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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00902-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00902-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que denegó el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00902-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de junio de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 00902 01
Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00902 01
Accionantes: LUIS ALFONSO POSO BEDOYA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 4 de abril de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Luis Alfonso Poso Bedoya solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la
sentencia del 14 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que confirmó el fallo del 21 de abril de 2021,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción
de controversias contractuales promovida contra la Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.)1.

1
Proceso que se identificó con la radicación 25000-23-26-000-2010-00143-00/02.

1
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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 00902 01
Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

1.2. En la referida demanda, promovida el 27 de octubre de 2007, el señor
Luis Alfonso Posso Bedoya y otros2 pidieron que se declarara (i) la existencia
y validez del contrato de fiducia mercantil de administración, garantía y
fuente de pago suscrito el 3 de agosto de 20023 y sus otrosíes, (ii) el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Fiduagraria
S.A., y que en consecuencia (iii) se le condenara a pagar la indemnización
de perjuicios.

1.3. La demanda fue interpuesta inicialmente ante los juzgados civiles de
Bogotá. No obstante, a través de auto del 27 de noviembre de 2009 el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, declaró probada la
excepción previa de falta de jurisdicción propuesta por la demandada y
ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

1.4. La demanda de controversias contractuales correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, quien
profirió sentencia el 21 de abril de 2021, mediante la cual declaró probada
la excepción de caducidad de la acción, propuesta por la demandada.

2
Ingefin S.A., Mesa de Inversiones S.A., Credivalores S.A., Alberto Medrano Aycardi, Andrés Fernando López
Martínez, Ángela Piedrahita de Lozano, Belisa Restrepo de Jiménez, Danilo Hurtado Lozano, Diana Socorro
Larrarte Saba, Diego Urdinola Arango, Esperanza Cruz Moreno, Fabiola Patiño de Sánchez, Fernando José
Cabal Sinisterra, Fernando Trujillo Herrera, Fredy Fernando Penagos Rivera, Gilberto Sánchez Lesmes, Halma
Valencia López, Hernán Cabal Rebolledo, Hugo Aparicio Gutiérrez Moreno, Inversiones Mareste Ltda., Iván
Ramírez Wurttemberg, Jaime Álvarez Jaramillo, Jorge León Rivera Cruz, Antonio Zarzur, Ena Josefina Prado
de Schneider, Juan Francisco Sarasti Jaramillo, Laurentino Carrión Díez, Leyla Yolanda González Ogliastri,
Lucía Bertha Patiño Pino, Luis Eugenio Cucalón, María Clara Rodríguez Estela, María Cristina Lora Garcés, María
Cristina Sardi Domínguez, María Eugenia Gutiérrez de Martínez, María Isabel Botero Salcedo, María Isabel
Estela Duque, María Ximena Fernández Cabal, Miriam Rodríguez Estela, María Nubia de Villegas, Olga
Hernández Benjumea, Pablo Andrés Arboleda Prado, Pablo José Borrero Medina, Paula Alejandra Gómez Osorio,
Productos Alimenticios La Locura S.A., Reynaldo Martínez Gutiérrez, Rodríguez Jiménez y Cía. S. en C., Sabine
Kuntschen, Sincron Diseño Electrónico S.A., Álvaro Ramírez Cárdenas, Ana María Torres Tascón, Gloria Cecilia
Silva Gordillo, Martha Juliana Acevedo Danner, María Mercedes Fajardo Sanmartín, Carlos Andrés Vidal
Perdomo, Mario Hernán Villegas Pineda, Carlos Eduardo Salas Jiménez, Luis Fernando González Arboleda,
Jorge Humberto Mejía Mantilla, Germán Torres Vargas, María Susana Mejía Bernal, María Teresa Rivera de
Penagos, Víctor Manuel Rodríguez Estela y Yolanda León Henao.
3
Celebrado entre Confecciones Doskar Medellín y CIA. LTDA. (hoy Sociedad de Comercialización Internacional
Doskar S.A., en liquidación obligatoria) y la Sociedad Fiduciaria Industrial S.A. (hoy Fiduagraria S.A), cuyo
objeto fue “la constitución del Patrimonio Autónomo denominado ‘FIDEICOMISO DOSKAR-FIDUFI’ con los
recursos y activos descritos en la cláusula cuarta del presente contrato, con el propósito de que la FIDUCIARIA
los administre, constituya una fuente de pago y/o garantía de las obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE
y/o del fideicomiso DOSKAR – FIDUIFI, a favor de los BENEFICIARIOS, dentro de los términos y condiciones
establecidos en el presente contrato. Igualmente, las partes acuerdan que el Patrimonio Autónomo podrá ser
sujeto pasivo de los créditos otorgados por las entidades financieras u otras personas jurídicas que provean
recursos líquidos al proyecto, para lo cual firmará los documentos pertinentes la Sociedad Fiduciaria Industrial
S.A., en su calidad de vocera y representante del mencionado fideicomiso”

2
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Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

Contra la anterior decisión las partes presentaron recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, a través de sentencia del 14 de julio de 2023, la cual confirmó la
sentencia de primera instancia.

Respecto de la caducidad, el ad quem consideró que, según lo acordado
por las partes en la cláusula de liquidación del contrato, a la controversia
le eran aplicables las reglas previstas en los literales c) y d) del numeral
10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA)4 para
efectuar el conteo del término de caducidad de la acción de controversias
contractuales.

Conforme con lo anterior, consideró que los motivos que fundamentaron la
demanda correspondieron al incumplimiento por parte de Fiduagraria S.A.
de las obligaciones derivadas del contrato de fiducia mercantil, lo que se
consolidó el 12 de abril de 2005, por lo cual, a partir del día siguiente
empezó a correr el término de caducidad de la acción, el cual venció el 23
de mayo de 2007, teniendo en cuenta que el demandante presentó la
solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de marzo de 2007, lo cual
suspendió el término de caducidad hasta el 10 de abril del mismo año. Por
lo anterior, concluyó que la demanda fue presentada de forma
extemporánea, pues se radicó el 23 de octubre de 2007.

1.5. El accionante manifestó en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en:

1.5.1. Defecto sustantivo, porque aplicó el numeral 2 del artículo 91 del
Código de Procedimiento Civil (CPC), que fue declarado inconstitucional por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-662 de 2004, y el penúltimo
inciso del artículo 85 ibidem, que fue declarado condicionalmente exequible
a través de la sentencia C-807 de 2009; y porque no aplicó el artículo 41
de la Ley 153 de 1887 y la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.

4
Aplicable al proceso de controversias contractuales.

3
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Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

Conforme lo anterior, adujo que, para el 3 de agosto de 2002, fecha de
celebración del contrato de fiducia mercantil, así como para el 12 de abril
de 2005, fecha en la que este se consideró incumplido, la jurisdicción
competente para conocer las controversias contractuales derivadas de los
contratos celebrados con entidades financieras de naturaleza pública, era
la jurisdicción ordinaria, y no la contenciosa administrativa. Por lo tanto, la
oportunidad para radicar la demanda era la señalada en el artículo 2536 del
Código Civil5, y no la reglada en el artículo 136 del CCA, razón por la cual
podía instaurarla hasta el 13 de abril de 2015.

1.5.2. Defecto fáctico, por valoración defectuosa del material probatorio
allegado al expediente, particularmente, del contrato de fiducia mercantil,
cuyas cláusulas 14 y 17 “supeditan la vigencia del mismo, al cumplimiento
total de las obligaciones adquiridas con los beneficiarios de los certificados
fiduciarios, e igualmente, que la liquidación del negocio solo podía realizarse
previa cancelación de las obligaciones a cargo del fideicomiso a los
beneficiarios, de lo contrario, no era procedente su liquidación”.

1.5.3. Desconocimiento del precedente, porque no tuvo en cuenta la
sentencia C-662 de 2004, que declaró inexequible el numeral 2 del artículo
91 del CPC, y desconoció las providencias “del 16 de agosto de 2022, rad.
nº. 66.963 y sentencias del 21 de noviembre de 2022, rad. nº 68.616 y
rad. nº. 57.669”, dictadas por el Consejo de Estado, en las que se determina
el momento a partir del cual se debe empezar a computar la caducidad de
las acciones en las que se debaten obligaciones derivadas de contratos de
derecho privado.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 28 de febrero de 2024, el a quo admitió la tutela
y dispuso vincular como tercero con interés a la Fiduagraria S.A.

5
Que establece un término de prescripción de 10 años para la acción ordinaria civil.

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Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por
intermedio del magistrado ponente de la decisión debatida, manifestó que
el expediente del proceso ordinario cuenta con los elementos necesarios
para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.
Igualmente informó que estará presto a atender la decisión que profiera
la Sala.

2.3. Fiduagraria S.A., a través de apoderado, solicitó que se declare
improcedente o en su defecto se denieguen las pretensiones del accionante,
ya que no fue acreditada la configuración de los defectos enunciados en el
escrito de tutela, y lo que se evidencia es una insatisfacción del accionante
con la decisión que le fue desfavorable, y que simplemente pretende utilizar
la acción de tutela como una tercera instancia.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 4 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, estudió de fondo los argumentos de la tutela y
denegó el amparo solicitado al considerar que la conclusión a la que arribó
la decisión accionada no resulta desproporcionada ni arbitraria pues tuvo
en consideración el contenido del contrato de fiducia mercantil, así como la
calidad de quienes acudieron a la demanda a fin de establecer la fecha a
partir de la cual debía contarse la caducidad, por lo que la decisión no
desconoció las normas aplicables.

Consideró que la providencia atacada no adolece de los defectos alegados,
toda vez que hizo un análisis razonable de los aspectos jurídicos del asunto,
en el que tuvo presente la sentencia C-662 de 2004, y determinó como
fecha de presentación de la demanda el momento en que los demandantes
acudieron a la jurisdicción ordinaria y no la fecha en que el expediente fue
remitido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como fue
planteado en el escrito de tutela, por lo que no considera que la decisión
objeto de debate haya sido arbitraria o alejada de las pruebas aportadas al
proceso.

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Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

Conforme con lo anterior, adujo que el cuestionamiento planteado por el
accionante únicamente evidencia un desacuerdo con la decisión adoptada
por el juez natural, la cual no vulnera los derechos fundamentales
invocados, pues se fundamenta en las normas procesales vigentes y
aplicables al asunto.

IV. IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que el a
quo se limitó a indicar que no se había configurado ninguna vía de hecho,
omitiendo el análisis de la ratio decidendi de las sentencias C-622 de 2004
y C-807 de 2009, que a su juicio son de obligatoria aplicación para el caso
concreto, y que no realizó el análisis sobre la configuración de las vías de
hecho sustanciales y fácticas invocadas en la solicitud de amparo.

Agregó que la decisión impugnada no realizó el análisis sustancial de los
derechos fundamentales invocados, “cuya vulneración se alegaba a la luz
de todas las demás vías de hecho planteadas, que obligaban a esa
Corporación a culminar en una decisión motivada que negara o concediera
la protección impetrada”.

Además, reiteró los argumentos planteados en el escrito de tutela respecto
de los defectos en que a su juicio incurrió la providencia de segunda
instancia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

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Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

5.2. HECHOS

5.2.1. El señor Luis Alfonso Posso Bedoya y otros6 interpusieron demanda
ante los juzgados civiles de Bogotá contra Fiduagraria S.A., con la finalidad
de que se le condenara a pagar la indemnización de perjuicios causados con
ocasión del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
fiducia mercantil de administración, garantía y fuente de pago, suscrito el
3 de agosto de 2002 y sus otrosíes.

5.2.2. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, mediante
auto del 27 de noviembre de 2009, declaró probada la excepción previa
de falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

5.2.3. El asunto fue tramitado como una acción de controversias
contractuales y, a través sentencia del 21 de abril de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró
probada la excepción de caducidad propuesta por la demandada. La parte
actora interpuso recurso de apelación y, mediante sentencia del 14 de julio
de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la
confirmó.

5.2.4. El señor Luis Alfonso Posso Bedoya instauró acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior
providencia.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una

6
Ver nota al pie 2.

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manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación7,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional 8 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, el demandante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 14 de
julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que confirmó la sentencia del 21 de abril de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, la cual declaró probada la excepción de caducidad del

7
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
8
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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medio de control de controversias contractuales promovido contra
Fiduagraria S.A.9.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

9
Ver nota al pie 1.

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transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 201910, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 11.

5.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 12:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una

10
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
11
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
12
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

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Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2. Caso concreto

En este caso, la Sala advierte que los argumentos planteados por el actor
en la tutela y en la impugnación giran en torno a que, a su juicio, la
providencia que decidió en segunda instancia el proceso de controversias
contractuales incurrió en: (i) un defecto sustantivo porque aplicó el
numeral 2 del artículo 91 del CPC, que fue declarado inconstitucional
mediante sentencia C-662 de 2004, y el penúltimo inciso del artículo 85
ibidem, que fue declarado condicionalmente exequible a través de la
sentencia C-807 de 2009; porque no aplicó el artículo 41 de la Ley 153 de
1887 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y porque no
aplicó el término de prescripción de la acción ordinaria, consagrado en el
artículo 2536 del Código Civil, (ii) un defecto fáctico, por valoración
defectuosa de las cláusulas 14 y 17 del contrato de fiducia mercantil que
dio origen a la demanda, y (iii) desconocimiento del precedente, por
apartarse de la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.

5.3.2.1. En primer lugar, la Sala advierte que los argumentos expuestos
por el demandante constituyen simplemente la reiteración del debate que
ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo busca
ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el
juez natural del asunto sobre el caso planteado, más concretamente,
respecto de la valoración de los medios de prueba y la aplicación de las
normas que regían el asunto.

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Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional.

5.3.2.2. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202113,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, el demandante se limitó a invocar algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional 15,
pero sin identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin
efectuar una comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y
el sub lite, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio
decidendi le eran aplicables a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un

13
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
14
Invocó: “del 16 de agosto de 2022, rad. nº. 66.963 y sentencias del 21 de noviembre de 2022, rad. nº
68.616 y rad. nº. 57.669”.
15
Sentencias C-662 de 2004 y C-807 de 2009.

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nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de controversias contractuales.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que

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precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso; que no
aplicó el precedente que a su juicio le resultaba más favorable, y que
aplicó normas que, a su juicio, no regían el asunto, debate para el que no
procede este medio excepcional de protección.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará el fallo impugnado,
que denegó las pretensiones de la tutela, y en su lugar la declarará
improcedente, al constatar la ausencia del requisito de relevancia
constitucional respecto de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.

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Accionante: Luis Alfonso Poso Bedoya

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de abril de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que denegó el
amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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