Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00909-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00909-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00909-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
4 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00909-00
Demandante: María del Pilar Tobón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00909-00
Demandante MARÍA DEL PILAR TOBÓN
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Temas Acción de tutela. Conformación de la terna para elegir fiscal general de
la Nación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora María del Pilar Tobón de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de febrero de 20241, la señora María del Pilar Tobón interpuso acción de tutela
en nombre propio contra la Presidencia de la República, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y al acceso a cargos públicos.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) «PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, transparencia e institucionalidad AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que es
función de la corte suprema de justicia elegir Fiscal general de la nación de la terna
presentada por el señor presidente de la república pero que en este caso se presenta
conflicto de intereses por parte del proponente de la terna. Teniendo conocimiento del
proceso de La recusación fue presentada por Sergio Álzate. También le solicita a la Corte
Suprema revisar si la terna presentada debe devolverse. EL TRIBUNAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DEBE INVESTIGAR SI HAY VIOLACION DE LA LEY 734 DEL
2002 (Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el Artículo 265 de la Ley 1952
de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el Artículo 30 que
continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023), EN EL ARTICULO 6 VIOLACION
DEL DEBIDO PROCESO CUANDO HAY INTERESES PERSONALES DE
FUNCIONARIO PUBLICO SOBRE QUIEN REALIZA LA INVESTIGACION. “En este caso
se aplica claramente el yo te elijo y tú me ayudas.”
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS LA FACULTAD PRESIDENCIAL Y ESTE
FALLO CORRIJA EL ERROR CONSTITUCIONAL DE PERMITIR QUE SEA EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUIEN COLOQUE TERNA PARA FISCAL y este sea
un derecho directamente de merito dirigido, controlado y administrado por la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA alejado de todo tinte político e ideológico, proferida por estudio
1 Índice 2 en Samai.
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y solicitud a la corte constitucional para así garantizar la transparencia y separación de
los poderes del estado.
TERCERO: RECONOCER EL CONFLICTO DE INTERESES EXISTENTE FRENTE A
ESTE ACTO CONSTITUCIONAL POR PARETE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa
sobre la presente.
CUARTO: ORDENAR a la Corte Suprema de Justicia, que en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de elección de Fiscal
General de la Nación promovido. Teniendo en cuenta las solicitudes y pruebas que se
aportan al presente escrito de tutela».
2. Hechos
Del expediente, se advierte como hecho relevante el siguiente:
El 26 de septiembre de 2023, el Presidente de la República remitió a la Corte
Suprema de Justicia terna para la elección de fiscal general de la Nación.
3. Fundamentos de la acción
La tutelante manifestó que «el señor presidente de la república debe ser inhabilitado a
presentar la terna a fiscal general de la nación ya que en este momento tiene familiares en
1º grado de consanguinidad inmersos en procesos por el famoso cartel de la paz,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos». Aseguró que esa circunstancia no garantiza
la transparencia de la terna. Asimismo, indicó que no hay garantías de transparencia
en el proceder de algunos miembros del Gobierno que se han visto envueltos en
escándalos de dinero sin ninguna explicación sobre su procedencia, lo cual genera
«inconsistencias institucionales que hoy ponen en vilo la legitimidad del gobierno actual».
También cuestionó la credibilidad e imparcialidad de la terna, dados los
antecedentes e inclinaciones ideológicas de las candidatas que la conforman, cuyas
ideas calificó de radicales y fanáticas. A su juicio, la parcialidad de las candidatas
atenta contra las garantías del debido proceso y genera dudas sobre su futuro
actuar en el cargo de fiscal.
Agregó que el pasado 8 de febrero de 2024 individuos «en aptitud terrorista y violenta
cercaron el palacio de justicia en un claro hecho de desestabilización institucional
comandados por seguidores y presuntamente funcionarios del gobierno en aras de
presionar en forma violenta la decisión de la Corte Suprema de Justicia». Sostuvo que
dichos actos fueron desmentidos por funcionarios del gobierno; sin embargo,
aseguró que videos en redes sociales muestran lo contrario y dejan ver la incitación
a la violencia y a una guerra civil entre los colombianos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 29 de febrero de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora María del Pilar Tobón contra la Presidencia de la
República y la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena; y se dispuso efectuar
las notificaciones correspondientes.
Asimismo, se puso de presente que en la demanda de tutela la accionante
mencionó lo siguiente: «SOLICITUD DE MEDIDA PROVICIONAL O REVOCATORIA
O EN SU CASO IMPEDIMENTO CON EL PROPOSITO DE RECONOCER CONFLICTO
DE INTERESES DEL SEÑOR PRESIDENTE GUSTAVO PETRO URREGO EN LA
ELECCION DE FISCAL AL PRESENTAR UNA TERNA A FISCAL GENERAL DE LA
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NACION» (sic para toda la cita). A partir de tal aseveración, se dispuso negar la
medida provisional, pues se consideró que en el caso no se cumple con los
propósitos constitucionalmente establecidos para las medidas provisionales,
como son los criterios de urgencia y gravedad de los hechos.
4.2. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia manifestó que mediante el
Acuerdo Nro. 2114 de 2023, dispuesto en sesión extraordinaria celebrada el
31 de octubre de 2023, se declaró el cumplimiento de los requisitos
constitucionales y se fijaron los lineamientos y el siguiente cronograma para la
elección del fiscal general de la Nación periodo 2024-2028:
Con fundamento en el anterior cronograma, aseguró que las etapas se han
cumplido a cabalidad y que el proceso de encuentra en fase de elección, cuyo
sistema de votación se encuentra previsto en su Reglamento Interno (Acuerdo
006 de 2002). Afirmó que, en desarrollo de los postulados de transparencia y
publicidad, cualquier persona puede acceder a dicha información en la página
oficial de la corporación a través del link https://cortesuprema.gov.co/secretaria-
general-proceso-eleccion-fiscal-general-de-la-nacion-cronograma/
Por otro lado, indicó que en sesión de Sala Plena de 14 de septiembre de 2023
se concluyó que «estudiado el asunto la Plenaria determinó por mayoría que no existía
en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el
doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, para elegir Fiscal General de
la Nación». Precisó que esa decisión fue producto del ejercicio deliberatorio por
parte de los magistrados de la corporación.
Asimismo, manifestó que la acción constitucional no es el mecanismo idóneo
para controvertir las decisiones de la corporación en ejercicio de sus funciones
constitucionales, pues para ello están previstas las acciones en el
ordenamiento jurídico, a fin de que sea el juez natural quien determine su
legalidad por parte de quienes se consideren perjudicados o aleguen su
interés. Por consiguiente, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta.
4.3. La Presidencia de la República sostuvo que el primer mandatario ya cumplió
con su obligación constitucional de conformar la terna de elegibles para el
cargo de fiscal general de la Nación, tal como lo dispone el artículo 249 de la
Constitución Política. E indicó que remitió la terna a la Corte Suprema de
Justicia el 26 de septiembre de 2023.
Informó que la Corte Suprema de Justicia aceptó la terna enviada e inició el
proceso de elección, tal como se dispuso en el Acuerdo Nro. 2114 de 31 de
octubre de 2023, en el cual se estableció lo siguiente:
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«PRIMERO: ADELANTAR el proceso de designación con las personas que fueron ternadas
por el señor Presidente de la República en comunicación del 26 de septiembre de 2023,
conforme a los principios de transparencia, eficacia, eficiencia y moralidad administrativa.
SEGUNDO: DECLARAR que las doctoras Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo
Garzón y Amelia Pérez Parra, acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales, para el ejercicio del cargo de Fiscal General de la Nación».
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la labor del Presidente de la
República con relación a la elección del fiscal ya culminó, por lo que consideró
que en el caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
Por otra parte, sostuvo que la tutela interpuesta debe ser declarada
improcedente, puesto que la accionante no acreditó de qué manera los hechos
narrados la afectaron directamente o qué daño específico se ocasionó con la
situación relatada en el escrito de tutela. Por ese motivo, aseguró que aquella
carece de interés legítimo para instaurar la acción de tutela, es decir que no
cuenta con legitimación en la causa por activa.
De otro lado, informó que otro demandante presentó una acción de tutela por
los mismos hechos relatados en la tutela objeto de estudio, la cual se tramitó
bajo el radicado Nro. 11001-31-07-009-2024-00029-00. Indicó que en ese
caso, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró
la improcedencia de la tutela.
En consecuencia, solicitó se declare improcedente la acción de tutela a falta
de legitimación en la causa por activa por parte de la accionante y que se
nieguen las pretensiones formuladas respecto a la Presidencia de la
República.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si existe amenaza
o vulneración a algún derecho fundamental de la señora María del Pilar Tobón,
producto de los reproches que manifestó en el escrito de tutela y si,
consecuentemente, aquella cuenta con legitimación en la causa por activa para la
presentación de la acción de tutela.
Finalmente, frente a la mención hecha por la Presidencia de la República, se precisa
que no se realizará análisis alguno del fenómeno de la actuación temeraria y cosa
juzgada con relación a la acción de tutela de radicado Nro. 11001-31-07-009-2024-
00029-00 resuelta por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de
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Bogotá, pues se advierte que no existe identidad de partes entre aquella y la tutela
objeto de esta providencia.
3. Existencia de una amenaza o vulneración a derechos fundamentales
como requisito de procedencia de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, «cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares» (Negrillas propias).
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que es un requisito para
la procedencia de la acción de tutela la existencia de una actuación u omisión que
amenace o vulnere derechos fundamentales. Así lo indicó la Corte Constitucional
en la Sentencia T-130 de 2014:
«partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los
artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión
cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los
derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la
acción tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea
procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las
acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)’,
ya que ‘sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental
no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado’»2
(Negrillas propias).
Por consiguiente, dada la finalidad de la tutela, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que «cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al
accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un
derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela»3. Es decir, la
tutela es improcedente en los eventos en que «no existe una actuación u omisión del
agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las
garantías fundamentales en cuestión»4.
En suma, al juez de tutela le está vedado fallar «con base en el presentimiento, la
imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido
violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso
particular es improcedente la tutela»5.
4. Legitimación en la causa por activa en materia de acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 19916 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
2 Corte Constitucional. Sentencias T-883 de 2008 y T-130 de 2014.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-130 de 2014.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-883 de 2008 y T-130 de 2014.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
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representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso7 (cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha
norma señala que (v) tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales
estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho
fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.
Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales. Así, en Sentencia T-403 de 1995
precisó:
«…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso,
proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la
resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en
la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en el proceso. Por lo tanto, por este
aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error insubsanable cuando pretendió, mediante
tutela, defender varios derechos ajenos como si fueran suyos…».
En la Sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la finalidad del
requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el de evidenciar
el interés directo del accionante en relación con las pretensiones planteadas en la
demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar que «el derecho
para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y
no de otra persona».
En la Sentencia T-697 de 2006 la Corte Constitucional explicó que «... la exigencia de
la legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador, sino
que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de
la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la
persona capaz para hacerlo». Y en la Sentencia T-878 de 2007 la Corte Constitucional
fue enfática en señalar que, pese a la informalidad de la acción de tutela, «… la
legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe
encontrarse plenamente acreditada»8.
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
7 Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (Sentencia
T-004 de 2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar
que está actuando en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está
imposibilitado para ejercer directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán
denotar fuerza mayor o caso fortuito; (iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que
deba existir una relación formal entre el agente y el agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del
proceso.
8 En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006,
T-451 de 2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
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5. Análisis del caso
De los antecedentes expuestos, se desprende que la accionante censura la terna
para el cargo de Fiscal General de la Nación elaborada por el presidente de la
República. Al respecto, la Sala considera que en el caso analizado no existe un
hecho u omisión que amenace o vulnere algún derecho fundamental de la
accionante, puesto que la elaboración de la terna es un deber constitucional en
cabeza del Presidente de la República que no se relaciona de ninguna manera con
la situación particular de la tutelante.
Tal mandato está consagrado en el artículo 249 de la Constitución Política, en el
que se establece lo siguiente: «(…) El Fiscal General de la Nación será elegido para un
período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el
Presidente de la República y no podrá ser reelegido. (…)» (Negrillas propias).
En el presente asunto, la Sala no advierte ningún vínculo entre la conformación de
la terna para el cargo de fiscal general de la Nación y los derechos fundamentales
de la tutelante. Por lo cual, se insiste, no se encuentra ninguna amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales de la señora María del Pilar Tobón.
Lejos de tal escenario, en el caso tan solo se vislumbra el desacuerdo de esta última
con la terna elaborada por el presidente de la República y, en general, con el
Gobierno Nacional. Si bien la tutelante es libre de manifestar las críticas que
considere contra este último, sus inconformidades no denotan una afectación
particular y real.
Por ende, al no existir un perjuicio directo en cabeza de la tutelante, la Sala
considera que aquella carece de legitimación en la causa por activa. Y aunque nada
obsta a que la accionante se interese en el debate público y en los asuntos de
interés nacional, esto no significa que en el caso aquella esté legitimada para la
presentación de una acción de tutela por un asunto de interés público que en nada
implica una afectación concreta a sus derechos fundamentales.
En el mismo sentido, la Sala ha resuelto otras acciones de tutela presentadas contra
la conformación de la terna para el cargo de fiscal general de la Nación.
Así, en las sentencias de 18 de enero de 20249 y 29 de febrero de 202410 esta Sala
consideró que en esos casos tampoco se satisfacía el requisito de legitimación en
a causa por activa, debido a que no se evidenciaba «de qué manera se amenazarían o
afectarían los derechos fundamentales del actor, con la terna conformada para la elección del
Fiscal General de la Nación, pues el actor en el escrito de tutela se limitó a hacer una serie de
críticas de un proceso penal en el que está vinculado el hijo del jefe de Estado y a realizar
apreciaciones personales sobre el proceso de elección, sin concretar de manera cierta en qué
consiste la vulneración de sus derechos»11.
Finalmente, se precisa que el pasado 12 de marzo de 2024 la Corte Suprema de
Justicia eligió a la nueva fiscal general de la Nación de la terna conformada por el
presidente de la República.
9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de enero de 2024. Radicado: 11001-03-15-000-2023-
06196-01 y 11001-03-15-000-2023-06338-01 (acumulados). C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de enero de 2024. Radicado: 11001-03-15-000-2024-
00229-00. C.P. Milton Chaves García.
11 Ibidem.
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6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso no existe ninguna
actuación u omisión que amenace o vulnere derechos fundamentales de la señora
María del Pilar Tobón. Circunstancia que denota la falta de legitimación en la causa
por activa de la accionante. En consecuencia, se declarará la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora
María del Pilar Tobón, por falta de legitimación en la causa por activa, dadas
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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