó el aspirante, toda vez que es funcionario de carrera
en la Rama Judicial y esta figura únicamente procede para el discente que no
hubiese ostentado cargo de funcionario en carrera y (ii) el actor cumplía con los
presupuestos necesarios para reconocerle el beneficio de la exoneración del IX
Curso de Formación Judicial Inicial y se sustituyó la evaluación de las dos subfases
del Curso de Formación Judicial Inicial con la equivalencia de la última calificación
integral de servicios en firme, esto es, con 910 puntos.
En tal sentido, las inconformidades propuestas no desbordan la competencia propia
del juez administrativo en orden a determinar la manera en que se deben aplicar las
figuras de homologación y/o exoneración en este caso concreto, por lo que la
intervención del juez constitucional excede su marco de competencias.
4. En consecuencia, el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se
encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2021 (expediente 11001-03-15-000-
2021-05927-01 AC). Postura reiterada por la Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 22 de febrero de 2024
(expediente 1001-03-15-000-2023-04922-00 AC).
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Sentencia de primera instancia
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Accionante: Wilson Palomo Enciso
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En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por el
señor Wilson Palomo Enciso, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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