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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00861-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00861-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Amparar el derecho fundamental de petición de la accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el plazo máximo e improrrogable de 48 horas, resuelva de fondo el recurso de apelación formulado por la accionante contra el Oficio DESAJBAO23- 1231 del 6 de junio de 2023 proferido por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y de ello notifique a la interesada, de conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales expuestos en la parte motiva de esta providencia. 5 T-1213-05. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ACCIÓN DE TUTEL A Radicado: 11001-03-15-000-2024-00861-00 Ac c i o n a n t e : M a r i t z a I s a b e l R e y e s J i m é n e z Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00861-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00861-00
Accionante: Maritza Isabel Reyes Jiménez
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Temas: Acción de tutela por vulneración del derecho fundamental de
petición
Decisión: Concede el amparo.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por la señora
Maritza Isabel Reyes Jiménez, quien actúa por conducto de apoderado, contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1. HECHOS

El 15 de noviembre de 2022, la señora Maritza Isabel Reyes Jiménez presentó
reclamación administrativa ante la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de
la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla, en la que formuló las siguientes peticiones:

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PRIMERO. - Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad la expresión “y constituirá
únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al
Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° de los Decretos
383 de 2013 y demás normas que lo modifican y en consecuencia se tenga como parte
integral del sueldo básico o como partida computable con carácter salarial, la bonificación
judicial que devenga mensualmente la señora MARITZA ISABEL REYES JIMENEZ, para
efectos de liquidar el monto de sus prestaciones sociales y el auxilio de cesantía.

SEGUNDO. - Re liquidar a la señora MARITZA ISABEL REYES JIMENEZ, las
siguientes prestaciones sociales: bonificación por servicios prestados, vacaciones, prima de
vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima de productividad auxilio de
cesantías e intereses sobre las mismas, percibidas por esta, desde el mes de noviembre de
2019 en adelante, con la inclusión de la bonificación judicial como parte integral de su
sueldo básico o como partida computable con carácter salarial.

TERCERO. – Que se pague en favor de la señora MARITZA ISABEL REYES JIMENEZ,
de forma indexada y actualizada, conforme al Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) que
rija para la época en que se realice el pago, las diferencias existentes entre lo cancelado por
concepto de bonificación por servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones, prima
de servicios, prima de navidad, prima de productividad, auxilio de cesantías e intereses
sobre las mismas y la reliquidación solicitada en el numeral anterior, desde el mes de
noviembre de 2019.

CUARTO. - Que se continúen pagando en favor de la señora MARITZA ISABEL REYES
JIMENEZ, las prestaciones sociales y auxilio de cesantías, teniendo como factor salarial o
como parte integral de su sueldo básico, la bonificación judicial.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
profirió el Oficio DESAJBAO23-1231 del 6 de junio de 2023 mediante el cual negó
lo pretendido, por lo que contra dicho acto administrativo interpuso recurso de
apelación el 15 de junio de 2023, que fue concedido a través de Oficio
DESAJBAR23-2755 del 15 de junio de 2023, en el que se ordenó remitir la
actuación a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para lo de su cargo.

Manifiesta que han transcurrido 8 meses desde que se concedió el mencionado
recurso sin que se hubiere resuelto, situación que quebranta su derecho
fundamental de petición.

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2. PRETENSIONES

Solicita que se ampare su derecho fundamental de petición y, en consecuencia,
se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolver de manera
inmediata el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio DESAJBAO23-
1231 del 6 de junio de 2023.

3. INFORMES

El 26 de febrero de 2014 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó
notificar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como demandado y a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla como tercero
con interés.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue notificada el 5 de marzo
de 2024 a las direcciones de correo electrónico
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co y info@cendoj.ramajudicial.gov.co (índice 9
de SAMAI). Sin embargo, no rindió informe.

Asimismo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
fue notificada el 5 de marzo de 2024 a la dirección de correo electrónico
cguzmanh@cendoj.ramajudicial.gov.co (índice 9 de SAMAI) y tampoco rindió
informe.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

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2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá vulneró el derecho fundamental de petición de
la accionante.

3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, “cuando se
trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente a la acción
de tutela”1. En ese orden de ideas, cuando se genere una presunta afectación al
derecho fundamental de petición no existe otro mecanismo que permita
efectivizar el mismo y se puede acudir directamente a la acción constitucional.

1 Sentencia T-410 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véase también, entre otras, la

sentencia T- T-149 de 2013.

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4. Del derecho fundamental de petición

Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho fundamental es
de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y la vulneración de
su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción de tutela.

En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:

«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley
así lo determine (…)»2. (Resaltado original).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de

2 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido3.

Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.

Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.

Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este interregno no
se responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».

En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:

«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro
de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término

3 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de

julio de 2006.

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señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».

5. Caso concreto

En el presente asunto, la señora Maritza Isabel Reyes Jiménez invoca la
protección del derecho fundamental de petición, pues afirma que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no ha resuelto el recurso de apelación
interpuesto contra el Oficio DESAJBAO23-1231 del 6 de junio de 2023 proferido
por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, el cual se
concedió a través del Oficio DESAJBAR23-2755 del 15 de junio de 2023, en el
que se ordenó remitir la actuación a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para lo de su cargo.

Sin embargo, la accionante manifiesta que, a la fecha de presentación de la
acción de tutela, no ha recibido respuesta alguna, afirmación que no fue
controvertida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, pese
haber sido notificada el 5 de marzo de 2024 (de acuerdo con el soporte visible en
la actuación n.º 9 de SAMAI), guardó silencio y no rindió el informe requerido en
el presente trámite constitucional, razón por la cual, en virtud del artículo 20 4 del
Decreto 2591 de 1991 se tendrá como cierta.

Sobre la presunción de veracidad, la Corte Constitucional ha explicado que dicho
instrumento se consagró “para sancionar el desinterés o negligencia de la
autoridad pública o el particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela,
en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere cierta información
(art. 19 Decreto 2591 de 1991) y aquellos no las rinden dentro del plazo

4 Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se

tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa.

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respectivo, logrando con ello que los hechos narrados por el accionante en la
demanda de tutela sean tenidos como ciertos”5.

Por lo expuesto, al haber transcurrido más de 8 meses desde que se concedió el
recurso de apelación, se concederá el amparo del derecho fundamental de
petición de la señora Maritza Isabel Reyes Jiménez y, en consecuencia, se
ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, resuelva de fondo el recurso de apelación formulado por la
accionante contra el Oficio DESAJBAO23-1231 del 6 de junio de 2023 proferido
por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y de ello
notifique a la interesada, de conformidad con los lineamientos legales y
jurisprudenciales a que se hizo referencia en la parte motiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Amparar el derecho fundamental de petición de la accionante, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que, en el plazo máximo e improrrogable de 48 horas, resuelva de fondo el
recurso de apelación formulado por la accionante contra el Oficio DESAJBAO23-
1231 del 6 de junio de 2023 proferido por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla y de ello notifique a la interesada, de
conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales expuestos en la
parte motiva de esta providencia.

5 T-1213-05.

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Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase
el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero
ponente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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