Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00934-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00934-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00934-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
31 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00934-01
Demandante: JAIME MAYORGA MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo, porque no se acreditó el requisito general de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende revivir el debate planteado en el
proceso ordinario, que fue razonablemente zanjado por los jueces naturales.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 17 de abril de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 26 de febrero de 20241, el señor Jaime Mayorga Moreno interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá, con ocasión de la
sentencia del 11 de agosto de 2023, proferida en el proceso de reparación directa
con radicado 11001-33-36-033-2019-00319-01. Formuló las siguientes
pretensiones:
2.1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso efectivo a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial del suscrito, JAIME MAYORGA MORENO; vulnerados por los
despachos judiciales accionados al desatender normas de carácter
internacional previstas en el bloque de constitucionalidad que refieren a la
presunción de inocencia; al debido proceso, a la observancia de preceptos de
orden constitucional, legal y precedentes constitucionales y legales todas ellas
rectoras del debido proceso (…)
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Se advierte que, el 4 de julio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00934-01
Demandante: Jaime Mayorga Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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2.2. En consecuencia y para restablecer el derecho fundamental vulnerado, el
Honorable Consejo de Estado procederá a dejar sin valor y sin efecto jurídico
las providencias judiciales calendadas 31 de enero de 2023 y 11 de agosto de
2023 proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y por la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca respectivamente, las
que contra toda evidencia y contrariando las normas del debido proceso han
conculcado mis derechos fundamentales.
2.3. Igualmente, y como consecuencia de la acción constitucional dispondrá el
juez de tutela estas o similares declaraciones que equivalgan a declarar la
responsabilidad de la nación en forma conjunta y solidaria o individualmente a
la Rama Judicial y/o Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación, con la condena de perjuicios correspondientes
después de ponderar como corresponde y de acuerdo a lo probado, los
argumentos de la parte actora de los cuales se establece de manera
contundente los errores de investigación, valoración probatoria, ausencia de
fundamentos para imputar y acusar, todo en detrimento del principio de
presunción de inocencia y dado que, del caudal probatorio ni siquiera la
Fiscalía y la Rama Judicial se ocuparon de establecer la identidad del
supuestamente encartado para, al parecer por anonimato, hacer destinatario
de las medidas privativas de la libertad al suscrito.
La jurisdicción administrativa no quiso ocuparse siquiera de la conducta
omisiva y desleal de la fiscalía al sustraerse a responder los derechos de
petición que son contundentes y trascendentes para demostrar lo factual de la
demanda y los crasos errores del ente investigador y de la jurisdicción. O lo
que es igual, una sentencia ajustada a derecho y con apoyo en lo
oportunamente probado; y no, como se hizo, con citas que no corresponden a
los hechos en concreto.
2.4. Las demás determinaciones que considere amparan mis derechos al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho a la igualdad y
prevalencia del derecho sustancial.
1.2. Hechos
De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El 17 de diciembre de 2014, el señor Jaime Mayorga Moreno fue capturado por el
delito de rebelión, por lo que, el 20 de diciembre de 2014, se le impuso medida de
aseguramiento en su domicilio.
El señor Mayorga Moreno estuvo privado de su libertad hasta el 21 de diciembre
de 2015, por vencimiento de términos, toda vez que habían transcurrido 120 días
desde la presentación del escrito de acusación sin que se hubiera iniciado la
audiencia de juicio oral.
El 8 de septiembre de 2017, se realizó audiencia de preclusión por solicitud de la
Fiscalía General de la Nación. El Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento
decretó la preclusión de la investigación.
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Por lo anterior, el 16 de octubre de 2019, interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara
administrativamente responsable a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación por la privación de la libertad que soportó.
En sentencia del 31 de enero de 2023, el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
negó las pretensiones de la demanda. Contra la anterior decisión, la parte
demandante la apeló y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, en sentencia del 11 de agosto de 2023, la confirmó.
1.3. Argumentos de la tutela
El accionante manifestó que la jurisdicción contenciosa decidió negar en primera y
segunda instancia las pretensiones del medio de control de reparación directa,
ante la privación de la libertad que soportó desde el 17 de diciembre de 2014
hasta el 22 de diciembre de 2015.
Expuso que, a pesar de que se acreditó el daño alegado, que consistió en la
pérdida de su patrimonio económico, la pérdida de su empleo, daños morales
ocasionados y a toda su familia, se vulneran sus derechos fundamentales, al
incurrir en una indebida apreciación y valoración probatoria, aunado al hecho de
que pretermitieron decretar pruebas oportunamente solicitadas, y permitieron la
renuencia injustificada del fiscal para aportar la actuación desplegada por esa
entidad con la totalidad de las evidencias que dijo, lo comprometían con
actividades relacionadas con delitos políticos.
Expuso que un delegado de la fiscalía confesó no haberlo identificado con
suficiencia antes de solicitar al juez de control de garantías su detención, y
tampoco corroboró las informaciones con las que iniciaron la indagación y que no
se verificó que para esa época él se encontraba en lugares distintos a los referidos
por las fuentes humanas en sus informes, desatendiendo los mandatos
constitucionales. Tampoco valoraron las declaraciones de su abogado en el
proceso penal, quien dio cuenta la posición asumida en la diligencia de preclusión,
en la que manifestó que jamás se desvirtuó su inocencia. Expuso que tampoco se
mencionó el hecho que demostraba que para la época de los hechos en los que
supuestamente era auxiliar de la guerrilla, estaba conduciendo un bus en la ciudad
de Bogotá.
Señaló que con la aplicación de la Ley 1820 de 2016, se limitaron sus derechos
fundamentales al no permitirse que se llevara a cabo el juicio, pues el proceso se
terminó anormalmente con la amnistía de iure, y no se tuvo la posibilidad de
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conocer y rebatir los elementos materiales probatorios, las evidencias y los
testimonios que lo vinculaban en conductas que no cometió.
Expuso que es equivocada la apreciación según la cual al no apelar la
determinación de la preclusión, la aceptó y, por tanto, no puede pretender alegar
la privación injusta de su libertad, pues su defensor siempre predicó el hecho de
no haberse desvirtuado su presunción de inocencia.
Indicó que se incurrió en violación directa de la constitución, al determinarse que
no tiene derecho a la reparación integral por haber sido cobijado por una norma
expedida para la implementación de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno
y las FARC-EP.
También considera que incurrió en defecto fáctico, pues no se detuvieron en
analizar el actuar de la fiscalía y del juez de control de garantías, al «obviar como
correspondía, requerir al fiscal delegado para que remitiera la totalidad de la
actuación que se surtió en su contra, y con los que hubieran podido analizar si la
medida de aseguramiento se tornó en arbitraria, desmedida, desproporcionada y
que él no había sido plenamente identificado, pues se llegó a decir que era
hermano de otro de los implicados». Expuso que tampoco consideraron las
declaraciones dadas por el señor fiscal quien confesó no haberlo identificado, ni
buscado su información en las bases de datos de la seguridad social previas a su
captura.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 29 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, como parte demandada, y a la Rama Judicial, a la Fiscalía General
de la Nación, y a los miembros del núcleo familiar del señor Mayorga Moreno que
actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa, como terceros
con interés.
2.1. El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá expuso que no incurrió en los
defectos alegados en la demanda, por cuanto se garantizaron los derechos
fundamentales del actor en el proceso de reparación directa.
2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela (i) por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que no
se argumentó por qué, a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales
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—sin especificar cuáles—, no los utilizó y (ii) por falta de sustentación de las
causales específicas de procedibilidad.
2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara
improcedente la tutela por cuanto no existía un perjuicio irremediable que
ameritara la intervención del juez constitucional, dado que lo pretendido por la
parte actora es reabrir el debate de fondo, convirtiendo a la tutela en una especie
de tercera instancia.
3. Fallo impugnado
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo del
17 de abril de 2024, negó el amparo solicitado, bajo los siguientes argumentos:
Aunque la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales, por no efectuar una debida valoración probatoria, lo
cierto es que no desarrolló con la suficiente carga argumentativa, el sustento de la
incidencia en la vulneración de los derechos alegados.
Consideró que no incurrió en los defectos alegados, por cuanto la decisión estuvo
soportada en un estudio razonable de los hechos, las pruebas y la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso.
Además, advirtió que, en ejercicio de los principios de autonomía funcional,
independencia y sana crítica, efectuó un alcance probatorio coherente y válido de
las pruebas allegadas, un estudio de la normativa y jurisprudencia aplicable al
caso, que, a pesar de no resultar satisfactorio en su integridad, no permite colegir
que su actuación fue contraria a derecho.
Expuso que los argumentos del actor demuestran su inconformidad con la
actuación y decisión adoptada por las autoridades judiciales demandadas, sin
acreditar alguna irregularidad de orden constitucional que amerite la intervención
del juez de tutela.
Finalmente, concluyó que no hubo vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por cuanto las sentencias cuestionadas no incurrieron en un análisis
arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya una vía de hecho.
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4. Impugnación
En la impugnación, la parte accionante manifestó que el juez constitucional no se
pronunció sobre el imposible metafísico que tenía el suscrito para estar al mismo
tiempo conduciendo un bus urbano en Bogotá, y estar concomitantemente
auxiliando a la guerra de las FARC en Cundinamarca y Meta, ni tampoco
ahondaron en la indebida valoración probatoria hecha por el tribunal del testimonio
rendido por el fiscal a cargo de la indagación en su contra, quien reconoció no
haber averiguado previamente la información que de él reposaba en los archivos
del sistema de seguridad social para establecer su paradero al momento de
supuestamente auxiliar a grupos subversivos.
Expuso que no es de recibo que en la sentencia se justifique la conclusión a la que
arribaron las autoridades judiciales demandadas, según la cual el señor Jaime
Mayorga Moreno tenía el deber jurídico de soportar la privación de su libertad por
el hecho de vivir en sociedad, por cuanto no le era posible sustraerse de la
facultad de investigación y juzgamiento que le corresponde al Estado.
Señaló que no se abordó como correspondía los elementos objetivos, claros y
precisos que demuestran el indebido proceder de la Fiscalía y la ligereza del juez
de control de garantías.
Sostuvo que no existían razones fundadas para que se ordenara y avalara la
privación preventiva de su libertad, pues nunca se corroboró que las informaciones
dadas por informantes se dirigieran en su contra o que se tratara de un homónimo.
Si realmente se hubiera adelantado una investigación seria, se hubiera podido
constatar que no se trataba de él, pues para esa época, él se desempeñaba como
conductor de bus urbano en Bogotá, en jornadas que hacían físicamente imposible
su participación en la comisión de hechos delictivos que tuvieran ocurrencia
simultánea en lugares distantes.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 17 de abril de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Para tal efecto, primero se deberá establecer si la solicitud
de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, el de
relevancia constitucional. De cumplirse, la Sala abordará el estudio de fondo, con
el fin de determinar si la autoridad judicial demandada vulneró o no los derechos
fundamentales de la parte actora.
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2. Análisis del caso
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia
de segunda instancia fue proferida el 11 de agosto de 2023, y se notificó el 22 de
septiembre siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 26 de
febrero de 2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta
razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro
del proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela
encuadren en los supuestos de procedencia de los recursos extraordinarios
establecidos en la Ley 1437 de 2011.
2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra
la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 2 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
2
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
De entrada, contrario a lo considerado por el a quo, que consideró acreditado el
requisito de relevancia constitucional por cuanto «los defectos alegados pueden
llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, los cuales constituyen bienes jurídicos
constitucionalmente amparados», la Sala considera que la presente tutela deviene
improcedente por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque no se cumplió con la carga argumentativa mínima que se
requiere para cuestionar providencias judiciales a través de la acción de tutela,
toda vez que, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con las decisiones
proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cierto, es que si
bien alegó la configuración del defecto por violación directa de la Constitución y el
defecto fáctico, ni siquiera explicó con claridad suficiente en qué consiste la
violación invocada.
De hecho, de la demanda de tutela se observa que el accionante argumentó que
se omitieron elementos probatorios que obraban en el expediente, tales como el
actuar de la Fiscalía y del juez de control de garantías quienes determinaron su
detención preventiva sin el cumplimiento de los requisitos mínimos que la ley, la
jurisprudencia y la doctrina establecieron para privar de la libertad a un individuo.
Además, manifestó que «obviaron solicitar como correspondía, requerir al fiscal
delegado para que remitiera la totalidad de la actuación que se siguió en mi
contra», aunado al hecho de que, en su criterio, no había sido identificado, pues
se «llegó a decir que era hermano de otro de los implicados, persona a la que no
conozco», ni tampoco valoraron las declaraciones del fiscal «quien confesó no
haberme identificado, ni buscado mi información en las bases de datos de la
seguridad social previas a mi captura».
La anterior no es una explicación suficiente y clara en la que se determine cuál o
cuáles fueron esas supuestas pruebas que echó de menos el tribunal accionado y
tampoco la incidencia que las mismas tendrían en la decisión que resultó
desfavorable a sus intereses. Asimismo, tampoco se observa que el accionante
explique cuáles fueron esos requisitos que la ley y la jurisprudencia establecen y
que las autoridades judiciales omitieron en su aplicación.
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Por consiguiente, lo manifestado por el solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto
que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de
tutela se sustenten razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la
Corte Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el
juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
De otra parte, de las escuetas razones que se afirman en la tutela, la Sala advierte
que la parte demandante se limita a reiterar lo dicho en el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, de ahí que resulte evidente que los
argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate
jurídico que ya fue decidido por las autoridades judiciales demandadas.
En efecto, el señor Jaime Mayorga Moreno, junto con su núcleo familiar,
presentaron demanda de reparación directa, atribuyéndole a la Rama Judicial y a
la Fiscalía General de la Nación los daños derivados de la privación de la libertad
que soportó.
En providencia del 31 de enero de 2023, el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró el daño
antijurídico por cuanto la Fiscalía de conocimiento dio cumplimiento a su función
constitucional al investigar los presuntos hechos delictivos en los que aparecía
involucrado el actor, luego de la práctica de las pruebas correspondientes durante
la indagación previa.
Asimismo, consideró que la audiencia de preclusión del 8 de septiembre de 2017,
obedeció a la petición elevada por la misma Fiscalía en favor de los procesados,
con fundamento en las normas que rigen la justicia especial para la paz, de ahí
que el juez de conocimiento concediera la amnistía de jure, precluyendo la
investigación por encontrarse acreditados el cumplimiento de lo establecido en la
causal 4 del artículo 16 del Decreto 1820 de 2016, decisión que no fue recurrida
por la defensa del demandante, de ahí que dicha decisión se encontrara en firme.
En el mismo sentido, argumentó que si bien en el proceso penal se profirieron
decisiones que pudieron afectar al señor Jaime Mayorga Moreno, lo cierto es que
las mismas fueron consecuencia de la propia labor investigativa que generaba
indicios de su posible coautoría en el ilícito y comprometían la responsabilidad del
demandante, aunado al hecho de que el proceso penal culminó antes de llegar a
«acusación en aplicación de un beneficio, del cual no fue refutado y aceptado en
su momento, culminando con ello el proceso penal».
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Por lo anterior, determinó que la carga asumida por el demandante era de
aquellas que le corresponde asumir a todos los ciudadanos por el hecho de vivir
en sociedad, pues no era posible sustraer la facultad de la investigación y
juzgamiento que le corresponde al Estado ante la denuncia y testimonios como los
que dieron origen a la investigación por el delito de rebelión.
Inconforme con la anterior decisión, el señor Mayorga Moreno interpuso recurso
de apelación, en la que argumentó que la audiencia de acusación se aplazó en
múltiples oportunidades, de ahí que se manifestara que la Fiscalía nunca tuvo
preparada con solidez suficiente las pruebas para acusar al demandante por el
delito de rebelión.
Asimismo, reprochó el hecho de que se hubiera solicitado la preclusión de la
investigación sin haberse agotado la respectiva confrontación probatoria, sin
realizarse la audiencia de acusación y, sin existir condena en firme por el delito de
rebelión, de suerte que, en su criterio, era arbitrario que el juez penal decretara la
libertad de los procesados bajo la amnistía y no bajo la figura de la presunción de
inocencia.
Afirmó que no se analizó con diligencia el material probatorio, por lo que someter a
un ciudadano a una medida restrictiva de la libertad con fundamento en
afirmaciones del personal del Ejército, sin permitirle confrontar esas pruebas por la
amnistía que se decretó, no es una carga pública «sino un falso positivo».
Los anteriores argumentos fueron resueltos razonablemente por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del
11 de agosto de 2023, en la cual se consideró lo siguiente:
En primer lugar, sostuvo que el daño se encontraba acreditado por cuanto el señor
Mayorga Moreno estuvo vinculado al proceso penal y privado de la libertad desde
el 17 de diciembre de 2014, hasta el 22 de diciembre de 2015.
No obstante lo anterior, afirmó que el daño no era antijurídico, por cuanto no todas
las investigaciones penales tienen que concluirse con una sentencia y no en todos
los casos existe la confrontación probatoria que echa de menos la parte actora, sin
que ello signifique la vulneración a los derechos del indiciado, sindicado o
acusado.
Precisó que el señor Mayorga fue vinculado a la investigación penal por el delito
de rebelión, sindicado de pertenecer a las FARC; no obstante, la Ley 1820 de
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2016 contempló la amnistía por los delitos políticos y conexos, en el marco del
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, pues en el
numeral 4 del artículo 17 se estableció que se aplicaría a quienes sean o hayan
sido investigados, procesados o condenados por delitos políticos y conexos por
presunta pertenencia o colaboración a las FARC. Asimismo, el artículo 5 del
Decreto 277 de 2017 indicó que la amnistía aplicaba a los delitos cometidos antes
del 30 de diciembre de 2016.
De manera que, en criterio de la autoridad judicial accionada, resultaba
procedente la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y la
aplicación de la amnistía por el juez penal, por lo que no se configuró el error de
derecho alegado por la parte demandante en la providencia que precluyó la
investigación por esa causa. Asimismo, concluyó que no existía ninguna
arbitrariedad en esa decisión, máxime cuando el apoderado del señor Mayorga
participó en la respectiva audiencia y no se opuso a la preclusión.
Precisó que, si bien la defensa del actor manifestó que la aplicación de la amnistía
no implicaba desvirtuar la presunción de inocencia, lo cierto es que el juez penal
también hizo esa aclaración.
En relación con los reproches en la valoración del material probatorio en primera
instancia, sostuvo que no existía el falso positivo alegado en el recurso, puesto
que el señor Mayorga no recurrió la decisión y la afirmación del apoderado que
«”la defensa de Jaime Mayorga manifestó interponer recurso contra la providencia
del Juzgado 15 Penal del Circuito, fechada el 8 de septiembre de 2017, pero le fue
denegado con el argumento de la improcedencia de apelar decisiones que
benefician al apelante”, es llanamente contraria a la realidad».
Concluyó que la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Mayorga
Moreno no fue injusta, por cuanto la juridicidad de la privación de la libertad no
depende de la condena o no de una persona, sino de los análisis de la legalidad
de la medida respecto de «los fundamentos con los que se impuso, se llevó a
cabo, su duración y su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».
Por lo que, en los términos de los artículos 308 y 310 de la Ley 906 de 2004, se
podía inferir razonablemente que el señor Mayorga podía ser autor o partícipe del
delito de rebelión por pertenecer a las FARC, pues las labores investigativas de la
policía judicial lograron su identificación e individualización, señalándolo de
pertenecer a las redes de apoyo al terrorismo de esa organización. Precisó que se
trataba de «una inferencia razonable, y no de una conclusión definitiva».
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Así, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso de reparación directa, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la medida de
aseguramiento era legal, razonable y proporcional, por cuanto se cumplieron los
requisitos para su imposición en los términos de la Ley 906 de 2004. Aunado al
hecho de que, para ese momento, existía una inferencia razonable de autoría o
participación. De hecho, la autoridad judicial demandada afirmó que no existía
prueba alguna que demostrara que la medida de aseguramiento impuesta en
contra del actor se hubiera llevado a cabo en situaciones anormales «más cuando
el señor Mayorga se encontraba detenido en su domicilio».
Por último, consideró que como el accionante acogió la decisión de preclusión de
la investigación penal por aplicación de la amnistía de iure, no podía pretender
alegar que su privación de la libertad fue injusta, pues «esto equivaldría a aceptar
los beneficios de la Ley 1820, el olvido del aparato judicial sobre el delito, pero
endilgarle una responsabilidad al Estado por lo allí sucedido».
Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos
de privación injusta de la libertad, en la sentencia de unificación SU 72 de 2018 3,
la Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni
el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la
libertad como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de
1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un
régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los
eventos de privación injusta de la libertad4.
En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación
directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de
imputación en estos eventos, como lo pretende la parte actora, contraviene la
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen
general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política5.
De conformidad con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger
entre un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, de acuerdo con el
carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la
3
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes
Cuartas.
4
Ibidem. Acápite 117 y 118.
5
Ibidem, Acápites 119 y 120.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00934-01
Demandante: Jaime Mayorga Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
misma y agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan
en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19916.
También el alto tribunal constitucional7 ha dicho que es importante valorar, entre
otros, los siguientes elementos de responsabilidad estatal: (i) identificar la
existencia del daño; (ii) verificar la legalidad de la medida de aseguramiento bajo
una óptica subjetiva y (iii) en el caso de no probarse una falla en el servicio, se
analizará el respectivo caso bajo el régimen objetivo.
En ese sentido, se tiene que la autoridad judicial accionada, luego de analizar la
providencia que decretó la preclusión de la investigación y los elementos
probatorios aportados en el expediente ordinario, concluyó que el daño que sufrió
el demandante no era antijurídico y, por tanto, confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda, bajo el análisis de la legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento que se le impuso al señor Jaime
Mayorga Moreno.
En efecto, los argumentos expuestos en la providencia del 11 de agosto de 2023
se muestran suficientes y razonables, dado que allí se consideró que la medida de
aseguramiento cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 906 del 2004
para su imposición, pues se verificó que existía inferencia razonable de autoría o
participación del señor Jaime Mayorga Moreno, cuyo fundamento eran las labores
investigativas de la policía judicial en la que lograron su identificación e
individualización, señalándolo de pertenecer a las redes de apoyo al terrorismo de
las FARC, lo cual no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional.
De igual modo, la parte demandante no revela ni acredita que las conclusiones de
la autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas, contrastadas
objetivamente con los elementos de prueba valorados, sino que hace una
interpretación propia para considerar una teoría y una conclusión diferentes a la
del fallo atacado, pero sin demostrar que la decisión se adoptó con total
desconocimiento del material probatorio.
De hecho, quedó demostrado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí
valoró en conjunto el material probatorio que obraba en el proceso de reparación
directa, pues, como se vio, determinó que el juez de control de garantías decretó
6
Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095),
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
7
Ver, entre otras, la sentencia T-171 del 2023.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00934-01
Demandante: Jaime Mayorga Moreno
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la medida de aseguramiento, con base en las pruebas que, en ese momento,
ofrecían credibilidad.
A partir del anterior análisis, se concluye que, contrario a lo considerado por el a
quo, la solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque la parte
actora pretende revivir la discusión del proceso ordinario, relacionado con la
valoración de las pruebas que obraban en el expediente.
La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa,
sino que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las
pruebas que obraban en el expediente. Se reitera que la acción de tutela no puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, para que se revise la decisión
como si se tratara de una instancia adicional. Ello atenta contra las reglas
previstas por el legislador quien dentro de su margen de configuración normativa
elige y decide las instancias ordinarias que debe impartirse a un proceso.
Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos
los procesos judiciales no solo le resta vigor a este mecanismo de amparo
constitucional, sino que termina por desconocer los principios de autonomía
judicial y del juez natural8.
Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada,
circunstancia que no justifica la intervención del juez de tutela, porque lo
pretendido, se insiste, es revivir un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a
toda costa una alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su
visión del litigio y, compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no
advierte que sus conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas.
En conclusión, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por la parte
actora no cumple con el requisito de relevancia constitucional, razón por la cual se
modificará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará
improcedente.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00934-01
Demandante: Jaime Mayorga Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Modificar la sentencia del 17 de abril de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la parte
actora, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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