Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00921-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00921-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00921-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensional a empleado del
Inpec. Presupuesto de la subsidiariedad. Recurso extraordinario de
revisión para controvertir sentencias judiciales que establecen montos
pensionales que presuntamente desbordan lo establecido en el
ordenamiento jurídico
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), quien
actúa mediante la subdirectora de Defensa Judicial Pensional, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la que pide el amparo constitucional de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 27 de octubre de 2023, mediante
la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a la
pretensión de reliquidar la pensión de jubilación dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-020-2018-
00146-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La entidad accionante relató que el señor Olmes Alberto Amú Angola adquirió el
estatus jurídico de pensionado el 18 de mayo de 2009, a lo que agregó que laboró
durante 20 años al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Sostuvo que mediante Resolución No. UGM 008891 de 19 de septiembre de
2011, la extinta Cajanal reconoció una pensión de jubilación al señor Olmes
Alberto Amú Angola, efectiva a partir del 1 de junio de 2009, condicionado a
demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute, la cual se liquidó con el
75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años de servicios, con los
factores bonificación de servicios prestados, asignación básica y sobresueldo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
Indicó que por medio de la Resolución No. RDP 038868 de 23 de agosto de 2013,
la UGPP reliquidó la prestación, efectiva a partir del 1 de mayo de 2013, con
efectos fiscales una vez se demostrara el retiro definitivo del servicio, de
conformidad con el régimen de transición de la Ley 32 de 1986, para lo cual se
liquidó con atención a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, es decir, con los
factores salariales devengados en el último año de servicio y con el 75% sobre un
IBL conformado por el promedio de los salarios cotizados por el peticionario como
la asignación básica, auxilios de alimentación y transporte, bonificación de
servicios prestados, prima de navidad, de servicios y vacaciones.
Resaltó que mediante Resolución No. RDP 000232 de 4 de enero de 2018, la
UGPP señaló que no era procedente reliquidar la pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales del último año de servicios porque el
estatus jurídico de pensionado lo adquirió en vigencia de la Ley 100 de 1993 (18
de mayo de 2009) y, en consecuencia, se tiene en cuenta el tiempo de servicio y
la edad, sin embargo, la liquidación se debe efectuar con los últimos 10 años de
servicios de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores
salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994. Esa decisión fue confirmada
a través de las Resoluciones Nos. RDP 006820 de 21 de febrero de 2018 y RDP
010858 de 26 de marzo de 2018, que resolvieron los recursos de reposición y de
apelación, respectivamente.
Afirmó que el señor Olmes Alberto Amú Angola presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se reliquidara la
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año el servicio, aplicando una tasa de reemplazo del 75%, efectiva a
partir del retiro del servicio, conforme con el régimen especial del Inpec.
Señaló que el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali en fallo de 24 de
julio de 2020 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
acreditaban los requisitos del régimen de transición.
Finalmente, manifestó que el señor Amú Angola interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primera de instancia. El Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en sentencia de 27 de octubre de 2023, declaró la nulidad de las
Resoluciones No. RDP 000232 de 4 de enero de 2018, por la cual se negó la
reliquidación de la pensión, y las Nos. RDP 006820 de febrero 21 de 2018 y
010858 de marzo 26 de 2018. En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la
pensión reconocida al señor Amú Angola, efectiva a partir del 1 de julio de 2018,
teniendo como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados
durante el último año de servicios y con inclusión de los factores de que trata el
Decreto 446 de 1994, siempre que hayan sido devengados por el trabajador.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con
la sentencia de 27 de octubre de 2023, por medio de la cual se ordenó reliquidar la
pensión de jubilación del señor Olmes Alberto Amú Angola con el 75% del
promedio devengado durante el último año de servicio y con la inclusión de los
factores salariales del Decreto 446 de 1994.
En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en los casos en los que se reproche la constitucionalidad de una
providencia judicial. Específicamente se refirió a la subsidiariedad, en el sentido de
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
que “esta causal de procedencia de la acción constitucional para la UGPP está
acreditada, ya que el proceso No. 76001-33-33-020-2018-00146-01 se interpusieron los
recursos ordinarios procedentes ”. Igualmente, manifestó que “ante la seria
irregularidad descrita, el recurso extraordinario de revisión NO es el medio eficaz
para evitar la consumación del perjuicio irremediable que se ocasiona al erario y el
sistema pensional, porque no admite medidas provisionales, generándose que aun
cuando se interponga se debe cumplir la orden judicial del 27 de octubre de 2023,
esto es, reliquidar la prestación pensional con base en criterios jurídicos que no le
son aplicables y que benefician de forma desproporcionada al señor OLMES
ALBERTO AMU ANGOLA”.
Por otra parte, sostuvo que el reconocimiento de la reliquidación de la pensión
bajo los criterios fijados por el tribunal accionado, es decir, con el cálculo del
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios tiene
como resultado que la mesada pensional para el año 2018 corresponda a la suma
de $2.037.506, cuando lo que en derecho corresponde es que se liquide con base
en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años de servicios,
lo cual para el año 2018 corresponde a una mesada equivalente a $1.454.089, es
decir, a partir del año 2018, la diferencia entre el valor ajustado a derecho y el
reconocido por el despacho accionado corresponde a la suma de $583.417, que
durante cada vigencia posterior se ve reflejada, por lo que se deberá asumir el
pago de un retroactivo pensional equivalente a la suma de $54.829.302.
Luego, resaltó que en la sentencia objetada se incurrió en defecto sustantivo,
toda vez que la decisión de reliquidar la pensión del señor Olmes Alberto Amú
Angola con el promedio de salarios devengados durante el último año de servicio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, incluyendo
los factores salariales relacionados en el Decreto 446 de 1994, no se ajusta al
ordenamiento jurídico.
Agregó que el Acto Legislativo 01 de 2005 en el artículo 1, parágrafo transitorio 5,
dispuso que a los miembros del Inpec que hayan ingresado con anterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, les sería aplicable el régimen
pensional anterior, contenido en la Ley 32 de 1986.
Sostuvo que el señor Olmes Alberto Amú Angola adquirió el estatus pensional el
18 de mayo de 2009, el régimen aplicable para efectos pensionales era el
contenido en la Ley 32 de 1986, el cual contempla el derecho de adquirir una
prestación pensional cuando se acrediten 20 años de servicios continuos o
discontinuos sin tener en cuenta la edad.
Indicó que debido a que el régimen de la Ley 32 de 1986 no contenía
disposiciones que señalaran la tasa de remplazo ni la forma de liquidarla, el
artículo 4 de la Ley 4 de 1966 suple el vacío en lo que se refiere a la tasa de
remplazo o porcentaje de liquidación, toda vez que dispone que el monto de la
prestación será del 75%.
Precisó que, si bien el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 señala que el monto de la
prestación será del 75% del promedio obtenido durante el último año de servicios,
debe tenerse presente que el señor Olmes Alberto Amú Angola antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, aún no había acreditado el estatus de
pensionado, el cual adquirió solo hasta el 18 de mayo de 2009. Sin embargo, su
vinculación al Inpec se efectuó antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090
de 2003, es decir, que el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación se
causó bajo la vigencia del Sistema General de Pensiones y, por lo tanto, los
recursos con los que se asume el pago de la prestación pensional provienen de
dicho sistema.
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Actor: UGPP
Señaló que la liquidación de la pensión debe guardar correspondencia con los
principios del Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993,
esto es, que si bien en el caso del señor Amú Angola su tasa de remplazo debe
garantizarse en un 75%, tal como lo disponía el régimen anterior con respecto al
IBL, era necesario dar observancia a lo dispuesto en el artículo 21 de la
mencionada ley, es decir, que para liquidar la pensión se debía tener en cuenta el
promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años por el afiliado,
aplicando a su vez los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
Afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció que con la entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993 se
generó un vacío normativo en lo que atañe al Inpec, toda vez que si bien la Ley 32
de 1986 contenía el régimen pensional para este personal, al momento en que se
expidió la Ley 100 de 1993, en su artículo 140 se asignan competencias al
Gobierno Nacional para que expida el régimen pensional de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, pero a su vez son incorporados
al Sistema General del Pensiones (artículo 5 del Decreto 691 de 1994), lo cierto es
que 10 años después, con la expedición del Decreto 2090 de 2003, se fija el
régimen de los trabajadores que desempeñan sus funciones en actividades de alto
riesgo.
De otro lado, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
violación directa de la Constitución, pues desconoce la obligación que tiene el
Estado de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, disposición aplicable a los jueces de la república, quienes con sus
decisiones, “en los casos de no se ajustan al ordenamiento jurídico”, pueden
generar una afectación a los recursos públicos en beneficio de los pensionados sin
que existan razones jurídicas para el reconocimiento de una prerrogativa.
Manifestó que “el inciso 6 del artículo 48 de la Constitución Política señala la
obligación al estado Colombiano de garantizar la sostenibilidad financiera del
Sistema General del Pensiones, obligación que contiene implícitamente el
mandato de adoptar decisiones en derecho en materia de reconocimientos
pensionales, evitando aplicar normas que no correspondan a la realidad jurídica
del pensionado y que pueden hacer más beneficioso su derecho, sin justificación
jurídica, en desmedro de los recursos públicos”.
Agregó que en la sentencia objetada se sustentó en una norma que no le era
aplicable al señor Olmes Alberto Amú Angola, pero que además reñía con los
principios del Sistema General del Pensiones, esto en razón a que al ordenar
liquidar la pensión con base en una norma que solo tiene en cuenta los salarios
devengados en el último año de servicio, genera que el pensionado adquiera una
prestación mucho más alta, aspecto que hace que exista una diferencia de la
mesada pensional por valor de $583.417, monto adicional que debe asumir la
UGPP mes a mes de forma vitalicia, incluyendo además el pago de una retroactivo
pensional por la suma de $54.829.302.
Refirió, con sustento en las sentencias C-258 de 2013, SU-631 de 2017, T-034 de
2019 y T-039 de 2018, que en “el presente caso, se configura el ABUSO
PALMARIO DEL DERECHO, como circunstancia de procedencia excepcional de
esta acción de tutela, en la grave omisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez del señor
OLMES ALBERTO AMU ANGOLA incluyendo el promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicios, de conformidad con el artículo 4 de
la Ley 4 de 1966, desconociendo que el señor AMU ANGOLA adquirió el estatus
de pensionado bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993 y se vinculó al INPEC antes
de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, por lo cual lo relativo al IBL
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Actor: UGPP
debía ser aplicado en observancia a la Ley 100 de 1993, de esta manera, la
prestación pensional del interesado, debía estar fundamentada en una serie de
principios que buscan hacer el sistema más eficiente en la administración de los
recursos, para asimismo alcanza una mayor cobertura, es por ello, que la Ley 100
en su artículo 21, corrige el error de los anteriores regímenes, y dispone que las
pensiones deben ser el reflejo de las cotizaciones que ha realizado el empleado
durante su vida laboral, en este sentido, se equivoca el despacho accionado al
omitir dar aplicación al artículo 21 ibidem para efectos de calcular el IBL de la
pensión del señor AMU ANGOLA, debiendo calcularse sobre el promedio de los
salarios devengados durante los últimos 10 años de servicios que hubieren sido
efectivamente cotizados”. Además, que la sentencia objetada genera un pago
ilegítimo que afecta el erario.
Por último, resaltó que la decisión del tribunal accionado constituye un fraude a la
ley, con sustento en lo establecido en las sentencias SU-1122 de 2001 y C-258 de
2013 de la Corte Constitucional, al conceder una reliquidación de una prestación
contrario a los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico y las posiciones
jurisprudenciales, además que afecta gravemente la sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
• “PRINCIPALES
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, y que se traducen en un
evidente detrimento del erario que se genera con la orden de reliquidación de una pensión
de vejez bajo criterios jurídicos que no le son aplicables al señor OLMES ALBERTO AMU
ANGOLA.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior:
a. Se DEJE sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2023 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA del 27 de octubre de 2023 dentro del proceso
contencioso administrativo No. 7600 1 -33-33-020-201 8-001 46-01.
b. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, dictar nueva
sentencia ajustada a derecho, en la que no se acceda a las pretensiones de la demanda
debido a que, si bien al señor OLMES ALBERTO AMU ANGOLA le resulta aplicable el
régimen pensional contenido en la Ley 4 de 1966, en lo que respecta a la tasa de remplazo
y semanas cotizadas o tiempo de servicios sin tener en consideración la edad, en lo demás,
le es aplicable el régimen contenido en la Ley 100 de 1993, es decir, el cálculo del IBL se
debe realizar sobre el promedio de los últimos 10 años de servicios, con base en los
factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
• SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el
requisito de subsidiariedad solicitamos:
PRIMERO. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de la
UGPP vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria y
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su
orden tutelar, en contra de la sentencia del 27 de octubre de 2023 proferidas dentro del
proceso ordinario laboral radicado N° 76001-33-33-020-2018-00146-01”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 6 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca remitió el link de acceso al expediente con radicado No. 76001 -33-33-
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
020-2018-00146-01, correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó el señor Omes Alberto Amú Angola
contra la UGPP.
5. Trámite procesal
Por auto de 29 de febrero de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali, al señor Olmes
Alberto Amú Angola y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, se negó la solicitud de medida provisional elevada por la entidad
demandante.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 174471 a 174475
1
de 6 de marzo de 2024, con el fin de notificar a las partes .
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali
En escrito de 7 de marzo de 2024, el titular del despacho informó que el
procedimiento impartido en el proceso ordinario se encuentra ajustado a derecho y
el fallo fue proferido con total apego a la normatividad vigente al caso concreto y
que no se incurrió en una actuación que amenace o vulnere los derechos
fundamentales de rango constitucional del accionante.
6.2. Memorial allegado en el curso de la primera instancia
En correo electrónico2 de 11 de marzo de 2023, se allegó un escrito en el que
supuestamente lo elabora y firma el señor Olmes Alberto Amú Angola, en el que
solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de la relevancia constitucional.
Sin embargo, se advierte que no será tenido en cuenta, pues el memorial no
aparece suscrito por el señor Amú Angola y fue remitido de una dirección
electrónica diferente3, es decir, que no es el iniciador del mensaje de datos, lo que
desconoce los artículos 64, 75 y 166 de la Ley 527 de 1999 relacionados con los
escritos, firmas y atribución de un mensaje de datos. Adicionalmente, no se allegó
poder que demuestre que el abogado Martínez Osejo, con el que se rotula el
escrito, actúa como abogado en representación del señor Amú Angola.
1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co; defensajudicial@ugpp.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, adm20cali@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin20cli@notificacionesrj.gov.co, joseomarmartinez@hotmail.com,
tribunaladministrativodelvalledelcauca@cendoj.ramajudicial; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co y
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2
Proveniente del correo electrónico joseomarmartinez@hotmail.com.
3
joseomarmartinez@hotmail.com
4
ARTICULO 6o. ESCRITO. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará
satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si
las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.
5
ARTICULO 7o. FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en
ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha
utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su
aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o
comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una
obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.
6
ARTICULO 16. ATRIBUCION DE UN MENSAJE DE DATOS. Se entenderá que un mensaje de datos proviene del
iniciador, cuando éste ha sido enviado por: 1. El propio iniciador. 2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del
iniciador respecto de ese mensaje, o 3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que
opere automáticamente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a pesar de que se le notificó
en debida forma el auto admisorio, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca con la sentencia de 27 de octubre de 2023, por medio del cual ordenó la
reliquidación de la pensión del señor Olmes Alberto Amú Angola, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema General de
Pensiones, y si incurrió en los defectos i) sustantivo, toda vez que no se ajustó al
ordenamiento jurídico, es decir, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y
el Decreto 1158 de 1994, en razón a que el señor Amú Angola adquirió el estatus
pensional en vigencia de la mencionado ley y, en consecuencia, se debía liquidar
la prestación con el promedio de lo devengado durante los 10 últimos años y ii)
violación directa de la Constitución, al desconocer la obligación que tiene el
Estado de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones y por incurrir en abuso palmario del derecho y fraude a la ley.
3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
7
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
8
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
9
el ordenamiento jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
10
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
11
aquellos diseñados por el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
7
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
9
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
10
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
11
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
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Actor: UGPP
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios”12.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La UGPP presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con
la sentencia de 27 de octubre de 2023, pues incurrió en los defectos i) sustantivo,
en razón a que el señor Amú Angola adquirió el estatus pensional en vigencia de
la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se debía liquidar la prestación con el
promedio de lo devengado durante los 10 últimos años conforme con la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y ii) violación directa de la Constitución, al
desconocer la obligación que tiene el Estado de garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones y por incurrir en abuso palmario del
derecho y fraude a la ley.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela, en
razón a que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, con sustento en
las siguientes consideraciones:
En el caso concreto, se observa que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, pues la UGPP cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
idóneo y eficaz, el cual no se agotó previamente a la radicación de la acción de
tutela.
Al respecto, la Sala advierte que, para controvertir la providencia judicial
relacionada con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones periódicas, el
ordenamiento jurídico dispone de herramientas de defensa judicial a las que
puede acudir la UGPP, como lo es el recurso extraordinario de revisión.
Aunado a lo anterior, se debe recordar que la Corte Constitucional en sentencia T-
106 de 202413, al referirse sobre la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, precisó que “la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y
(ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados
por el accionante”.
Valga indicar que el mecanismo de defensa judicial extraordinario en mención se
encuentra consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que prevé la
posibilidad de acudir a este para proteger el patrimonio público, el interés general
y el equilibrio financiero del sistema pensional, “cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso, y b) cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”, causales en las que puede exponer los argumentos que
plantea la entidad accionante en el escrito de tutela.
En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política estableció que la ley definiría un procedimiento breve para la
revisión de las pensiones reconocidas (i) con abuso del derecho o (ii) sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y
laudos arbitrales válidamente celebrados, es decir, con fraude a la ley.
12
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Actor: UGPP
Entonces, teniendo en cuenta la existencia de otro mecanismo de defensa judicial,
por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
sentencias judiciales que establecen montos pensionales que presuntamente
desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que excepcionalmente se habilita el mecanismo de
protección constitucional cuando se presenta un abuso palmario del derecho que
puede presentarse cuando se alega el incremento excesivo en la mesada
pensional.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-115 de 201814, reiteró las
reglas establecidas en las sentencias SU-427 de 201615 y SU-631 de 201716 y
precisó que el abuso palmario por el incremento de la mesada pensional surgirá
cuando “se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una
ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el caso
concreto”. Por tanto, según consideró la Sala, debe haberse “generado un incremento
protuberante de la mesada pensional”, pues, solo así, “la aplicación del IBL de un régimen
especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la intervención del juez de tutela ”.
En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-136 de 202217 se refirió
a la revisión de las pensiones reconocidas con abuso palmario del derecho y
recordó que la acción de tutela resulta procedente en tales escenarios, aun
cuando el ordenamiento jurídico ha establecido el recurso extraordinario de
revisión, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se traduce en la
afectación al erario por el pago de una prestación reconocida irregularmente.
Precisó que en estos eventos se debe acreditar las siguientes circunstancias: (i)
que el abuso debe “saltar a la vista” y que los mecanismos de defensa judicial
ordinarios no son idóneos para evitar el detrimento del sistema pensional, (ii)
también se debe evaluar la forma en que el beneficiario de la prestación pensional
accedió al reconocimiento de la misma y (iii) como criterio de identificación, que se
hubiere declarado judicialmente un incremento porcentual trascendental en el
monto pensional.
Finalmente, la Corte Constitucional también ha admitido, de manera excepcional,
la intervención del juez constitucional aun existiendo otros mecanismos de
defensa judicial para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el erario y
las finanzas del Estado en asuntos que involucra reconocimientos pensionales
derivados del “palmario abuso del derecho” por “vinculación precaria”, bajo los criterios
establecidos en la sentencia SU-631 de 2017 ya citados.
En el caso bajo estudio, la UGPP señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en abuso palmario del derecho y fraude a la ley, cargos que sustentó en el
hecho de que el tribunal accionado aplicó unas normas que no regulaban el
régimen pensional de la persona interesada y ordenó la reliquidación de la
prestación en un 75% de los factores percibidos durante el último año de servicio,
lo que implica, a su juicio, un incremento de la mesada pensional por valor de
$583.417, además del pago de un retroactivo pensional por la suma de
$54.829.302
No obstante, para la Sala esa circunstancia no permite acreditar la configuración
de los escenarios en los que la Corte Constitucional ha habilitado la acción de
tutela de manera excepcional, pese a la existencia de otra herramienta judicial
14
M.P. Carlos Bernal Pulido.
15
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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para que las administradoras de pensiones puedan controvertir mesadas
pensionales que exceden los montos establecidos en el ordenamiento jurídico y
que afectan gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, tales
como “abuso palmario del derecho” y “vinculación precaria”.
Adicionalmente, porque no se evidencia que hubiere existido una vinculación
precaria que se configura “cuando la relación de los empleados o funcionarios con el
Estado tiene una vigencia reducida en el tiempo, con lo cual la “fugacidad” es el elemento
que lo acredita ”, en tanto la UGPP no acreditó a través de la historia laboral del
18
señor Olmes Alberto Amú Angola que se hubiera presentado una ventaja
irrazonable o una vinculación precaria y, además, ello no se deriva per se de la
orden judicial al establecer el IBL en un 75% de los factores percibidos durante el
último año de servicios.
Adicionalmente, para la Sala la información expresada por la parte actora permite
evidenciar el monto, a su juicio excesivo, que percibiría el señor Amú Angola en
cumplimiento de la orden judicial. No obstante, ello no es suficiente para
determinar las razones por las que esos valores puedan impactar el sistema
general de pensiones al punto que amerite la intervención del juez constitucional
en un asunto que corresponde resolver al juez del recurso de revisión.
De las pruebas aportadas lo que se evidencia es que la UGPP mediante una
operación aritmética, estableció la diferencia que resulta entre la pensión de
jubilación reconocida y la liquidadas, además del pago de un retroactivo que se
genera en virtud del cumplimiento de la orden judicial, sin que por esta simple
operación matemática se pueda concluir una desfinanciación del sistema o, en su
defecto, que se incurrió en un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del juez de tutela.
El perjuicio irremediable alegado por la UGPP debe ser inminente, es decir, que la
amenaza está por suceder prontamente, al punto que se deban dictar medidas
urgentes para conjurar el mencionado perjuicio, la gravedad se circunscribe a que
el daño debe ser de gran intensidad y la impostergabilidad que obedece a la
urgencia y a la gravedad, por lo que la tutela debe ser adecuada para restablecer
el orden social justo en toda su integridad. Aunado a lo anterior, es necesario que
se alleguen las pruebas que demuestren la existencia del perjuicio irremediable.
Pese a lo anterior, la entidad accionante, junto con el escrito de tutela, no aportó
pruebas que evidencien que la intervención del juez de tutela es necesaria frente a
los efectos de la decisión objetada y el supuesto impacto fiscal desfavorable al
sistema, pues lo único que allegó fue la providencia reprochada y un cuadro con la
operación matemática correspondiente a las diferencias que se le debía pagar al
administrado por concepto de mesada pensional y de retroactivo.
Es decir, la UGPP no acreditó (i) la afectación inminente de sus derechos, en la
medida en que no demostró que con el pago de la mesada pensional y del
retroactivo se desfinancie el Sistema General de Pensiones; (ii) la urgencia de las
medidas para remediar o prevenir la afectación, por cuanto no se observa que la
intervención del juez constitucional sea imperiosa para garantizar sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
invocados en el escrito de tutela; (iii) la gravedad, en la medida que el pago de la
condena impuesta en la sentencia, no es una situación que pueda ser catalogada
como grave y que, automáticamente, habilite la procedencia de la solicitud de
amparo y, por último, (iv) el carácter impostergable, pues no se demostró que los
efectos de la decisión objetada conlleve una vulneración actual de sus derechos
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Sentencia SU-136 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00921-00
Actor: UGPP
fundamentales que amerite la intervención del juez constitucional con un amparo
transitorio previo a la interposición del recurso extraordinario de revisión.
En ese sentido, la acción de tutela es improcedente en cuanto tiene otro medio de
defensa judicial extraordinario, a lo que se agrega que no demostró la ocurrencia
de un perjuicio irremediable en los términos que ha precisado la jurisprudencia
constitucional frente a la sentencia de 27 de octubre de 2023 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, lo que permite desestimar la pretensión
subsidiaria consistente en que se suspendan los efectos de la providencia
objetada hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela,
habida cuenta de que la misma no cumple con el requisito de procedencia de la
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
UGPP contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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