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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00871-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00871-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 4 de abril de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Mario Alberto Peñate Mercado, mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-00871-01 Accionante: Mario Alberto Peñate Mercado y otros. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00871-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00871-01
Accionante: Mario Alberto Peñate Mercado y otros
Accionado: Despacho 7º. del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Presunto defecto sustantivo y procedimental.

Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia que declaró como
improcedente la acción de tutela presentada al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional y en su lugar se niega el amparo por no configurarse los
defectos alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante a través de apoderada, contra la
sentencia del 4 de abril de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente por falta de relevancia
constitucional la tutela presentada por la parte accionante contra las decisiones
adoptadas por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
y por el Tribunal Administrativo del Atlántico los días 12 de mayo de 2022 y 26
de enero de 2024 respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-008-2022-00016-00/01,
a través de las cuales se declaró que se configuró el fenómeno de la caducidad
dentro del proceso del asunto.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El señor Mario Alberto Peñate Mercado, presta sus servicios en la Fiscalía
General de la Nación y a través de la Resolución 0002778 de 24 de junio de 2021,
se dispuso su traslado a la seccional del departamento de Arauca.

El día 9 de julio de 2021, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación con el fin de controvertir la decisión.

En la misma fecha interpuso una acción de tutela en contra del organismo
referido, invocando el amparo por la violación de sus derechos fundamentales a
la salud, familia, debido proceso, mínimo vital, condición más beneficiosa, la cual

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Accionante: Mario Alberto Peñate Mercado y otros.

fue de conocimiento en primera instancia por el Juzgado Once Penal del Circuito
de Barranquilla, que mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2021
con radicado 2021-00067-00 decidió:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y
unión familiar como mecanismo transitorio del señor MARIO ALBERTO
PEÑATE MERCADO en contra de la DIRECCIÓN EJECUTIVA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en los considerados
de esta determinación.

SEGUNDO: ORDENAR en consecuencia la suspensión provisional de
los efectos de la Resoluciones No. 0002778 de fecha 24 de junio de
2021 y No. 0003520 de fecha 9 de agosto de 2021 por el término de
cuatro (4) meses1 a partir de la notificación de esta providencia de
conformidad con lo esbozado en la parte motiva. (…).». Negrilla y
subrayado fuera de texto.

La entidad demandada, impugnó la providencia de primera instancia, y
conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala
Penal, que confirmó esta decisión a través de la sentencia del 13 de
octubre de 2021.

El 18 de enero de 2022, presentó solicitud de conciliación ante la
Procuraduría General cuya constancia de agotamiento del requisito
prejudicial se expidió hasta el 22 de abril de la misma anualidad, previo a
promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para cuestionar la legalidad de las resoluciones aludidas.

El 4 de febrero de 2022, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado 08001-33-33-008-
2022-00016-00 ante el Juzgado Octavo 8o. Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, que, mediante auto del 12 de mayo de 2022, rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.

A través del auto de 26 enero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Atlántico confirmó la decisión.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante consideró que en el caso concreto se presentaron las
siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial:

a) Defecto sustantivo: Considera el actor que se desconocieron por parte de los
despachos “unas normas evidentemente aplicables al caso en concreto, o en el
peor de los casos, aplicaron una norma, de manera exegética, sin tener en cuenta
otras disposiciones aplicables al caso y que eran necesarias para a hacer una

1 Índice 8, Aplicativo SAMAI. En el archivo “primera instancia
juzgado_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE20240229ZIP_20240229155039”.

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interpretación sistemática, al momento de realizar el cómputo para declarar la
caducidad”. Sin embargo, no manifestó cuál o cuáles normas son las que a su
juicio han debido tener en cuenta.

b) Defecto procedimental: Sostuvo que en la situación del accionante se dio
presuntamente porque las providencias de primera y segunda instancia
carecieron de un adecuado fundamento al aplicar el término de caducidad, sin
tener en cuenta el enfoque constitucional, dadas las particularidades del caso de
su mandante.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERO: Conceder el amparo constitucional de los derechos
fundamental al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia
del señor MARIO ALBERTO PEÑATE MERCADO, y de su grupo familiar
conformado por su menor hija AURORA MARIA PEÑATE ALVARADO;
ROSALIN RESTREPO ATUESTA, en su calidad de Compañera
Permanente, quien a su vez obra en calidad de representante legal de sus
menores hijos HELENA PEÑATE RESTREPO, JEANNE GABRIELLE
MAYOLLET RESTREPO y MARTIN PIERRE MAYOLLET, SOCORRO
MARIA MERCADO PINEDA, actuando en calidad de madre, JOSE
ANTONIO PEÑATE MERCADO, actuando en calidad de hermano y
MARGARITA PEÑATE MERCADO, actuando en calidad de hermana del
demandante señor MARIO ALBERTO PEÑATE MERCADO, quienes se
ven afectados con las decisiones de las autoridades accionadas.

SEGUNDO: Como consecuencia, que se REVOQUEN los autos de fecha
12 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado Octavo (8º) Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla, y 26 de enero de 2024 proferido por el
Despacho 07 del Tribunal Administrativo del Atlántico, que dieron por
terminado en primera y segunda instancia, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por la presunta caducidad.

TERCERO: Se ordene al Juzgado Octavo (8º) Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla, admitir la demanda de Nulidad y Restablecimiento
del derecho radicada bajo el No. 08-001-33 33-008-2022-00016-00,
promovida por el accionante y su grupo familiar, contra los actos
administrativos contenidos en las resoluciones No. 2778 del día 24 de junio
de 2021 y No. 3520 del día 9 de agosto de 2021» (sic en toda la cita).

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 27 de febrero de 20242, en el que ordenó notificar como
accionado al Juez Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y a los
magistrados de la Sala de Decisión “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico,
además solicitó vincular y notificar por tener interés en el resultado del proceso a

2 Índice 4 del aplicativo SAMAI.

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los señores Rosalin Restrepo Atuesta, Helena Peñate Restrepo, Aurora María
Peñate Alvarado, Jeanne Gabrielle Mayollet Restrepo, Martín Pierre Mayollet,
Socorro María Mercado Pineda, José Antonio y Margarita Peñate Mercado, parte
demandante; y a la Nación - Fiscalía General de la Nación, parte demandada
dentro del proceso que dio origen a la presente acción y reconoció personería a
la abogada Elena Margarita Gutiérrez Fontalvo.

2.4.1. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla3 solicitó se
deniegue el amparo constitucional solicitado, al no encontrarse probado defecto
alguno en la actuación judicial impartida.

Manifestó que mediante auto de fecha 17 de marzo de 2022, se inadmitió la
demanda del presentada el 4 de febrero de 2022 al no contar con algunos de los
requisitos de esta y se concedió a la parte actora el término de diez (10) días para
subsanarla.

Por otra parte, puso de presente que el día 4 de abril de 2022, la apoderada del
demandante presentó escrito a través del cual subsanó las falencias anotadas;
sin embargo, el Despacho al hacer el estudio de la oportunidad para presentar la
demanda, encontró que había operado el fenómeno de la caducidad y por tanto
mediante providencia del 12 de mayo de 2022, resolvió rechazar la demanda,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 169 del CPACA.

Manifestó que esa decisión fue recurrida por la apoderada de la parte actora, a
quien se le concedió recurso de apelación.

2.4.2 El Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C, a través del
magistrado Jorge Hernán Sánchez Felizzola solicitó declarar la improcedencia
de la acción presentada y si se establecía que era procedente, negar las
pretensiones de esta, argumentando que el accionante quiere usar el amparo
como una tercera instancia de una decisión ya resuelta jurídicamente.

2.5. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 44 de abril de
2024, declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional por falta del
requisito general de relevancia constitucional, para lo cual se centró en la última
decisión judicial censurada, esto es, la providencia de 26 de enero de 2024,
mediante la cual el Tribunal confirmó la decisión de rechazo de la demanda por
parte del a quo al configurarse el fenómeno de la caducidad y el auto de 13 de
febrero de 2024, a través del cual el Tribunal rechazó por improcedente el recurso
de súplica que interpuso contra el auto de 26 de enero de esa anualidad.

Una vez procedió a verificar los requisitos de procedibilidad de la acción contra
providencia judicial, argumentó que para que se den estos presupuestos, es
necesario que el asunto sea de «evidente relevancia constitucional», pues el

3 Índice 9 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 20 del Aplicativo SAMAI

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amparo de tutela no está diseñado para convertirse en una tercera instancia, ni
su objeto es reemplazar otros mecanismos de defensa ordinarios.

Recordó, que si bien es cierto el juez de tutela debe justificar por qué el caso no
es de relevancia constitucional, también está en cabeza del actor argumentar si
su petición cuenta con ese atributo, so pena de ser rechazado o declarado como
improcedente el amparo constitucional.

Indicó además, que la acción está diseñada para la discusión de derechos
fundamentales y «no está concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos pues dichas cuestiones carecerían
de relevancia constitucional».

Así las cosas, precisó que en definitiva, la relevancia constitucional como
requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales tiene como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico, (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

En todo caso, analizó el caso revisando la decisión objeto de reproche y el reparo
del accionante, estableciendo que la inconformidad de este último con respecto
a los términos en primer lugar carece de la argumentación jurídica suficiente que
la sustente y, por otro lado, está interpretada indebidamente.

2.6. Impugnación5

La apoderada de la parte actora alegó que lo que se pretendía con la acción es
el conteo válido de los términos, insistiendo nuevamente en que los mismos se
contabilizaron de forma indebida y obstinada por parte de los despachos
judiciales accionados, afirmando además que frente al caso concreto están en
juego los derechos fundamentales, no sólo del actor, sino de su núcleo familiar,
que ya habían sido tutelados mediante decisión judicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si en el caso concreto se supera

5 Índice 24 del aplicativo SAMAI

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el requisito de la relevancia constitucional, y si la respuesta es positiva, es
menester determinar si con los autos del 12 de mayo de 2022 y 26 de enero de
2024 proferidos por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-008-2022-
00016-00/01, se incurrió en los defectos sustantivo y procedimental.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de

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inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos en que se fundamenta
la acción como los derechos presuntamente vulnerados se encuentran
plenamente individualizados.

3.3.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no habían transcurrido
más de 6 meses desde la expedición de las providencias cuestionadas, esto es,
la del 26 de enero de 2024, mediante la cual el Tribunal confirmó la decisión de
rechazo de la demanda por parte del a quo al configurarse el fenómeno de la
caducidad y el auto de 13 de febrero de 2024, a través del cual rechazó por
improcedente el recurso de súplica que interpuso contra el auto de 26 de enero
de esa anualidad.

3.3.4. Contrario a lo señalado en la sentencia de primera instancia se considera
que el asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer la posible vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia a través de interpretaciones arbitrarias o caprichosas
de la normativa que rige los procesos judiciales, por lo que el asunto trasciende
a la simple interpretación legal.

En este asunto, la controversia está orientada a establecer si las autoridades
judiciales incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental, teniendo en
cuenta que, en criterio del actor, estas presuntamente no realizaron debidamente
el conteo de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento en el
derecho, porque supuestamente no tuvieron en cuenta el periodo de vacancia
judicial.

3.4. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales

En relación con este requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela,
la Corte Constitucional ha afirmado lo siguiente:

«91. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. El defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el juez
renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial
como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas

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procedimentales. Este defecto encuentra su fundamento general en los
artículos 29 y 228 de la Constitución y, en materia laboral o de la
seguridad social en el artículo 53 de la Constitución, los cuales establecen
la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades como un
principio orientador de los procedimientos judiciales y como una
herramienta para la efectiva protección del derecho de acceso a la
administración de justicia. La jurisprudencia constitucional ha señalado
que el juez vulnera el derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia siempre que: “(i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos
de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la
aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha
actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”.

92. En estos términos, la Corte Constitucional ha identificado que este
defecto se configura cuando el juez: (i) aplica disposiciones procesales
“que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso
concreto”; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales a pesar de que
estos puedan constituir “cargas imposibles de cumplir para las
partes”; y (iii) incurre “en un rigorismo procedimental en la apreciación de
las pruebas”.

93. La Corte Constitucional ha señalado que la configuración de un
exceso ritual manifiesto debe ser valorado en cada caso concreto. En
estos términos ha precisado que este defecto solo se configura cuando
la aplicación de las normas procesales por parte del juez “puede ser
catalogada como desproporcionada, en virtud de los hechos y medios
que rodean la presunta afectación de los derechos fundamentales”»6.

Como se puede apreciar, la Corte Constitucional ha señalado que se incurre en
esta causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial cuando se aplican disposiciones procesales que se oponen a la vigencia
de derechos constitucionales para el caso concreto, o cuando se imponen cargas
imposibles de cumplir, o en aquellos casos en los que hay rigorismo excesivo en
la apreciación de las pruebas.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»7.

6 Corte Constitucional, sentencia SU – 143 de 13 de mayo de 2020, magistrado ponente: Carlos

Bernal Pulido.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:

Eduardo Montealegre Lynett.

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En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»8.

8 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.

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Pues bien, en el caso concreto se deberá analizar si en la providencia del 26 de
enero de 2024, se materializaron las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela invocadas por el señor Peñate Mercado.

3.6. Análisis del caso concreto

En el auto del 26 de enero de 2024, se confirmó la decisión de declarar la
configuración del fenómeno de la caducidad de la acción con base en lo siguiente:

«…la sentencia de tutela de segunda instancia, proferida el 13 de octubre
de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala
Penal, confirmó la decisión de primera instancia y en ninguno de los
argumentos esgrimidos, por dicha Corporación, se modificó el término, en el
que el actor, debía presentar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Así pues, se considera, que contrario a lo manifestado por la apoderada
judicial de la parte actora, el término de 4 meses, que se le concedió por
parte del Juzgado Once (11) Penal del Circuito Judicial de Barranquilla, a
través de sentencia de tutela del 1° de septiembre de 2021, debía
contabilizarse, desde la notificación decisión de primera instancia, en virtud
del artículo 8º inciso 3° del Decreto Ley 2591 de 1991, que dispone, que “En
todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”(Resaltado fuera de texto).

De igual manera es preciso recordar, que el artículo 31 del referido Decreto,
establece la posibilidad de impugnar el fallo de tutela, circunstancia que no
impide dar cumplimiento inmediato al fallo, al no generarse vacilación o
inseguridad, frente a la decisión impugnada.

En efecto, como lo explicó la Corte Constitucional, en sentencia T-068 de
1995 “La apelación de sentencias de tutela se debe conceder en el efecto
DEVOLUTIVO, por cuanto no está permitido al a-quo suspender los efectos
del fallo hasta que se resuelva el asunto en segunda instancia. Si bien un
fallo de tutela en primera instancia puede ser recurrido por cualquiera de las
partes dentro de los términos establecidos por la ley, su cumplimiento por
éstas es obligatorio mientras se surte la segunda instancia, la cual, de
confirmarlo, dejará en firme la actuación del a-quo, pero en caso de
revocarlo, dejará sin efectos totales o parciales el fallo objeto de apelación,
y producirá otros, los cuales las partes deberán acatar”.

Por otra parte, aunado a lo anterior, se tiene, que de acuerdo con el artículo
27 del Decreto Ley 2591 de 1991, las órdenes de tutela, al ser de inmediato
cumplimiento, deben ser acatadas sin demora, por parte de la autoridad
responsable, por consiguiente, la impugnación presentada por la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, en ningún momento impidió, que el
demandante, pudiese presentar el medio de control, ni se generó, una
incertidumbre o vacilación, frente a las garantías constitucionales
amparadas por el fallo de tutela de primera instancia.

Además, se tiene, que al proferirse el fallo de tutela por el Juez de primera
instancia, se le advirtió al actor, que el término excepcional de 4 meses, para
presentar la respectiva demanda, debía contabilizarse, conforme lo previsto,
en el artículo 8° del Decreto Ley 2591 de 1991.

Así las cosas, al haberse notificado la aludida decisión el 7 de septiembre
de 2021, se deben contabilizar 5 días hábiles, correspondientes a lo descrito
en el inciso 3° del artículo 8º del Decreto Legislativo 806 del 2020, que

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00871-01
Accionante: Mario Alberto Peñate Mercado y otros.

establece, que la notificación personal, se entenderá realizada, una vez
transcurridos 2 días hábiles siguientes, al envío del mensaje de datos y los
términos correspondientes, empezarán a correr a partir del día siguiente al
de la notificación, en armonía con el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, que dispone, que el término de impugnación de los fallos de tutela es
de 3 días, siguientes a la notificación del fallo.

Por lo tanto, el término de 4 meses, dispuestos en el fallo de tutela de
primera instancia, para presentar el medio de control, siendo más que
garantistas, empezaron a correr, a partir del 15 de septiembre de 2021, por
lo que, el plazo máximo que tenía el actor MARIO ALBERTO PEÑATE
MERCADO, para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en principio, fenecía el 17 de enero de 2022.

En conclusión, en el caso sub judice, se observa que la demanda se radicó
el 4 de febrero de 2022, es decir, fuera del término excepcional de 4 meses,
que se le había otorgado al demandante MARIO ALBERTO PEÑATE
MERCADO, con ocasión del fallo de tutela del 1° de septiembre de 2021,
proferido por Juzgado Once (11) Penal del Circuito Judicial de Barranquilla».

Al analizar la providencia objeto de reproche, se advierte que no se incurrió ni en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ni en un defecto sustantivo,
porque la misma es razonable y respetuosa de los derechos fundamentales del
accionante.

En efecto, en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo se consagró un término de caducidad de las acciones
en las que se busca la nulidad y restablecimiento del derecho derivadas de los
actos administrativos como lo puede ser una orden de traslado.

En el caso concreto, si bien existió una orden de tutela en la que se suspendieron
sus efectos, no era posible que el cómputo para la presentación de la demanda
comenzara una vez se notificara la decisión de segunda instancia precisamente
por el carácter de cumplimiento inmediato de esta clase de acciones.

La interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Atlántico no resulta
caprichosa, ni supone un sacrificio del derecho sustancial en perjuicio del
procesal puesto que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 4 de abril de 2024 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado mediante la cual resolvió declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia. En su lugar,

Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Mario Alberto Peñate
Mercado, mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente en comisión
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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