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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00905-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00905-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00905-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

11 de abril de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 00905 00
Accionante: Germán Velásquez Arango y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00905 00
Accionante: GERMÁN VELÁSQUEZ ARANGO Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante busca reabrir la controversia ya resuelta
por el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Germán
Velásquez Arango, Fermín Velásquez Morales, Donelia Arango de
Velásquez, Fernando Velásquez Arango, Alfredo Velásquez Arango,
Ricardo Velásquez Arango, Cecilia Velásquez Arango, Yolanda Velásquez
Arango, Isabel Velásquez Arango, Lucero Velásquez Arango, Ismael
Velásquez Arango, Roberto Velásquez Arango, Juan Carlos Velásquez
Arango, Guillermo Velásquez Arango, Jairo Velásquez Rojas, Armando
Yara Gómez, Jessica Paola Yara Bolaños, Lorena Alexandra Yara Bolaños,
Nicoll Dayana Yara Bolaños, Martha Yovana Yara Gómez, Visney Yara
Gómez, María Elvira Gómez de Yara, Álvaro Yara Barón, Blanca Marlene
Santafé Jiménez, Danilo Emilio Garzón Buitrago, Carmen Zoraida
González Sánchez, Daniel Felipe Garzón González y Julio César González,
por intermedio de apoderado, en contra el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección A.

1
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00905 00
Accionante: Germán Velásquez Arango y otros

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Germán Darío Masso Vélez y otros, por intermedio de
apoderado judicial, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la presunción de inocencia, que estiman vulnerados con ocasión de la
sentencia de 22 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, que revocó el fallo de 9 de octubre de
2014, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C de Descongestión, en el proceso de reparación
directa promovido contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación1.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, los
demandantes manifestaron que en la mencionada demanda de reparación
directa reclamaron la indemnización de los perjuicios que les fueron
causados por la privación de la libertad de los señores Germán Velásquez
Arango, Armando Yara Gómez, Danilo Emilio Garzón Buitrago, Carmen
Zoraida González Sánchez y del entonces menor de edad Daniel Felipe
Garzón González2.

Señalaron que, mediante sentencia de 9 de octubre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
accedió a las pretensiones de la demanda respecto de la Nación - Rama
Judicial, por la privación de la libertad de Germán Velásquez Arango,
Armando Yara Gómez y Danilo Emilio Garzón, pero las denegó respecto
del daño sufrido por la señora Carmen Zoraida González Sánchez y Daniel
Felipe Garzón González.

Manifestaron que el demandado apeló la anterior decisión y el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, mediante providencia de 22 de
agosto de 2023, la revocó, y en su lugar, declaró probada la caducidad

1
El cual se identificó con el radicado 25000-23-26-000-2011-00563-01 (54.541).
2
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía anexa al poder que otorgó al profesional del derecho,
nació el 5 de junio de 1999.

2
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Accionante: Germán Velásquez Arango y otros

de las pretensiones relacionadas con el daño sufrido por la señora Carmen
Zoraida González Sánchez y Daniel Felipe Garzón González, y denegó las
pretensiones relacionadas con el daño sufrido por las otras víctimas, por
considerar que la medida de aseguramiento se ajustó al ordenamiento
jurídico.

1.3. La parte actora alegó en la tutela que la anterior decisión incurrió en
defecto fáctico, en cuanto valoró la conducta de los accionantes como
un comportamiento determinante para que fuesen objeto de la medida de
detención preventiva, por lo que además aplicó de manera indebida los
artículos 68 y 70 de la Ley 270 de 1996.

Además, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-363 de
2021, que señaló que, en los casos en los que el detenido resulta absuelto
porque el hecho no existió o la conducta es atípica, se debe aplicar el
régimen objetivo de responsabilidad. Esa providencia que sí fue tenida en
cuenta por la misma Sala demandada en otra decisión también dictada el
22 de agosto de 20223, que reconoció las implicaciones del fallo de
preclusión y declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General
de la Nación.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección A, actual titular del despacho que sustanció la sentencia
objeto de tutela, indicó que no intervino en la aprobación de esa decisión,
por lo que se limitaba a respetar y a acatar lo que se resuelva.

2.2. El abogado de la división de procesos de la Unidad de Asistencia Legal
de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial alegó que la
tutela es improcedente porque la parte actora simplemente se encuentra

3
Magistrada ponente: Martha Nubia Velásquez Rico, radicado: 15001-23-31-002-2011-00491-01 (62.178).

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inconforme con la providencia que no accedió a sus pretensiones, y por
tanto busca reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez natural,
convirtiendo esta acción en una tercera instancia.

2.3. La Fiscalía General de la Nación, a través de la profesional
especializada de la dirección de asuntos jurídicos, alegó que esta acción
carece del requisito de subsidiariedad porque existen otros medios de
defensa idóneos. Además, sostiene que la parte accionante no sustenta
causales específicas de procedibilidad.

2.4. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera – Subsección C, manifestó que la providencia del 9 de
octubre de 2014, que decidió el proceso ordinario en primera instancia,
fue proferida por una sala de descongestión que luego desapareció, razón
por la cual no le es posible realizar algún pronunciamiento sobre el asunto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores Germán Velásquez Arango y otros presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de obtener la indemnización
de los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad de los señores
Germán Velásquez Arango, Armando Yara Gómez, Danilo Emilio Garzón
Buitrago, Carmen Zoraida González Sánchez y del entonces menor Daniel
Felipe Garzón González.

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3.2.2. Mediante sentencia de 9 de octubre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
al considerar que existió una privación injusta de la libertad de los señores
Germán Velásquez Arango, Armando Yara Gómez y Danilo Emilio Garzón,
pero no de la señora Carmen Zoraida González Sánchez ni de Daniel Felipe
Garzón González. No obstante, solo condenó a la Rama Judicial y declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la Fiscalía General de la Nación, porque esta no adoptó la
medida restrictiva de libertad.

3.2.3 Inconforme con lo anterior, la Rama Judicial y la parte actora
presentaron recurso de apelación contra la decisión de primer grado, el
cual fue desatado por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A mediante providencia de 22 de agosto de 2023, que la
revocó y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad
en relación con el daño supuestamente sufrido por la señora Carmen
González y Daniel Felipe Garzón González, y denegó las demás
pretensiones de la demanda, al considerar que:

“[…] la Subsección no encuentra arbitrariedad o irregularidad alguna
constitutiva de falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, ni
la existencia de un nexo de causalidad entre la investigación adelantada por
esta y el daño alegado por los demandantes, pues aquel se concretó por la
imposición de una medida de aseguramiento, decisión adoptada, de forma
autónoma, por el juez de control de garantías. […]”.

3.2.4. El señor Germán Velásquez Arango y otros interpusieron acción de
tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la presunción
de inocencia, por la providencia de 22 de agosto de 2023.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

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Accionante: Germán Velásquez Arango y otros

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación4,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20225, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
presunción de inocencia, que estima vulnerados con ocasión de la
sentencia de 22 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado –

4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
5
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Germán Velásquez Arango y otros

Sección Tercera – Subsección A, que decidió el proceso de reparación
directa promovida contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación,
proceso que se identificó con el radicado 25000-23-26-000-2011-00563-
01 (54.541)

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

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Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20196, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 7.

3.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o

6
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
7
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

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recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual

8
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. En este caso, la Sala advierte que las inconformidades planteadas
en la tutela consisten en la configuración (i) de un defecto fáctico en
cuanto a la valoración de la conducta de los accionantes como un
comportamiento determinante para que fuesen objeto de la medida de
detención preventiva, lo que además constituyó una aplicación indebida
de los artículos 68 y 70 de la Ley 270 de 1996, y (ii) de un
desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-363 de 2021, la cual sí fue tenida en cuenta por la misma
Sala demandada en otra decisión también dictada el 22 de agosto de
20229.

3.3.2.2. En cuanto al primer punto, conviene señalar que los argumentos
en los que la demanda de tutela sustentó el supuesto defecto fáctico se
orientan simplemente a controvertir el análisis que realizó la autoridad

9
Magistrada ponente: Martha Nubia Velásquez Rico, radicado: 15001-23-31-002-2011-00491-01 (62.178).

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judicial accionada en relación con la configuración de la responsabilidad
por privación injusta de la libertad, en atención a la conducta de las
víctimas, lo cual constituye justamente el debate que ya se agotó en el
proceso ordinario.

Lo anterior deja en claro que la parte actora sólo busca ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado, esto es, pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, pero sin proponer en torno a sus
argumentos una nueva discusión de índole propiamente constitucional,
por lo que es evidente que sólo quiere acceder a una instancia adicional.

3.3.2.4. En segundo lugar, en cuanto al supuesto desconocimiento del
precedente, se debe tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19
de noviembre de 202110, sostuvo que la acción de tutela contra
providencia judicial en la que se alega el desconocimiento del precedente
exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben
ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en
ambos casos deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar la
sentencia SU-363 de 2021, que, según afirma, dijo que en los casos en
los que el detenido resulta absuelto porque el hecho no existió o la
conducta es atípica, se debe aplicar el régimen objetivo de
responsabilidad; y a sostener que esa providencia que sí fue tenida en
cuenta por la misma Sala demandada en otra decisión también dictada el
22 de agosto de 202211. Empero, no identificó el problema jurídico que
allí se resolvió, ni efectuó una comparación entre los hechos estudiados

10
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
11
Magistrada ponente: Martha Nubia Velásquez Rico, radicado: 15001-23-31-002-2011-00491-01 (62.178).

11
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en ese caso, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la
ratio decidendi le eran aplicables a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó el tribunal demandado,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo

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de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que no se efectuó el análisis de responsabilidad que más le
convenía ni se aplicó el precedente que a su juicio le resultaba más
favorable.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con el derecho fundamental
cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad

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Accionante: Germán Velásquez Arango y otros

de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, declarará la
improcedencia del amparo.

3.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de relevancia
constitucional, respecto de los derechos fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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