Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00883-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00883-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00883-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00883-00
Accionante: ARMADURA S.A.S
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Temas: Acción de tutela por vulneración del derecho fundamental de
petición
Decisión: Concede el amparo.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por el representante
legal de la Sociedad ARMADURA S.A.S, contra el Consejo Superior de la
Judicatura y otros.
1. HECHOS
Manifiesta la parte accionante, que desde el año 2022 ha realizado múltiples
solicitudes de información de manera presencial y vía correo electrónico, ante el
Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá y la Oficina de Archivo Central Consejo
Superior de la Judicatura, solicitando el desarchivo del expediente
1001310303620090039700, que cursaba en el juzgado en mención.
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El 4 de octubre de 2023 (sic), el Juzgado accionado dio respuesta indicando que
el proceso de la referencia se encuentra archivado en la caja 49 del año 2011,
por lo que se debe realizar el trámite de desarchive ante la oficina judicial de
archivo, ubicada en la Carrera 10 no. 14-33 piso 1 de la ciudad de Bogotá
Manifiesta que ante la anterior afirmación, se han realizado varias solicitudes ante
el archivo central, pero no obtienen respuesta de fondo.
2. PRETENSIONES
Solicita que los accionados generen respuesta de fondo ante la petición de
desarchivo del expediente y en consecuencia, que se tramite la respectiva
solicitud de levantamiento de medida cautelar que afecta al vehículo con placas
BMP-421.
3. INFORMES
El 29 de febrero de 2024 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Oficina de Archivo Central y el Juzgado 36
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Oficina de Archivo Central fue notificada el 7 de marzo de 2024 a las
direcciones de correo electrónico desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co , (índice 7 de SAMAI). Sin
embargo, no rindió informe.
Por su parte, el Juez del Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito
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Judicial de Bogotá, al ejercer su derecho de defensa y contradicción, indicó que
las actuaciones reprochadas por la parte accionante, fueron desarroladas, entre
otros, por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogota y no por la unidad judicial
que representa. En virtud de lo anterior, solicita se declare la legitimación en la
causa por pasiva y la desvinculación del trámite de tutela.
De otro lado, el Titular que preside el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
Judicial de Bogotá, al contestar la tutela de la referencia, informó que ante dicha
unidad judicial se adelantó la acción ejecutiva identificada con radicado nro.
11001310303620090039700, la cual, según los reportes enocontrados, se
archivó en la caja 49 del año 2011.
Igualmente, manifestó que la solicitud de información elevada por el actor, fue
atendida en los términos por el indicado, estando fuera del alcance de esta sede
judicial, lograr el desarchivo del expediente, pues tal labor es de competencia de
la oficina que custodia dicho legajo.
El Consejo Superior de la Judicatura, en su informe del 8 de marzo del
presente año, indicó que la autoridad que se encuentra legitimada para responder
la petición aludida es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá;
ya que la oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de
conformidad con el Artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 de 26 de septiembre
de 2017. En ese escenario, no es viable endilgar alguna responsabilidad al
Consejo Superior de la Judicatura dentro del trámite de la presente acción.
Precisó que ante un eventual amparo del derecho fundamental y posterior
incumplimiento de la orden impartida por parte de la Dirección Seccional, la
autoridad llamada a responder como superior jerárquico es la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial– DEAJ.
Finalmente, expuso que en casos análosos, el Consejo de Estado ha
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desvinculado al Consejo Superior de la Judicatura por no estar legitimados en la
causa por pasiva, por lo que solicita se acceda a la excepción de desvinculación
formulada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si las autoridades
accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición de la accionante, al
no haber atendido las solicitudes de desarchivo del proceso identificado con
radicado nro. 11001310303620090039700.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
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operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, “cuando se
trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no
tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente a la acción
de tutela”1. En ese orden de ideas, cuando se genere una presunta afectación al
derecho fundamental de petición no existe otro mecanismo que permita
efectivizar el mismo y se puede acudir directamente a la acción constitucional.
4. Del derecho fundamental de petición
Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho fundamental es
de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y la vulneración de
su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción de tutela.
En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:
«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
1
Sentencia T-410 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véase también, entre otras, la sentencia T-
T-149 de 2013.
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conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley
así lo determine (…)»2. (Resaltado original).
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de
estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido3.
Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.
2
Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
3
Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
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Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.
Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este interregno no
se responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».
En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:
«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro
de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».
5. Caso concreto
En el presente asunto, el representante legal de la Sociedad ARMADURA S.A.S
invoca la protección del derecho fundamental de petición, pues afirma que las
entidades accionadas no han resuelto de fondo las peticiones encaminadas a
obtener información sobre el desarchivo del expediente nro.
11001310303620090039700.
En ese orden de ideas, la Sala de entrada anticipa que concederá el amparo del
derecho fundamental de petición de la parte accionante, puesto que de
conformidad con el material probatorio aportado al expediente y los informes
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rendidos, se denota que la garantía constitucional de petición fue vulnerada.
Lo anterior, por cuanto el término para otorgar respuesta a las solicitudes
presentadas por el tutelante se encuentra ampliamente fenecido, debido a que
las peticiones de información vienen siendo reiteradas desde hace un par de años
y a la fecha, no se ha hecho efectivo el desarchivo del proceso; es más, no se
sabe si el proceso fue archivado.
Véase que, desde el 27 de julio del año 20224, el accionante ha intentado obtener
información sobre el desarchivo del proceso identificado con radicado nro.
11001310303620090039700, pero a la fecha no ha sido posible, pues, el Juzgado
donde cursó el proceso de la referencia, en respuesta del 4 de octubre de 20225,
textualmente le indicó que:
“El proceso de la referencia se encuentra archivado en la caja 49 del año 2011.
Lo que es menester aclararle que deberá realizar el trámite de desarchive ante
la oficina judicial de archivo, ubicada en la CARRERA 10 No. 14-33 piso 1”
(Negrilla y subrayado fuera de texto)
De igual manera, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Archivo Central, en respuesta vía correo electrónico del 11 de
noviembre de 20226, le informó lo siguiente:
“En atención a su solicitud de desarchive correspondiente al proceso 200-
397 del juzgado 03 CIVIL CIRCUITO, que de acuerdo con los datos de ubicación
se encuentra en el paquete 49/2011, me permito informar, que una vez realizada
la búsqueda, no se encuentra ni físico, ni relacionado en el mencionado
paquete.
4
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Situación por la cual debe contactarse con el juzgado para que le
suministren información de si el proceso ya fue entregado al archivo central
y de ser así, a que bodega fue asignada su custoria. Con acta de entrega para
confirmar el No. Del paquete y año de archivo” (Negrilla y subrayado fuera de
texto)
De lo previamente expuesto, advierte la Sala que existe una inconsistencia entre
las accionadas que ha tenido que soportar injustificadamente el accionante; ello,
considerando que, el Juzgado Civil accionado manifiesta haber archivado el
proceso en la Caja 49 del año 2011 y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, pese a haber referenciado al Juzgado 03 Civil del Circuito de
Bogotá, informa que el proceso no se encuentra en físico, razón por la que se
requiere comunicación con el Juzgado.
En ese escenario, considera la Sala que las respuestas otorgadas a la petición
del señor Richard Alfonso Pinto Ireño, no constituyen una respuesta de fondo, en
razón a que el objeto central de las peticiones del accionante es que se
materialice el desarchivo del expediente, lo cual no se satisface con las anteriores
contestaciones. Por el contrario, no se ha brindado información que permita
continuar o avanzar con el trámite de desarchivo.
Así las cosas, teniendo de presente que en la contestación del 11 de noviembre
de 2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Cundinamarca indica que debe contactarse con el juzgado para que se suministre
información del proceso archivado, y advirtiendo que el Juzgado Treinta y Seis
Civil del Circuito Judicial de Bogotá no aportó el acta de entrega, ni el reporte de
la inclusión del proceso en la caja indicada, que dice remitir en el escrito de
contestación, se concederá el amparo del derecho fundamental de petición del
señor Richard Alfonso Pinto Ireño en representación de la Sociedad ARMADURA
y, en consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de
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Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, resuelvan de fondo la petición presentada por la
parte accionante, en el sentido de indicar si el proceso identificado con radicado
nro. 11001310303620090039700 fue archivado, y de ser así, la Oficina de
Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes al cumplimiento del término
anterior, remitir el proceso de la referencia al Juzgado Treinta y Seis Civil del
Circuito de Bogotá, y de ello deberá notificar a la parte interesada, de conformidad
con los lineamientos legales y jurisprudenciales a que se hizo referencia en la
parte motiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Amparar el derecho fundamental de petición de la parte accionante, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
Segundo: Se ordena a la Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá y al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de esta providencia, resuelvan de fondo la petición presentada por
la parte accionante, en el sentido de indicar si el proceso identificado con radicado
nro. 11001310303620090039700 fue archivado, y de ser así, la Oficina de
Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes, remitir el proceso de la referencia
al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, y de ello, deberá notificar
a la parte interesada, de conformidad con los lineamientos legales y
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jurisprudenciales expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase
el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero
ponente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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