Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00860-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00860-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00860-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00860-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Presidencia de la República y otros1
Tema: Derecho a la libertad religiosa y de cultos/alcance
Derecho Fundamental Invocado: Libertad religiosa y de cultos
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 11 de marzo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Presidencia de la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud, porque, a su juicio, con ocasión a la
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “1ED_Cacratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
realización del evento “[…] Novena navideña con los habitantes y ex habitantes de
calle […]”, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el 24 de diciembre de 2023, se llevó a cabo el evento “[…]
Novena navideña con los habitantes y ex habitantes de calle […]” en Bogotá.
4. Indicó que, presentó petición ante la Presidencia de la República, mediante
la cual solicitó la siguiente información: “[…] 1. ¿Cuánto dinero terminó costando la
realización del evento del asunto y de donde provinieron de acuerdo con las reglas
presupuestales pertinentes? […] 2. ¿Qué entidades públicas y eclesiásticas
organizaron el susodicho evento y si las mismas planearon como parte del mismo
los bailes observados en los minutos 00:00 a 02:55 del video disponible en
https://www.youtube.com/watchv=4fCixjeHkxI? […] 3. ¿Cuál fue en detalle la
agenda de dicho evento y si la misma fue dada a conocer con antelación a su
ejecución a fin de garantizar los principios de moralidad y publicidad de la función
administrativa como de vías a través de las cuales exigir deberes de corrección
fundados en el respeto de los derechos de los demás y ejercer control social al
mismo? […]”.
5. Manifestó que, la Presidencia de la República, mediante Oficio OFI24-
00008537 / GFPU 13081016 de 18 de enero de 2024, dio respuesta al actor en los
siguientes términos: i) “[…] El costo del evento fue de DOCE MILLONES CIENTO
TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MONEDA LEGAL ($12.103.613,00), y
los recursos provinieron del presupuesto general del DAPRE unidad ejecutora 02-
01-01-000 DAPREGESTIÓN GENERAL, funcionamiento, recursos corrientes, rubro
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte […]”; ii) “[…] El evento fue organizado por
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el marco de
sus facultades legales de asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe
de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, en el ejercicio de
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo administrativo
necesario para dicho fin. Para este evento participaron de manera articulada el
Departamento para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital de Integración
Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Ahora bien,
el show artístico mencionado en su petición fue realizado por personas habitantes
de la calle que se encontraban en los centros de atención para habitantes de calle
a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social y hace parte del proceso de
recuperación del ser humano hacia la vida civil por medio de la cultura y el arte […]”;
y iii) “[…] Conforme a su solicitud el detalle del evento fue el siguiente […] Cierre del
evento. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] PRIMERO: Ordénese con efectos inter comune que eventos como el sub judice
no se realicen a iniciativa propia de las autoridades estatales ni mucho menos sea
llevadas a cabo al arbitrio de estas.
SEGUNDO: Procedan las entidades accionadas a tomar las medidas pertinentes para
recuperar del patrimonio de quien o quienes tuvieron la idea y/o tomaron la decisión
de realizar el evento sub judice los dineros gastados en dicho evento [...]”.
7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:
“[…] La información suministrada por la Presidencia de la República en los Oficios
anexados a este escrito muestra que en ejercicio de las funciones de las atribuciones
legales y constitucionales presidenciales se ha utilizado recursos públicos
correspondientes a servicios de soporte para realizar con vocación institucional una
manifestación cultual (sic) del ámbito de la fe católica “conforme a la planeación
realizada en las mesas de articulación institucional” (cursiva añadida, extracto del
Oficio OFI24-00008537 / GFPU 13081016) cuando a las entidades accionadas no les
es constitucionalmente permitido realizarlas por iniciativa propia de acuerdo con la
sentencia T-530 de 2023 ni muchos menos llevándolas a cabo a su manera y sin dar
la oportunidad a quienes sintiesen (sic) vulnerados sus derechos fundamentales de
ponerse dentro un plazo al mismo. […]”.
2 Transcripción literal del texto.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 23 de febrero de 2024: i) admitió la acción de
tutela; y ii) ordenó notificar a las autoridades accionadas, concediéndoles el término
de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.
Intervención de la demandada
9. La Presidencia de la República solicitó su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva. Igualmente, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, por las
siguientes razones:
“[…] En primer lugar, hay que dejar en claro que el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República verificó su sistema de gestión documental y encontró
que la comunicación radicada bajo el EXT23-00192593 fue contestada a través del
OFI24- 00008537 / GFPU 13081016 del 18 de enero de 2024.
En segundo lugar, tras examinar los argumentos expuestos por el accionante, se
evidencia que este no ha logrado demostrar cuál es su legitimación por activa en la
presente causa o cual es la violación específica a sus derechos fundamentales que
está buscando proteger con la acción de tutela. Ya que no se evidencia como la
utilización de un dinero público en una actividad cultural con las personas en condición
de habitantes de calle, logra afectar sus derechos. […]”.
[…]
“[…] Ahora, el accionante no explica como La Presidencia de la República le pueda
estar vulnerando su derecho fundamental de petición, ya que se puede observar cómo
mi representada utilizo los medios necesarios para responder con claridad cada punto
sobre la problemática planteada por el accionante. […]”.
[…]
“[…] Podemos observar que el criterio utilizado por mi representada para adelantar el
evento que es cuestionado por el accionante fue una actividad cultural, más no
religiosa, basándose en una tradición histórica y autóctona de Colombia, como es la
novena navideña, como se observa en el organigrama del evento, se hicieron una
serie de actividades diferentes en favor de las personas en condición de habitantes
de calle, por ello no se puede evidenciar como se podría “tomar decisiones
institucionales que tengan una finalidad religiosa”, como erróneamente manifiesta el
accionante. […]”.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
10. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] De lo contenido en el escrito de tutela presentado por HAROLD EDUARDO SUA
MONTAÑA, se precisa que está entidad NO encuentra elemento alguno que permita
inferir la violación de derechos fundamentales, ni de esta entidad ni de ninguna otra
accionada, cómo quiera que el mecanismo existente en la constitución tiene como
finalidad la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último
caso, cuando así lo permita expresamente la ley, hecho que no ocurre en el presente
caso.
Además de lo anterior, se precisa que lo pretendido por la accionante, desborda el
marco de la acción de tutela no solamente por señalar una presunta vulneración a
derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, sino que además
pretende con la acción de tutela que no se vuelvan a realizar eventos cómo los
señalados en la acción y la presunta recuperación de un patrimonio o erario de
naturaleza publica (sic), que no implica afectación directa al accionante.
Lo anterior, es óbice para determinar que no solamente no se acredito (sic) violación
de derecho fundamental alguno, sino que además no puede la acción de tutela ser el
mecanismo para sobrepasar la legislación aplicable y ordenar a una determinada
entidad realizar o no actividades que en pueden estar ligadas con el cumplimiento de
los fines esenciales del Estado. […]”
11. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó su
desvinculación y declarar improcedente la acción de tutela, al considerar lo
siguiente:
“[…] Lo que permite acreditar que PROSPERIDAD SOCIAL no le ha vulnerado
derecho fundamental alguno al accionante, máxime cuando concluye su exposición
fáctica sin expresar en qué consiste la conducta desplegada por la entidad que
represento que le haya generado la amenaza o vulneración del derecho fundamental
invocado como conculcado, sino que refiere una sentencia proferida por la Honorable
Corte Constitucional.
Así las cosas, la acción de tutela se torna improcedente ante la inexistencia de una
conducta de la cual sea posible efectuar un juicio de vulnerabilidad de derechos
fundamentales. […]”
[…]
“[…] Conclusión errada del accionante, porque tal y como le fue informado
correspondió a una actividad de personas habitantes de la calle que se encontraban
en los centros de atención para habitantes de calle a cargo de la Secretaría Distrital
de Integración Social y hace parte del proceso de recuperación del ser humano hacia
la vida civil por medio de la cultura y el arte, es decir, que el evento no tuvo ninguna
orientación determinada por religión alguna – en cuanto a confesión o institución -.
No se encuentra acreditado en el expediente que las entidades estatales participantes
hayan previsto un tratamiento más favorable a un credo particular, se reitera, que la
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
cuestión relativa a la presunta violación del ius fundamental invocado, corresponde a
una mera descripción hipotética, por lo que la acción de tutela se torna improcedente.
[…]”
12. La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá solicitó su
desvinculación, al considerar que:
“[…] Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, se observa que esta
entidad no ha incurrido en la comisión de un hecho que determine la violación del
artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza:
“ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las
confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.
Por lo anterior, se tiene que el evento fue dirigido como reconocimiento a un sector
de la población, el cual se encuentra en estado de vulnerabilidad, en dicho evento se
compartió una cena, música en vivo, actos culturales y reconocimientos para aquellos
que se han rehabilitado de la condición de calle y los asistentes fueron de manera
voluntaria.
Por último, se reitera que la organización le (sic) evento estuvo en cabeza del DAPRE
y que, en articulación, esta entidad realizó labores de logística para la asistencia de
la población a la que iba dirigida el evento […]”
La sentencia impugnada
13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 11 de marzo de 2024, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela. […]”.
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 10.- La Sala declarará la improcedencia del amparo a la libertad religiosa y de
culto porque el accionante no demostró que las autoridades accionadas hubiesen
vulnerado o amenazado alguno de sus derechos fundamentales.
10.1.- En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el núcleo
esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa está constituido por <<el
derecho a profesar y a difundir libremente la religión>>1 o el derecho a <<elegir
libremente bajo qué doctrina religiosa (o ninguna) desea desarrollar su proyecto de
vida>>. Aunque el accionante hace una alusión abstracta a su derecho a la libertad
religiosa, no explica ni se advierte de oficio la manera en la que se impidió u
obstaculizó su facultad subjetiva de expresar el dogma religioso de su elección,
máxime cuando ni siquiera asistió ni se le requirió que asistiera al evento.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
10.2.- Por otra parte, amerita precisar que la tutela no es el escenario idóneo para
estudiar los daños patrimoniales al Estado. La acción de tutela fue consagrada por
el constituyente para la protección inmediata de derechos fundamentales y no está
destinada para atribuir responsabilidad fiscal o penal. En todo caso, el accionante
cuenta con otros mecanismos para ventilar sus reproches sobre la presunta lesión
al patrimonio público que se generó por el evento, tales como adelantar una denuncia
ante la Contraloría General de la República o la Fiscalía General de la Nación.
10.3.- En consecuencia, la Sala constata que la acción de tutela no supera los
requisitos de procedencia, toda vez que el actor no logró demostrar un hecho
vulnerador atribuible a las autoridades accionadas. El accionante no invoca ni se
advierte de oficio la presencia de un perjuicio irremediable que torne procedente la
acción, pues no evidencia un riesgo inminente de una afectación cierta a su derecho
fundamental a la libertad religiosa y de culto, ni demuestra que se trate de una
circunstancia urgente que no pueda ser conjurada a través de los mecanismos
ordinarios anteriormente mencionados. […]”.
La impugnación
14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:
“[…] De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, solicitó (sic) respetuosamente la revocación de la
sentencia de tutela de primera instancia y en su lugar se acceda a lo pretendido en el
proceso de la misma pues de no haber ocurrido lo enumerado en este escrito el ad
quo habría procedido a ello tomando de precedente al respecto la sentencia T-530 de
2023 desde el cual apreciar el actuar de las entidades accionadas estimado en el
escrito tutelar como causante de la vulneración alegada conforme al principio de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal devenido del artículo 228 constitucional.
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestiones previas
La legitimación en la causa por pasiva
17. Advierte la Sala que, si bien las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por la Presidencia de la República,
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Secretaría Distrital
de Integración Social de Bogotá, no fueron objeto de pronunciamiento por parte del
A quo en el trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo
análisis.
18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
20. La Sala advierte que la Presidencia de la República, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
21. Al respecto, es preciso indicar que la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Secretaría Distrital de
Integración Social de Bogotá fueron notificados del proceso de tutela de la
referencia como autoridades demandadas, en la medida en que el actor presentó
reparos en su contra; es decir, que a dichas entidades les asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Presidencia de la
República, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá les asiste interés en la decisión
de tutela que esta Sala profiera.
23. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá.
Manifestación de impedimento por el doctor Germán Eduardo Osorio
Cifuentes
24. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 8 de mayo de 20249, invocando para ello la causal prevista en el numeral 1.º del
artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 200410, aplicable por remisión del
artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199111, que establece lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o
algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo
de afinidad, tenga interés en la actuación procesal […]”. (Resaltado por la Sala)
9 Cfr. Índice núm. 9 de Samai. Documento denominado “10Manifestacion d_IMPEDIMENT_Manifestacion de
imp(.pdf) NroActua 9”. Archivo en medio digital.
10 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
11 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
25. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en la
causal por cuanto:
“[…] i) El demandante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
libertad religiosa y de cultos, los que a su juicio le fueron vulnerados por la Presidencia
de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría
Distrital de Integración Social de Bogotá y el Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud, con ocasión a la realización del evento “[…] Novena navideña
con los habitantes y ex habitantes de calle […]”.
ii) En las pretensiones del escrito de tutela se solicitó adoptar las medidas necesarias
con la finalidad de recuperar los dineros que se invirtieron en el evento “[…] Novena
navideña con los habitantes y ex habitantes de calle […]”.
iii) De acuerdo con la respuesta dada al escrito de tutela por la apoderada judicial del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, los
recursos para la realización del evento provinieron del presupuesto general del
DAPRE unidad ejecutora 02-01-01-000 DAPREGESTIÓN GENERAL y la
organización del mismo estuvo a cargo de esta dependencia.
En consecuencia, debido a que la señora Margarita María Revelo Ramírez,
compañera permanente del señor Carlos Alberto Osorio Cifuentes, hermano del
suscrito, se encuentra vinculada en el cargo de Asesora en el área de contratación
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y dado que lo
pretendido en esta acción es la recuperación de los recursos que hacen parte del
presupuesto del DAPRE, considero que a dicha persona le asiste interés en este
proceso […]”.
26. Vistos: i) el artículo 140 del Código General del Proceso, sobre la declaración
de impedimentos; ii) el artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre
199112, sobre la manifestación de impedimentos dentro de la acción de tutela; y iii)
el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sobre las causales de
impedimentos.
27. Atendiendo que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
28. La Corte Constitucional13 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que, los funcionarios encargados de administrar justicia en sus
12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
13 Corte Constitucional, sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
decisiones no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
29. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, la Sala considera que hay lugar a declarar
fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, toda vez que, al
tener un pariente dentro del segundo grado de afinidad con interés en la actuación
procesal, como lo es la señora Margarita María Revelo Ramírez, compañera
permanente del señor Carlos Alberto Osorio Cifuentes, hermano del Consejero de
Estado, se encuentra configurada la causal de impedimento establecida en el
numeral 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por lo que resulta
necesario garantizar la independencia e imparcialidad del juez constitucional. En
consecuencia, se separará del conocimiento de la presente solicitud de amparo al
Consejero de Estado impedido, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva del
presente proveído.
Problema Jurídico
30. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si, la Nación – Presidencia de la República, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasión a la
realización del evento “[…] Novena navideña con los habitantes y ex habitantes de
calle […]”.
31. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
libertad religiosa y de cultos; ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las
conclusiones de la Sala.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
libertad religiosa y de cultos
32. Visto el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley […]”.
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha entendido que el derecho a la
libertad religiosa y de cultos “[…] como derecho fundamental, se refiere a la libertad
de escoger y profesar cualquier religión sin interferencias estatales, o de abstenerse
de hacerlo, según las preferencias de la persona. Segundo, como manifestación de
los principios de igualdad y respeto a la diversidad, prescribe que todas las
religiones merecen la misma protección por parte del Estado […] En su dimensión
de derecho fundamental, la Corte ha destacado que la libertad religiosa protege la
pluralidad de opciones que puede asumir la persona sobre las preguntas últimas de
la existencia y el fundamento del buen vivir, sin ser objeto de injerencia alguna por
parte del Estado, es decir, con independencia de si la persona las asume mediante
la adhesión a una religión, o a través de una actitud agnóstica o abiertamente atea
[…]”.
Análisis del caso concreto
34. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Presidencia de la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud, porque, a su juicio, con ocasión a la
realización del evento “[…] Novena navideña con los habitantes y ex habitantes de
calle […]”, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 3 de diciembre de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
35. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
37.1. Anexos que allegó el actor con su escrito de tutela.
37.2. Informes rendidos por las autoridades accionadas, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
38. La Sala advierte que, a juicio del actor, la Nación – Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud vulneraron su derecho fundamental a la
libertad religiosa y de cultos, con ocasión a la realización del evento “[…] Novena
navideña con los habitantes y ex habitantes de calle […]”.
39. Al respecto, el actor señaló lo siguiente.
“[…] La información suministrada por la Presidencia de la República en los Oficios
anexados a este escrito muestra que en ejercicio de las funciones de las atribuciones
legales y constitucionales presidenciales se ha utilizado recursos públicos
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
correspondientes a servicios de soporte para realizar con vocación institucional una
manifestación cultual (sic) del ámbito de la fe católica “conforme a la planeación
realizada en las mesas de articulación institucional” (cursiva añadida, extracto del
Oficio OFI24-00008537 / GFPU 13081016) cuando a las entidades accionadas no les
es constitucionalmente permitido realizarlas por iniciativa propia de acuerdo con la
sentencia T-530 de 2023 ni muchos menos llevándolas a cabo a su manera y sin dar
la oportunidad a quienes sintiesen (sic) vulnerados sus derechos fundamentales de
ponerse dentro un plazo al mismo. […]”.
40. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que el actor no
precisó de qué manera se le vulneró su derecho fundamental, ni mucho menos
acreditó dicha transgresión, razón por la cual no se advierten razones suficientes
para que el juez constitucional intervenga y adopte medidas al respecto, toda vez
que no se evidencian cuáles fueron esas actuaciones u omisiones por parte de la
autoridad demandada que materializaron esa vulneración iusfundamental.
41. La Sala considera que el actor no presentó medio de prueba alguno que
acreditara una transgresión efectiva y real de su derecho fundamental, puesto que
no se advierte de qué manera se le impidió el ejercicio de su derecho fundamental
a la libertad religiosa y de cultos, ni mucho menos se probó que hubiera sido víctima
de discriminación por las autoridades accionadas o coaccionado a participar en
dicho evento.
42. La Sala advierte que se trata del desacuerdo del actor frente a la realización
del evento “[…] Novena navideña con los habitantes y ex habitantes de calle […]”, lo
cual, cabe mencionar, se interpreta como un evento “[…] dirigido como
reconocimiento a un sector de la población, el cual se encuentra en estado de
vulnerabilidad […]”, como lo puso de presente la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá.
43. La Sala considera que la realización del evento “[…] Novena navideña con los
habitantes y ex habitantes de calle […]”, corresponde con el deber que tiene el Estado
de garantizar un entorno inclusivo y respetuoso para todos los ciudadanos.
44. En ese sentido, la Sala no advierte que el actor haya presentado y
desarrollado algún supuesto específico de vulneración de su derecho fundamental
que hubiese puesto en evidencia que la autoridad demandada le impidió ejercer su
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
derecho a la libertad religiosa o de cultos; ni se observa prueba alguna que permita
inferir que es necesaria y urgente la intervención del juez constitucional para evitar
un perjuicio irremediable.
45. Finalmente, como lo advirtió el A quo, la Sala considera que la acción de
tutela no es el escenario idóneo para “[…] tomar las medidas pertinentes para
recuperar del patrimonio de quien o quienes tuvieron la idea y/o tomaron la decisión
de realizar el evento sub judice los dineros gastados en dicho evento […]”,
comoquiera que este mecanismo constitucional fue previsto para la protección
inmediata y urgente de derechos fundamentales.
Conclusiones de la Sala
46. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de tutela de 11 de marzo de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela para, en su lugar,
negar la solicitud que presentó el actor contra las autoridades accionadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Presidencia de la República, el Departamento
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00860-01
Actor: Harold Eduardo Sua Montaña
Administrativo para la Prosperidad Social y la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 11 de marzo de 2024 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para, en su lugar,
NEGAR la solicitud que presentó el actor contra las autoridades accionadas, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.