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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00938-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00938-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 17 de abril de 2024 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. vulnerados sus garantías fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el mínimo vital, entre otras”. 42 Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01 Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00938-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

1 de agosto de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: ELIZABETH MOSQUERA VARGAS
Accionados: JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se promueve
en contra de una providencia judicial alegando la
vulneración del principio de congruencia y no se ha
interpuesto el recurso extraordinario de revisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 17 de abril de 2024 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Elizabeth Mosquera Vargas, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de las sentencias proferidas
el 18 de julio de 2023 y el 25 de enero de 2024, respectivamente, en el

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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 11001 33 35 025 2022 00465 00/01, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales “(…) a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social, el mínimo vital, al principio procesal iura
novit curia (…) y las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva (…)”1,
y para ello, formuló las siguientes pretensiones2:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante,
conculcados por el JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTA, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOAICL – UGPP.

2. Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una
orden judicial con destino al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, en donde se emita una nueva sentencia dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con
número de radicado 11001-3335-025-2022-00465-01, bajo los
parámetros de justicia que establezca la Corte Constitucional como
garante de los derechos fundamentales de las personas […]”.
(Mayúsculas del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que el 9 de diciembre de 2021 solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación gracia.

Manifestó que, mediante la Resolución nro. RDP 007803 del 25 de marzo
de 2022, la UGPP negó su solicitud. No obstante, precisó que “(…) [se]
reconoció que la docente se desempeñó todo el tiempo como docente
nacionalizada, pero el derecho a la pensión de jubilación lo negó con el
argumento de que la docente tenía que cumplir todos los requisitos de la
pensión de jubilación gracia antes del 29 de diciembre de 1989, lo cual es

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
2
Ibidem.
2

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contrario a la regla de la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 2022 (…)”3.

Señaló que presentó recurso de apelación en contra de la mencionada
resolución y que a través de la Resolución nro. RDP 015916 del 21 de
junio de 2022, se confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación gracia bajo la consideración que “(…) no era
claro el tipo de vinculación que se presentó entre 1993 y la actualidad,
sin embargo, no negó la pensión por no acreditar la calidad de docente
que ostentó en su vida laboral (…)”4.

Indicó que, actuando por conducto de apoderado, promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP con el fin de
que se declarara la nulidad de las precitadas resoluciones. Agregó que la
demanda correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco Administrativo
de Bogotá que, en sentencia del 18 de julio de 2023 ordenó a la entidad
demandada que reconociera y pagara a su favor la pensión de jubilación
gracia.

Anotó que, inconforme con la decisión anterior, la UGPP promovió recurso
de apelación “(…) con el argumento de que, en los tiempos posteriores al
29 de diciembre de 1989, el tipo de vinculación de la docente era de
carácter nacional porque para esa fecha entró en vigencia la Ley 91 de
1989. Es decir, en el recurso de apelación la UGPP nunca cuestionó los
tiempos laborados antes del 30 de diciembre de 1980, asumiendo que los
tuvo por aceptados como tiempos con tipo de vinculación nacionalizado
(…)”5.

Expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en sentencia proferida el 25 de enero de 2024,
al resolver el recurso de apelación, revocó la dictada el 18 de julio de

3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
3

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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

2023 por el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.

Resaltó que el tribunal accionado revocó la sentencia de primera instancia
“(…) pero no por los argumentos esbozados por la UGPP, sino porque
consideró que cuando la señora Elizabeth Mosquera Vargas fue nombrada
como docente a través del Decreto 0474 del 16 de enero de 1976, esta
contratación fue hecha a través de la educación misional contratada con
la iglesia católica, lo cual no es cierto, ya que ella fue nombrada
directamente por el intendente nacional del Putumayo, no por un vicario
religioso, además en todas las pruebas aportadas directamente por la
UGPP y la Secretaría de Educación del Putumayo demuestran que ella
tuvo una vinculación de carácter nacionalizada (…)”6.

Argumentó que “(…) la infracción a los derechos fundamentales de la
accionante se materializó con la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la sentencia
se profirió violando el principio de congruencia que debe existir entre lo
pedido y lo resuelto, ya que la sentencia fue expedida ultra y extra petita,
lo cual está proscrito en estos asuntos (…)”7.

Sostuvo que el tribunal accionado “(…) no se percató en diferenciar la
educación en el Putumayo cuando era a través de educación misional
contratada (prestada por la iglesia católica) y cuando se hacía el
nombramiento de los docentes directamente por el intendente (…)”8.

Alegó que “(…) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca violó el
precedente vertical, pues en la sentencia se segunda instancia no justifica
las razones por las cuales se aparta de los precedentes judiciales emitidos
por el Consejo de Estado a través de los cuales reconoce que los docentes
nombrados en las intendencias y comisarías si pueden acreditar esos
tiempos para ser contabilizados para adquirir la pensión gracia de

6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
4

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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

jubilación (…)”9. Al respecto, citó la sentencia del 3 de agosto de 2023
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso
identificado con el radicado nro. 52001 23 33 000 2015 00017 01.

Explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
defecto fáctico en la medida en que hizo una indebida valoración
probatoria del Decreto 0474 del 16 de enero de 1976, del certificado de
tiempo de servicio emitido el 9 de diciembre de 2020 por la Secretaría de
Educación del Putumayo y de la Resolución nro. RDP 007803 del 25 de
marzo de 2023 expedida por la UGPP. Agregó que “(…) hizo una
valoración caprichosa e incompleta de las pruebas y no se comprende de
donde surge el argumento para decir que la vinculación de la docente
antes del 31 de diciembre de 1980 es de carácter nacional pues este tema
no estaba en discusión por parte de la UGPP (…)”10.

Arguyó que no pretende usar la acción de tutela como una tercera
instancia ni que el juez constitucional reabra un debate probatorio o una
discusión de carácter legal, comoquiera que el asunto en cuestión gira en
torno al reconocimiento de una pensión de jubilación gracia, por lo que
aseveró que está involucrado su derecho a la seguridad social dispuesto
en el artículo 48 de la Constitución Política, así como el debido proceso
“(…) porque no existe duda frente a las pruebas que se habían aportado
tanto en sede administrativa ante la UGPP como en sede judicial (…)”11.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 26 de febrero de 202412 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Segunda

9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
5

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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

de esta Corporación que, por auto del 29 de febrero de 202413 la inadmitió
y requirió a la accionante para que allegara el poder conferido a su
apoderado para promover esta acción constitucional, el cual fue
remitido14.

3.2. Por auto del 15 de marzo de 202415, la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso
notificar16 al Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá y a la
Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como parte accionada, así como vincular17 a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, como tercero interesado en las resueltas
del proceso.

De igual forma, solicitó al Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá
que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso
identificado con el radicado nro. 11001 33 35 025 2022 00465 00/01, el
cual fue remitido18.

3.3. La subdirectora encargada de Defensa Judicial Pensional y apoderada
de la UGPP allegó escrito19 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, se niegue el
amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante por
no configurarse vulneración alguna.

13
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
14
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
15
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
16
Esta orden se cumplió el 21 de marzo de 2024. Visto en el índice 13 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
00938 00.
17
Ibidem.
18
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
19
Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
6

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

Sostuvo que la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por la
Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se encuentra ajustada a derecho, debido a que la hoy
accionante no acreditó la vinculación como docente territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por lo tanto,
no era posible continuar con el análisis de los demás tiempos de servicios
prestados como docente.

Indicó que el tribunal accionado sí tuvo en cuenta todos los elementos
probatorios, la normativa que regula la pensión gracia y la jurisprudencia
sobre el tema, para determinar que a la señora Mosquera Vargas no le
asistía dicho derecho.

Adujo que “(…) queda plenamente acreditado que en el presente asunto
por un lado no hay vulneración de derecho fundamental alguno y por otro
no se cumplen con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra fallos judiciales ya que LO PRETENDIDO POR LA PARTE
ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL EJECUTORIADA
PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, por encontrarse
inconforme con la decisión (…)”.

3.4. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia
cuestionada rindió informe20 en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la accionante, “(…) al evidenciarse que no se configuró
una violación de derechos fundamentales, toda vez que la providencia
atacada tuvo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, y que
daban cuenta que la naturaleza del servicio docente prestado por la
accionante con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es de carácter
nacional, tiempo que según la ley y la jurisprudencia no puede ser tenido
en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia (…)”.

Agregó que “(…) la accionante allega con su escrito de tutela
jurisprudencia que avala su pretensión de reconocer carácter territorial a

20
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

su vinculación docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, sin
embargo, (…), esta Sala de decisión explicó en la providencia atacada las
razones normativas para no otorgar ese carácter a dicha vinculación, en
ejercicio de la autonomía judicial, sin que exista jurisprudencia unificada
respecto a que los tiempos de servicio docente con nombramiento por
intendencias nacionales son de carácter territorial (…)”.

3.5. El Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá remitió vía correo
electrónico21 el hipervínculo de consulta del expediente solicitado, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos de la tutela.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 17 de abril de 202422, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito general de subsidiariedad.

Expuso que “(…) la inconformidad de la actora radica en que en la
providencia censurada se trasgredió el principio de congruencia, toda vez
que sostuvo que «[su] vinculación […] antes del 31 de diciembre de 1980
es de carácter nacional, p[ese a que] es[e] tema no estaba en discusión»
en el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-
025-2022-00465-01 (…)”. Por lo que, aseveró que, para decidir sobre el
presunto desconocimiento del principio de congruencia, el ordenamiento
jurídico prevé otro instrumento judicial, esto es, el recurso extraordinario
de revisión.

Anotó que, “(…) dentro de las causales de procedencia del mencionado
mecanismo, se encuentra la consagrada en el numeral 5 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

21
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
22
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

Administrativo (CPACA), consistente en «Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», la cual se configura, entre otras situaciones, cuando la
providencia desconoce el referido principio (…)”.

Argumentó que el recurso extraordinario de revisión comporta un
instrumento judicial apropiado para corregir yerros, como el
desconocimiento del principio de congruencia, contenidos en providencias
ejecutoriadas, con la finalidad de preservar el sistema normativo y
alcanzar la justicia material, el cual está supeditado a la configuración de
alguna de las causales expresamente enunciadas en el artículo 250 del
CPACA, en asuntos tramitados ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

Arguyó que “(…) la falta de diligencia de la actora, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos
en la normativa legal, constituye una causal válida para declarar la
improcedencia del trámite constitucional frente al caso particular (…)”.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo
impugnó23 solicitando que se revoque y que, en su lugar “(…) se amparen
los derechos fundamentales de la accionante y que se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitir una sentencia que sea congruente
con los argumentos presentados por las partes dentro de la demanda, la
contestación de la demanda y el recurso de apelación de la UGPP (…)”.

Aseveró que lleva más de tres años esperando que se materialice el
reconocimiento, liquidación y pago de su pensión gracia, sin embargo, ha
sido imposible por las actuaciones que ha adelantado la autoridad judicial
accionada.

23
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

Señaló que la Corte Constitucional ha analizado la procedencia
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de
prestaciones sociales cuando se trata de un sujeto de especial protección
constitucional, como las personas de la tercera edad, o de una persona
que se encuentra en situación de debilidad manifiesta.

Al respecto, alegó que “(…) como adulto mayor, es sujeto de especial
protección, el cual, por sus condiciones de salud física y psicológica, se
van deteriorando con el transcurso del tiempo (…)”.

5.2. Por auto proferido el 18 de junio de 2024, el despacho de
conocimiento concedió la impugnación24.

5.3. La subdirectora encargada de Defensa Judicial Pensional de la UGPP
radicó memorial25 en el que solicitó que se confirme el fallo de tutela de
primera instancia proferido el 17 de abril de 2024 por la Subsección B,
Sección Tercera de esta Corporación.

Reiteró que “(…) no existe violación a derecho alguno de quien acciona
por parte de la UGPP y menos por el estrado judicial accionado quien ha
actuado conforme a derecho pues la decisión objeto de inconformidad, y
con la cual la accionante se encuentra inconforme es con “la Sentencia
Nro. 41 del 25 de enero de 2024, proferida por el HONORABLE TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (…)”, se torna a
todas luces improcedente por no estar de acuerdo con ello pues de la
simple lectura del escrito constitucional no se observan las pruebas y
argumentaciones fácticas y jurídicas que acrediten la configuración de uno
de los defectos señalados por la H. Corte Constitucional como requisito
excepcional de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
(…)”.

24
Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
25
Visto en los índices 33 y 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
10

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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

5.4. La impugnación fue asignada a esta Sección por acta de reparto del
28 de junio de 202426 e ingresó al despacho el 2 de julio de 202427.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199128, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201529, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202130, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201931 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente32:

26
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 01.
27
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 01.
28
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
29
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
30
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
31
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
32
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 025 2022 00465 00/01. Visto en el índice 19 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2024 00938 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

6.2.1. La señora Elizabeth Mosquera Vargas, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la UGPP, pretendiendo lo siguiente:

“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución nro. RDP 007803
del 25 de marzo del 2022 de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP –
mediante el cual se atiende desfavorable la solicitud presentada por
mi poderdante tendiente al reconocimiento de la pensión gracia de
jubilación.

2. Declarar la nulidad de la Resolución nro. RDP 015916 del
21 de junio del 2022 de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP –
mediante el cual se resuelve en forma negativa el RECURSO DE
APELACIÓN en contra de la Resolución nro. RDP 007803 del 25 de
marzo de 2022.

Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

1. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP – a reconocer, liquidar y pagar a favor
de mi poderdante, una pensión gracia de jubilación de conformidad
y en concordancia con lo dispuesto por las leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, teniendo en cuenta TODOS LOS
FACTORES SALARIALES, los incrementos porcentuales establecidos
por el Gobierno Nacional, las primas y demás emolumentos que
constituyen salario, en cuantía del 75%, efectiva a partir de cuando
mi representado adquirió el status pensional (…).

2. Condenar a la entidad demandada a liquidar y pagar las mesadas
pensionales adeudadas a mi mandante, causadas por el
reconocimiento de la pensión gracia, desde cuando adquirió el status
de pensionado hasta cuando se produzca la inclusión en nómina de
pensionados.

3. Condenar a la demandada a reconocer, liquidar y pagar los
intereses de mora […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de la demanda).

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 18 de julio de 2023
accedió parcialmente a las pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la UGPP interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

Segunda, Subsección A, en sentencia del 25 de enero de 2024 la revocó
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala confirmará el fallo de tutela de primera
instancia proferido el 17 de abril de 2024 por la Subsección B, Sección
Segunda de esta Corporación, comoquiera que la solicitud de amparo no
cumple el requisito de subsidiariedad, conforme con las razones que
pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable33.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido dos
excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: (i)
cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la

33
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

protección inmediata de los derechos fundamentales y (ii) cuando se
pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con la características de ser inminente y grave,
que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar
el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable34.

En el asunto bajo examen, la parte accionante cuestiona la sentencia de
segunda instancia proferida el 25 de enero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
revocó la dictada el 18 de julio de 2023 por el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 11001 33 35 025 2022 00465 00/01.

Para ello, en el escrito de tutela argumentó que la precitada providencia
“(…) se profirió violando el principio de congruencia que debe existir entre
lo pedido y lo resuelto, ya que la sentencia fue expedida ultra y extra
petita, lo cual está proscrito en estos asuntos (…)”35. (Se destaca).

En igual sentido, adujo que “(…) no se comprende de donde surge el
argumento para decir que la vinculación de la docente antes del 31 de
diciembre de 1980 es de carácter nacional pues este tema no estaba en
discusión por parte de la UGPP (…)”36. (Se destaca).

Por su parte, en la impugnación solicitó que “(…) se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitir una sentencia que sea congruente
con los argumentos presentados por las partes dentro de la demanda, la
contestación de la demanda y el recurso de apelación de la UGPP (…)”37.
(Se destaca).

34
Sentencia T-150 de 2016.
35
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
36
Ibidem.
37
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
14

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Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en los que se formuló, comoquiera que en
contra de la providencia controvertida es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la
sentencia, en la medida que, lo alegado tiene que ver con que la sentencia
censurada transgredió el principio de congruencia, puesto que, en criterio
de la accionante se abordaron temas más allá de lo pedido en el recurso
de apelación y que no eran objeto de discusión entre las partes.

Al efecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión
contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la nulidad originada en la sentencia, “(…) [s]e puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en
una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado
que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las
formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del
juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar
(…)”38.

La Corporación ha explicado que la congruencia se entiende como el
deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la
congruencia, se puede calificar en congruencia externa, que implica que
el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada, y en congruencia interna,
que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia39.

38
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro. También puede verse la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, el 19 de marzo
de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
39
Ibidem.
15

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En suma, esta Corporación ha señalado que la nulidad originada en la
sentencia se configura, entre otros eventos, cuando, “(…) viii) la
sentencia está afectada por falta de congruencia interna o externa (…)”40.

De contera, como la parte actora reprocha que la Subsección A, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca trasgredió el
principio de congruencia, la Sala considera que la interesada tiene a su
alcance el recurso extraordinario de revisión que constituye el mecanismo
idóneo para ventilar este reproche y, por lo tanto, la acción de tutela
deviene improcedente por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad.

Adicionalmente, es preciso anotar que, en el escrito de impugnación, la
accionante no controvierte lo expuesto por el a quo en el fallo de tutela
sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sino que alegó
que es un adulto mayor. Ello, en aras de argumentar la procedencia
excepcional de la acción de tutela.

Al respecto, la Sala advierte que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, dicha circunstancia no implica per se la procedencia de la
acción de tutela, sino que se deben analizar otros factores como la
situación socioeconómica y de salud41, los cuales no fueron acreditados

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
41
Al respecto, puede verse la sentencia T – 364 del 19 de octubre de 2022 de la Corte
Constitucional. En dicha sentencia se indicó que: “Los adultos mayores son las personas
que superan los 60 años o “que, sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”. Las personas
de la tercera edad son los adultos mayores que han superado la esperanza de vida. Para
el efecto, la Corte ha determinado que esta última se cuenta a partir de la esperanza de
vida que establece el DANE. Para el 2022 a nivel nacional, esta se estimó para las
mujeres en 80 años y para los hombres en los 73 años. Por consiguiente, una persona
se considera de la tercera edad cuando supera esa edad. Teniendo en cuenta lo
expuesto, las personas de la tercera edad gozan de protección reforzada por parte del
Estado. // Tratándose del estudio de procedencia de la acción de tutela promovida por
personas de la tercera edad, le corresponde a los jueces valorar el factor de la edad
junto con otros elementos, como la situación socioeconómica y la condición de salud. El
análisis conjunto de estos factores permite determinar la eficacia de los medios
ordinarios de defensa judicial. Esto con el propósito de que no se les adjudique a
personas vulnerables una espera infructuosa y perjudicial, al extremo de que el sujeto
permanezca a la espera de una decisión mientras están siendo puestos en peligro o
16

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por la parte interesada, por lo que se advierte que no se encuentra
demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por último, no sobra señalar que, conforme al reporte del Registro Único
de Afiliación – RUAF, del Sistema Integral de Información de la Protección
Social – SISPRO, aportado a este trámite tutelar por la UGPP42, la señora
Mosquera Vargas es beneficiaria de una pensión de jubilación por parte
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG desde
el 4 de julio de 2014 y que, a la fecha de la consulta, esto es el 22 de
marzo de 2024, el estado de dicha prestación es activo.

En consecuencia, la petición de amparo es improcedente, por cuanto no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 17 de abril de 2024 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 17 de abril de 2024
por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo
explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

vulnerados sus garantías fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad
física y moral o el mínimo vital, entre otras”.
42
Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00938 00.
17

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00938 01
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

18

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