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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00891-00

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00891-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas. 2. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 22 Ibidem, pp. 10 y 11 (Énfasis de la Sala). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-00891-00 Demandante: Juan Diego Montoya Cepeda 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00891-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00891-00
Demandante: Juan Diego Montoya Cepeda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00891-00
Demandante: JUAN DIEGO MONTOYA CEPEDA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
Demandado:
TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Contra providencia judicial de reparación directa por lesiones de
conscripto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Juan Diego Montoya Cepeda contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de febrero de 2024, Juan Diego Montoya Cepeda interpuso acción de tutela, en
nombre propio, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 21
de septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que revocó la decisión de primera instancia y denegó
las pretensiones en el proceso de reparación directa No. 11001-33-43-061-2020-00041-
01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
Administración de Justicia establecido en el artículo 29, 13 y 229 de la Constitución Política de
Colombia.

Segundo-. DECLARAR que la sentencia dictada por la Subsección A, de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, violó los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política
de Colombia.

Tercero-. ORDENAR la revisión de la sentencia proferida por la Subsección A, de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de septiembre de 2023, a fin de que se garantice
el debido proceso y el Acceso a la Administración de Justicia.

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Demandante: Juan Diego Montoya Cepeda

Cuarto-. ORDENAR a la Subsección A, de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declare responsable al Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana y
reconozca los perjuicios solicitados en la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de reparación
directa.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Juan Diego Montoya Cepeda se encontraba prestando servicio militar
obligatorio, como conductor motorizado en actividades de patrullaje, cuando el 30 de
noviembre de 2017 resultó lesionado en un accidente de tránsito con una motocicleta de
alto cilindraje.

El señor Montoya Cepeda sufrió una disminución de la capacidad laboral del 10,50%,
que dejó como secuela una leve limitación funcional en arcos de movilidad de la muñeca
izquierda. En consecuencia, la Fuerza Aérea reconoció y ordenó el pago de una
indemnización por disminución de la capacidad laboral por valor de $5.470.738.

El señor Juan Diego Montoya Cepeda junto con su grupo familiar1 interpusieron demanda
de reparación directa contra el Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana, por
estimarlo patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados como
consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito.

Mediante sentencia del 27 de octubre de 2021, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá
declaró patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea, porque
las lesiones tuvieron lugar con ocasión del servicio militar obligatorio, lo que conllevó a
aplicar el título de imputación de daño especial y que, en casos de afectación física a
conscriptos no procede el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.

En relación con la indemnización, condenó a pagar perjuicios morales, daño a la salud y
materiales en favor del señor Montoya Cepeda, y solo morales en favor de los padres,
hermana y abuela.

Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca2, Sección Tercera, Subsección A, por sentencia del 21
de septiembre de 20233, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó
las pretensiones. Consideró que a pesar de que el daño acaeció durante la prestación
del servicio militar, se rompió el nexo de causalidad por la configuración del hecho de un
tercero como eximente de responsabilidad.

4. Argumentos de la acción de tutela

La demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Que el asunto reviste relevancia constitucional porque se incurre en
defecto fáctico y desconocimiento del precedente del Consejo de Estado. Que se

1 Kilmeny Montoya Vargas, Sandra Beatriz Cepeda, Mariana Montoya Cepeda, Luis Orlando Vera Moreno y María

Cristina Rusinque Ocampo.
2 La magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos salvó voto, por considerar que la sola acreditación de la intervención del

tercero en el accidente de tránsito no es suficiente para desvirtuar el nexo de causalidad, pues la entidad accionada sí
contribuyó en la producción del daño. Que la actividad a la que fue sometido el accionante implicó un riesgo superior
al que se debía derivar de la prestación del servicio militar obligatorio, el cual no fue aceptado de manera voluntaria, y
las lesiones fueron producto de una actividad peligrosa, que conlleva un riesgo inherente y previsible.
3 Notificada el 27 de septiembre de 2023.

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agotaron todos los mecanismos judiciales. Que se cumple el requisito de inmediatez,
dado que la sentencia es del 21 de septiembre de 2023 y se notificó el 27 del mismo mes
y año, y que se presentó con claridad el fundamento de la afectación de los derechos.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que la providencia acusada incurrió
en los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración del informe administrativo por lesiones, pues las
conclusiones a las que se arribó son simples supuestos. Sobre el exceso de velocidad
del otro conductor, sostuvo que se basó en los testimonios de los soldados que estaban
en el lugar, pero ninguno era una persona experta y no se solicitó prueba técnica. Sobre
omitir la señal de pare, argumentó que no estaba demostrado en el proceso, y que no se
contó con el informe de tránsito de la autoridad competente. En suma, sostuvo que no se
aportó otro medio de prueba que permitiera tener certeza de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar del accidente, que llevaran a la configuración de la causal de exoneración
de responsabilidad del hecho de un tercero.

Desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
cuanto para la configuración de la causal de exoneración de responsabilidad del hecho
de un tercero es necesario que sea irresistible, imprevisible, ajeno a la demandada y al
servicio4. Que, tratándose de actividades peligrosas inherentes a la actividad militar
desarrollada por conscriptos, como conducir vehículos o el uso de armas de dotación, no
se exonera la administración por tratarse de riesgos previsibles y por ser la entidad la
encargada de la guarda de la actividad5. Que, fue sometido a un riesgo superior que se
deriva de la prestación del servicio militar obligatorio, el cual no fue aceptado de manera
voluntaria, por lo que se impuso una carga constitucional6.

5. Trámite procesal

Mediante auto del 27 de febrero de 2024, el magistrado ponente admitió la demanda de
tutela, y entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A; y en
calidad de terceros, al juez 61 administrativo de Bogotá, al Ministro de Defensa Nacional,
al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a los demás integrantes de la
parte demandante del proceso ordinario.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones por correos electrónicos del 29 de febrero y 15 de marzo de 2024.

6. Intervenciones

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo Cundinamarca solicitó que se declarara improcedente la acción de

4 Sentencia de 26 de marzo de 2008, Rad. 85001-21-31-000-1997-00440-01, Exp. 16350, CP. Mauricio Fajardo Gómez;

Sentencia de 11 de noviembre de 2020, Rad. 05001-23-31-000-200700392-01, Exp. 50662, CP. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
5 Sentencia de 10 de mayo de 2016, Rad. 44001-23-31-000-2007-00093-01, Exp. 43200, CP. Guillermo Sánchez

Luque; Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Rad. 20001-23-31-000-1996-02883-01, Exp. 14325, CP. Ricardo
Hoyos Duque; Sentencia de 23 de septiembre de 2009, MP. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 50001-23-31-000-1996-
05870-01, Exp. 17532; Sentencia de 19 de octubre de 2011. Rad. 50001-23-31000-1997-06606-01 (Exp. 19357). C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
6 Sentencia de 19 de octubre de 2011, Rad. 50001-23-31000-1997-06606-01, Exp. 19357, CP. Jaime Orlando

Santofimio Gamboa; Sentencia de 26 de noviembre de 2014, Rad. 52001-23-31-000-1999-00961-01, Exp. 30337, CP.
Hernán Andrade Rincón.

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tutela porque: (i) no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que
justifique la intervención del juez de tutela; (ii) no se cumple el requisito general de
relevancia constitucional; y (iii) el accionante busca una tercera instancia, pues pretende
el reconocimiento de todos los perjuicios reclamados en sede ordinaria, lo que implicaría
que el juez de la tutela asuma las facultades del juez de la reparación directa.

En subsidio, solicitó que se nieguen las pretensiones porque no vulneró los derechos
fundamentales invocados y no incurrió en los defectos alegados. Respecto al defecto
fáctico, argumentó que no se realizó una valoración probatoria arbitraria, irrazonable o
caprichosa, sino que se hizo un análisis integral. Que el informe administrativo fue el
único medio de prueba que obraba en el plenario y que daba cuenta de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar del accidente. Que con fundamento en esa prueba la parte
demandante sustentó el relato de los hechos y no fue tachado de falso ni cuestionado
por ninguno de los extremos procesales.

En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, explicó que lo aplicó
íntegramente, pues hizo mención expresa a la línea jurisprudencial que alega el
accionante. Que el solo desarrollo de la actividad de conducción no conlleva a la
responsabilidad objetiva del Estado, pues en la sociedad actual es una actividad
ampliamente desarrollada por los civiles. Que no se demostró que el vehículo motorizado
suministrado por la entidad, en el cual se desarrolló el patrullaje, presentara fallas que
incidieran en la generación del accidente, o que la entidad hubiera impuesto al
demandante el desarrollo de una actividad para la cual no se encontraba capacitado.
Que, en casos de responsabilidad por afectaciones físicas a conscriptos, no existe un
régimen de imputación prestablecido, por lo que no hay lugar a establecer un régimen
de responsabilidad objetivo y el daño antijurídico alegado no resultaba imputable a la
entidad demandada, por lo que era improcedente la declaratoria de responsabilidad.

La juez 61 administrativa de Bogotá, el Ministro de Defensa Nacional, el
Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y los demás integrantes de la
parte demandante del proceso ordinario guardaron silencio, pese a que fueron
notificados en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Juan Diego Montoya Cepeda para dejar sin efectos la sentencia del 21 de septiembre de
2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las
pretensiones de reparación directa por las lesiones que sufrió el señor Montoya Cepeda
en un accidente de tránsito durante la prestación del servicio militar obligatorio.

La Sala anticipa que la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos endilgados
porque el Tribunal accionado valoró de forma razonable las pruebas obrantes en el
proceso de reparación directa, acogió una de las posiciones jurisprudenciales vigentes y
concluyó que se configuró el hecho de un tercero como causal eximente de
responsabilidad. Por lo tanto, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que si
existieran los errores que alega la parte actora, se estaría desconociendo el derecho a
obtener una reparación integral por las lesiones sufridas.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
cuestionada se notificó el 27 de septiembre de 2023 y la demanda de tutela se radicó el
22 de febrero de 2024, esto es, en el término de seis meses previstos por la Sala Plena
de esta Corporación.

Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que se
promovió el medio de control de reparación directa y no se interpuso el recurso de
apelación porque la primera instancia le fue favorable. Tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión, puesto que los errores endilgados no pueden
encuadrarse en las causales de procedibilidad previstas en el artículo 2509 del CPACA.

Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso de

7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
9 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en
el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de
las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

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manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de
la existencia de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente al declarar
probada la configuración del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona una
sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la sentencia del 21 de septiembre de 2023, dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en desconocimiento del precedente y defecto fáctico.

Frente al primer cargo sostuvo que se desconoció el precedente de la Sección Tercera
del Consejo de Estado10, que, a su juicio, señala que en casos de conscriptos, que
desempeñan actividades peligrosas que no fueron asumidas por voluntad propia, se
imputa el régimen objetivo por daño especial y, por lo tanto. el eximente de
responsabilidad del hecho de un tercero no se configura.

En cuanto al segundo, alegó que la sentencia cuestionada valoró indebidamente el
informe administrativo de lesiones porque arribó a conclusiones que, dice, no son ciertas.
Que no existían otros medios de prueba que dieran cuenta de la ruptura del nexo causal
por hecho de un tercero.

En cuanto al cargo de desconocimiento del precedente, la Sala advierte que las
sentencias del 18 de septiembre de 2003, 26 de marzo de 2008, 23 de septiembre de
2009, 19 de octubre de 2011, 26 de noviembre de 2014, 10 de mayo de 2016 y 11 de
noviembre de 2020, en efecto, fueron dictadas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en procesos de reparación directa por lesiones causadas a conscriptos durante
el servicio.

Del análisis particular de cada una, se evidenció que, en cuatro11 de ellas, a pesar de que
se aplicó el régimen de imputación objetivo por riesgo excepcional, el Consejo de Estado
estudió la procedencia de las causales eximentes de responsabilidad. Cosa distinta, es
que no las hubiere encontrada probadas. En una12 de las sentencias, la Corporación
declaró probado el título de imputación objetivo por riesgo excepcional, pero evidenció
que el hecho de la víctima también contribuyó a la causación del daño, por lo que redujo
la indemnización de perjuicios en el 50%.

10 Sentencia de 26 de marzo de 2008, Rad. 85001-21-31-000-1997-00440-01, Exp. 16350, CP. Mauricio Fajardo

Gómez; Sentencia de 11 de noviembre de 2020, Rad. 05001-23-31-000-200700392-01, Exp. 50662, CP. Jaime Enrique
Rodríguez Navas; Sentencia de 10 de mayo de 2016, Rad. 44001-23-31-000-2007-00093-01, Exp. 43200, CP.
Guillermo Sánchez Luque; Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Rad. 20001-23-31-000-1996-02883-01, Exp.
14325, CP. Ricardo Hoyos Duque; Sentencia de 23 de septiembre de 2009, MP. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 50001-
23-31-000-1996-05870-01, Exp. 17532; Sentencia de 19 de octubre de 2011. Rad. 50001-23-31000-1997-06606-01
(Exp. 19357). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia de 26 de noviembre de 2014, Rad. 52001-23-31-
000-1999-00961-01, Exp. 30337, CP. Hernán Andrade Rincón.
11 Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Rad. 20001-23-31-000-1996-02883-01, Exp. 14325, CP. Ricardo Hoyos

Duque; Sentencia de 26 de marzo de 2008, Rad. 85001-23-31-000-1997-00440-01, Exp. 16350, CP. Mauricio Fajardo
Gómez; Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Rad. 50001-23-31-000-1996-05870-01, Exp. 17532, MP. Mauricio
Fajardo Gómez; Sentencia de 26 de noviembre de 2014, Rad. 52001-23-31-000-1999-00961-01, Exp. 30337, CP.
Hernán Andrade Rincón.
12 Sentencia de 19 de octubre de 2011. Rad. 50001-23-31000-1997-06606-01, Exp. 19357, C.P. Jaime Orlando

Santofimio Gamboa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00891-00
Demandante: Juan Diego Montoya Cepeda

Solo una13 de las sentencias encontró configurado el régimen de imputación objetivo por
riesgo excepcional, y sostuvo que, en eventos de daños causados con ocasión del riesgo
creado por actividades o cosas peligrosas, como la conducción de vehículos o el manejo
de armas de fuego, el caso fortuito no exoneraba de responsabilidad a la administración,
por ser un hecho interno a la actividad peligrosa y por tanto, previsible.

En otra14 de las sentencias invocadas como desconocidas se aplicó el régimen de
imputación de falla en el servicio y se estudiaron los eximentes de responsabilidad, siendo
opuesta a lo invocado por el tutelante.

De lo anterior, para la Sala es evidente que, no existe una posición unificada sobre la
procedencia o no de los eximentes de responsabilidad en casos de lesiones o
fallecimiento de conscriptos. Por un lado, se sostiene que independientemente de que se
impute el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional, hay lugar a estudiar
los eximentes de responsabilidad. Por el otro, también se advierte la existencia de una
providencia que señala lo contrario.

De lo anterior se advierte que, al no existir una posición unánime, corresponde al juez
ordinario, realizar en cada caso el análisis sobre la procedencia y eventual configuración
de eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho
de un tercero).

Siendo así, el tribunal demandado se refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado
para resolver si, en tratándose de afectación física a conscriptos, es predicable la
configuración de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. Sobre el
particular, el tribunal sostuvo:

a) La jurisprudencia contenciosa15, ha señalado frente al título de imputación, en relación con los
daños que se causen a los soldados conscriptos, que es posible que se dé aplicación a títulos de
imputación objetivo, como el daño especial o el riesgo excepcional, de una parte y de otra, se puede
aplicar el título de imputación subjetivo de la falla del servicio, concluyendo que no hay un régimen
de imputación prestablecido tratándose de daños alegados por conscriptos, y en consecuencia,
dependiendo del caso, el Juez tiene la facultad –de conformidad con los hechos y las pruebas- de
aplicar, bien sea un régimen objetivo o uno subjetivo, en cada caso concreto 16.

b) De igual forma es importante señalar, que como lo ha resaltado esta Sala, la responsabilidad del
Estado se analiza con fundamento en la imputación fáctica que se haga y no nace per se con la
vinculación del soldado a la institución castrense, por cuanto se ha dicho, que el mismo debe soportar
aquellas limitaciones o inconvenientes que sean inherentes a la prestación del referido servicio.

c) Se quiere significar con lo anterior, que independientemente del régimen de responsabilidad a
aplicar, debe existir una imputación a cargo de la institución militar o policial respectiva.

d) Igualmente, se debe recordar, que conforme lo ha señalado el H. Consejo de Estado, en casos
de afectación física a conscriptos, independientemente del régimen de responsabilidad bajo el cual
se analice el caso, es posible que el Estado se exonere de responsabilidad si acredita la
configuración de un eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo de un tercero. Al respecto
obsérvese lo indicado por el H. Consejo de Estado: (…)17.

13 Sentencia de 10 de mayo de 2016, Rad. 44001-23-31-000-2007-00093-01, Exp. 43200, CP. Guillermo Sánchez

Luque
14 Sentencia de 11 de noviembre de 2020, Rad. 05001-23-31-000-200700392-01, Exp. 50662, CP. Jaime Enrique

Rodríguez Navas
15 Cita del texto original: Consejo de Estado Sentencia de fecha 3 de febrero de 2010.
16 Consejo de Estado, Sentencia del 20 de noviembre de 2019, Exp. 2019-3414(AC), CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
17 Cita del texto original: Conejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020,

CP. José Roberto Sáchica Méndez, Radicado: 2009-00133-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00891-00
Demandante: Juan Diego Montoya Cepeda

e) Igualmente, ha precisado el H. Consejo de Estado lo siguiente:

“En los casos en que se invoque, por parte de la entidad demandada, la existencia de una causa
extraña como generadora del daño, será necesario analizar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que éste se produjo, pues es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a su
generación; por lo tanto, la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como
origen o fuente material de los daños ocasionados a conscriptos no es suficiente para que éstos (los
daños) sean considerados como no atribuibles a la Administración Pública, pues se requiere,
además, que ésta acredite que su actuación no contribuyó a su producción, por lo cual no le sería
imputable fáctica ni jurídicamente.

Lo anterior, por cuanto es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación
o el hecho de un tercero o de la propia víctima, pero que, en todo caso, dicho resultado perjudicial
tenga una relación inmediata con el servicio desarrollado por el soldado conscripto, caso en el cual
la demandada no puede liberarse de su responsabilidad, pues, aún en esa eventualidad, es posible
que le sea atribuible jurídicamente el daño.”18.

f) Quiere significar lo expuesto, que contrario a lo indicado por el a quo, en este tipo de casos sí es
posible la configuración del eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, cuando se advierta
que la causa determinante y exclusiva del daño fue el hecho de un tercero. Por otro lado, si se
advierte que la administración contribuyó en alguna medida en la configuración del daño, no será
posible predicar la configuración del eximente de responsabilidad, pero si será deber del juez verificar
si presenta la concausalidad de que trata el inciso final del artículo 140 del CPACA19.

De lo anterior, la Sala advierte que la decisión del tribunal demandado es acertada, pues
en casos de reparación directa por lesiones a conscriptos, tanto la jurisprudencia del
Consejo de Estado como la de la Corte Constitucional, han concluido que:

(…) en aplicación del principio de iura novit curia, el juez puede observar el régimen de
responsabilidad que mejor se ajuste a las circunstancias de la víctima y al título de imputación que
le permita la mejor protección de sus derechos (falla en el servicio, riesgo excepcional o daño
especial). En todo caso, el daño no será imputable a falta de la prueba de que el hecho dañoso o
desencadenante de la enfermedad ocurrió en la época de la prestación del servicio militar, ni cuando
falle la demostración del nexo causal entre éste y la prestación del servicio militar y tampoco
procederá la condena cuando se encuentre demostrada la culpa exclusiva de la víctima, un evento
de fuerza mayor o el hecho de un tercero20.

En ese sentido, el análisis que efectuó el tribunal se ajustó a uno de los precedentes
vigentes, para sostener que, con independencia del régimen de responsabilidad
aplicable, se debe hacer un análisis de imputación, en el cual encontró que se rompió el
nexo causal al configurarse la eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de un
tercero.

Al respecto, la Sala precisa que la parte demandante no puede suponer que, por el solo
hecho de presentarse unas lesiones a conscriptos, ello constituya per se un veredicto
automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que se deba declarar que
existió un daño atribuible a la administración.

Al decidir esta clase de asuntos, el juez administrativo no puede prescindir del análisis de
los elementos de la responsabilidad: (i) la acreditación de un daño antijurídico; (ii) que le
sea imputable al Estado; (iii) que exista un nexo causal entre la conducta -activa u
omisiva- de la Administración (hecho dañoso) y el prejuicio o afectación causada y (iv)
que la parte que alega lo pruebe. Todos estos elementos fueron valorados de forma

18 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020,

CP. José Roberto Sáchica Méndez, Radicado: 2009-00133-01.
19 Samai CE, índice 2, documento F605A046D2D34034 E15BFA020CD3ED64 432038399B99E218
F9608CD4161C55DA (pdf), pág. 8 y 9 (Énfasis de la sala).
20 Ver: Sentencias T-011 de 2017 y T-097 de 2022.

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razonable por el tribunal demandado, y a partir de ellos concluyó que no había lugar a
acceder a las pretensiones.

Ahora bien, frente al cargo de defecto fáctico, de la revisión de la sentencia acusada, la
Sala encuentra que el tribunal demandado empezó por hacer un análisis de los hechos
probados en el proceso de reparación directa y examinó el informe administrativo por
lesiones, e incluso citó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente, así:

“(…) Después de finalizar el puesto de control coordinado el día 30 de noviembre de 2017 a las 10:50
horas y mientras se encontraba realizando labores de patrullaje motorizado el Soldado Juan Diego
Montoya Cepeda, se dirigía a la base por la vía “Las Delicias – Base Aérea” y al pasar por una vía
adyacente una (01) motocicleta de alto cilindraje se dirigía a alta velocidad y al parecer no atendió
una señal de pare, impactando de frente la motocicleta identificada con placa USX-26D que era
conducida por el Soldado en mención. Posteriormente, el soldado Montoya Cepeda fue remitido por
los Bomberos a la clínica Somer donde fue atendido por el médico Luis Alberto Arango Hernández,
quien después de valorarlo le diagnosticó contusión de otras partes del antebrazo y de las no
especificadas (código S501), fractura de la epífisis interior del radio (código S525) y fractura del
maléolo interno (código S825)”21.

Dentro de los hechos probados, el tribunal estudió los siguientes documentos: (i) la orden
administrativa de desacuartelamiento; (ii) la orden de operaciones del 28 de noviembre
de 2017 suscrita por el Grupo de Operaciones de Seguridad y Defensa de la Fuerza
Aérea; (iii) la historia clínica, (iv) el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
Policía, y (v) un documento de la Fuerza Aérea que reconoció y ordenó el pago de la
indemnización por disminución de la capacidad laboral.

Adicionalmente, la Sala evidencia que el tribunal demandado hizo un análisis del material
probatorio obrante en el expediente, concretamente, en el acápite de las consideraciones,
que se refiere a la eximente de responsabilidad del hecho del tercero en tratándose de
afectación física a conscriptos. Puntualmente, dijo:

a) Se encuentra acreditado con los medios probatorios aportados al plenario, que el señor Juan
Diego Montoya Cepeda, resultó lesionado cuando en desarrollo de la actividad de patrullaje
motorizado y restablecimiento del orden público, fue colisionado por otra persona: (i) que conducía
una motocicleta de alto cilindraje a gran velocidad y (ii) que no atendió una señal de pare.

b) Quiere significar lo expuesto, que no existe duda alguna, que el soldado Juan Diego Montoya
Cepeda, resultó lesionado mientras realizaba actividades propias del servicio. Sin embargo, no obra
en el plenario, prueba alguna que permita atribuirle el daño padecido a la Entidad pública
demandada, reiterándose que la teoría del depósito no es de recibo en el momento histórico actual
y que la sola vinculación del lesionado a la institución castrense, o el desarrollo de actividades
relacionadas con el servicio militar, no configura la responsabilidad extracontractual del Estado.

c) Si bien es cierto, el demandante se encontraba realizando una actividad propia del servicio cuando
resulto lesionado (patrullaje motorizado); considera la Sala, que el solo desarrollo de la actividad de
conducción, no puede conllevar a generar responsabilidad administrativa para el Estado (es una
actividad normal y ampliamente desarrollada en la sociedad actual, aun por los civiles), máxime
cuando no se encuentra demostrado que el vehículo motorizado suministrados por la Entidad para
el desarrollo del patrullaje, haya presentado fallas que incidieron en la generación del accidente o
que la Entidad pública demandada hubiere impuesto al demandante, el desarrollo de una actividad
para la cual no se encontraba capacitado.

d) Con fundamento en lo expuesto, considera la Sala, que el daño padecido por el demandante, no
es imputable a la Entidad pública demandada.

21 Samai CE, índice 2, documento F605A046D2D34034 E15BFA020CD3ED64 432038399B99E218
F9608CD4161C55DA (pdf), pág. 5.

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e) Por el contrario, conforme a lo que se encuentra acreditado en el plenario, advierte la Sala que
causa exclusiva y determinante del daño, fue el actuar de una persona natural ajena a la institución
castrense, quien según el informe administrativo por lesiones, al conducir una motocicleta a alta
velocidad y al no respetar una señal de pare, colisionó al aquí demandante, causándole la afectación
a su integridad física, por la cual se demanda en la presente causa, circunstancia que no se puede
pasar por alto.

f) Lo expuesto quiere significar, que en la generación del daño antijurídico intervino de manera
directa, exclusiva y determinante un tercero, razón por la cual en criterio de esta Corporación se
encuentra demostrado el eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un
tercero22.

A juicio de la Sala, la sentencia reprochada no incurrió en defecto fáctico, pues, como
se vio, estudió en conjunto el material probatorio obrante en el expediente y conforme a
las reglas de la sana crítica, concluyó que se rompió el nexo causal por la configuración
de la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

Si bien la autoridad judicial demandada no se pronunció frente a cada medio probatorio
en particular, eso no significa que no se hubieran analizado, o que el análisis fuera
irrazonable, pues frente a los asuntos que la parte actora considera fueron indebidamente
valorados (la alta velocidad de la otra motocicleta o que omitió el pare), se centra en el
único medio probatorio que obra en el expediente sobre las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del accidente. En cuanto al argumento de que se omitió que el accidente
ocurrió con ocasión del servicio y se trata de una actividad peligrosa, el tribunal concluyó
que no obraba en el plenario prueba alguna que permitiera atribuirle el daño padecido a
la entidad pública demandada.

Por ende, una cosa es que la valoración del tribunal fuere caprichosa, y otra muy distinta,
que el tutelante quiera imponer su valoración de las pruebas sobre la ya realizada, y la
Sala no encuentra que el proceder de la autoridad judicial demandada fuere arbitrario.

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que la sentencia del 21 de septiembre de 2023,
dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no incurrió en los defectos alegados. Por consiguiente, se denegarán las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
las razones expuestas.

2. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

22 Ibidem, pp. 10 y 11 (Énfasis de la Sala).

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4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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