Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00855-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00855-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00855-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00074-00
Accionante: Gloria Cristina Sarmiento Fonseca, como agente
oficioso de la comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de
Buenos Aires.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00855-00
Accionante: Gloria Cristina Sarmiento Fonseca, como agente oficioso de la
comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de
Buenos Aires (Cauca).
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela, con el fin de que se ordene la presencia
permanente de la Fuerza Pública en el corregimiento de Timba en
el municipio de Buenos Aires (Cauca). Falta de legitimación en la
causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Cristina Sarmiento
Fonseca, como agente oficioso de la comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba,
municipio de Buenos Aires (Cauca), en contra de la Presidencia de la República, de la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Gloria Cristina Sarmiento Fonseca, como agente oficioso de la comunidad
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Accionante: Gloria Cristina Sarmiento Fonseca, como agente
oficioso de la comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de
Buenos Aires.
afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de Buenos Aires (Cauca),
promovió demanda en orden a que se tutelen los derechos fundamentales a la vida,
seguridad personal y libertad. En consecuencia, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERA: ORDENAR al Presidente (sic) de la República, al Ministro de Defensa,
al Comandante (sic) del Ejército Nacional y al Director (sic) de la Policía Nacional que
RESTITUYAN LA PRESENCIA EFECTIVA Y PERMANENTE DE LA FUERZA
PÚBLICA en la comunidad de Timba, para cumplir con su obligación constitucional e
internacional de protección de los derechos de la población.
SEGUNDA: ORDENAR al Ministro (sic) de Defensa que indique públicamente el
nombre del comandante militar de la zona que tendrá la responsabilidad de garantizar
la efectiva aplicación de las órdenes de protección de la comunidad e informe
formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo su
nombre, todo dentro de las 48 horas siguientes a la adopción de la sentencia […]».
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) La comunidad afrodescendiente de Timba se encuentra ubicada en el municipio de
Buenos Aires (Cauca), la cual no se encuentra conformada como consejo comunitario
bajo la Ley 70 de 1993, sino como un corregimiento ordinario de ese ente territorial.
ii) A pesar de encontrarse dicha comunidad ubicada en un sitio estratégico de
movilidad de grupos ilegales, especialmente, de la guerrilla, siempre había presencia
de la Fuerza Pública, por medio de la estación de policía de ese municipio.
iii) Sin embargo, debido a los atentados terroristas perpetrados el 13 de agosto de
2023 y el 20 de septiembre de igual anualidad por «la guerrilla Estado Mayor Central
de las FARC» en contra de la Subestación de Policía del corregimiento del Timba, «los
altos mandos de la Policía Nacional decidieron retirar a los uniformados que hacían
parte de esta Subestación», por lo que el corregimiento quedó sin presencia de la
Fuerza Pública.
iv) El 9 de octubre de 2023, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1640 de 2023,
mediante el cual ordenó la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las
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Buenos Aires.
operaciones especiales de la Policía Nacional contra los integrantes del Estado Mayor
Central de las FARC, «cuya medida fue renovada a través del Decreto 1684 de 2023».
v) El 11 de octubre de 2023, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de
Inminencia núm. 036-23, por la situación de riesgo para la población civil que habita
en los municipios del Cauca y del Valle del Cauca, entre los cuales se encuentra el de
Buenos Aires, por la posible ocurrencia de acciones bélicas.
1.1.3. Fundamentos de derecho
La señora Gloria Cristina Sarmiento Fonseca afirmó que interpuso acción de tutela,
como agente oficiosa de la comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba del
municipio de Buenos Aires (Cauca), para obtener la protección de los derechos
fundamentales a la vida, seguridad personal y libertad de esta, debido a que, por la
desprotección de la Fuerza Pública, la población de ese corregimiento se encuentra
sometida a los actos violentos de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central
de las FARC.
Al respecto, afirmó que el Estado incurre en una violación abierta y plena de su
obligación internacional y constitucional de proteger a todos los habitantes del territorio
nacional, al renunciar al ejercicio de la soberanía nacional mediante la presencia y
acción de las autoridades civiles y militares en la población de Timba y «entregar este
extenso segmento del territorio colombiano a las disidencias guerrilleras de las FARC».
Para tal efecto, citó las sentencias C-251 de 2002, T-915 de 2003, T-327 de 2004 y T-
1025 de 2007 proferidas por la Corte Constitucional.
1.2. Actuación procesal
El 1.° de marzo de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la presente
decisión (i) admitió la acción de la referencia en contra de la Presidencia de la
República, del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Ejército Nacional y
(ii) vinculó como tercero interesado al municipio de Buenos Aires (Cauca).
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Buenos Aires.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Presidencia de la República
La coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial, Carolina Jiménez Bellicia,
en primer lugar, indicó que, al verificar el sistema de gestión documental, evidenció
que la accionante no ha presentado ninguna solicitud, lo cual fue certificado bajo el
radicado CERT24-001153 / GFPU 13081012 del 6 de marzo de 2024.
En segundo lugar, afirmó que en la fase de diálogo y construcción de paz que se
adelanta con el autodenominado Estado Mayor de las FARC, el 16 de octubre de 2023,
en el municipio de Tibú (Norte de Santander) se instaló públicamente una mesa
diálogos, en la que se decretó el Cese al Fuego Bilateral Temporal de carácter
Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) y se creó el mecanismo de veeduría,
monitoreo y verificación de ese cese al fuego.
En tercer lugar, manifestó que el presidente y la Presidencia de la República carecen
de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la autoridad competente para
implementar medidas en materia de orden público en el municipio de Timba es el
alcalde de ese territorio, quien puede ordenar el despliegue de la Policía Nacional e
incluso si lo llegase a considerar oportuno la intervención del Ejército Nacional, para
que mientras avanzan los diálogos de paz con los grupos armados al margen de la ley
realice un acompañamiento. Agregó que, en atención a la estructura nacional, también
sería competente el gobernador del Cauca.
En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en
su defecto, negar las pretensiones formuladas, ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados por parte de la entidad a la que representa.
1.3.2 Policía Nacional
El comandante del Departamento de Policía del Cauca, Giovanni Enrique Torres
Bautista, indicó que, si bien es cierto que el corregimiento de Timba, actualmente, no
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Buenos Aires.
cuenta con presencia permanente de integrantes de la Policía Nacional, también lo es
que en la cabecera del municipio de Buenos Aires se tiene este servicio de manera
ininterrumpida con 19 uniformados encargados de garantizar la seguridad y
convivencia en ese ente territorial, quienes son apoyados por el Departamento de
Policía del Cauca o por la Dirección General de esa institución e, incluso, cuando las
necesidades del servicio lo requieren también son apoyados por las especialidades de
inteligencia policial e investigación criminal y el Grupo de Operaciones Rurales
(GOES).
Además, sostuvo que el Departamento de Policía del Cauca realiza planes de manera
coordinada con el Ejército Nacional y con las entidades nacionales y territoriales que
cooperen en el fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades operacionales
y logísticas, con el fin de proteger a la población civil de las acciones de los grupos
armados ilegales. Al respecto, explicó que se implementaron estrategias de seguridad
orientadas a la identificación, caracterización, desarticulación y judicialización de
grupos armados organizados y grupos delictivos y demás generadores de violencia,
así como aquellas afectaciones que han perturbado la seguridad y tranquilidad de la
población civil y comunidades en situación de vulnerabilidad.
De otra parte, señaló que no tiene conocimiento de que la comunidad afrodescendiente
del corregimiento de Timba haya presentado peticiones o solicitudes con relación a los
argumentos expuestos en el escrito de tutela. Sin embargo, precisó que se está
adelantando estudio de planeación tendiente a suprimir la Subestación de Policía de
Timba, por el riesgo de colapso de la infraestructura, la afectación a la salud de los
uniformados por las condiciones de humedad y, por motivos externos, como la
presencia de una comisión de (EMC) frente Jaime Martínez.
En esos términos, solicitó negar la protección de los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haberse configurado la falta de legitimación en la causa
por activa, puesto que no se acreditó el requisito de imposibilidad del agenciado para
ejercer directamente la acción constitucional.
1.3.3. Ministerio de Defensa Nacional
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oficioso de la comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de
Buenos Aires.
La directora de la Oficina de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario, Diana Sánchez Lara, requirió la desvinculación de ese Ministerio por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, puesto que, según la información que
reposa en el expediente, no se configura un nexo de causalidad entre la vulneración o
amenaza de las garantías fundamentales de la comunidad afrodescendiente de la Villa
de Timba y la gestión administrativa de esa entidad.
De otra parte, frente al contexto planteado por la accionante, con respecto a la Alerta
Temprana de Inminencia núm. 036-23, resaltó que, en el marco del seguimiento
interno a la actuación institucional, el jefe de Estado Mayor de la Tercera División del
Ejército Nacional informó que el Comando del Batallón de Operaciones Terrestres
núm. 13, en coordinación con la Alcaldía del municipio de Buenos Aires, continúa con
la realización de acciones tendientes a coadyuvar a mitigar los riesgos.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
conocer el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333
de 2021, que prevé que «[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del
Presidente de la República […] serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado», en concordancia, con el artículo 86 constitucional y
el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 20191, según el cual «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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oficioso de la comunidad afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de
Buenos Aires.
Corresponde a la Sala determinar si la señora Gloria Cristina Sarmiento Fonseca se
encuentra legitimada para actuar como agente oficioso de la comunidad
afrodescendiente de la Villa de Timba, municipio de Buenos Aires (Cauca) en la
presente acción constitucional.
2.3. Marco normativo
2.3.1. Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución Política dispuso que toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 10 de noviembre de 1991, determina la
legitimidad e interés para ejercer la acción constitucional, en los siguientes términos:
«[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]».
Acorde con lo expuesto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-382 de 16 de julio
de 2016, afirmó que la acción de tutela puede presentarse por: «(i) La persona que
considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, (ii) su
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representante legal, (iii) su apoderado judicial, (iv) el agente oficioso y (v) el defensor
del pueblo y los personeros municipales».
Así las cosas, el juez constitucional debe verificar si en efecto, el sujeto que interpone
la acción de tutela acredita un interés en la causa, bien sea por la vulneración o
amenaza de sus derechos fundamentales, por tener la representación legal o judicial
del titular de los derechos, por actuar como agente oficioso o finalmente porque se
trata de una de las autoridades precitadas.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala.
La señora Gloria Cristina Sarmiento Fonseca interpuso acción de tutela, como agente
oficioso de la Comunidad Afrodescendiente de la Villa de Timba del municipio de
Buenos Aires, para obtener la protección de los derechos fundamentales a la vida,
seguridad personal y libertad, los cuales consideró vulnerados por la Presidencia de la
República, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional,
debido a que ese corregimiento se encuentra sometido a los actos violentos de la
disidencia autodenominada Estado Mayor Central de las FARC, por la ausencia de
Fuerza Pública en ese territorio.
Pues bien, se advierte que la agencia oficiosa es un mecanismo procesal que permite
a un tercero interponer, sin necesidad de poder, acción de tutela, ante la imposibilidad
del titular de los derechos fundamentales de asumir directamente la defensa de estos
ante la autoridad judicial. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que para
la constitución de esta figura es indispensable que se acrediten los siguientes
requisitos: «(i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en tal calidad
y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos»2.
En ese orden de ideas, para demostrar la legitimación en la causa por activa, cuando
se actúa en la solicitud de amparo como agente oficioso, es imperioso que se cumplan
los anteriores presupuestos. Así, en el caso bajo estudio, la Sala resalta que la señora
Gloria Cristina Sarmiento Fonseca hizo una declaración explicita de que actuaba en
2 Sentencia T-382 de 2021 de la Corte Constitucional. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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calidad de agente oficiosa, por lo que se encuentra acreditado la primera exigencia
normativa.
Sin embargo, con respecto al segundo requisito, la Sala considera que este no se
cumple, pues si bien es cierto que la señora Gloria Cristina Sarmiento Fonseca explicó
que la Comunidad Afrodescendiente de la Villa de Timba se encontraba imposibilitada
para presentar la acción constitucional, bajo el argumento de que en ese corregimiento
hay presencia de las disidencias Estado Mayor Central de las FARC; también lo es
que, por un lado, la Policía Nacional informó que en la cabecera municipal del
corregimiento de Timba existe presencia permanente de la Policía y, por el otro, el
Ministerio de Defensa Nacional señaló que el Comando del Batallón de Operaciones
Terrestres núm. 13 del Ejército Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Buenos
Aires, está realizando acciones tendientes a mitigar los riesgos expuestos en la Alerta
Temprana de Inminencia núm. 036-23 que emitió la Defensoría del Pueblo, por lo que
ese argumento no resulta suficiente para probar la imposibilidad de la comunidad para
acudir directamente a la jurisdicción constitucional para propender a la defensa de sus
derechos, máxime cuando la señora Gloria Cristina Sarmiento Fonseca no aportó
ningún medio probatorio con el fin de acreditar la circunstancia de indefensión
planteada en esta sede.
Sumado a lo anterior, en el caso bajo estudio no existen elementos para concluir que
la voluntad del titular de los derechos era hacer uso de las herramientas que la
Constitución y la ley ponen a su alcance para la protección de sus derechos.
En ese orden de ideas, lo expuesto resulta suficiente para concluir que la señora Gloria
Cristina Sarmiento Fonseca carece de legitimación en la causa por activa, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por lo que no le es posible a
esta Subsección emitir un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, se rechazará
por improcedente la acción de tutela instaurada en contra de la Presidencia de la
República, de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
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Buenos Aires.
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye,
que la parte accionante no se encuentra legitimada en la causa por activa y, en
consecuencia, la acción de tutela debe rechazarse por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Gloria Cristina Sarmiento Fonseca, como agente oficioso de la comunidad
afrodescendiente de la Villa de Timba, municipio de Buenos Aires (Cauca), en contra
de la Presidencia de la República, de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
y Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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