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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00897-01

Fecha
21 de junio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00897-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia de tutela proferida el 21 de marzo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de tutela proferida el 21 de marzo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Euclides Romero Bacca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00897-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

21 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidente de la República y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 21 de
marzo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 23 de febrero de 20241 el señor Euclides Romero Bacca, a través de apoderado
judicial2, presentó acción de tutela3 en contra del Presidente de la República, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas ─
URT y la Procuraduría 25 Judicial II para la Restitución de Tierras de Villavicencio
al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición y a la restitución de
tierras al omitir dar respuesta a la solicitud radicada el 28 de julio de 2023.

1.1.- Hechos

1.1.1. El 28 de julio de 2023, a través del correo electrónico, el actor presentó
petición al Presidente de la República, a la URT y al Procurador Judicial delegado
para la Restitución de Tierras de Villavicencio en los siguientes términos:

“1. PETICION DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA:

A. Se informe cuáles son las ACTUACIONES ADMINISTRATIVA que puede tomar el señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en aras de garantizar el Derecho Fundamental de las
Víctimas del Desplazamiento Forzado – RESTITUCIÓN DE TIERRAS, en este caso en
específico el derecho que tiene el señor EUCLIDES ROMERO BACCA Y SU NUCLEO
FAMILIAR.

1
Según obra en el índice 1 del expediente de tutela digital de primera instancia.
2
Obra poder en el certificado B4C419DB1F8D6946 3BF93D6DE1F2D1EB 4DD66BE6A1F9AA68 72FDC502E8A4FBE9,
índice 2, expediente de tutela digital de primera instancia.
3
Obra en el certificado 321817B053FF3C68 A0C2FD8CCC75EA97 FD9F05D8F29D4737 7284FB3DB0F536B0, índice 2,
expediente de tutela digital de primera instancia.

2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
B. En caso de existir ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS por parte del señor PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA, se ejecuten, esto con el fin de garantizar el Derecho Fundamental de
las Victimas del Desplazamiento Forzado– RESTITUCIÓN DE TIERRAS, en este caso en
específico el derecho que tiene el señor EUCLIDES ROMERO BACCA Y SU NUCLEO
FAMILIAR.
C. Se informe cuáles son las MEDIDAS CORRECTIVAS que tiene el señor PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA, en aras de garantizar el Derecho Fundamental de las Victimas del
Desplazamiento Forzado– RESTITUCIÓN DE TIERRAS, en este caso en específico el
derecho que tiene el señor EUCLIDES ROMERO BACCA Y SU NUCLEO FAMILIAR, lo
anterior como quiera que ellos presentaron su solicitud DESDE EL AÑO 2012 Y A LA FECHA
AUN NO SE HA EJECUTADO LA ETAPA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE
RESTITUCION DE TIERRAS ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011, AMPLIADA
MEDIANTE LA LEY 2078 DE ENERO DE 2021.
D. En caso de existir MEDIDAS CORRECTIVAS por parte del señor PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, se ejecuten, esto con el fin de garantizar el Derecho Fundamental de las
Victimas del Desplazamiento Forzado– RESTITUCIÓN DE TIERRAS, en este caso en
específico el derecho que tiene el señor EUCLIDES ROMERO BACCA Y SU NUCLEO
FAMILIAR.

2. PETICION DIRIGIDA AL SEÑOR PROCURADOR DELEGADO PARA LA RESTITUCION Y
FORMALIZACION DE TIERRAS:

A. Se informe de manera clara precisa congruente y de fondo, CUALES HAN SIDO LAS
ACTUACIONES TENDIENTES AL SEGUIMIENTO de la solicitud de restitución de tierras,
realizada por el señor EUCLIDES ROMERO BACCA identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.113.622 de Bogotá D.C., como quiera que la misma ya completa casi
10 años y la misma no ha tenido un desarrollo eficaz puesto que habiendo depositado su
confianza en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DESPOJADAS – TERRITORIAL VILLAVICENCIO META para el retorno a sus
predios, este proceso ha sido lento y lleno de vacíos que nadie explica con argumentos
sólidos y por el contrario hoy día se encuentra a portas de quedarse sin acceso a su derecho
fundamental a la restitución de tierras por haber sido despojado de su patrimonio, desde el
12 de agosto de 2022 (fecha en la cual se presentó el derecho de petición a julio de 2023).
B. Se informe de manera clara precisa congruente y de fondo, CUALES HAN SIDO LAS
ACTUACIONES TENDIENTES A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA a la solicitud de
restitución hecha por el señor EUCLIDES ROMERO BACCA identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.113.622 de Bogotá D.C., ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – TERRITORIAL
VILLAVICENCIO META, esto no solo en la etapa administrativa del proceso de restitución
sino también en la etapa judicial en razón a la falta de celeridad en el trámite de este tipo de
procesos, desde el 12 de agosto de 2022 (fecha en la cual se presentó el derecho de petición
a julio de 2023).
C. Se informe de manera clara precisa congruente y de fondo, CUALES HAN SIDO LAS
ACTUACIONES TENDIENTES AL SEGUIMIENTO PARA LA MATERIALIZACION DE LA
VISITA la visita de georreferenciación que se encuentra pendiente según información de la
URT y de la cual se debe realizar en compañía de los suscritos y los solicitantes como lo
establece la norma realizando para ello las respectivas notificaciones y programación con
tiempo, desde el 12 de agosto de 2022 (fecha en la cual se presentó el derecho de petición
a julio de 2023).
D. Se informe de manera clara precisa congruente y de fondo, CUALES HAN SIDO LAS
ACTUACIONES TENDIENTES A LA PROTECCION de los derechos fundamentales que
tienen el señor EUCLIDES ROMERO BACCA Y SU CONYUGE como adultos mayores y al
padecimiento del deterioro de su estado de salud.

3. PETICION DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
DESPOJADAS:

A. Se informe cuáles son las ACTUACIONES ADMINISTRATIVA que EJECUTÓ el señor
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS, en aras de garantizar el
Derecho Fundamental de las Victimas del Desplazamiento Forzado – RESTITUCIÓN DE
TIERRAS, en este caso en específico el derecho que tiene el señor EUCLIDES ROMERO
BACCA Y SU NUCLEO FAMILIAR, desde el 12 de agosto de 2022 (fecha en la cual se
presentó el derecho de petición a julio de 2023).

3
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
B. Se informe cuáles son las MEDIDAS CORRECTIVAS que EJECUTÓ el señor DIRECTOR
DE LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS, en aras de garantizar el Derecho
Fundamental de las Victimas del Desplazamiento Forzado– RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
en este caso en específico el derecho que tiene el señor EUCLIDE ROMERO BACCA Y SU
NUCLEO FAMILIAR, lo anterior como quiera que ellos presentaron su solicitud DESDE EL
AÑO 2012 Y A LA FECHA AUN NO SE HA EJECUTADO LA ETAPA ADMINISTRATIVA EN
EL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011,
AMPLIADA MEDIANTE LA LEY 2078 DE ENERO DE 2021, desde el 12 de agosto de 2022
(fecha en la cual se presentó el derecho de petición a julio de 2023).”4

1.1.2. En el escrito de tutela se afirmó que a la fecha de radicación de la solicitud de
amparo las entidades accionadas no habían dado respuesta clara, precisa,
congruente y de fondo sobre la petición elevada.

1.2.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que las autoridades accionadas se han rotado la
responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la restitución de tierras, en
el marco de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno.

Precisó que, conforme con los avances actuales de su trámite ante la URT, va a
fallecer sin recuperar el terreno del cual fue despojado. El accionante también
precisó que la URT no atiende los términos legales, aspecto que implica una
revictimización en su caso.

Finalmente indicó que no se puede tener por hecho superado cualquier respuesta
entregada, cuando lo que se busca es el amparo de sus derechos fundamentales.

1.3.- Pretensiones de la acción de tutela

La actora de manera textual elevó las siguientes pretensiones:

“Primero. – Tutelar el derecho fundamental de Petición contenido en la ley 1755 de 2015 y el artículo
23 de la Constitución Política de Colombia y el derecho fundamental a la restitución de tierras,
desarrollado por la Honorable Corte Constitucional.

Segundo. – Se ordene a los accionados la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
representada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS y el PROCURADOR JUDICIAL
DELEGADO PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO – META dar cumplimiento
a lo solicitado a través del derecho de petición con respuesta de manera clara, precisa congruente
y de fondo sobre la petición remitida el día 28 de julio del año 2023.

Tercero. – Se ordene a los accionados PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
representada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

4
Folios 9-11, certificado 8D578C49DBC17944 7184448109DD4643 E51404693D3C47E4 3777CF4C425B2E31, índice 2,
expediente de tutela digital de primera instancia.

4
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS y el PROCURADOR JUDICIAL
DELEGADO PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO – META, desarrollar
planes de trabajo destinados a materializar el avance de la etapa administrativa y judicial del proceso
de restitución de tierras ley 1448 de 2011 ampliada por la ley 2078 de 2021.

Cuarto. – Se ordene a los accionados que, una vez producida la decisión definitiva en el asunto en
cuestión, remita a su Despacho, copia de la respuesta con las formalidades de ley.”5.

2.- Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 28 de febrero de 20246 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al Presidente de la República, a la URT y a la Procuraduría 25 Judicial II
para la Restitución de Tierras de Villavicencio, en calidad de accionados.

3.- Contestaciones

3.1. La Procuraduría 25 Judicial II para la Restitución de Tierras7, con sede en
Villavicencio – Meta, indicó que desde el año 2020 viene acompañando el trámite
administrativo que adelanta la Dirección Territorial Meta de la URT. En relación con
la petición elevada el 28 de julio de 2023, señaló que mediante oficio No. 158 de
fecha agosto 11 de 2023, radicados de salida S-2023- 082780 y S-2023-082781,
enviado por correo electrónico a las direcciones christianrueda23@gmail.com y
aslegalpreventiva2014@gmail.com, se brindó respuesta clara, precisa, congruente
y consecuente, de acuerdo con las competencias y funciones de ese despacho.

3.2. La URT8 indicó que la petición elevada el 28 de julio de 2023 fue debidamente
atendida por la Dirección Territorial Meta de esta Unidad, a través del oficio No URT-
DTMV-04443 del 13 de septiembre de 2023, notificado el 18 de septiembre al correo
electrónico del representante judicial del señor Euclides Romero Bacca
(christianrueda23@gmail.com). En esta oportunidad se comunicó al solicitante de
manera detallada las actuaciones adelantadas en el marco del proceso
administrativo de las solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) identificadas con los ID 30719 y 30673, así
como las circunstancias que han motivado a la Unidad a suspender temporalmente
el trámite en dos ocasiones.

5
Folios 4-5 del certificado 321817B053FF3C68 A0C2FD8CCC75EA97 FD9F05D8F29D4737 7284FB3DB0F536B0, índice 2,
expediente de tutela digital de primera instancia.
6
Obra en el certificado 8BBBF463804F5589 9805F55522E71EE2 9ECADB29686743F8 60976A25D92EFF71, índice 4,
expediente de tutela digital de primera instancia.
7
Obra en el certificado E273F7BF2B209D9B B3587EDC297F4917 67A973FBF0D169A7 F7AEAEACAFB33EB1, índice 8,
expediente de tutela digital de primera instancia.
8
Obra en el certificado 1AC86BC9B21A4214 37EEFC54D9E57452 AD888C1578321FAB CDB70751A10C1082, índice 9,
expediente de tutela digital de primera instancia.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
Explicó que estas suspensiones se debieron a las condiciones adversas de
seguridad identificadas por las autoridades competentes en la zona donde se ubica
el predio solicitado en restitución, situación determinante para la planificación de las
salidas a terreno necesarias para la adopción de una decisión definitiva.

Aclaró que se indicó al peticionario que, durante el 2023, la Dirección Territorial Meta
realizó cuatro comités Integrados de Inteligencia para Restitución de Tierras en los
que se abordaron los temas de seguridad de las zonas de ubicación de los predios
pretendidos en restitución. Así mismo, el 26 de junio de 2023 se realizó Comité
Operativo Local de Restitución para el departamento del Guaviare y, por
condiciones de seguridad, la fuerza pública recomendó suspender salidas a terreno
en el área por presencia de grupos armados ilegales.

En suma, la URT pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela, teniendo en
cuenta que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

3.3. El Presidente de la República9 solicitó que en su caso se negaran las
pretensiones de la acción de tutela. Explicó que la petición del 28 de julio de 2023
fue resuelta a través del oficio OFI23-00145561 / GFPU 13150001 de 4 de agosto
de 2023, en el que se le informó al peticionario que su escrito se había trasladado
por competencia a la URT, por medio del radicado OFI23-00145574 / GFPU
13150001 de la misma fecha.

4.- Fallo de tutela de primera instancia

El 21 de marzo de 202410 la Sección Primera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela respecto del Presidente de la República y la
URT, sin embargo, amparó el derecho fundamental de petición del actor en relación
con el Procurador 25 Judicial II para Restitución de Tierras de Villavicencio, a fin de
que comunicara al señor Romero Bacca la respuesta a su petición.

Específicamente en relación con la URT destacó que contestó de fondo la solicitud
del señor Euclides Romero Bacca, informándole las actuaciones administrativas
adelantadas por la Unidad tendientes a garantizar su derecho a la restitución de

9
Obra en el archivo OFI24-00043285 GFPU.pdf, certificado 3E7DB545FCC75F40 00367D20DC176CEF
9BA3CD4D77627DA8 6C30E2902F00F918, índice 11, expediente de tutela digital de primera instancia.
10
Obra en el certificado CFAFAD30B92361C8 DC07E7639D1441B3 FD3863AB5E88E762 F25EE1BBBB03DEFF, índice 14,
expediente de tutela digital de primera instancia.

6
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
tierras e igualmente le explicó que no ha sido posible continuar con la etapa
administrativa en el proceso de restitución por la presencia de grupos ilegales
ubicados en la zona donde se encuentran los predios objeto de la solicitud de
restitución.

Frente al Presidente de la República indicó que le informó al actor que no era
competente para resolver de fondo su solicitud, por lo que le precisó que su escrito
había sido trasladado para que fuera atendido por la URT, respuesta que fue
entregada el 4 de agosto de 2023.

Finalmente, en relación con el Procurador 25 Judicial II para Restitución de Tierras
de Villavicencio, explicó que no allegó la constancia de comunicación respectiva,
por lo que se hacía necesario conceder el amparo respecto de esa entidad.

5.- Razones de la impugnación

5.1. El señor Romero Bacca11 impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual
advirtió que el Presidente de Colombia tiene la responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de la ley y proteger los derechos fundamentales de todos los
ciudadanos, incluido el derecho a la restitución de tierras establecido por la Corte
Constitucional. Agregó que la URT es la entidad encargada de llevar a cabo este
proceso y, por lo tanto, debe tener acceso a los predios en disputa para poder
realizar su trabajo de manera efectiva.

En atención a lo expuesto, manifestó que el Presidente, en su calidad de
comandante en jefe de las fuerzas militares, tiene el deber y la autoridad para
garantizar que todas las entidades del Estado, incluida la URT, puedan cumplir con
sus funciones de manera efectiva y sin interferencias indebidas. Por lo tanto, señaló
que es injustificable que se niegue el acceso a un predio a la referida Unidad en el
ejercicio de sus funciones, ya que esto va en contra del mandato constitucional de
proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos
colombianos, así como la soberanía nacional.

5.2. La Procuraduría 25 Judicial II para Restitución de Tierras de Villavicencio 12
también presentó escrito de impugnación al entender que no desconoció derecho

11
Obra en el certificado 2E82087337DFE8D1 75ADEB57BF9709D2 BAB336EA092931BB D8796397C48043A4, índice 20,
expediente de tutela digital de primera instancia.
12
Obra en el certificado F0AF82927F469135 0FA9B536E1F5110A 83BADD99F9F739C0 EC44548D3130AEB0, índice 18,
expediente de tutela digital de primera instancia.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
fundamental alguno al accionante, en la medida que, mediante oficio 0158 del 11
de agosto de 2023, se le dio respuesta al apoderado del accionante a los correos
electrónicos christianrueda23@gmail.com y aslegalpreventiva2014@gmail.com.
Información que fue remitida por el sistema de gestión documental con el que cuenta
la Procuraduría.

Explicó que las decisiones de fondo requeridas por el actor no estaban dentro de
las competencias de la Procuraduría, sino en cabeza de la URT. Aunado a lo
anterior, precisó que remitió oficio 079 del 11 de abril de 2024, junto con el oficio
158 del 11 de agosto de 2023, dirigidos por el Procurador 25 Judicial II para la
restitución de Tierras, las constancias de envío electrónico y el pantallazo del
sistema de información de la Procuraduría del envío del oficio 0158, en los que
brindó respuesta a la petición presentada ante la Procuraduría, con lo cual dio
cumplimiento a lo dispuesto por el juez de primera instancia.

6.- Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 29 de abril de 2024 el a quo concedió las impugnaciones
presentadas.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No.
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones
presentadas en contra del fallo proferido el 21 de marzo de 2024 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

A partir de la situación fáctica descrita y las pruebas recaudadas, le corresponde a
esta Subsección determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho
fundamental de petición y consecuentemente el derecho fundamental a la
restitución de tierras invocado por la parte actora.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
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3.- Derecho de petición. Análisis del caso concreto

3.1. De conformidad con el Título 2 de la Ley 1437 de 2011 (“CPACA”), en desarrollo
del artículo 23 de la Constitución, toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener una pronta resolución. Además, esta prerrogativa fundamental es
considerada por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, por ser uno
de los mecanismos principales para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus
deberes13.

En consecuencia, la respuesta debe ser (i) oportuna, de manera que la autoridad se
manifieste dentro del término que exige la ley; (ii) clara, es decir, sencilla y fácil de
comprender; (iii) precisa, de forma tal que atienda solo lo solicitado, sin presentar
información impertinente o elusiva; (iv) congruente, en tanto absuelva de fondo a la
solicitud; y (v) consecuente, en relación con el trámite dentro del cual el
requerimiento es presentado.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional14 ha precisado que el derecho a recibir
una respuesta de fondo, implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de
acuerdo con su competencia, se pronuncie de manera completa y detallada sobre
todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que
no guardan relación con el tema planteado, independientemente de que el sentido
de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado, esto es, sin que ello implique que
en la contestación se acceda a la petición.

Finalmente, es indispensable la notificación de la respuesta al interesado, esto es,
poner en conocimiento la resolución de fondo de su solicitud, pues si el peticionario
no tiene acceso a la respuesta, este derecho carece de efectividad15.

3.2. En el asunto objeto de examen el señor Romero Bacca alegó vulnerado su
derecho de petición por el Presidente de la República, la URT y la Procuraduría 25
Judicial II para la Restitución de Tierras de Villavicencio, por la omisión de dar
respuesta a la solicitud radicada el 28 de julio de 2023.

13
Ver Corte Constitucional, sentencia T-129 de 2019.
14
Ver Corte Constitucional sentencias T-369 de 2013 y T-243 de 2020, entre otras.
15
Corte Constitucional, sentencia T-129 de 2019.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
3.3. A partir de lo expuesto, en este acápite se hará alusión a las actuaciones
adelantadas por cada una de las autoridades accionadas, respecto de la aludida
petición del 28 de julio de 2023.

3.4. La URT, a través de oficio identificado con radicado DTMV2-202303975 de 13
de septiembre de 202316, emitió y comunicó17 la respuesta a la petición elevada por
el accionante, en los siguientes términos:

“La UAEGRTD - Dirección territorial Meta se permite aclarar la siguiente información:
• Mediante la Resolución RT 1334 del 27 de junio de 2016, se micro focalizo la zona rural conocida
como ‘Occidente’ del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, señalado en el plano
predial UT_MT_50325 _MF005, elaborado por esta Dirección Territorial.
• A través de la Resolución RT 01947 del 30 de agosto de 2016 se decidió acumular en un solo
expediente las solicitudes 30673 y 30719 y se inició su estudio formal.
• Posteriormente, mediante la Resolución RT 02954 del 4 de septiembre de 2018, se decide ‘No
inscribir una solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente’ respecto
de las solicitudes identificadas con los números ID's 30673 y 30719.
• Contra la anterior decisión, el solicitante interpuso recurso de reposición el 1° de noviembre de
2018, el cual fue resuelto mediante resolución RT 03342 del 19 de diciembre de 2019, confirmando
la decisión de no inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
• El 22 de julio de 2020, el señor Euclides Romero Bacca convocó a conciliación extrajudicial a la
UAEGRTDAF, requisito de procedibilidad para iniciar el medio de control de nulidad y
restablecimiento de las resoluciones RT 02954 del 04 de septiembre de 2018, y RT 03342 del 19 de
diciembre de 2019, por medio de las cuales se negó la solicitud del señor EUCLIDES ROMERO
BACCA para la inscripción en el registro de tierras despojadas del predio "EL PARRANDON" hoy
‘JAMAICA’ y ‘MALVINAS’.
• La citada audiencia de conciliación se realizó el 4 de septiembre de 2020 ante la Procuraduría 48
Judicial II para Asuntos Administrativos y se acordó ‘REVOCAR la decisión de no inscripción y
retrotraer el proceso desde la etapa de inicio de estudio formal (...)’.
• El Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Villavicencio, mediante auto del 11 de diciembre de
2020, aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito entre la Unidad de Restitución de Tierras y el señor
Euclides Romero Bacca.
• El 11 de febrero de 2021 se profirió la Resolución No. 00189 del 11 de febrero de 2021, por medio
de la cual se revocaron las Resoluciones RT 02954 del 4 de septiembre de 2018 ‘Por medio de la
cual se decide No Inscribir una solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente’ y RT 03342 del 19 de diciembre de 2019 ‘Por la cual se decide sobre un recurso de
reposición’.
• El 14 de mayo de 2021 se profirió la Resolución No. RT 00921, ‘Por la cual se decide sobre la
práctica de pruebas dentro del procedimiento administrativo de inscripción del predio en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente’, y en la que se ordenó entre otros medios
probatorios, entrevista semiestructurada a pobladores antiguos de la zona en donde se ubican los
predios objeto de solicitud.
• Los días 8 y 12 de noviembre de 2021, se realizaron en la vereda La Cooperativa, las pruebas
sociales acordadas en la diligencia de conciliación.

En cuanto a las actividades desarrolladas en el presente año se desarrollaron las siguientes:
• El 22 de enero de 2022, se hizo diligencia de ampliación con el señor Euclides Romero en las
Oficinas de Villavicencio, y además, se le puso en conocimiento los resultados de las pruebas
sociales realizadas en noviembre de 2021.
• Además se ofició a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín mediante Oficio
con radicado de salida DTMV2-202209553 del 6 de septiembre de 2022, en el que se solicitó inscribir
la medida de protección ordenada en el numeral 2 del artículo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015,
modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, en los folios de matrícula No. 236-32631 y
236-32630.
• La citada medida de protección fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria el 16 de
septiembre de 2022.

16
Obra en el certificado 0D75C701D0B1FCAE 5BA85F2F390ADCD8 03D3C13A5C8A0F52 7253195A27784FDF, índice 9,
expediente de tutela digital de primera instancia.
17
Obra certificación de entrega a folio 22, certificado 1E4A58DAA36C1A5D 69F6734D74593249 5A786D1D672EC29B
9850B23FB6092261, índice 9, expediente de tutela digital de primera instancia.

10
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
En el presente año se han realizado cuatro comités Integrados de Inteligencia para Restitución de
Tierras (CI2RT) en las siguientes fechas:
• 13/04/2023
• 21/06/2023
• 24/07/2023
• 22/08/2023

Así mismo, el día 26 de junio de 2023 se realizó Comité Operativo Local de Restitución (COLR) para
el departamento del Guaviare, donde por condiciones de seguridad la fuerza pública recomendó
suspender salidas a terreno en el área donde se encuentra los IDS 30673 y 30719 por presencia de
grupos armados ilegales pertenecientes al frente 39 de las disidencias. Es importante resaltar, que
en el mes de junio en el lapso comprendido del 21 al 28, se programó una operación Helicoportada,
con la dirección de carabineros de la Policía Nacional, que debió ser suspendida por encuentros
armados entre las Unidades del Ejército Nacional y estructuras del frente 39 en esta área, situación
que ponía en riesgo la integridad física del personal que participaría en la operación.

En ese orden de ideas la planeación y programación de salidas a terreno se realizarán bajo el
precepto de barrido predial, concentrando geográficamente las solicitudes que cumplan con las
vocaciones, requerimientos de ley para la respectiva comunicación y georreferenciación, se cuente
con el visto bueno de acompañamiento directo en terreno por la fuerza pública, y que el análisis de
contexto de seguridad del solicitante cumpla con las medidas de protección y seguridad mínima
para el desplazamiento al predio.

De este modo, no es posible contar con una fecha exacta puesto que la misma debe ser concertada
con los aspectos logísticos y de seguridad que rodean la mencionada salida a terreno, por lo anterior,
será informada de la fecha exacta con 15 días de antelación a materializarse la diligencia para el
efectivo desarrollo de la actividad.”

Como lo indicó el juez de primera instancia, la URT respondió de fondo el pedido
elevado el 28 de julio de 2023; explicó las actuaciones administrativas adelantadas
por la Unidad y la imposibilidad de continuar con la etapa administrativa en el
proceso de restitución por la presencia de grupos ilegales ubicados en la zona
donde se encuentran los predios objeto de reclamo. Entonces, en este aspecto, se
confirmará la decisión impugnada.

3.5. Por su parte, la Procuraduría 25 Judicial II para Restitución de Tierras de
Villavicencio, a través de Oficio 158 con radicado de salida S-2023-082780 de 11
de agosto de 202318, emitió y comunicó19 la respuesta al escrito elevado por el
accionante, en los siguientes términos:

“Esta Procuraduría tuvo conocimiento del trámite administrativo, que se adelanta bajo los IDS 30673
y 30719 originados por la solicitud de restitución que el señor Euclides Romero Bacca presentó ante
la Unidad de Restitución de Tierras, por petición elevada ante esta Procuraduría Judicial, por lo cual,
se han realizado los respectivos requerimientos y el seguimiento del trámite administrativo ante la
Unidad de Restitución de Tierras, quienes han informado a este Despacho sobre las actividades
que han desarrollado en distintos momentos.

De lo informado por la Unidad, se menciona las dificultades que han tenido para la realización de la
georreferenciación debido a las condiciones de seguridad y la coordinación con la fuerza pública en
el desarrollo de la logística para que esta actividad se lleve a cabo, situación que fue informada en
el segundo semestre del año 2022, y planteando la realización de esta una vez se coordine las
labores logísticas y de seguridad que requieran para el traslado de la comisión a la zona.

18
Obra a folios 5-7, certificado E273F7BF2B209D9B B3587EDC297F4917 67A973FBF0D169A7 F7AEAEACAFB33EB1,
índice 8, expediente de tutela digital de primera instancia.
19
En constancia allegó pantallazo de sistema de gestión documental con el que cuenta la Procuraduría, a efectos de constatar
el envío de la respuesta respectiva. Obra en el folio 3, certificado F0AF82927F469135 0FA9B536E1F5110A
83BADD99F9F739C0 EC44548D3130AEB0, índice 18, expediente de tutela digital de primera instancia.

11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
En el desarrollo de nuestra función preventiva, se ha solicitado a la Unidad de Restitución de Tierras
informe a esta Procuraduría Judicial sobre los avances de las diligencias que estaban pendientes
por ejecutar para la culminación del Trámite Administrativo con el acto administrativo que decide de
fondo la solicitud, instando, nuevamente, a que se le imprima celeridad al proceso, teniendo en
especial consideración la fecha de la presentación de la solicitud y la condición de adulto mayor
buscando, de esta manera, la protección de los derechos fundamentales del solicitante.”

En este contexto, la Procuraduría, en el marco de sus competencias, otorgó
respuesta a la petición elevada el 28 de julio de 2023, en la que indicó que había
instado a la autoridad administrativa a impulsar el proceso de restitución de tierras
en atención a la fecha de la presentación de la solicitud y la condición de adulto
mayor del actor. Aunado a ello, anexó la certificación que daba cuenta del envío de
la respuesta elaborada por esa entidad, con lo cual esta Subsección no advierte una
vulneración al derecho de petición por parte del Ministerio Público.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, para, en su lugar,
negar el amparo en lo que al derecho de petición se refiere.

3.6. Finalmente, el Presidente de la República, a través del Oficio OFI23- 00145561
/ GFPU 13150001 de 4 de agosto de 2023, emitió y comunicó20 al apoderado del
accionante que su solicitud había sido trasladada a la URT, dado que en específico
se refería a la ejecución de acciones administrativas para garantizar el derecho a
las víctimas del desplazamiento forzado con relación a la restitución de tierras.

En tal medida, la decisión adoptada por el juez de primera instancia se ajusta a los
lineamientos del derecho de petición, dado que se le comunicó al señor Romero
Bacca que el Presidente de la República no era competente para resolver de fondo
su solicitud y se le explicó que se había dado traslado a su escrito, para que fuera
atendido por la URT. En consecuencia, esta Subsección confirmará la decisión
adoptada en primera instancia respecto del Presidente de la República.

4.- El derecho fundamental a la restitución de tierras. Análisis del caso
concreto

4.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional21, en Colombia, la restitución
de tierras es un derecho fundamental que permite a las víctimas del conflicto armado

20
Obra trazabilidad del envío del Oficio núm. OFI23- 00145561 / GFPU 13150001 de 2023, en el archivo OFI24-00043285
FPUTrazabilidad Documento OFI23-00145561, certificado 3E7DB545FCC75F40 00367D20DC176CEF
9BA3CD4D77627DA8 6C30E2902F00F918, índice 11, expediente de tutela digital de primera instancia.
21
Ver Corte Constitucional, sentencia SU-648 de 2017.

12
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
retornar a los predios que debieron abandonar por causa de la violencia 22. Esta
garantía jurídica hace parte de las medidas de reparación que debe procurar el
Estado, para alcanzar el “restablecimiento de la víctima a la situación anterior al
hecho de la violación, entendida [e]sta como una situación de garantía de sus
derechos fundamentales”23.

En relación con el trámite de restitución de tierras, esta Subsección destaca que es
un proceso mixto que comprende:

i) Un trámite administrativo a cargo de la URT, en el que se recopila toda la
información física y jurídica sobre los predios que fueron abandonados o
despojados a las víctimas del conflicto y en esta etapa se debe: (i) decidir
sobre el inicio formal de estudio de la solicitud; (ii) establecer las
condiciones de procedibilidad del registro; (iii) descartar de plano aquellos
casos que no cumplen los requisitos legales para la inscripción; y (iv)
evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen con los
requisitos previstos en la ley24.

ii) Una instancia judicial a cargo de los jueces y magistrados especializados
de cada circuito y distrito judicial, en la que se resuelve judicialmente la
restitución de bienes inmuebles abandonados o despojados.

Ahora bien, en relación con las garantías de las víctimas del conflicto armado
interno, la jurisprudencia constitucional ha fijado unas pautas constitucionales
mínimas de salvaguarda de derechos, dentro de las que se destaca la protección
frente a la demora o inacción de las autoridades competentes25, situación que
admite justificación a partir de la complejidad del asunto y la existencia de
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impidan la pronta resolución del
asunto sometido a consideración26.

22
Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004. En este fallo se explicó que las personas desplazadas por la violencia tienen
“derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse
en alguna parte específica del territorio nacional”.
23
Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012. En este caso se estudió la constitucionalidad de varios artículos de la Ley
1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
24
Ver Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2023.
25
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-648 de 2017.
26
La Corte Constitucional ha advertido que la mora administrativa se configura cuando se transgrede la garantía del plazo
razonable dentro del proceso administrativo, habida cuenta de que este debe desarrollarse sin dilaciones injustificadas o
inexplicables. Cfr., entre otras, sentencias T-046 de 2023, T-595 de 2019 y C-496 de 2015.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
4.2. A partir de los lineamientos expuestos, esta Subsección encuentra que los
argumentos vertidos en el escrito de impugnación no logran desvirtuar las
consideraciones expuestas por el a-quo, como pasa a explicarse.

4.3. En este caso el actor alega en esencia que las autoridades accionadas se han
rotado la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de restitución
de tierras, ya que, de cara al actual trámite que adelanta ante la URT, va a fallecer
sin recuperar el terreno del cual fue despojado.

Contrario a lo afirmado por el tutelante, no se cumplen los presupuestos señalados
por la jurisprudencia para que proceda el amparo por mora administrativa, puesto
que la URT viene actuando acorde al marco de sus posibilidades y por una
circunstancia imprevisible, como lo es la presencia de grupos al margen de la Ley,
específicamente el frente 39 de las disidencias, se vio en la obligación de suspender
la identificación del terreno a sustituir, a efectos de evitar poner en riesgo la
integridad física del personal que participaría en la operación.

Atendiendo a la importancia de la etapa administrativa del proceso de restitución de
tierras, en orden a identificar los predios a restituir, es necesaria una adecuada
valoración del terreno, aspecto que en este caso concreto no se ha podido
materializar por los referidos problemas de orden público.

Ahora bien, en relación con la manifestación hecha por el actor en el escrito de
impugnación, en el que refiere que el Presidente, en su calidad de comandante en
jefe de las fuerzas militares, tiene el deber y la autoridad para garantizar que todas
las entidades del Estado, incluida la URT, puedan cumplir con sus funciones de
manera efectiva y sin interferencias indebidas, se anota que este es un aspecto que
no fue puesto de presente en la petición ni en el escrito de tutela, por lo que esta
Subsección no considera procedente hacer un pronunciamiento al respecto, pues
se estarían desconociendo las garantías de la entidad accionada.

Lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el trámite de
restitución de tierras se materializa a partir de los derechos a la verdad, la justicia,
la reparación y la garantía de no repetición de quienes han sufrido los daños a causa
de la violencia generada por el conflicto armado interno. En consecuencia, uno de
los elementos centrales del derecho a la reparación lo constituye el referido derecho
a la restitución, el cual implica la garantía de regresar material y jurídicamente a la
situación en la que se encontraba el sujeto en condición de desplazamiento, antes

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00897-01
Accionante: Euclides Romero Bacca
Accionados: Presidencia de la República y otros
de la trasgresión de sus derechos humanos, por lo que se busca el retorno efectivo
de las personas desplazadas por la violencia, cuando esta ha cesado, situación que
no resulta del todo clara en el presente asunto ante el constante enfrentamiento con
los grupos disidentes.

Con todo, esta Sala considera que las entidades accionadas no han vulnerado el
derecho a la restitución de tierras como consecuencia de una mora administrativa.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia de tutela proferida el
21 de marzo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de tutela proferida el
21 de marzo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, para en su
lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Euclides Romero Bacca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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