Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00887-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00887-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00887-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
8 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 8 de mayo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00887-00
Demandante: Jhon Alexander Gómez Barrera
Demandados: Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derecho al
trabajo en condiciones dignas – derecho al descanso | Vacaciones colectivas
suspendidas | funcionarios judiciales
Síntesis del caso: La parte actora alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso,
mínimo vital, trabajo en condiciones dignas, descanso e igualdad, ante la negativa de
conceder el disfrute de sus vacaciones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jhon Alexander
Gómez Barrera contra el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 12 de febrero de 20242, Jhon Alexander Gómez Barrera presentó
acción de tutela contra el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja, por la presunta vulneración
de sus derechos al debido proceso, mínimo vital, trabajo en condiciones
dignas, descanso e igualdad, con ocasión de la decisión de negar el
disfrute de su periodo vacacional, el cual, previamente, le había sido
suspendido.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Mediante Auto de 20 de febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia remitió por competencia el proceso de
la referencia al Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00887-00
Demandante: Jhon Alexander Gómez Barrera
Demandado: Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo en
condiciones dignas, mínimo vital, descanso e igualdad y demás que
consideren vulnerados. En consecuencia, intervenir y ordenar:
1.- A la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
TUNJA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe la provisión
de los recursos necesarios y/o expida el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal respectivo para el pago de la provisión del cargo
de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SATIVASUR, vacante transitoriamente
mientras el suscrito, como titular del mismo, hace uso de su derecho al
descanso. Y, en consecuencia, pueda el nominador proceder a concederme
el disfrute de mis vacaciones.
2.- Al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, DEJAR SIN
FECTOS la Resolución No. 007 del 8 de febrero de 2024, por medio de la cual
ha sido negado mi derecho al descanso en su lugar concederme el disfrute
de las vacaciones que me fueran suspendidas con ocasión de su Resolución
No. 069 del o de diciembre de 2022 emitida por el Tribunal Superior de Santa
Rosa de Viterbo y del Acuerdo no. CSJBOYA22-229 del 29 de julio de 2022 del
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, y nombrar el
respectivo funcionario de reemplazo en encargo.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Jhon Alexander Gómez Barrera ostenta el cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Sativasur (Boyacá), en provisionalidad, y goza del
régimen de vacaciones colectivas.
5. 2) El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
mediante Acuerdo No. CSJBOYA22-229 de 29 de julio de 2022, asignó a los
turnos de los juzgados para la atención de función de control de garantías
del sistema penal acusatorio en los distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo
y Yopal para el periodo de vacancia judicial comprendido entre el 20 de
diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023.
6. 3) Mediante Resolución No. 69 de 1 de diciembre de 2023, el Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo le suspendió al accionante el goce de
sus vacaciones, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo No.
CSJBOYA22-229 de 29 de julio de 2022.
7. 4) El 22 de enero de 2024, el señor Gómez Barrera elevó solicitud ante
el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo orientada a que se
concediera el disfrute de sus vacaciones desde el 22 de marzo hasta el 12
de abril de 2024.
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8. 5) Mediante Resolución No. 7 de 8 de febrero de 2024, el Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo negó la mencionada solicitud, tras
considerar (se trascribe):
“SEGUNDO.- Que para conceder el Disfrute de Vacaciones a los Funcionarios,
se requiere la expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por
parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, para la
designación de su reemplazo.
TERCERO.- Que por lo anterior, se Ofició a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja, Entidad que mediante Oficio DESAJTUO24-
297 del 7 de Febrero de 2024, que respecto a la solicitud de disponibilidad
presupuestal para el personal Supernumerario que reemplazará al Doctor
Jhon Alexander Gómez Barrera, […] Juez Promiscuo Municipal de Sátivasur,
por turno de Control de Garantías del 20 de Diciembre de 2022 hasta el 10 de
Enero de 2023 de conformidad con Resolución No. 069 del 1° de Diciembre de
2022 por Acuerdo No. CSJBOYA22-229 del 29 de Julio de 2022 sin pago ni
disfrute, y en su oficio informaba que las disfrutará a partir del 22 de Marzo
hasta el 12 de Abril de 2024; por lo que reitera que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja, es la encargada de efectuar el
trámite administrativo referente al pago de vacaciones concedidas a los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, una vez sea informada el área
encargada de la respectiva novedad. Que es importante informar que esa
Dirección Ejecutiva, no puede ir en contravía de la prohibición contendida en
el Artículo 17 del Decreto 111 de 1996 compilatorio del Artículo 86 de la Ley 38
de 1989 y en el Artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015, según las cuales
ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que no cuenten con
disponibilidad presupuestal y para el caso objeto de estudio la Circular
PSAJ11-44 de noviembre de 2011, contiene los apartes que establece la Ley
270 de 1996 y por ello la Seccional no se puede apartar de dichos preceptos,
para el caso de la servidora. Que la Circular PSAC 11-44 de 2011, proferida por
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, solo permite que
se soliciten rubros para el reemplazo del Juez que entra a periodo de
vacaciones individuales, en el caso que no pueda encargarse a un
empleado en dicho cargo. Señala que esa Seccional da cumplimiento
estricto a la Constitución, la Ley y los reglamentos establecidos por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por tanto, apartarse de dichos preceptos implicaría arrogarse competencia
exclusiva y excluyente del Consejo Superior de la Judicatura, funciones que
no son de su competencia, tal como lo establece el Artículo 121 de la Carta
Política. Por ello, aclara en cuanto a la expedición del CDP para amparar los
reemplazos por vacaciones, que acatan las disposiciones contendidas en la
Circular PSAC11-44 de noviembre 3 de 2011. Que de esta manera dejan
atendida la petición, dando una respuesta clara, precisa y de fondo.
CUARTO.- La Sala de Gobierno de la Corporación, en estos casos
entrañándose de solicitudes de funcionarios de vacaciones colectivas, en sus
decisiones ha mantenido la postura, que si bien puede tener derecho a sus
vacaciones se necesita nombrar el reemplazo con la suficiencia de derechos;
no hay norma que le permita renunciar a los sueldos, pues se infringe el
principio de: a trabajo igual salario igual.”
9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
negativa en la concesión del disfrute de su periodo vacacional, con
fundamento en cuestiones administrativos de índole pecuniario, atribuibles
a la misma Rama Judicial por no hacer las respectivas apropiaciones
presupuestales, vulneró sus derechos al debido proceso, mínimo vital,
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trabajo en condiciones dignas, descanso e igualdad. Adujo que la
inexistencia de norma que regle lo relativo a la programación de
vacaciones de servidores judiciales del régimen colectivo a quienes
aquellas les fueron suspendidas por necesidades del servicio, no puede
servir de excusa para desconocer las garantías constitucionales de
empelados y funcionarios judiciales. En lo que respecta a la procedibilidad
de la acción de tutela, señaló (se trascribe):
“(…) la acción de nulidad del acto administrativo contentivo de la negativa
de concesión del disfrute del periodo vacacional, o en general el acudir ante
la jurisdicción contencioso administrativo, no resulta idóneo, ya que mi
derecho al descanso quedaría suspendido a la espera de que se debata la
validez de esa manifestación de voluntad de la autoridad, trámite que
adicionalmente resultaría desproporcionado y desgastante frente a un
derecho cierto como el reclamado”.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros3
10. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare solicitó
que se declare su falta de legitimación pasiva en la causa al no tener
dentro de sus funciones las de ordenador del gasto para expedir los
respectivos certificados de disponibilidad presupuestal. Indicó que, de
conformidad con la Ley 270 de 1996, a quien corresponde el manejo y
atención de este tipo de temas presupuestales era a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja.
11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adujo el Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo tenía la competencia funcional para
conceder el disfrute de vacaciones de la parte actora, comoquiera que
aquel tribunal funge como autoridad nominadora del señor Gómez
Barrera. Asimismo, señaló que era la Dirección Seccional de Administración
de Judicial de Tunja la encargada de (se trascribe) “sufragar y expedir las
respectivas resoluciones mediante las cual se establece el periodo de
vacaciones y valores a sufragar por este concepto”. En ese orden, alegó
que carecía de legitimación pasiva en la causa y pidió que se ordene y
conmine al nominador que conceda, de manera inmediata, las
vacaciones solicitadas.
12. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó ser desvinculado por falta
de legitimación pasiva en la causa, pues la autoridad con la aptitud legal
para atender las pretensiones de la acción de tutela era la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja.
3 Mediante Auto de 27 de febrero de 2024, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como demandados al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja y (3) vincular
como terceros interesados al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Administrativa Judicial.
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13. El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo reiteró lo señalado en la
Resolución No. 7 de 2024 y, en ese orden, manifestó que, para poder
conceder el disfrute de vacaciones de un funcionario judicial, debe
contar, previamente, con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal.
14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja manifestó
no oponerse al disfrute de las vacaciones del actor y señaló que no podía
ir en contravía de la prohibición contenida en los artículos 17 del Decreto
111 de 1996 y 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015, según los cuales ninguna
autoridad podrá contraer obligaciones que no cuenten con disponibilidad
presupuestal, así como tampoco los lineamientos de la Circular PSAJ11-44
de noviembre de 2011.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Verificación de la presunta
afectación a derechos. 2.3. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
15. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedencia de
la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales4 al debido proceso, mínimo vital, trabajo en
condiciones dignas, descanso e igualdad. Jhon Alexander Gómez Barrera
es el titular de los derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene
por acreditada la legitimación activa en la causa5.
16. De igual manera, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Boyacá y Casanare, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Tunja y el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo tienen legitimación
pasiva en la causa6, porque de estos se predica la vulneración y, de sus
competencias se desprende la relación con el presente asunto. En ese
orden, serán despachadas de forma desfavorable las solicitudes de
desvinculación presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare, pues sí cuentan con interés en las
resultas del proceso7.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
6 Ídem
7 Estas consideraciones tienen fundamento en los artículos 157 y 174 de la Ley 270 de 1996.
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17. Frente al requisito de subsidiariedad8, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados, esto porque dado el objeto de la
solicitud de amparo (obtener el disfrute de vacaciones), los medios de
control previstos en el CPACA no resultaban eficaces dado el tiempo que
implica el desarrollo y trámite de un proceso judicial, de cara a la presunta
afectación de las garantías constitucionales al trabajo, dignidad humana,
descanso, igualdad y salud de la parte actora.
18. Aunado a ello, sobre este tema, la Corte Constitucional, en
Sentencia SU-296 de 2023, señaló (se trascribe)
“A partir de lo anterior, la Sala encontró necesario unificar ese criterio y, en
consecuencia, dictar una regla sobre la procedencia del amparo en estos
asuntos. En concreto, se definió que la acción de tutela era procedente para
reclamar la protección del derecho al descanso, cuando quiera que se
advierta la negativa de la DESAJ de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para que el nominador pueda conceder el periodo vacacional
al cual tienen derecho los funcionarios y empleados judiciales. Esto, bajo el
entendido de que, en estos casos, resulta desproporcionado exigirle a los
funcionarios y empleados judiciales que han causado periodos vacacionales,
como es el caso de los actores en los procesos sub examine, que acudan
ante al juez contencioso administrativo, cuando lo que se encuentra en juego
es la salud mental y física del trabajador y esta afectación se causa por una
compleja interacción entre al menos tres actos administrativos: la circular del
Consejo Superior de la Judicatura, que regula en términos generales el asunto;
la negativa de las Seccionales, que con fundamento en la circular niegan el
certificado de disponibilidad presupuestal; y la cancelación, suspensión o
negativa de las vacaciones, por parte de los nominadores, al no tener dicho
certificado y, por tanto, no poder designar un reemplazo (…)”
19. En relación con el requisito de inmediatez9, se satisface, comoquiera
que entre la expedición de la decisión por la cual se negó la solicitud de
vacaciones del señor Gómez Barrera (7/2/24) y la presentación de la
acción de tutela (12/2/24), trascurrió un plazo razonable.
2.2. Verificación de la presunta afectación de derechos
20. La Sala concederá la solicitud de amparo por las razones que pasan
a explicarse:
21. Debe señalarse que, de conformidad con los documentos que
reposan en el expediente, está demostrado que el señor Gómez Barrera (1)
trabaja como Juez Promiscuo Municipal de Sativasur, en provisionalidad;
(2) pertenece al régimen de vacaciones colectivas; (3) la Presidencia del
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, mediante el
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
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Acuerdo No. CSJBOYA22-229 de 29 de julio 2022, le asignó al Juzgado
Promiscuo Municipal Sativasur turnos de disponibilidad para control de
garantías en los sistemas penal acusatorio, razón por la cual le fue
suspendido, de forma parcial, el disfrute del periodo de vacaciones 2022-
2023 al titular de dicho despacho; y (4) tiene causado, a su favor, 1 periodo
de vacaciones por haber trabajado durante la vacancia judicial de 2022-
2023, entre el 20 de diciembre de 2022 y 10 de enero de 2023.
22. Finalmente, mediante la Resolución No. 7 de 8 de febrero de 2024, el
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo negó la solicitud de vacaciones
al señor Gómez Barrera.
23. La Sala estima necesario indicar que el derecho al descanso es una
garantía fundamental reconocida expresamente en el artículo 53 de la
Constitución Política y está relacionada con la dignidad humana y el
derecho al trabajo en condiciones dignas que se manifiesta, por ejemplo,
en las vacaciones del trabajador, las cuales son irrenunciables. En palabras
de la Corte Constitucional (se trascribe):
“[…] el derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que
se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales,
para proteger su salud física y mental,10 para compartir con su familia mayores
y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a
manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer
artístico en sus múltiples manifestaciones. Sin desconocer que tales propósitos
requieren para su materialización de apoyos institucionales que envuelven lo
económico, al igual que el aporte personal que cada cual pueda y quiera
hacer en pro de sus intereses y de la familia de la cual forme parte. En todo
caso, dado que el derecho al descanso es un derecho fundamental, se
impone en cabeza del Estado proveer a su realización práctica a través de
sus políticas, de su legislación, de la ejecución de ésta, y por supuesto, al tenor
de la función controladora”11
“Frente al contenido del derecho al descanso, la jurisprudencia de esta
corporación también se ha pronunciado en distintas ocasiones y ha
destacado que constituye un derecho fundamental del trabajador12,
irrenunciable13 y que es susceptible de protección mediante la acción de
tutela14: Asimismo, en la sentencia C-171 de 2020, la Corte precisó que el
derecho al descanso (i) tiene como propósito que durante un tiempo
determinado el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del
desgaste que genera la prestación del servicio, lo cual no solo redunda en el
necesario equilibrio de su calidad de vida, sino que, además, le permite
concretar y avanzar en su proyecto vital. Por lo demás, se especificó que este
derecho (ii) se materializa a través de la limitación de la jornada máxima de
10 Sobre el carácter vital de las vacaciones dijo la Corte en sentencia T-229 de 1997: “Esta Corporación considera
que el carácter de las vacaciones, y del descanso en sí, es de vital importancia para la existencia y la salud de
los trabajadores, y desde tiempos inmemoriales el hombre ha luchado por obtener el reconocimiento legal y la
protección del derecho al descanso. Tan importante es el mencionado derecho, que científicamente se ha
demostrado que cuando un hombre trabaja de manera continua, sin descanso alguno, su salud física y mental
puede afectarse”.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-19 de 2004.
12 Corte Constitucional, sentencias C-710 de 1996, T-837 de 2000, C-019 de 2004, C-035 de 2005 y C-1005 de 2007.
13 Corte Constitucional, sentencia T-837 de 2000.
14 Corte Constitucional, sentencias T-837 de 2000 y C-1005 de 2007.
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trabajo, el otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un
período de vacaciones anuales. Finalmente, (iii) se resaltó que, una vez
causado el período de vacaciones, «el trabajador puede entonces disfrutar
del descanso remunerado y, de esta forma, materializar los postulados
contenidos en los artículos 1 y 25 de la Constitución[,] en lo referente a la
dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justa».”15
24. En ese orden de ideas, se amparará el derecho al descanso de Jhon
Alexander Gómez Barrera.
25. Sin embargo, frente a las órdenes a impartir derivadas de dicho
amparo, la Sala (1) ordenará al nominador que conceda las vacaciones
solicitadas, sin que ello quede supeditado a la expedición de un CDP y (2)
se abstendrá de ordenar, a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Tunja, la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, por las razones que pasan a explicarse16:
26. No resulta constitucionalmente admisible que la concesión de las
vacaciones, así como el respectivo disfrute, se supedite a cargas
administrativas (aspectos presupuestales para garantizar el nombramiento
de un remplazo) que no está llamado a soportar el trabajador. Por lo tanto,
dejar la orden dirigida al nominador pendiente de que obtenga el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal para designar un remplazo,
igualmente resulta vulneratorio de las garantías laborales de orden
constitucional. En consecuencia, la Sala ordenará que, sin dilación alguna,
luego de verificados los requisitos que exige la ley para ello, se concedan
las vacaciones.
27. En otras palabras, supeditar la orden judicial de concesión de
vacaciones a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
implicaría que el disfrute del aludido derecho siga, igualmente, atado a la
suerte y retardo de la gestión administrativa que deba adelantarse ante las
direcciones seccionales y Ejecutiva de Administración Judicial para
obtener dicho certificado.
28. Asimismo, la Sala debe precisar que (1) la acción de tutela no es el
medio idóneo para dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o
apropiaciones presupuestales y (2) la falta de nombramiento de un
remplazo en el cargo que desempeña la parte actora y la eventual
congestión a la que se vería enfrentado el respectivo despacho judicial
durante el periodo de vacaciones son problemáticas propias del mismo
aparato judicial que, necesariamente, deberá superarse para lograr una
eficiente y adecuada prestación del servicio de justicia, sin que ello pueda
15 Corte Constitucional, Sentencia C-103 de 2021.
16 Postura asumida de conformidad a lo establecido en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 15 de septiembre de 2022, Rad. 2022-00726-01.
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perjudicar al trabajador que ha prestado sus servicios en sus respectivos
tiempos de descanso.
29. Es decir, las problemáticas derivadas de la situación administrativa
que se produce por la salida a vacaciones de un empleado o funcionario,
de cara a la prestación del servicio, son aspectos que se salen de la órbita
de amparo de la acción de tutela presentada por quien vio vulnerados sus
derechos al trabajo en condiciones dignas y descanso.
30. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-296 de
2023, indicó (se trascribe):
“229. A juicio de la Corte, tanto los empleados como los funcionarios
judiciales contribuyen en conjunto al funcionamiento efectivo y eficiente del
sistema judicial. Por lo tanto, garantizar un enfoque coherente y equitativo en
cuanto al descanso remunerado no solo apunta a proteger los derechos
individuales de los trabajadores, sino también a fortalecer la salud y el
bienestar general del sistema judicial. De manera que resulta inadmisible que,
al amparo de una supuesta ausencia de regulación del trámite administrativo,
se dispensen tratamientos diferenciados en la garantía de los derechos
fundamentales entre los funcionarios y empleados judiciales, así como entre
aquellos que pertenecen al régimen individual y los que están vinculados a
juzgados cuyo régimen vacacional es colectivo. Aunque la Circular PSAC11-
44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el trámite para la
concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la Sala
afirmó que esto no significa que aquellos no tengan derecho a que se
programen sus vacaciones o a ser remplazados durante el periodo en el cual
disfrutan de dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto
ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo las DESAJ en sus respuestas
durante los diferentes trámites de tutela.
[…]
234. Por último, aunque en la mayoría de los expedientes analizados se
estudiaron casos de empleados judiciales cuyo régimen de vacaciones es
individual, la Sala estimó necesario efectuar un análisis separado del
expediente T-9.098.050, tras considerar que es un asunto disímil de la
generalidad de los expedientes analizados por tratarse de un funcionario
judicial – juez promiscuo municipal – a quien se le suspendieron las vacaciones
pese a encontrarse en el régimen colectivo.
235. Para resolver el problema jurídico planteado en el caso concreto, la Sala
constató que el supuesto de hecho administrativo en el cual se encuentra el
actor no está regulado en la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la
Judicatura, en la medida en que esta disposición únicamente se refiere a la
concesión de vacaciones para funcionarios judiciales cuyo régimen de
vacaciones es individual. Por tanto, como la DESAJ-Tunja ha acudido a las
disposiciones de la citada circular para negar la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal solicitado, en similar forma a como ocurrió con los
empleados judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual, la Sala
concluyó que tanto la DESAJ-Tunja como el Consejo Superior de la Judicatura
han contribuido a la vulneración de los derechos fundamentales del actor,
tras omitir garantizar la contratación de un remplazo durante su periodo de
descanso, so pretexto de una aparente prohibición establecida por aludida
circular. En consecuencia, estimó necesario conceder el amparo reclamado
por el actor y poner de presente que la deficiencia advertida en el trámite
administrativo de concesión de las vacaciones también impacta a algunos
funcionarios judiciales cuyo régimen de vacaciones es colectivo, pero que,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00887-00
Demandante: Jhon Alexander Gómez Barrera
Demandado: Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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debido a situaciones administrativas particulares, como la asignación de
turnos de disponibilidad, tienen que disfrutarlas de manera individual.”
31. Además, debido a que se trata de una problemática reiterada y
extendida que afecta a todos los servidores judiciales que se encuentran
en tales situaciones, a tal punto que por ese motivo se han presentado una
gran cantidad de acciones de tutela por hechos similares, sin que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura, como representantes de la Rama Judicial para tales efectos,
hayan dictado medidas suficientes para conjurar dicha situación, se les
exhortará para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos
correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas y el derecho al descanso de todos los servidores
de la Rama Judicial a quienes dicha garantía se les ha negado, sin que
con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y
adecuada prestación del servicio de administración de justicia en los
despachos o dependencias de los que hacen parte.
2.3. Conclusión
32. Por las consideraciones expuestas, esta Sala amparará los derechos
de la parte actora y ordenará al nominador que conceda, sin mayor
dilación, las vacaciones solicitadas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura
de Boyacá y Casanare.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho al descanso de Jhon Alexander Gómez
Barrera, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
conceda las vacaciones del accionante.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00887-00
Demandante: Jhon Alexander Gómez Barrera
Demandado: Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________
QUINTO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten las decisiones
necesarias y expidan los actos administrativos correspondientes con el fin
de solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas y el
derecho al descanso de todos los servidores de la Rama Judicial a quienes
dicha garantía se les ha negado, sin que con las nuevas medidas a
adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio
de administración de justicia en los despachos o dependencias de los que
hacen parte.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin17.
SÉPTIMO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
OCTAVO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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