Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00904-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
18 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00904-00
Demandante: Marino Godoy Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00904-00
Demandante MARINO GODOY HERRERA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente. Pensión Gracia. No acreditación de requisito de buena
conducta. Requisitos de procedencia de la acción de tutela: la
inmediatez.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Marino Godoy Herrera de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de febrero de 20241, el señor Marino Godoy Herrera interpuso acción de tutela,
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y el principio de buena fe.
En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“1. Honorables magistrados, respetuosamente les solicito sean tutelados los derechos
fundamentales al: DEBIDO PROCESO, DEFENSA, IGUALDAD, SEGURIDAD
JURÍDICA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y BUENA FE
CONSTITUCIONAL Y LEGAL, así como los demás que encuentren vulnerados directa o
indirectamente en su examen, como consecuencia de la vía de hecho acaecida en la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, y de
segunda instancia proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda – Subsección B, mediante la cual se confirma el fallo de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que SE DECLARE LA NULIDAD Y/O DEJE
SIN EFECTO EL ANTERIOR FALLO, Y SE ORDENE AL AD-QUEM, QUE PROFIERA
UNA NUEVA SENTENCIA CONCORDANTE CON LAS PRUEBAS RECAUDADAS Y
PRACTICADAS EN EL PROCESO”.
1 Tutela radicada en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Marino Godoy Herrera
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Marino Godoy Herrera prestó sus servicios como docente
nacionalizado desde el 12 de febrero hasta el 2 de junio de 1978 en el
municipio de Villavieja, Huila. Posteriormente fue nombrado como profesor en
el departamento del Huila.
2.2. El 8 de noviembre de 2007 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2.3. La entidad mediante la Resolución Nro. 10892 del 12 de marzo de 2008 negó
el reconocimiento pretendido por el actor, por no cumplir con los presupuestos
que la ley exigía.
2.4. El 28 de abril de 2015 el actor solicitó nuevamente el reconocimiento de la
pensión gracia, lo que se negó mediante la Resolución Nro. RDP 36711 del 9
de septiembre 2015, confirmada mediante la Resolución Nro. RDP 52350 del
10 de diciembre de 2015.
2.5. Por lo anterior, el actor Marino Godoy Herrera en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la UGPP con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos que negaron la pensión gracia a su
favor, y a título de restablecimiento pidió el reconocimiento y pago de la
mencionada prestación a su favor.
2.6. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta
de Decisión <<proceso Nro. 41001-23-33-000-2016-00539-00>> y en sentencia
del 16 de febrero de 2021 negó las pretensiones de la demanda.
Advirtió que, de acuerdo con lo probado en el proceso, obraban certificaciones
que acreditaban que el demandante había sido amonestado en 1982 por
escrito y en 1988 verbalmente y que, había sido sancionado con suspensión
por el lapso comprendido entre el 21 de agosto de 1998 y el 3 de agosto de
1999, aun cuando se desconocían las causas por las que se le habían
impuesto las mencionadas sanciones.
Por lo anterior, estimó que, si bien se cumplía con el requisito de ser un
docente del orden territorial, no se satisfacía el requisito de buena conducta
contemplado en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913 y que pese a que se
desconocían los motivos por los que fue sancionado, se evidenciaba una de
las sanciones por el término de un año, lo que permitía concluir que la conducta
que la había generado era grave, lo que hacía que no pudiera tener derecho a
la prestación.
2.7. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante. Correspondió
conocer al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en segunda
instancia que, en sentencia del 8 de junio de 2023 <<notificada por correo
electrónico el 24 de julio de 2023>>, confirmó la decisión del tribunal.
Señaló que la carga de la prueba era de la parte demandante y que, no había
aportado en sede administrativa ni judicial ningún elemento que permitiera
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desvirtuar o al menos aclarar la razón por la que había sido sancionado y
amonestado en años anteriores y por lo que pudiera darse por satisfecho el
requisito de buena conducta.
Agregó que, si bien la suspensión del cargo pudo tratarse de un hecho aislado,
lo cierto era que en la hoja de vida del docente también obraba la constancia
de haberse realizado dos amonestaciones en los años 1982 y 1988, de manera
que ante tales circunstancias no podía darse por acreditada la buena conducta
del actor.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que las sentencias del 16 de febrero de 2021 y del 8 de
junio de 2023, proferidas por Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de
Decisión y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con la radicación Nro. 41001-23-33-000-2016-00539-00/01, incurrió en los defectos
por desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico, por las razones que
se exponen a continuación.
3.1. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Manifestó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que la mala
conducta como causal para la pérdida de la pensión gracia, debía ser el
resultado de un análisis que llevara a la convicción de que durante su
vinculación docente asumió un comportamiento recriminable y que, no se
podía tratar de una actuación considerada de manera aislada.
Que, revisados los antecedentes sobre el tema, el Consejo de Estado ha
señalado que, si la conducta sancionada es un hecho aislado, este no posee
la entidad suficiente para denegar el reconocimiento del derecho a la pensión
gracia, y debe sopesarse el largo ejercicio del empleo docente en contraste
con la conducta y si esta particular situación es suficiente para afectar su
expectativa por ser considerada reprochable y suficiente para hacer nugatorio
el derecho reclamado. Citó una sentencia del 25 de septiembre de 1997 sin
más datos adicionales.
Advirtió que, en igual sentido, en sentencia del 12 de marzo de 2009, el
Consejo de Estado reiteró que el requisito de observar buena conducta a que
hace referencia el numeral 4º de la Ley 114 de 1913, no se puede tener como
incumplido por la ocurrencia de un hecho aislado», sino que debía evaluarse
si el comportamiento censurable fue continuo durante el ejercicio profesional
del docente o de tal gravedad que ameritara la sanción de pérdida de la
pensión. Sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, radicación Nro.
15001-23-31-000-2000-02313-01.
También citó como sentencias que se refirieron a la materia, las siguientes:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo
de 2011, radicado 05001-23-31-000-2001-02910-01(0869-09), M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de
noviembre de 2022, radicado 54001-23-33-000-2015-00421-01(0047-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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3.2. Defecto fáctico. Sostuvo que había un error indiscutible en la valoración de las
pruebas toda vez que se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a que dijo tener derecho, limitándose a indicar que no cumplía con el requisito
de buena conducta, sin tener certeza si hubo o no afectación al deber
funcional, adicionalmente que no se tuvo en cuenta que se trató de un hecho
aislado y que se limitan a suponer que aunque no se acreditaron los motivos
que dieron lugar a las tres sanciones, lo cierto era que una de ellas había sido
por el término de un año, lo que les permitía suponer que la conducta
generadora de la sanción fue grave, sin tener certeza de dicha afirmación.
3.3. En relación con el requisito de inmediatez, mencionó lo siguiente:
“La providencia en la que se incurre en error y/o defecto judicial por violación de los derechos
fundamentales es la decisión de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado,
notificada electrónicamente el 06 de marzo de 2023, la cual, mediante Auto del 14 de agosto
de 2023, obedece lo resuelto por el superior de fecha, decisión que queda debidamente
ejecutoriada el 18 de agosto de 2023, tardándome lo suficiente dado el estudio que me llevó
la realización de la presente acción constitucional, al acreditarse una violación al debido
proceso y vía de hecho en la sentencia de segunda instancia, no obstante me encuentro dentro
del término de los seis meses contemplados por el decreto de tutela”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 28 de febrero de 2024 el despacho ponente admitió la presente
acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionadas y dispuso
vincular como tercero con interés a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, quien fue parte demandada dentro del proceso ordinario.
4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, se pronunció
e indicó que las decisiones judiciales estaban en firme, que la parte actora
buscaba en la tutela una instancia adicional y que, no se cumplía ni con el
requisito de subsidiariedad ni con el de inmediatez, el primero al contar con el
recurso extraordinario de revisión y, el segundo, en la medida que se
cuestionaba una decisión del 8 de junio de 2023 lo que hacía que superara el
término entendido como razonable para la presentación de la presente acción.
Se refirió a la sostenibilidad del sistema y a la inexistencia de un perjuicio
irremediable en cabeza del accionante.
4.3. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, rindió
informe en el que manifestó que no se cumplía con el requisito de inmediatez
al haber transcurrido 7 meses entre la notificación de la providencia y la
presentación de la tutela.
Manifestó las razones por las que se negaron las pretensiones de la demanda
en primera instancia, dijo que esa decisión se confirmó por el superior y
concluyó que, no se advertía la trasgresión de derechos fundamentales en
cabeza del actor.
4.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no se pronunció
en esta oportunidad.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
3.1. Lo primero que debe puntualizar la Sala es que, si bien la parte actora
cuestiona las decisiones proferidas tanto por el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Cuarta de Decisión, como del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, el estudio se circunscribirá frente a la última decisión,
que fue la proferida en instancia de cierre, pues contra la decisión de primera
instancia la actora contó con la posibilidad de presentar recurso de apelación,
como en efecto ocurrió.
3.2. Precisado lo anterior, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la
Sala establecer si la solicitud de amparo cumple a cabalidad con los requisitos
generales de procedibilidad, en concreto el de inmediatez.
De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la providencia del
8 de junio de 2023 en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la radicación Nro. 41001-23-33-000-2016-
00539-00/01, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió
en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En
todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la
tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional5 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados6.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
5 Sentencia T-123 de 2007
6 Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta
que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente”.
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Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado7
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de
seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial
enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional8.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad
de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.”.
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”9. Por ende, para analizar si
este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la
situación personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales
se extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad”10.
5. Análisis del caso concreto
5.1. La accionante cuestiona la sentencia del 8 de junio de 2023 proferida en
segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, la cual se notificó por correo electrónico el 24 de julio de 2023. Esto quiere
decir que el plazo razonable para la interposición de tutela iba hasta el 27 de
enero de 2023, teniendo en cuenta que el término debía iniciar a contabilizarse
a partir del 27 de julio de 202311.
Como la acción de tutela se radicó hasta el 23 de febrero de 2023, es claro
que la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se
debe a que transcurrieron 6 meses y 26 días entre la notificación de la
7 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Sentencia T-031 de 2016.
9 Sentencia SU-391 de 2016.
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Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
11 El anterior término, contabilizado conforme con la regla de unificación establecida en la decisión del 29 de
noviembre de 2022, en el auto de unificación con radicación Nro. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177),
con ponencia de la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto, en el que se indicó:
«La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA
se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA».
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providencia acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el
plazo razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.
5.2. En el escrito de tutela la accionante alegó que la tutela se presentó en un plazo
razonable teniendo en cuenta la fecha en que se emitió el auto de obedézcase
y cúmplase por parte del tribunal en primera instancia, con respecto a la
providencia de cierre que se cuestiona en esta oportunidad, el 14 de agosto
de 2023.
Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental12.
De manera que, el señor Marino Godoy Herrera debió acudir a la acción de
tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la notificación de la
decisión de cierre del 8 de junio de 2023, de considerar que le ocasionaba un
perjuicio y que vulneraba derechos de rango fundamental.
5.3. Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional13 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.
5.4. Establecido esto, se recuerda que cuando la acción de tutela se interpone
contra una sentencia judicial, la carga de diligencia en la interposición de la
acción es más estricta, dado que el paso del tiempo reafirma la legitimidad de
las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias14. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. Lo que
no aconteció en el presente asunto.
5.5. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos
generales de procedencia de este mecanismo constitucional contra
providencias judiciales, concretamente el de la inmediatez.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Sentencia de tutela del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio
Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00.
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
13 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Marino Godoy Herrera
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la solicitud de amparo solicitada por el señor Marino
Godoy Herrera, conforme con la motivación precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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