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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00930-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00930-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Alba Judith Delgado Niño. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo adopte las medidas que se requieran para conceder las vacaciones de la señora Alba Judith Delgado Niño. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a 19 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-000- 2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Alba Judith Delgado Niño Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00930-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

11 de abril de 2024

Demandante: Alba Judith Delgado Niño
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-00930-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00930-00
Demandante: ALBA JUDITH DELGADO NIÑO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y el trabajo en condiciones dignas. Solicitud
de vacaciones de funcionario judicial. Concede el amparo
solicitado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela del asunto, conforme lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado mediante el Decreto 2591 de
1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Alba Judith Delgado Niño, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja –
Boyacá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo en
condiciones dignas.

En criterio del accionante, la vulneración de las citadas garantías encuentra sustento
en la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo de negar la concesión de las vacaciones, basada en que no se contaba con el

1 La solicitud de tutela se radicó el 19 de febrero de 2024 ante la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia, autoridad que por auto del 20 de febrero de 2024 ordenó remitir el asunto a esta
corporación y siendo recibida en la Secretaría General del Consejo de Estado el 26 de febrero del
mismo año.
1

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Demandante: Alba Judith Delgado Niño
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
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certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente para realizar el
nombramiento en reemplazo.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDO: SE ORDENE A LAS ACCIONADAS: CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA; DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA Y
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO –
BOYACÁ, a que se emita el certificado de disponibilidad presupuestal y se CONCEDAN
mis vacaciones, en el término más expedito, por los periodos suplicados en el escrito
de fecha 13-12-2023.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La accionante se desempeña actualmente como Juez Promiscuo Municipal de
Guacamayas – Boyacá, cargo que viene ocupando desde el 1 de diciembre de 2006
y hasta la fecha.

Manifestó que el 13 de diciembre de 2023 a través de correo electrónico presentó ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, solicitud para
disfrutar su derecho a las vacaciones por los periodos correspondientes a los años
2018 y 2021.

En dicha oportunidad explicó que, con ocasión de los Acuerdos CSJBOY 106 del 24
de agosto de 2018 y 52 del 30 de septiembre de 2021, fue designada para la Función
de Control de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio; circunstancia por la cual,
según las Resoluciones No. 41 y 45 del 21 de septiembre de 2018 y 26 de noviembre
de 2021, respectivamente, le fueron suspendidas sus vacaciones para dichas épocas.

Informó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
mediante Resolución 12 del 15 de febrero de 2024 decidió negar la solicitud de
vacaciones de la accionante. Lo anterior, por cuanto la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja, mediante Oficio DESAJTUO24-361 del 14 de febrero
de 2024 precisó que no era procedente la asignación de un rubro para el fin solicitado
en los términos de la Circular PSAC11-44 de noviembre 3 de 2011 dictada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2 Transcripción original del texto con posibles errores.

2

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1.4. Fundamentos de la vulneración

Planteó la accionante que, al habérsele negado las vacaciones, se le vulneraron sus
derechos al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud física y mental, a
la familia, a la igualdad entre otros, ya que, al no contar con disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo durante el periodo de vacaciones, la
autoridad nominadora no podrá autorizar estas.

Reprochó que los argumentos expuestos por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja son una circunstancia que escapa totalmente a su
arbitrio y le son totalmente ajenos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 1.º de marzo de 2024 se admitió la acción de tutela del asunto, se
ordenó notificar a las autoridades accionadas, y se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica3, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

Explicó que, conforme a las competencias constitucionales y legales encomendadas,
dicha autoridad no es la llamada a soportar la pretensión formulada por la parte
accionante.

Lo anterior, por cuanto la única autoridad que actúa como ordenadora del gasto en los
términos del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, facultada para la expedición del CDP
correspondiente es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja.

A partir de lo anterior, solicitó la desvinculación del trámite de tutela, por no ser la
autoridad llamada a velar por los derechos fundamentales alegados.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Manifestó que la autoridad encargada de conceder el descanso de la señora Delgado
Niño es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dado que
es la autoridad nominadora.

3 Oficios 175694, 175695, 175697, 175698 y 175699 del 7 de marzo de 2024.

3

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A partir de la anterior premisa, indicó que la entidad llamada a sufragar y expedir los
correspondientes CDP es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja, pues conforme la ley estatutaria de la administración de justicia, es la
dependencia llamada a responder dicha solicitud.

Conforme lo anterior, solicitó la desvinculación de la acción de tutela del asunto.

1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo

Por conducto del presidente de la Corporación, explicó que el derecho a las
vacaciones de los empleados y servidores judiciales se supedita a la existencia de los
recursos económicos necesarios para poder designar un reemplazo.

Asimismo, enfatizó que la persona que asuma las labores del empleado o funcionario
que sale a disfrutar de sus vacaciones se le deben garantizar sus derechos laborales
en igualdad de condiciones.

1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja

La autoridad pese a haber sido notificada en debida forma a través del oficio 175698
del 7 de marzo de 2024, en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio
y, en consecuencia, se aplicará la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer de la acción de
tutela del asunto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto1069 de 2015, modificado por el
artículo1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitaron su desvinculación del presente trámite
constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciónes se hicieron
debido a que fueron las entidades demandadas por la parte actora en su escrito de
tutela, además dichas entidades intervienen en el trámite de la apropiación de los
recursos para disponer el referido reemplazo, y en tal sentido, su comparecencia al
presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus
4

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intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste, así como
para determinar su presunta responsabilidad en la vulneración de las garantías de la
accionante.

Aunado lo anterior, no se puede perder de vista que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja se sustrajo de emitir el respectivo CDP en el
presente caso, para lo cual trajo a colación lo dispuesto en la Circular PSAC 11-44 del
23 de noviembre de 2011, la cual fue proferida por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

2.3. Problema jurídico

Con base en los hechos expuestos en la acción de tutela, las pruebas aportadas al
proceso y las intervenciones realizadas por las autoridades accionadas, la Sala le
corresponde resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo en
condiciones dignas de la señora Alba Judith Delgado Niño, debido a la negativa
de concesión de vacaciones basada en la ausencia de CDP que permita nombrar
un reemplazo?

Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general
de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso del servidor judicial; (iii) procedencia
excepcional de la acción de tutela y; (iv) el caso concreto.

2.4. El derecho al descanso del funcionario judicial

El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época muy
temprana4, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de
la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe
contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del artículo 25
ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados por
Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5 en su artículo 7º determina que los
Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de
trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable
de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la

4 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035

de 2005.
5 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el
16 de diciembre de 1966".
5

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remuneración de los días festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7º6 del
Protocolo de San Salvador7.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial que
ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el
descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud
o pausa en el trabajo o fatiga”8. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se
deduce de la interpretación sistemática9 del artículo 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto
el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de
los principios mínimos fundamentales del trabajo10.

6 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias
y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador
tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación
prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y,
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate
de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una
limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de
menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales.
7 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.

“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
8 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó la

siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho
de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y
mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que
permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los principios
mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra como regla general,
la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este
derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los
días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa
o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la
remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los requisitos
exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al
descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral.”
9 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes

Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
10 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

6

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En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado
a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado
de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se
denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con
el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar
todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea
todas las funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda el servidor público,
en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita compartir un mayor
espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den
paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades
laborales.

En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el
empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.

En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004,
estableció lo siguiente:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga al
empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro
fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse
paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

(…)

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de todo
el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le
ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo en todas
las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el
trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte,
invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono
parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir entregándoselos
al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece o muere
prematuramente.

Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados,
por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido
por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer trabas
administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho, así lo ha dicho la
Corte: «¿el derecho fundamental al descanso puede protegerse a través de la tutela?
Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser
7

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debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza
jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso
administrativo, por lo que el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No
obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la acción
constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando exista
un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho
fundamental amenazado o vulnerado».

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto

El inciso 4º del artículo 86 Superior, que consagra el principio de subsidiariedad como
requisito de procedencia de la acción de tutela, establece que «esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». En el mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, indica que el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros
medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para resolver la situación particular
en la que se encuentre la accionante.

Ahora bien, en desarrollo de la normativa expuesta, la Corte Constitucional
jurisprudencialmente11 ha sido enfática en puntualizar que el uso inadecuado,
irracional y desmesurado de la acción de tutela, con el propósito de obtener un
pronunciamiento más ágil y expedito, desnaturaliza su valor preeminente y especial
dentro del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que «ésta no ha sido consagrada
para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines12».

Posteriormente, por medio de las sentencias T-373 de 2015 y T- 630 de 2015 se
concibió que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estiman
conculcados, el afectado, obligatoriamente, debe agotarlos de forma principal y no
utilizar directamente la acción de tutela.

No obstante, la Corte Constitucional ha puesto de presente 2 excepciones al principio
de subsidiariedad, que en caso de concurrir, harían procedente la acción de tutela; a
saber: i) se constate que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el
legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados; y ii) «siendo apto para conseguir la protección, en razón
a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela13».

11 Sentencia T-1008 del 26 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
12 Corte Constitucional, Sentencia T-471 del 19 de julio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
13 Corte Constitucional, Sentencia T-705 del 4 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
8

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Frente al primer supuesto, el máximo tribunal Constitucional ha considerado que para
que proceda el mismo, es fundamental analizar, en cada caso concreto, la
idoneidad del medio de defensa, teniendo en cuenta sus particularidades en
aras de determinar «si el mecanismo judicial al alcance del afectado puede otorgar
una protección completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados presupuestos,
el operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma definitiva o
transitoria según las circunstancias particulares que se evalúen.»14

De la misma manera, en la sentencia T-230 de 2013, la Corte Constitucional sentó
dos fundamentos esenciales para establecer cuándo el mecanismo resulta no ser
idóneo para el fin que se busca, a saber: i) cuando no ofrece una solución integral
y ii) no resuelve el conflicto en toda su dimensión.

En ese sentido, la señora Alba Judith Delgado Niño promovió la solicitud de amparo
constitucional con ocasión de la negativa dada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, frente a la solicitud de vacaciones de los periodos
2018 y 2021, la cual, a su turno, encontró sustento en la decisión de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja de no autorizar los recursos
económicos para nombrar un reemplazo.

Sobre el punto, la Sala advierte que en lo que respecta al acto que niega la asignación
presupuestal tendiente a nombrar el reemplazo del empleado que requirió el disfrute
de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 201115,
en el que se pueden solicitar el decreto de las medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 201116, por lo tanto, es en principio, el juez
de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las controversias que de él surjan.

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1º de noviembre de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
15 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
16 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se

adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo
regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
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Sin embargo, esta Sala ha considerado17 que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para precaver
la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna imperiosa la
intervención del juez constitucional como garante de su primacía dentro del
ordenamiento jurídico.

En primer lugar, en el presente asunto para establecer la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, el actor debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un
derecho subjetivo, ya sea porque es contrario al debido proceso administrativo, que,
con independencia de las particularidades propias de la regulación específica de cada
actuación, deben ser acatadas de forma general en virtud de lo dispuesto por el
artículo 29 Superior, o porque se configura alguna de las siguientes causales:

• Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse,
• O sin competencia,
• O en forma irregular,
• O con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
• O mediante falsa motivación,
• O con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción
de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que
fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites
y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas
como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos
sumariamente la existencia de los mismos.
17 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23-41-000-

2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001-23-33-000-
2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000-2019-01633-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se denota que de lo solicitado por la
señora Delgado Niño no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad del acto,
presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por otro lado, esta Sala de Decisión considera pertinente aclarar que si bien, por regla
general, la acción de tutela deviene improcedente para dirimir conflictos de naturaleza
económica, lo cierto es que la no expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal conlleva, en casos como este, a que el empleado tenga que aplazar
indefinidamente el disfrute de su derecho al descanso remunerado por cuanto la falta
de nombramiento de una persona que lo reemplace se traduce en la imposibilidad de
que, efectivamente, se pueda ausentar temporalmente con ocasión de sus
vacaciones.

En conclusión, si bien en principio y atendiendo a la subsidiariedad que caracteriza a
la acción de tutela, la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo que negó la solicitud de vacaciones de la accionante podría ser
controvertida por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
incluso podría solicitar como medida cautelar la suspensión provisional, para esta Sala
(en consonancia con el desarrollo jurisprudencial frente al tema) y atendiendo la
posición fijada en la sentencia del 30 de mayo de 2019 en la que esta Sección resolvió
un caso similar, se advierte que la actora no poseen un instrumento jurídico idóneo
para el amparo de sus prerrogativas, toda vez que como se evidenció, no pretende
atacar la legalidad del acto administrativo en cuestión, de hecho podría afirmarse de
manera fehaciente que su inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales
para la procedencia del referido medio de control.

Por lo anterior, resultaría inocuo que la demandante lo empleara, toda vez que no le
ofrecería una solución cabal a sus inconformidades ni mucho menos resolvería de
fondo su situación; razones suficientes para que este juez, en el caso concreto y dadas
las particularidades del asunto, adquiera competencia para conocer del fondo del
asunto ya que, se reitera, con esta tutela no se pretende una revisión de legalidad
del acto administrativo que negó la asignación presupuestal correspondiente para el
reemplazo de la actora quien funge como Juez Promiscuo Municipal de Guacamayas
– Boyacá.

2.6. Caso concreto

En el presente caso, se le negó el disfrute de sus vacaciones a la accionante, por
cuanto, conforme lo informado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, no se cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal para contar con los recursos económicos que permitan el nombramiento
del reemplazo.

Lo anterior, quedó debidamente consignado en la Resolución 12 del 15 de febrero de
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2024, proferida por la Sala de Gobierno de la citada autoridad judicial. La cual, pese
a que podría ser cuestionada a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dicha situación haría más gravosa la situación de la
señora Delgado Niño.

Al respecto, la Sección Quinta considera que el descanso debe entenderse como uno
de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que
ofrece la posibilidad de que el funcionario renueve la fuerza tanto intelectual como
física, para así proteger su salud física y mental, y fortalecer su dedicación para el
desarrollo de sus actividades. Es así como, el disfrute de las vacaciones constituye un
derecho constitucional cuya protección puede solicitarse mediante la acción de
amparo

En este punto, para la Sala es importante resaltar que el Consejo Superior de la
Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011. En este acto
se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones individuales. En dicha circular
se establece:

(…) para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen
de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual
deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar
a ello.

El objetivo de la mencionada circular fue eliminar los obstáculos que surgían en
relación con la asignación de recursos para reemplazos y, en tal sentido, estableció
que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individual debían reportar la
programación de vacaciones correspondientes al siguiente año ante la Sala
Administrativa de la Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, hasta el mes
de marzo de cada año

Bajo la anterior premisa, resulta claro que el derecho a las vacaciones se encuentra
causado y la Ley 270 de 1996, en su artículo 14618, no determinó que las vacaciones
de los funcionarios judiciales deban estar sujetas a condicionamientos de tipo
presupuestal o administrativo.

Huelga decir que lo aquí resuelto ha sido reiterado por esta Sala en anteriores

18 Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de

los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los
Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de
Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio.
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oportunidades19, así como por las Secciones Primera20 y Cuarta21 de esta corporación.

Así las cosas, la determinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja de no otorgar los recursos necesarios para el reemplazo, sí genera
una vulneración a los derechos fundamentales de la actora, ya que, como quedó
evidenciado, la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja es un claro obstáculo para que la demandante pueda disfrutar de su
descanso remunerado.

2.7. Conclusión

Al encontrar demostrada la vulneración alegada por la parte actora, la Sala amparará
los derechos fundamentales invocados y, en ese sentido, adoptará las órdenes
pertinentes para garantizar el goce efectivo de las vacaciones en cabeza de la
accionante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Alba Judith
Delgado Niño.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo adopte las medidas que se requieran
para conceder las vacaciones de la señora Alba Judith Delgado Niño. La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a

19 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-000-
2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-00. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019,
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de

mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de

diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
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partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados
recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, esta última entidad le deberá comunicar al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, quien a su vez deberá, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación,
pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para la señora Alba
Judith Delgado Niño.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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