Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00908-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00908-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00908-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400908-00
Actora: Asesorías Proyectos y Representaciones S.A.S.
Demandada: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) propiedad privada
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de su Representante Legal1, presentó acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 20 de junio de 2023, en el proceso adelantado en
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 25 a 29 del documento denominado
“3ALDESPACHOPOR2ESCRITODETUTELAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Actora: Asesorías Proyectos y Representaciones S.A.S.
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 520012331000201200137-02, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el Municipio de Pasto, con el fin de que se declarara “[…]
patrimonialmente responsable por los daños ocasionados con ocasión de la
afectación jurídica de un inmueble de su propiedad2 […]”.
4. Adujo que, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 21 de
junio de 2017, negó las pretensiones de la demanda.
5. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 20 de junio de 2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2017, por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] . La Sala confirmará la sentencia objeto de impugnación, dado que del análisis
de los elementos de prueba allegados se impone concluir que no se probó el daño
alegado en la demanda.
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Natural de Recursos
Naturales, Renovables y de Protección del Medio Ambiente, estableció en su artículo
83 que, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado “d) Una faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho […]”.
[…]
2
Solicitó una indemnización por concepto de perjuicios materiales, que los hizo consistir en la suma de
$1.000’000.000 a favor de la parte actora, correspondiente al valor del inmueble en cuestión y $2.745’000.000,
correspondientes a la suma de dinero que generaría el desarrollo de un proyecto de construcción en ese predio
o, de manera subsidiaria, $150’000.000, producto de la rentabilidad de la venta del predio que se vio frustrada
a raíz de la afectación.
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“[…] En el caso bajo estudio, se tiene probado con el certificado de tradición de la
oficina de instrumentos públicos de Pasto del 10 de abril de 2012, que desde el 27 de
marzo de 1996, Asesoría en Derecho e Inversiones Ltda. era propietaria del 50% del
bien inmueble urbano identificado con la matrícula inmobiliaria 240-3839 y cédula
catastral 01-2-00025-001-000 ubicado en la calle 21 No. 28-50, así como del otro 50%
del predio a partir del 22 de diciembre de 2009.
Asimismo, se tiene probado que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Pasto del 28 de junio de 2000, en desarrollo de las disposiciones referidas párrafos
atrás, dispuso en su artículo 85 que el subsistema hídrico de ese municipio se
encuentra conformado por los cauces naturales y construidos de corrientes, así como
también por los cuerpos de agua, tales como ríos, quebradas, caños, acuíferos,
huellas de quebradas, meandros y chucuas, junto con las áreas y elementos naturales
que se requieren para su protección y preservación ambiental, tales como rondas
hídricas, lechos de los depósitos naturales de agua, cobertura vegetal protectora y
zonas de manejo y preservación ambiental de las mismas […]”.
[…]
“[…] La Sala infiere que el POT del 28 de junio de 2000 desarrolló lo instituido por la
Constitución Política de 1991, la Ley 388 de 1997 y los decretos 2811 de 1974, 1541
de 1978 y 1504 de 1998, esto es: en el marco de la preservación ecológica, procedió
a proteger la ronda hídrica del Rio Pasto, limitando el uso del suelo de los predios
privados que se encontraran alrededor del área de reserva ecológica impidiendo la
construcción de edificaciones en el lugar, representados por una faja paralela a la
línea de borde del cauce permanente de las corrientes hídricas hasta de 30 metros
de ancho a lado y lado.
Por otro lado, la sala no puede dejar de considerar que mediante certificación del 18
de junio de 2013 del municipio de Pasto, se indicó que, de acuerdo al POT, contenido
en el Acuerdo 26 de 2009, el predio con cédula catastral 01-02- 0025-0001-000
ubicado en la calle 21 No. 28-50 de ese municipio, tiene restricción por encontrarse
en el sistema de Amenaza y Riesgo, pues un 75% de su área se encuentra en la zona
de influencia del Rio Pasto.
También, en esa misma certificación se señala que dicho predio tiene restricción por
encontrarse ubicado en un área perteneciente a la franja de regulación hídrica del Rio
Pasto, que corresponde a una franja no menor de 30 metros al lado y lado del borde
del cauce del rio […]”.
[…]
“[…] A juicio de la Sala, el avalúo comercial debió centrarse precisamente en la
desvalorización como consecuencia de la afectación ecológica y no establecer de
manera general la valoración comercial del inmueble, por cuanto la propiedad del
mismo continúa en cabeza de la demandante. En ese sentido, lo determinante era
realizar una comparación del valor comercial del bien antes de la expedición del
referido Acuerdo y con posterioridad al mismo; sin embargo, no se cuenta con el valor
comercial de ese inmueble con posterioridad a la restricción de uso del suelo.
En todo caso, según lo ha señalado está Corporación, la sola disminución en el valor
de un bien como consecuencia de la adopción de una medida legítima del Estado
dirigida a la protección del medio ambiente y mediante la cual se limite o fijen
restricciones para el uso del suelo en el que se halla, no constituye un supuesto que
por sí solo permita evidenciar la existencia de un daño antijurídico en cabeza de su
propietario.
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De esta manera, como en el sub examine no se acreditó que la decisión administrativa
contenida en el POT fuera excesiva, especial o singular, así como tampoco que
superara las condiciones naturales definidas en la función social y ecológica inherente
a la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes y, mucho menos que
trasgrediera un derecho adquirido, estima la Sala que no se configuró un daño
especial superior al que normalmente deben asumir los ciudadanos en razón de la
particular naturaleza del derecho comprometido […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Se solicita en forma concreta a los señores Magistrados de tutela, mediante la
presente acción, dejar sin efecto la sentencia dictada por esa corporación - sección
tercera- Consejo de Estado, en el proceso radicado 5200233100020120013700, de
reparación directa, y en su defecto se ordene dictar sentencia condenatoria a la
entidad territorial demandada, para reconocer y pagara a la sociedad que represento,
los perjuicios de todo orden causados con la limitación al derecho de dominio
establecida por el acuerdo municipal 026 de 2009 del Concejo Municipal del
municipio de Pasto la suma de Mil Millones de Pesos ($ 1.000’000.000); que
corresponden a la afectación del 75% del inmueble descrito, con la debida
actualización, de ese valor de esa fecha hasta el momento en que se reconozca y
pague efectivamente el monto de los perjuicios reclamados. […]”.
6.1. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico y en un “[…] defecto
sustantivo […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de febrero de 2024: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado; y iii) vinculó, en calidad de terceros con
interés legítimo, al Tribunal Administrativo de Nariño y al Municipio de Pasto,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8.La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la solicitud de tutela. Al respecto consideró lo siguiente:
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“[…] Con todo, como lo muestra el fallo que ahora se acusa, la Sala valoró todos los
medios de prueba allegados al plenario, de los que se desprendió que: i) si bien está
acreditada una afectación al derecho de dominio, pues existe es una limitación al uso
del suelo que se predica desde mucho antes de la expedición del Acuerdo 26 del 13
de octubre del 2009, la misma no niega al actor la posibilidad de ejercer otras
actividades diferentes a la construcción de viviendas; simplemente supedita la
ejecución de obras de carácter urbanístico para garantizar que no se atente contra la
conservación de los recursos naturales existentes y a fin de evitar posibles riesgos en
la ronda del Rio Pasto; ii) no se probó un perjuicio cierto y real, ni siquiera en el
escenario de la pérdida de oportunidad, pues la limitación al uso del inmueble ya
estaba concretada en el POT del 28 de junio de 2000 y en el Acuerdo 26 del 13 de
octubre de 2009 y la sociedad adquirió dicho predio el 21 de diciembre de ese mismo
año, de manera que si la sociedad demandante dejó de considerar tal circunstancia
o el valor ofertado no correspondía a la realidad de mercado, no existe excusa válida
frente al deber que tienen vendedor y comprador, previo a la suscripción de la
promesa de compraventa y el registro de la misma, de consultar las limitaciones que
pesan sobre el bien objeto del negocio; iii) en todo caso, según lo ha señalado está
Corporación, la sola disminución en el valor de un bien como consecuencia de la
adopción de una medida legítima del Estado dirigida a la protección del medio
ambiente y mediante la cual se limite o fijen restricciones para el uso del suelo en el
que se halla, no constituye un supuesto que por sí solo permita evidenciar la
existencia de un daño antijurídico en cabeza de su propietario, iv) no se probó ningún
tipo de afectación económica, toda vez que no se allegó ningún balance contable
amparado por las normas del Plan General de Contabilidad, que llevara a la
convicción de que, en efecto, tal cambio fue lo que llevó a las bajas económicas de
su actividad comercial y que reflejara un posible escenario de pérdida que ameritara
un juicio indemnizatorio […]”.
9.El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, en la medida que, “[…] que no se han (sic) identificado una vulneración de
derechos fundamentales que amerite la concesión del amparo solicitado […]”.
10.El Municipio de Pasto solicitó declarar improcedente la acción de tutela, toda vez
que, “[…] en ningún momento puede pensarse por parte de la parte tutelante que
se puede abrir una puerta a una tercera instancia, pues eso es inadmisible y en ese
sentido se han pronunciado las altas cortes, pues dicha acción de orden
constitucional solo operaría o sería admisible en ciertos casos excepcionales, pues
lo contrario atentaría contra de la seguridad jurídica de que se encuentran arropadas
las providencias judiciales […]”.
11. El Tribunal Administrativo de Nariño allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 520012331000201200137-02.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
14. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
15. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la propiedad
privada; v) análisis del caso concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
17. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201411, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 Ut supra página 6.
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“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
24.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
25.En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
21 Ibidem.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
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administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
propiedad privada
29. Visto el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá
las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de
la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho a la
propiedad privada, así:
“[...] El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia consagra, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, seis principios, a saber: a) la garantía de la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles; b) la protección
y promoción de formas asociativas y solidarias de la propiedad; c) el reconocimiento
del carácter limitables de la propiedad; d) las condiciones de prevalencia del interés
público o social sobre el interés privado; e) el señalamiento de su función social y
ecológica y; f) las modalidades y los requisitos de la expropiación. En el presente
caso se estudiará la garantía de la propiedad privada.
El artículo 58 inciso 1 oración 1 de la Constitución Política de Colombia establece
que se garantizarán la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la propiedad como
el derecho subjetivo25 que tiene toda persona sobre una cosa corporal o incorporal,
que faculta al titular para usar, gozar, explotar y disponer del él26.
a. Titularidad del derecho (ámbito personal de protección)
El derecho a la propiedad privada es un derecho universal. Toda persona natural,
sin distinción alguna, y toda persona jurídica27 pueden acceder a ella y ejercer las
acciones que derivan de la posición jurídica reconocida por la constitución y las leyes
[...]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 4 de diciembre de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
25 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 133 de 2009.
26 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 410 de 2015, reiterada por la sentencia SU- 454 de 2016.
27 C. Const., sentencia de tutela T- 172 de 2016.
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Análisis del caso concreto
31. La actora, a través de su Representante Legal28, presentó acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 20 de junio de 2023, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 520012331000201200137-02, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada.
32.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
34.1. Copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
520012331000201200137-02.
28 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 25 a 29 del documento denominado
“3ALDESPACHOPOR2ESCRITODETUTELAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional
35. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] Es evidente que la sentencia es adversa al principio y derecho que contiene la
norma invocada, el contenido de la sentencia no tiene fundamento legal para indicar
que el inmueble afectado ha venido naturalmente afecto por la protección hídrica del
rio pasto, esa afirmación carece de veracidad probatoria y legal, ya que la misma
sentencia indica que la modificación del POT cambio el uso del suelo con relación al
predio que aparece afectado
Así como consecuencia de lo anterior, y estando plenamente probados los
argumentos esgrimidos, pero que según las normas constitucionales y legales, la
obligan a resarcir el valor de los perjuicios y pagar el valor del inmueble, en
consideración al detrimento patrimonial ocasionado, pues debe entenderse
claramente, que la sociedad titular del derecho de dominio, en momento alguno se ha
opuesto al uso para el cual la autoridad municipal, lo quiere destinar a la protección
de la ronda hídrica; o en su lugar proceder a reconocer y pagar el valor comercial del
inmueble afectado, como propiedad privada, y acto seguido, los perjuicios causados,
por no poder percibir la utilidad económica, que debió generar el proyecto de
construcción sobre en el inmueble […]”.
[…]
“[…] Cuando la propiedad privada, resulta afectada por una orden legal, en este caso
por la necesidad de realizar obras de beneficio comunitario, o proteger las fuentes
hídricas; se deben pagar los costos perjuicios y valores de la misma; con apoyo en el
contenido de los artículos 58 y 61 de la Ley 388 de 1.997, y la modificación del Plan
de Ordenamiento Territorial. la Corte Constitucional dice en uno de sus
pronunciamientos, respecto de la propiedad privada.
Debe entenderse en forma clara, que la sociedad titular del derecho de dominio, no
se opuso al uso del inmueble , para el cual la autoridad, municipal, según el acuerdo
que modifico el “POT”, lo destino a la protección de la ronda hídrica; lo que se reclama
es el valor comercial del inmueble afectado, como propiedad privada, y los perjuicios
causados, por no poder percibir la utilidad económica, que genera el proyecto de
construcción, pretensión; de lo contrario sería una confiscación, de la propiedad
privada, figura no aceptada en la Constitución ni en la Ley […]”.
36. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera
instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
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por objeto verificar si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales.
37. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de unos
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal, probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial
y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
38. La Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una acción de
tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el Consejo de
Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad de los
requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de ideas,
la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente29:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido que
debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse,
son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el ejercicio del poder
público”30, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus competencias ‘la
unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento
jurídico”31. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia dictada por una
Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más estricto que el que
pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel […]”.
39.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
29 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
30 Sentencia SU-050 de 2018.
31 Sentencia SU-354 de 2017.
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entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
40.Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
41.En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad
privada, lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca de las razones por
las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo esencial del derecho
fundamental de la actora con ocasión de la sentencia de 20 de junio de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
42.Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito
de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales, probatorios y económicos
cuya competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo.
43. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de la actora y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que
de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
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44.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la
actora enunció la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la propiedad privada, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente legal, probatorio y económico.
Conclusiones de la Sala
45.Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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