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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00948-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00948-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 18 de marzo de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, Segundo: Amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social invocados por la señora Flor Alicia Combariza González en la demanda de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 9 Ver entre otras la sentencia T-654 de 2016. 13 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-00948-01 Accionante: Flor Alicia Combariza González Tercero: Dejar sin efectos el auto de 25 de enero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual revocó la decisión anterior y que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados. Cuarto:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00948-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00948-01
Accionante: Flor Alicia Combariza González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra auto que decretó medida cautelar de suspensión
provisional del acto administrativo, proveído proferido dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-003-2023-
00068-01.

Decisión: Revocar la decisión de primer grado que rechazó por improcedente la
acción de tutela de la referencia, para en su lugar amparar los derechos
fundamentales al mínimo vital y seguridad social, toda vez que la autoridad
judicial en la providencia objeto de cuestionamiento incurrió en una violación
directa a la constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la accionante contra la providencia del 18 de marzo
de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado
mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de
lesividad, interpuso demanda en contra de las Resoluciones GNR 9261 de 14 de
enero de 2014 y GNR 190911 de 28 de junio y VPB 34614 de 5 de septiembre
de 2016 por medio de las cuales reconoció, reliquidó y ordenó el pago de la
pensión de vejez a la señora Flor Alicia Combariza González porque dicha
prestación le correspondía pagarla a la UGPP.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00948-01
Accionante: Flor Alicia Combariza González

En el escrito de la demanda, Colpensiones solicitó como medida cautelar la
suspensión provisional de los actos administrativos objeto de cuestionamiento.

El proceso por reparto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Duitama, autoridad judicial que mediante auto del 22 de
septiembre de 2023 resolvió negar la medida cautelar, al considerar que la
suspensión provisional de los actos administrativos demandados implicaba la
cesación de un ingreso económico a un adulto mayor, circunstancia que afectaría
su mínimo vital porque no se acreditó que la señora Combariza González contara
con otros ingresos para subsistir.

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Boyacá a través de proveído
del 25 de enero de 2024 revocó la decisión anterior y, en consecuencia decretó
la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados.

2.2. Fundamentos jurídicos

La accionante sostuvo que la decisión cuestionada vulnera los derechos
fundamentales invocados, y concretamente que en esta se incurrió en un defecto
fáctico porque el Tribunal Administrativo de Boyacá no valoró íntegramente el
material probatorio aportado al plenario que implicaba la imposibilidad de adoptar
una medida tan drástica como la suspensión del acto de reconocimiento de la
pensión puesto que la discusión en el proceso ordinario radicó en torno a qué
entidad es la competente para pagar la pensión y no si había lugar al
reconocimiento de la prestación social.

Asimismo, señaló que la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo
porque la autoridad judicial accionada interpretó de manera errada que con el
decreto de la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos de
reconocimiento pensional no se ponía en riesgo a la accionante, pues considera
que la decisión objeto de cuestionamiento es irrazonable, desproporcionada,
arbitraria y caprichosa debido a que no puede subsistir sin pensión por su
avanzada edad.

Por otra parte, manifestó que se incurrió en desconocimiento de precedente
judicial proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado contenido en el
auto del 5 de diciembre de 2022, radicación 2018-01318 (1571-2022), y el auto
del 7 de febrero de 2019, radicación 2018-00976 (5418-18).

Finalmente, alegó una violación directa de la constitución porque la providencia
cuestionada en esta sede vulnera los derechos fundamentales a la seguridad
social, igualdad y mínimo vital.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

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Accionante: Flor Alicia Combariza González

«Teniendo en cuenta que al REVOCAR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACA, EL AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA MESADA PENSIONAL de la señora
FLORA ALICIA COMBARIZA, proferido por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE DUITAMA, DENTRO DE LA DEMANDA DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, promovida por la
entidad COLPENSIONES, se evidencia la vulneración de derechos
fundamentales por parte del Tribunal, solicito por medio de la presente
ACCIÓN DE AMPARO, que se TUTELE; los derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital, seguridad social, derecho a la salud, derecho a la
pensión y que se considere además la condición de una persona de especial
protección por pertenecer a la tercera edad y ser cabeza de hogar, Por lo
expuesto, muy respetuosamente solicito a su señoría:

1. DECLARAR que la PROVIDENCIA del veinticinco (25) de enero de dos
mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala
de Decisión 003, integrado por los Magistrados DAYÁN ALBERTO BLANCO
LEGUÍZAMO Magistrado ponente, NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ,
LAURA PATRICIA ALBA CALIXTO (CON SALVAMENTO DE VOTO), violó
los derechos fundamentales de mi poderdante, menosprecio que se trata de
una persona de especial protección constitucional y se desconoció con dicha
providencia el derecho a la pensión ya reconocido con el lleno de los
requisitos.

2. DEJAR SIN EFECTO la providencia fechada del veinticinco (25) de enero
de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado N° 15238-33-33-003-2023-00068-01.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá, que profiera providencia
de segunda instancia, respetando los derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, seguridad social, derecho a la
salud, derecho a la pensión.» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado mediante auto del 29 de febrero de 2024, a través del cual
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como accionado y al titular
del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Duitama y a la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones como tercero con interés en el resultado
del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá señaló que efectuó una estricta
valoración del material probatorio allegado al proceso por la parte demandante
porque eran las únicas que podían ser objeto de valoración tratándose del estudio
de la procedencia de la medida cautelar, por lo que no incurrió en un defecto
fáctico.

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Acción de Tutela
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Accionante: Flor Alicia Combariza González

Además, manifestó que no incurrió en defecto sustantivo porque la decisión
objeto de cuestionamiento se encuentra fundamentada en las disposiciones que
regulan lo relativo al decreto de las medidas cautelares de suspensión
provisional, diferente era que, habiéndose dado aplicación a la normativa
correspondiente, los intereses de la señora Combariza González hubieran podido
sufrir alguna alteración.

Así como tampoco adolece de un desconocimiento de precedente porque se
encuentra sustentada en pronunciamientos jurisprudenciales en los que se
desarrollaron los requisitos de procedencia que debe cumplir la solicitud de
medida cautelar.

Por lo tanto, solicitó se niegue el amparo de tutela porque no se vulneraron los
derechos fundamentales.

2.4.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama solicitó ser
desvinculado del presente proceso porque no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados en protección.

Además que no era procedente pronunciarse frente a los reparos efectuados por
la accionante, debido a que los mismos se encuentran orientados a refutar la
decisión adoptada en segunda instancia por su superior funcional.

2.4.3. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones indicó
que la acción de tutela era improcedente porque no cumple con los requisitos de
procedibilidad, particularmente con el de subsidiariedad, en la medida que la
accionante no utilizó los mecanismos judiciales que tenía a su disposición.

Asimismo, porque no se probó la vulneración a derechos fundamentales ni la
existencia de un perjuicio irremediable.

2.5. La sentencia impugnada

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 18 de marzo de 2024, rechazó por improcedente la acción de tutela porque
no se acreditó el requisito de subsidiariedad.

Al respecto, señaló que excepcionalmente era viable cuestionar en sede de tutela
el decreto de una medida cautelar; sin embargo, los argumentos de la demanda
de tutela no solo coincidían plenamente con los expuestos en el trámite ordinario,
sino que la decisión era justamente el objeto de la demanda ordinaria, de modo
que el amparo no era procedente porque implicaría vaciar de competencia la
decisión que a la postre le corresponde al juez natural.

Asimismo, tampoco evidenció la existencia de un perjuicio irremediable que torne
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, a partir del
análisis del acervo probatorio no era posible establecer que la señora Combariza
González se encontraba en una situación de debilidad manifiesta que implicara

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Accionante: Flor Alicia Combariza González

adoptar medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la
protección de sus derechos fundamentales, por cuanto, no allegó pruebas que
acreditaran que no contaba con ingresos adicionales a la mesada pensional que
estaba devengando.

2.6. La impugnación

La parte accionante, después de insistir en los fundamentos de la demanda de
tutela, manifestó que el mecanismo constitucional sí cumple con el requisito de
subsidiariedad, en la medida que contra la providencia cuestionada no procedía
ningún recurso.

Por otra parte, señaló que lo que pretende con la interposición de la acción de
tutela no es un pronunciamiento anticipado porque lo que se cuestiona en el
proceso ordinario es la competencia de la entidad pagadora de la prestación y no
el reconocimiento de esta, carga que no se le puede trasladar porque dicha
circunstancia vulnera los derechos fundamentales invocados, máxime cuando en
la actualidad tiene 72 años y la pensión de vejez es su único sustento.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir el auto del 25 de enero de 2024,
por medio del cual decretó medida cautelar de suspensión provisional de los
actos administrativos, incurrió en defecto sustantivo, fáctico, desconocimiento de
precedente y violación directa de la constitución.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.2. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la expedición de la providencia cuestionada, esto es, 25 de

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enero de 2024.

3.3.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia del desconocimiento de precedente judicial en que presuntamente
incurrió la autoridad judicial cuestionada.

Sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, esta Sala se pronunciará
a continuación.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra el auto que decreta
medida cautelar

En cuanto a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagró como presupuesto el cumplimiento de dicho requisito para la
procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Es menester señalar que en el presente asunto lo que se cuestiona es el auto por
medio del cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los
actos administrativos mediante los cuales se reconoció y reliquidó la pensión de
vejez.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T 264 de 2020
determinó lo siguiente:

«El caso no supera los requisitos de procedencia generales que se requieren
para que el juez constitucional pueda conocer la acción de tutela interpuesta
por la accionante contra el Auto que decretó, como medida provisional, la
suspensión del pago de su pensión gracia. Aunque se trata de un asunto con
una evidente relevancia constitucional, porque buscaba la protección del
derecho al mínimo vital de una persona de la tercera edad, la cual debía recibir
una especial protección por parte del juez constitucional, en tanto es su
deber “asegurar la vigencia de los derechos de las personas que por sus
condiciones físicas no se encuentran en condiciones de igualdad con la
generalidad de la población”; el mismo no cumple con el requisito
de subsidiariedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la providencia judicial
controvertida es un Auto que decretó una medida cautelar, la cual es una
decisión provisional que surte efectos mientras el proceso ordinario llega a su
final. Solo la necesidad urgente de evitar la materialización de un perjuicio
irremediable habilitaría la procedencia de la acción de tutela en casos como el
que ahora revisa la Sala, pues en principio, es el juez ordinario a quien
corresponde resolver el fondo del asunto»1.

Así las cosas, la acción de tutela no procede contra el auto que decreta la medida
cautelar de suspensión provisional, toda vez que es una decisión que surte sus
efectos en el trámite del proceso ordinario, pues es el juez natural a quien le

1 Corte Constitucional, sentencia T – 264 de 27 de julio de 2020, magistrada ponente: Diana

Fajardo Rivera.
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corresponde resolver el asunto, salvo en el evento que se demuestre un perjuicio
irremediable.

Ahora bien, la Sala de Subsección considera que si bien en el presente asunto lo
que se cuestiona es el auto que decreta la medida cautelar de suspensión
provisional, también lo es que en el proceso ordinario lo que se reprocha es la
entidad responsable del pago de la pensión de vejez y no el reconocimiento
pensional, por lo que la señora Flor Alicia Combariza González no debe soportar
la carga que se desprende de la suspensión de su mesada pensional porque ello
afecta su mínimo vital.

No se puede desconocer que se trata de una persona que en la actualidad tiene
72 años, es decir, que es un adulto mayor, lo que implica una dificultad para
conseguir un nuevo empleo para asegurar los recursos económicos suficientes
para garantizar sus necesidades básicas y con ello el derecho a una vida en
condiciones dignas.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T - 357 de 2016, señaló
que la falta de los salarios y de las mesadas pensionales, cuando el afectado
asegura que depende de ellos para subsistir, permite presumir el perjuicio
irremediable en materia de mínimo vital. De acuerdo con la argumentación de la
Corte, si quien recibe una suma de dinero mensual depende de ella para subsistir,
exigirle que pruebe la existencia de un perjuicio irremediable implica someterlo a
una prueba excesiva, por lo que resulta legítimo presumir la inminencia del
perjuicio irremediable del individuo que pierde su única fuente de subsistencia.
En efecto, en la mencionada sentencia se sostuvo lo siguiente:

«(…) esta Corporación ha considerado en diferentes ocasiones y contextos
que la ausencia de recursos económicos, con las consecuencias que tal
circunstancia acarrea en la decisión del asunto, no debe ser probada por el
peticionario sino que le corresponde a la parte accionada controvertir tal
aseveración. Así, en el contexto de la protección del derecho a la salud la
Corte ha indicado que las partes no están obligadas a probar negaciones
indefinidas:

«La jurisprudencia constitucional ha acogido el principio general establecido
en la legislación procesal civil colombiana referido a que incumbe al actor
probar el supuesto de hecho que permite la consecuencia jurídica de la
norma aplicable al caso, excepto los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas, las cuales no requieren prueba.

En este sentido, la Corte Constitucional ha entendido que la manifestación
de no contar con la capacidad económica es una negación indefinida que no
requiere ser probada y que, por tanto, invierte la carga de la prueba en el
demandado, quien deberá, entonces, probar en contrario.

Así mismo, en materia de incapacidad económica la Corte Constitucional ha
establecido que: (i) no existe una tarifa legal para su prueba, pues, para la
Corporación, ésta puede verificarse a través de cualquier medio probatorio,
incluyendo la presunción judicial de la incapacidad, y (ii) se aplica la

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presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de nuestra Carta
Política.2»

Ya en el marco de los derechos pensionales, este Tribunal se ha
pronunciado sobre la prueba del riesgo de sufrir un perjuicio irremediable
para efectos de la procedencia de la acción de tutela, en los siguientes
términos:

“En otros casos, la Corte Constitucional ha sostenido que la falta de
pago de los salarios y de las mesadas pensionales, cuando el
afectado asegura que depende de ellos para subsistir, permite
presumir el perjuicio irremediable en materia de mínimo vital. De
acuerdo con la argumentación de la Corte, si quien recibe una suma de
dinero mensual depende de ella para subsistir, exigirle que pruebe la
existencia de un perjuicio irremediable implica someterlo a una prueba
excesiva. Así, la Corte ha dicho que es legítimo presumir la inminencia
del perjuicio irremediable del individuo que pierde súbitamente su única
fuente de subsistencia”. (Negrillas fuera del texto).

En este orden de ideas, y de acuerdo a la jurisprudencia citada, se tiene que
no hace falta que el peticionario aporte prueba de la precariedad de su
capacidad económica para probar una afirmación en tal sentido y en
consecuencia le corresponde a la entidad accionada el desvirtuar tal
aseveración»3.

Visto lo anterior, la Sala procede a revocar la decisión de primer grado que
rechazó por improcedente la acción de tutela, para en su lugar, resolver el fondo
la controversia, por las consideraciones anteriormente expuestas.

3.5. Caso concreto

En el presente asunto la parte accionante reprocha el auto del 25 de enero de
2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá en sede de
apelación resolvió decretar la medida de suspensión provisional de los actos
administrativos por medio de los cuales se reconoció y reliquidó la pensión de la
accionante, pues considera que dicha decisión adolece de los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento de precedente judicial y violación directa de
la constitución.

De las piezas procesales aportadas al proceso, la Sala observa lo siguiente:

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de
lesividad, interpuso demanda4 en contra de las Resoluciones GNR 9261 de 14
de enero de 2014 y GNR 190911 de 28 de junio y VPB 34614 de 5 de septiembre
de 2016 por medio de las cuales reconoció, reliquidó y ordenó el pago de la
pensión de vejez a la señora Flor Alicia Combariza González porque dicha

2 Sentencia T-662 de 2008.
3 Corte Constitucional, sentencia T – 357 de 6 de julio de 2016, magistrado ponente: Jorge Iván

Palacio Palacio.
4 Ver documento 001_Demanda.pdf

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prestación le correspondía pagarla a la UGPP, razón por la cual, en la demanda
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de dichos actos
administrativos.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Duitama mediante auto de
25 de julio de 20235 admitió de la demanda.

Con posterioridad, el juzgado en mención a través de auto del 22 de septiembre
de 20236 resolvió negar la medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos cuestionados, al considerar:

«38. (…) no se desconoce el derecho de la señora FLOR ALICIA COMBARIZA
GONZÁLEZ a acceder a una pensión de vejez, sino la responsabilidad de
quienes deberían ser los pagadores. De otra parte, la interpretación efectuada
por la apoderada demandante, desconoce que fue esta la entidad que expidió
los actos acusados, y trata de trasladar el supuesto error cometido a la
demandada FLOR ALICIA COMBARIZA GONZÁLEZ, lo que puede devenir en
una afectación a su mínimo vital.
(…)
40. En un caso de similares contornos al presente y al resolver una medida
cautelar de idénticas connotaciones, el Consejo de Estado, en auto de 07 de
febrero de 20197, que fuera citada por la parte demandada dentro del traslado
de la medida cautelar, señaló lo siguiente:

“52. Recuerda la Sala, que para adoptar la medida cautelar descrita, el «a quo»
argumentó, que al parecer, COLPENSIONES no es la competente para
reconocer y cancelar la pensión de la mencionada señora, sino que esa
responsabilidad recaería sobre la UGPP, toda vez que: (i) de acuerdo con una
interpretación sistemática de los Decretos 813 de 1994,[92] 2196 de 2009,[93]
5021 de 2009[94] y 575 de 2013,[95] la UGPP es la competente para reconocer
las pensiones de vejez y jubilación de los ciudadanos que cumplieron los
requisitos para su reconocimiento antes del 1º de julio de 2009; y (ii) como la
señora ZULUAGA cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicio el 18 de
julio de 2005, la competente para su reconocimiento es la UGPP. 53. En este
punto, la Sala se pregunta entonces, si un conflicto de competencias entre dos
autoridades administrativas que administran el Régimen de Prima Media, en
torno a establecer cuál de ellas es la competente para reconocer y pagar una
pensión de vejez, respecto de la cual, el cumplimiento de los requisitos para su
reconocimiento no se discute, ¿puede dar lugar a la medida cautelar de
suspensión provisional del acto de inclusión en nómina?

54. Al respecto, la Sala observa que la medida cautelar decretada por el «a quo»
fue valorada desde un punto de vista formal, es decir, desde el estudio de los
requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional.

55. Sin embargo, desde un punto de vista material, y tomando en consideración
los análisis expuestos en torno al Sistema General de Pensiones creado por la
Ley 100 de 1993,[96] la Sala estima que la medida cautelar decretada no es

5 Ver documento 012_AutoAdmiteDemanda.pdf
6 Ver documento 008_AutoResuelveMedidaCautelar.pdf
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

auto del 7 de febrero de 2019, Rad. N° 05001- 23-33-000-2018-00976-01(5418-18), C.P. Dra
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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necesaria para proteger el objeto del presente proceso, puesto que este se
encuentra plenamente garantizado ante la eventual prosperidad de las
pretensiones de la demanda, ya que los recursos para el pago de la pensión de
la señora ZULUAGA LONDOÑO, independientemente de la entidad
competente, procede del llamado «fondo común de naturaleza pública»
establecido en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993.
(…)
59. En ese orden de ideas, la Sala considera que el conflicto de competencias
negativo entre la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP, no puede
significar para la señora ZULUAGA LONDOÑO, una carga administrativa
susceptible de limitarle la posibilidad de acceder a su derecho pensional y de
afectar su mínimo vital; principalmente porque el cumplimiento de los requisitos
legales para acceder a la pensión de vejez no ha sido puesto en tela de juicio
en este proceso.

43. Finalmente, una vez observada la documental obrante dentro del
expediente, se puede afirmar que la procedencia de la suspensión anticipada
provisional del acto que se acusa, implica la suspensión de un ingreso a un
adulto mayor, lo que podría resultar como ya se citó, en una afectación al
mínimo vital, o cualquier otro derecho fundamental, ya que no se encuentra
acreditado que la misma cuente con otros ingresos para su subsistencia, de ahí
que se haga necesario aún más el estudio de fondo de lo solicitado en la
demanda de la referencia».

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 25
de enero de 20248 resolvió revocar la anterior decisión, para en su lugar, decretar
la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos cuestionados, al
considerar:

«52. Por lo que, Colpensiones al reconocer y ordenar el pago de la pensión de
vejez de la señora Combariza González y, posteriormente ordenar la
reliquidación de la misma, de una persona que consolidó el estatus pensional
de manera previa al 1° de julio de 2009 y que se encontraba cotizando a
CAJANAL., desconoció la regla que determina la competencia por razón de la
materia para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

53. La Sala no desconoce que en tratándose de actos administrativos en los
cuales se resuelve sobre un asunto pensional, es posible que los intereses del
pensionado puedan resultar alterados, sin embargo, es de recordar que en los
eventos en los que la ley no distingue, no le corresponde distinguir al
intérprete, - lex non distinguit nec nos distinguere debemus – y a falta de
previsión que admita morigerar los requisitos de procedencia y de fondo de las
medidas cautelares en atención a los derechos que resulten involucrados en
el proceso, no es dable al juzgador exceptuar el decreto de la medida cautelar,
habiendo encontrado satisfechos los requisitos legales para el efecto bajo la
consideración de otros factores.
(…)

55. De esa manera, en el caso sub examine, el decreto de la cautela no
conlleva el desamparo del riesgo de vejez de la señora Flor Alicia Combariza
González, ya que en este estado la prestación estaría pendiente de ser

8 Ver documento 020_Actuaciones2%C2%AAInstanciaTAB.pdf

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reconocida por la entidad competente, UGPP., una vez sea solicitada por la
interesada.

56. Situación que se avizoraba desde el momento en el cual, Colpensiones
con ocasión del Auto de pruebas APDIR de 18 de septiembre de 2018 requirió
a la señora Combariza González para que autorizara la revocatoria de los
actos demandados, exponiendo las razones por las cuales consideraba que
dichos actos eran ilegales
(…)
59. La Sala debe precisar que, en este caso, el hecho de que la señora
Combariza González sea un adulto mayor, en modo alguno enerva la medida
cautelar, debido a que la falta de competencia en razón de la materia es
palmaria y a que Colpensiones se encuentra soportando el pago de una
prestación que no le corresponde.
(…)
61. Al respecto, la Sala considera que el pago de la pensión mensual vitalicia
de vejez a la demandada, constituye una circunstancia que afecta al fondo que
administra la entidad pública demandante.

62. Al efecto debe reparase en que los recursos con los que la UGPP., y
Colpensiones atienden las prestaciones a su cargo son diferentes; las
obligaciones de responsabilidad de la UGPP., son cubiertas con recursos del
Fondo de Pensiones Públicas del Orden Nacional – FOPEP – (artículo 130 de
la Ley 100 de 1993 y Decreto 1132 de 1994), mientras que las que se hallan
a cargo de Colpensiones son pagadas contra recursos del fondo de orden
público del Régimen de Prima Media (artículo 52 de la Ley 100 de 1993, canon
155 de la Ley 1151 de 2007 y parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 4121 de
2011)».

En relación con los argumentos por los cuales el Tribunal consideró viable
decretar la suspensión provisional del acto demandado, es decir, que se
desconoció la regla de competencia para el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez contenida en el decreto, esta Sala de Subsección no advierte que se
haya configurado un defecto sustantivo, por lo que la divergencia de criterios en
cuanto a la aplicación e interpretación de la ley no puede considerarse per se,
como violatoria de derechos fundamentales, pues dicha manifestación
corresponde únicamente al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces,
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

Así como tampoco considera que adolece de un defecto fáctico ni
desconocimiento de precedente, teniendo en cuenta que realizó un análisis
íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas de la
sana crítica, además porque la providencia cuestionada fue sustentada en
precedente jurisprudencial proferido por esta corporación.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto del defecto de violación directa de la
Constitución Política, puesto que para la Sala resulta evidente que al decretarse
la medida de suspensión provisional de los actos administrativos por medio de
los cuales Colpensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez se vulneraron
los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de la señora Flor
Alicia Combariza González.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que en el proceso ordinario no se cuestiona el
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez sino la competencia de la
entidad responsable del pago de esta, carga que no tiene por qué soportar la
accionante, puesto que ya cumplió con los requisitos para acceder a la misma.

En ese sentido, tal y como lo señaló el juzgado, no se puede trasladar el supuesto
error cometido por Colpensiones a la señora Flor Alicia Combariza González
porque afecta su derecho fundamental al mínimo vital y de seguridad social.

A partir de lo anterior, se evidencia que el referido Tribunal Administrativo de
Boyacá emitió la decisión judicial con base en una interpretación claramente
contraria a la Constitución, puesto que priva a un sujeto de especial protección9
de su sustento básico, como medida cautelar, sin tener en consideración sus
condiciones particulares.

En ese sentido, para la Sala en la decisión objeto de cuestionamiento se incurrió
en violación directa de la Constitución porque el decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional de los actos administrativo por medio de los cuales se
reconoció y reliquidó la mesada pensional de la señora Flor Alicia Combariza
González, no puede significar una carga que tenga que soportar porque dicha
circunstancia implica la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital
y seguridad social.

Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia que rechazó
por improcedente la acción de tutela para, en su lugar, (i) amparar los derechos
fundamentales al mínimo vital y seguridad social de la señora Flor Alicia
Combariza González, (ii) dejar sin efectos la providencia de 25 de enero proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad con radicado 15238-33-
33-003-2023-00068-01.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 18 de marzo de 2024 proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual resolvió declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar,

Segundo: Amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad
social invocados por la señora Flor Alicia Combariza González en la demanda de
tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

9 Ver entre otras la sentencia T-654 de 2016.

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Accionante: Flor Alicia Combariza González

Tercero: Dejar sin efectos el auto de 25 de enero de 2024 proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual revocó la decisión anterior
y que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos demandados.

Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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