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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00925-00

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00925-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00925-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

12 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00925-00
Accionante: Jennifer Viviana Tarazona Ardila
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de actos administrativos. Subtema 1: Requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela – subsidiariedad. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a nombre propio, por Jennifer
Viviana Tarazona Ardila en contra de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 23 de febrero de 20242 la tutelante interpuso acción constitucional en procura de
la protección de sus derechos a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, al
trabajo y a la vida digna, los cuales considera vulnerados, porque, con el fin de
mantener la continuidad de los tratamientos médicos a los que debe someterse, ha
solicitado, en 4 ocasiones, el traslado de su cargo de carrera ubicado en Arauca,
pero, en 3 de ellas, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura ha emitido un concepto desfavorable, y en la última no ha
proferido respuesta.

2.- Hechos

2.1.- Afirma Tarazona Ardila que fue diagnosticada con “rinitis alérgica, hipertrofia
de cornetes no especificada, asma crónica predominantemente alérgica y anafilaxia

1
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2EC504D1C15FE79D
76812C0FE02ADA38 A2469BC16313FE49 4E377012F03D03B5.
2
Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8FDC8AD55CC18BAB
D44BE1A645153A16 030CF9DC409E2D42 C2CB00A5A90FDB38.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00925-00
Accionante: Jennifer Viviana Tarazona Ardila
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

por alergia a perro, gato y ácaros desde hace 1 año”3. También alegó que se
posesionó en el cargo de oficial mayor, en el Juzgado Civil del Circuito de Arauca,
el 21 de enero de 20224.

2.2.- La convocante explicó que el 19 de enero de 2024, después de concluido un
permiso que se le había otorgado, se reintegró a su cargo, sin embargo,
nuevamente solicitó una licencia no remunerada con el fin de atender asuntos
personales y de salud, la que fue concedida y está en curso5.

2.3.- Expuso la peticionaria que, en múltiples ocasiones, ha requerido al titular del
juzgado, al que está vinculada en carrera, para que realice la calificación de
servicios, no obstante, el nominador no ha cumplido tal exigencia. También precisó
que solicitó en 4 oportunidades su traslado a otro despacho, pero, en 3 de estas, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
dictó concepto desfavorable y, en la última, se abstuvo de responderle6.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La peticionaria estima que se vulneraron los derechos fundamentales cuya
conculcación denuncia, literalmente, porque:

“9-. Que pese a que fueron argumentadas mis graves condiciones de salud,
como fundamento para la solicitud de traslados, la UNIDAD DE CARRERA
omitió realizar un pronunciamiento al respecto, al menos en el último acto
administrativo proferido, lo cual pone en riesgo mi vida y mi derecho al trabajo
y por ende al mínimo vital (…)

LA POSICIÓN DE LA CSJ tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta que
tratándose del cargo oficial mayor del circuito, no se concursa en una
especialidad concreta, sino que es válido postularse una vez se supera el
concurso a cualquier tipo de especialidad. (…)

12-. Que actualmente no devengo sueldo alguno, porque en la balanza de
ponderar mis ingresos vs salud reintegrándome a una zona que no cuenta con
los servicios médicos especializados que requiero y de difícil acceso físico y de
seguridad, en contraste con la interrupción de mi tratamiento médico, decidí
privilegiar mi vida y salud, razón por la cual solicité licencia no remunerada por
3 meses, la cual actualmente se surte.

13-. Que la jurisprudencia nacional ha sido conteste al señalar que la calificación
de servicios, no es un requisito sine qua non para que proceda el traslado
máxime si la causa no le es imputable al servidor judicial que realiza la solicitud

3
A folio 1 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2EC504D1C15FE79D 76812C0FE02ADA38
A2469BC16313FE49 4E377012F03D03B5.
4
Ibídem.
5
Ibídem.
6
Ibídem, folio 2.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00925-00
Accionante: Jennifer Viviana Tarazona Ardila
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

como ya ha sido puesto de manifiesto a la unidad de carrera, por lo tanto la
posición de la unidad de carrera judicial deviene en una clara trasgresión de mis
derechos fundamentales. (…)

De manera que, ni la Ley 270 de 1996, ni la modificación establecida en la Ley
771 de 2002 imponen una condición de ‘calificación de servicios igual o superior
a 80 puntos’ para el traslado de un empleado de carrera, y si bien se autoriza al
Consejo Superior de la Judicatura en aras de no afectar el servicio de
administración de justicia, para que emita su ‘concepto previo’ sobre los
traslados, este concepto no puede basarse en requisitos adicionales a los
previstos por el Legislador para la concreción de dicho derecho del trabajador,
ni suplantar la labor del nominador del cargo, por cuanto que de hacerlo, se
estaría abrogando la función de autorización del traslado y no la de calificar la
solicitud como de aceptable o no, que es específicamente lo que le corresponde
por mandato del artículo 134 de la mencionada Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia”7.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) ordenar a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que estudie nuevamente las
solicitudes de traslado y emita un concepto favorable; y (ii) que se conmine a la
referida autoridad para que se abstenga de incurrir en conductas similares.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 28 de febrero del 2024 el Despacho Ponente admitió la
acción de tutela y dispuso la vinculación del Juzgado Civil del Circuito de Arauca.

5.2.- La Unidad de Administración de Carrera Judicial acotó que no se han
vulnerado los derechos de la peticionaria. Afirmó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues es el nominador de Tarazona Ardila a quien le corresponde
realizar la calificación de servicios. Expuso un análisis sobre las normas que regulan
el traslado de empleados y concluyó que, en este caso, no es viable acceder a la
petición de la oficial mayor. Ultimó que la tutela es improcedente, al no cumplirse
con el presupuesto de subsidiariedad.

5.3.- La Secretaría del Juzgado Civil del Circuito de Arauca manifestó que el anterior
titular de ese despacho le pidió a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de la Guajira que remitiera la calificación de la convocante, sin embargo,
dicha colegiatura contestó que ello le correspondía al nominador del cargo en

7
A folios 2-5 del escrito de tutela.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00925-00
Accionante: Jennifer Viviana Tarazona Ardila
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

carrera. En tal medida, explicó que se debe esperar a que se posesione el nuevo
titular de ese estrado judicial para que evalúe lo correspondiente a la calificación de
servicios de Tarazona Ardila.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Jennifer
Viviana Tarazona Ardila en contra de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1.- Este requisito aparece claramente expresado en el inciso 3º del artículo 86 de
la Carta Política, conforme al cual la acción de tutela resulta plausible cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa. No obstante, la Corte
Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede de forma excepcional i)
cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no resultan idóneos o eficaces,
o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable8. De

8
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto tribunal ha precisado que el perjuicio irremediable “se
configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de
manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Corte Constitucional,
sentencia T- 634 de 2006. Sobre las características del perjuicio irremediable, ver Corte Constitucional, sentencia T-1316 de
2011: “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral
o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable. En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que
por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo,
esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen
ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del
Estado”.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00925-00
Accionante: Jennifer Viviana Tarazona Ardila
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

haber lugar al amparo, en el primero de los casos la orden de protección sería
definitiva y, en el segundo, transitoria.

3.2.- En este caso, la convocante alega que la Unidad de Administración de Carrera
Judicial ha pasado por alto su condición de salud y que, por haber superado el
concurso para la carrera judicial, puede vincularse a cualquier juzgado sin importar
la especialidad. Asimismo, señaló que no devenga ningún ingreso y que la
calificación de servicios no puede considerarse como un requisito para acceder a
un traslado.

3.3.- Pues bien, estima la Sala que la acción tuitiva no cumple con el requisito de
subsidiariedad, en razón a que la accionante debió cuestionar los actos
administrativos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura a través de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por consiguiente, si existen inconformidades frente al criterio de la autoridad
censurada, pueden ser denunciadas en el referido medio de control, para que sea
el juez natural, al momento de evaluar el caso, quien haga un análisis especial
respecto de ellas. Pese a ello, tal mecanismo jurídico, según se observa en el
expediente, no ha sido incoado.

3.4.- Adicionalmente, tampoco se encuentra acreditado un perjuicio irremediable
que haga necesario estudiar el fondo de los argumentos propuestos por la parte
actora, ya que el solo hecho de sufrir una patología médica y alegar la ausencia de
ingresos –a causa de la licencia pedida–, no permite estimar como urgente la
intervención del juez de tutela.

3.5.- Es así como esta sala de subsección ha sostenido que la acción
constitucional9, en virtud de su carácter residual y subsidiario, no puede ser
empleada para suplantar las falencias propias de la parte interesada o para
desplazar la competencia del funcionario que, constitucional y legalmente, debe
pronunciarse sobre el asunto, de modo que los argumentos esgrimidos devienen
en improcedentes, en tanto pretenden suplantar al juez natural.

9
Ver, entre otras, las sentencias del 21 de septiembre de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-02376-01, C.P. Nicolás
Yepes Corrales; del 07 de septiembre de 2020, radicado No. 23001-23-33-000-2020-00034-01, C.P. Guillermo Sánchez
Luque; y del 31 de agosto de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-01732-01, C.P. Jaime Enrique Navas Rodríguez.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00925-00
Accionante: Jennifer Viviana Tarazona Ardila
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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