Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00910-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00910-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00910-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00910-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por el desconocimiento del
derecho fundamental al debido proceso. Configuración del defecto sustantivo.
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones al no encontrar acreditado el defecto sustantivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 1 de abril
de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado
mediante la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
El señor Harold Eduardo Sua Montaña interpuso acción de tutela contra la
sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, dentro del proceso de nulidad electoral, que se tramitó bajo el radicado
11001-03-28-000-2023-00063-00.
2.1. Hechos
El señor Sua Montaña manifestó que actuó en calidad de coadyuvante en el
proceso de nulidad electoral (expediente 11001-03-28-000-2023-00063-00)
promovido por el señor Daniel Felipe Briceño Montes, encaminado a obtener la
nulidad de la elección de la mesa directiva de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes para el periodo 2023-2024,
integrada por las congresistas María Eugenia Lopera Monsalve como presidenta
y Karen Juliana López Salazar como vicepresidenta.
En el trámite del proceso el Consejo de Estado, Sección Quinta, profirió la
sentencia de 15 de febrero de 2024, que considera vulneró su derecho
fundamental al debido proceso.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
2.2. Fundamento jurídico
A pesar de que no se enunció de manera expresa, a partir de la argumentación
presentada se puede advertir que el accionante reclama la configuración de un
defecto sustantivo porque considera que la Sección Quinta del Consejo de
Estado realizó una interpretación caprichosa de la normativa que rige la nulidad
electoral, concretamente del artículo 87 de la ley 5 de 1992.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
« 1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024
en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2023-00063-00.
2. Remitir al Consejo Superior de la Judicatura el proceso con radicado
11001-03-28-000-2023-00063-00 con el propósito de asignárselo a
funcionarios judiciales laboralmente ajenos y con igual experiencia a
quienes profirieron la mencionada sentencia dada la exigencia de garantía
de imparcialidad objetiva desarrollada en sentencia Gustavo Petro vs
Colombia.
3. Una vez hecho el reparto acabado de indicar, procedan los avocados a
la misma a decidir sobre las pretensiones del proceso precitado en un
tiempo igual al utilizado para proferir la sentencia motivo de esta acción de
tutela.». (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado mediante auto del 1 de marzo de 2024, a través del cual le
ordenó notificar al Sección Quinta del Consejo de Estado como accionada y a las
señoras María Eugenia Lopera Monsalve y Karen Juliana López Salazar como
terceras interesadas en el resultado del proceso.
2.3.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta solicitó que se nieguen las
pretensiones pues el argumento presentado por el señor Sua Montaña no hizo
parte de la fijación del litigio, y señaló que «al no analizar el argumento incluido
por el señor Sua Montaña en el escrito de coadyuvancia el cual desbordó el cargo
formulado por el actor en la demanda y, además, se presentó luego que la fijación
del litigio, no se desconoció el derecho fundamental al debido proceso de aquel,
por el contrario, se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las
demandadas y se actuó conforme la jurisprudencia pacífica de la Sección Quinta
en materia de intervención de terceros dentro del proceso de nulidad electoral».
2.5. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 1 de abril
de 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela por considerar que no se
vulneró ningún derecho fundamental del señor Sua Montaña.
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Al respecto, consideró que el accionante no señaló de manera clara qué causal
específica de procedibilidad se configuró. Por otra parte, puso de presente que
en los procesos de nulidad electoral, el papel del coadyuvante se limita a
contribuir con argumentos para enriquecer los planteamientos de la demanda o
del acto procesal que directamente realice la parte que ayuda.
Al analizar el caso concreto, consideró que el señor Sua Montaña incluyó cargos
nuevos de nulidad electoral, respecto de los cuales no había lugar a realizar
ningún pronunciamiento por parte del Consejo de Estado por el momento en el
que realizó la intervención.
2.6. Impugnación
La parte accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual argumentó lo
siguiente:
Para comenzar, señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela la
Sección Quinta del Consejo de Estado realizó una valoración exegética del
artículo 87 de la ley quinta de 1992, sin tener en cuenta el pronunciamiento del
actor del proceso de nulidad electoral respecto de las excepciones propuestas.
Adicionalmente consideró que no se habían tenido en cuenta sus argumentos,
puesto que en la sentencia se adujo falta de competencia de quienes convocaron
a la realización de la elección demandada cuando lo cuestionado es la legalidad
de una de las pruebas del proceso (concretamente el mensaje de convocatoria),
por lo que se debió excluir dicha prueba del proceso.
Por último, consideró que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso
porque se desconoció el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer, en primer lugar, si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, para proceder a
analizar si se configuró un defecto sustantivo en la providencia de la referencia
3.3. Procedencia de la acción de tutela
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La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
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3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos están correctamente
individualizados, así como los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada (21 de febrero de
2024) hasta la radicación de la acción de tutela (26 de febrero de 2024).
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de las causales específicas de procedibilidad de
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
1
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»2.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
2
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
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los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con efectos erga
omnes.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración de un defecto sustantivo en el
caso concreto
En el caso concreto, el accionante hizo referencia a la inobservancia del artículo
138 de la Ley 5 de 1992.
En ese orden de ideas, es pertinente analizar la argumentación de la providencia
objeto de la acción de tutela, en la que se señaló que no hay lugar a la nulidad
deprecada con base en los siguientes argumentos:
«En este evento, el motivo de inconformidad del actor es que la citación para
la elección de los dignatarios que integrarían la mesa directiva de la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no fue remitida a los
miembros de aquella con la antelación prevista en el artículo 138 de la Ley
5 de 1992.
Según se tiene, está acreditado en el expediente y es aceptado por las
partes que la citación para la sesión en que se llevó a cabo la elección
demandada tuvo lugar vía correo electrónico remitido el 24 de julio de 2023
a las 10:54 a.m. y la elección en cuestión se llevó a cabo al día siguiente,
esto es, el 25 de julio de ese mismo año.
(…)
ARTÍCULO 6. Las Comisiones Permanentes se elegirán por el sistema de
cuociente electoral, previa inscripción de listas, sin embargo, si los partidos
y movimientos políticos representados en la respectiva Cámara se ponen de
acuerdo en una lista total de las Comisiones, o de algunas de ellas, éstas se
votarán en bloque.
La elección de las Comisiones se hará a partir de la semana siguiente de
instalada la Corporación.
Es obligación de los miembros del Congreso, formar parte de alguna de
Comisiones permanentes, pero únicamente se podrá ser integrante de una
de ellas.
ARTÍCULO 7. El mismo día o al siguiente de elegidas las Comisiones
Constitucionales Permanentes serán instaladas por el Presidente, en asocio
de los Vicepresidentes y del Secretario General en el recinto que para su
funcionamiento haya sido señalado.
(…)
ARTÍCULO 10. En cada Comisión Constitucional Permanente habrá una
mesa directiva integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente
elegidos para períodos de un (1) año, de mismo modo como se dispone para
la elección del Presidente y Vicepresidente de las Cámaras.
Ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio
constitucional.
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Conforme con la precitada normativa, las mesas directivas de las comisiones
constitucionales permanentes de cada una de las cámaras del Congreso de
la República deben ser elegidas de la misma forma que la Ley 5 de 1992
establece para los presidentes y vicepresidentes del Senado de la República
y la Cámara de Representantes, claramente en lo que ambas leyes resulten
compatibles y no se contradigan.
Frente a la temática la citada disposición establece:
ARTÍCULO 38. Presidentes y Secretarios provisionales. La primera sesión
del período legislativo del Senado y la Cámara de Representantes será
presidida por el respectivo Congresista que en la última legislatura
hubiere cumplido tal función; en su defecto, el Vicepresidente de la misma
corporación, y en último término quien ocupe el primer lugar en el orden
alfabético de los apellidos.
Como Secretarios actuarán los Subsecretarios de las respectivas
corporaciones. A falta de éstos, el Presidente de cada una de las Cámaras
designara un Senador o un Representante (ad hoc), según el caso.
Los presidentes y secretarios provisionales cumplirán su función hasta
tanto se efectúen las elecciones correspondientes y se proceda a su
posesión en los términos de ley. (Negrita fuera del texto)
(…)
ARTÍCULO 40. Composición, período y no reelección. La mesa directiva de
cada Cámara se compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes,
elegidos separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio.
Así las cosas, es claro que hasta tanto no se realice la elección de los nuevos
integrantes de las mesas directivas fungen como tales los dignatarios del
año anterior. Además, según la normativa bajo estudio los presidentes y
vicepresidentes de cada mesa directiva son elegidos separadamente para
el período de un año a partir del 20 de julio de cada año.
Ahora bien, de manera específica, la norma invocada en la demanda como
vulnerada dispone:
ARTÍCULO 138. CITACIÓN. Toda fecha de elección de funcionarios, de
miembros de comisiones o para decisiones acerca de proyectos, en días
distintos a los indicados en este Reglamento, deberá ser fijada con tres (3)
días de antelación. Al aprobarse o comunicarse la citación deberá señalarse
el cargo a proveer, el candidato o candidatos nominados, las Comisiones a
integrarse y los proyectos que serán objeto de votación, además de la hora
en que se llevará a efecto.
Para establecer el alcance de la disposición acusada se debe precisar, en
primer término, que pertenece al Título II de la Ley 5 de 1992 relativo a las
disposiciones comunes al Senado de la República y la Cámara de
Representantes, específicamente se ubica en el Capítulo V que desarrolla
lo referente al Régimen de sesiones en las dos cámaras en la Sección 8A
relacionada con votaciones.
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Asimismo, de su lectura se establece que se refiere a la citación para: i)
elección de funcionarios o de miembros de comisiones o ii) para la decisión
acerca de proyectos, de lo que puede extraerse preliminarmente que no
regula lo referente a la elección de las mesas directivas, toda vez que, como
se expuso, dicha designación tiene una norma específica: el artículo 40 de
la misma ley.
Ahora, también debe tenerse en cuenta que el artículo 138 bajo estudio
limita dichas actuaciones a días distintos a los indicados en el Reglamento
del Congreso de la República, eventualidad en la cual la respectiva citación
deberá ser fijada con 3 días de antelación.
En ese orden de ideas, corresponde establecer a qué se refiere el legislador
al hablar de días distintos a los señalados en el reglamento, para el efecto,
se advierte que el artículo 83 de la misma Ley 5 de 1992 dispone:
ARTÍCULO 83. Día, hora y duración. Todos los días de la semana, durante
el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las Cámaras
Legislativas y sus Comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las
respectivas Mesas Directivas.
Los días miércoles de cada semana se procederá a la votación de los
proyectos de ley o de acto legislativo cuya discusión estuviere cerrada y
sometida a consideración de las plenarias. No obstante, los demás días
serán igualmente hábiles para adoptar se tales decisiones, siempre que
mediare una citación oportuna y expresa a cada uno de los integrantes de
la respectiva Corporación legislativa.
Las sesiones plenarias durarán, al igual que en las Comisiones
Permanentes, cuatro (4) horas a partir del momento en que el Presidente las
declare abiertas. La suspensión o prórroga, así como la declaratoria de
sesión permanente, requieren aprobación de la Corporación respectiva.
Las sesiones de las Comisiones se verificarán en horas distintas de las
plenarias de la Cámara respectiva.
En ese orden de ideas, de una lectura sistemática de las disposiciones en
cita, se puede concluir que la norma invocada por el actor como desconocida
no regula lo referente a la elección de los miembros de las mesas directivas
de las comisiones constitucionales permanentes de cada una de las
cámaras del Congreso de la República y, por ende, para esas designaciones
no se hace necesario cumplir con la antelación de 3 días que echa de menos
el demandante en la citación a la elección ahora cuestionada, toda vez que
incluso pueden hacerse el primer día de legislatura, esto es el 20 de julio de
cada año.
Frente al punto, la Sección Quinta ya ha tenido la oportunidad de
pronunciarse, así:
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la Sala advierte que el artículo
87 de la Ley 5 de 1992, no prohíbe que el mismo día de la instalación de la
sesión inaugural del Congreso, los senadores puedan elegir su mesa
directiva. En efecto, dicha norma prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 87. Iniciación de labor legislativa. Al día siguiente de instaladas
las sesiones del Congreso, cada una de las Cámaras se reunirán por
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separado en el recinto legislativo destinado para ello, a fin de dar comienzo
a su labor constitucional”.
Tal disposición señala que, al día siguiente de instaladas las sesiones del
Congreso, cada una de las cámaras se reunirán para dar comienzo a su
labor constitucional.
No obstante, debe precisarse que además de la función legislativa asignada
constitucionalmente al Congreso, esa corporación cuenta con otras más,
como por ejemplo la electoral o la administrativa. Esta última es aquella
referida a la posibilidad de establecer la organización y funcionamiento del
Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. En efecto, la
elección de las mesas directivas hace parte de la debida organización de
cada una de las cámaras y sus respectivas comisiones, pues están
concebidas para adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes
para una mejor organización interna, en orden a una eficiente labor
legislativa y administrativa (artículo 41 de la Ley 5 de 1992).
Luego, no se encuentra razón para concluir que, la elección de las mesas
directivas a cargo de cada una de las Cámaras -para este caso particular
del Senado- no puedan llevarse a cabo el mismo día en que se instala el
Congreso.
En tales condiciones, asiste razón a las demandadas al afirmar que si es
posible elegir a los miembros de las mesas directivas el mismo 20 de julio
de cada año que es la fecha en que inicia la legislatura-, no tiene sentido
práctico exigir que la citación para dicha designación se envié con la
antelación prevista en el artículo 138 de la Ley 5 de 1992 que se exige, como
se dejó dicho, para la elección de funcionarios, miembros de comisiones o
decisiones de proyectos en días distintos a los indicados en el Reglamento
del Congreso de la República.
Por lo tanto, como la elección aquí cuestionada tuvo lugar el 25 de julio de
2023 es claro que se realizó en un día hábil para el órgano del legislativo a
la luz de lo dispuesto en el artículo 83 de la precitada Ley 5 de 1992 y, por
ende, para su celebración no resultaba exigible la antelación consagrada en
el artículo 138 de la misma disposición.
Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara la aplicación de dicha
norma al caso concreto, debe tenerse en cuenta que la Sección ha sostenido
que no cualquier irregularidad conlleva la nulidad de la elección por lo que
en cada caso debe examinarse la incidencia que tuvo la presunta
irregularidad en el resultado de la elección.
De manera específica, la Sala, en materia de incidencia, ha dicho:
Otro aspecto, que merece ser mencionado en esta misma línea del efecto
útil, es que la jurisprudencia de la Sala en materia de censura de expedición
irregular, como factor determinante para la nulidad el acto electoral
demandado, ha indicado que no es viable el quebrantamiento de la
presunción de legalidad del acto, si aun cuando probada la irregularidad o
anomalía en la formación del acto, esta no tiene la virtualidad de afectar la
decisión adoptada, por cuanto su existencia anómala no fue determinante
en la génesis o desarrollo de lo que finalmente terminó siendo una
manifestación de voluntad con efectos jurídicos, por lo que bajo parámetros
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del principio de razonabilidad debe propenderse por el mantenimiento del
acto electoral.
Según se tiene, en el presente evento, del análisis del acta que contiene la
elección cuestionada se advierte que la decisión de elegir a las señoras
María Eugenia Lopera Monsalve como presidenta y Karen Juliana López
Salazar como vicepresidenta de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes para el período 2023 – 2024
fue unánime, razón por la cual se deduce que los miembros de la comisión
se enteraron de la elección que tendría lugar al día siguiente y participaron
en ella, por lo que la citación cumplió con la finalidad de publicidad que
persigue este tipo de normas.
Además, al tener la decisión la característica de unanimidad, se advierte que
el resultado no hubiese variado en el evento de haber enviado la
mencionada citación 3 días antes a la fecha de la sesión y no el día anterior,
como efectivamente ocurrió.
(…)
Así las cosas, es claro que el presunto desconocimiento de la antelación
consagrada en el artículo 138 de la Ley 5 de 1992 -en el hipotético caso de
aceptar su aplicación al caso concreto-, no tuvo incidencia alguna en la
elección cuestionada pues, se reitera, los miembros de la comisión
acudieron a la sesión y participaron en ella.
Al margen de lo anterior, se advierte que los argumentos incluidos por el
actor en el escrito de alegatos de conclusión -relacionados con la presunta
vulneración de los artículos 6, 13 y 29 de la Constitución Política por la
posible extralimitación de funciones de los miembros de la Comisión
Séptima de la Cámara de Representantes al adelantar la elección
cuestionada en las condiciones anteriormente expuestas, lo cual, en su
concepto, conllevaría una vulneración del derecho al a igualdad y el debido
proceso-, no fueron esbozados en la oportunidad procesal pertinente, razón
por la cual las demandadas no pudieron ejercer el derecho de defensa y
contradicción respecto de aquellos y, por ende, no hay lugar a hacer
pronunciamiento adicional frente al punto.
En este mismo sentido, el argumento al que hizo alusión el tercero en su
escrito de coadyuvancia, dirigido a cuestionar la competencia del anterior
presidente de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de
Representantes para convocar a la elección de la nueva mesa directiva no
hizo parte de la controversia fijada dentro de este asunto, además, desborda
las facultades de postulación de los coadyuvantes, toda vez que se trata de
un «cargo nuevo» diferente a los formulados por el actor, por lo que resulta
inviable pronunciarse al respecto».
Al analizar la argumentación de la providencia objeto de la acción de tutela no
se considera que se haya configurado el defecto sustantivo endilgado puesto
que la argumentación e interpretación de la misma no es caprichosa o arbitraria.
En efecto, se analizó la aplicación del artículo 138 de la Ley 5 de 1992, y se llegó
a la conclusión de que la elección de los cargos de presidente y vicepresidente
de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes para el periodo 2023-2024, no se regía por dicha norma.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00910-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Incluso, se hizo un análisis hipotético en el que el mencionado artículo 138 de la
Ley 5 de 1992 fuera de aplicación obligatoria y se concluyó que no se habría
configurado la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo
porque ello no alteró el resultado en la medida en la que todos los miembros de
la comisión acudieron a la sesión y participaron en ella.
Como se deduce de lo anterior, la exclusión de la prueba del proceso, esto es, el
mensaje de convocatoria no habría alterado su resultado, porque ello no habría
desembocado en la expedición irregular del acto administrativo.
A partir de lo anterior, se advierte que el accionante está en desacuerdo con la
interpretación realizada por el Consejo de Estado, pero las apreciaciones
contenidas en la sentencia no resultan arbitrarias o caprichosas, por lo que se
confirmará la decisión de negar las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 1 de abril de 2024
proferida la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado que negó
las pretensiones de la acción de tutela.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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